Red de radios

5.1.2017

En la madrugada del miércoles 4 de enero comenzó un fuerte operativo policial para desalojar el edificio del antiguo Patronato de la Infancia (ex-PADELAI). Tras 12 horas de negociaciones y con la promesa de subsidios y créditos blandos para viviendas, las familias aceptaron abandonar el inmueble aunque manifestaron sus dudas respecto al cumplimiento de las propuestas oficiales.

La orden de desalojo fue firmada, en plena feria judicial, por la jueza María Lorena Tula del Moral, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de una denuncia por usurpación presentada por el Gobierno porteño contra las más de 60 familias que habitaban el lugar, y entre las que se encontraban más de 80 menores.
Ante la negativa judicial de otorgarles un plazo de 5 días para buscar nuevo alojamiento, y por el contrario darles tiempo hasta las 19 del mismo miércoles, las familias decidieron permanecer en el edificio defendiendo su derecho a la vivienda, ya que a su vez muchas cuentan con títulos de propiedad y hace más de 30 años que viven y mantienen el edificio, ubicado sobre la calle Balcarce.
Más de un centenar de agentes de la flamante Policía de la Ciudad cerraron y vallaron un rectángulo de 300 metros por 200, delimitando un área que comprendía las calles Paseo Colón, Carlos Calvo, Defensa y Cochabamba. Los efectivos estaban acompañados además por un camión hidrante, una autobomba, dos furgones de la División Perros, y al menos 7 carros de asalto de la Metropolitana y media docena de patrulleros.
En declaraciones periodísticas, Sebastián Alanis, abogado de las familias, afirmó: "el edificio ha sido objeto de conflicto desde 2003, desde cuando se discute de quién es. (…) Según el Registro de la Propiedad, está a nombre de la cooperativa de consumo limitada de San Telmo que integran las familias que lo ocupan. Sin perjuicio de eso, el Gobierno ha instado, a partir de un juicio de usurpación, el desalojo del mismo".
La empresa social San Telmo tenía en trámite un crédito hipotecario para acceder a los fondos necesarios que le permitieran autogestionar la vivienda para las familias.
De todos modos, representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación realizaron un censo y mantuvieron negociaciones con las familias. Ofrecieron otorgar subsidios habitacionales y créditos hipotecarios bajos, además de depósitos para guardar elementos de las viviendas desalojadas. 
Sin embargo, el subsidio propuesto es de 8.000 pesos para quienes tienen trabajo en blanco, por lo que un grupo de habitantes no podrá acceder a los créditos para la adquisición de viviendas, y a su vez el monto no alcanza siquiera para cubrir la entrada a un alquiler.
Aunque finalmente el desalojo fue “pacífico”, tras 12 horas de operativo, lo concreto es que muchas familias quedaron en la calle y en situación de incertidumbre.
En este sentido, Tito Vargas, presidente de la Cooperativa San Telmo y representante de los vecinos del ex Padelai, afirmó que “hay desconfianza” en relación a las propuestas del gobierno porteño debido a que ya “ha prometido cosas y nunca ha cumplido”.
Cabe recordar que bajo el mismo argumento del operativo de esta semana, es decir las malas condiciones edilicias, en febrero de 2003 ya se había producido un desalojo en el mismo edificio. En aquella oportunidad hubo casi un centenar de heridos y detenidos, y varios niños pasaron horas incomunicados en la Comisaría 14º.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre se refirieron a la situación en el Ex Padelai a través de un comunicado. Allí señalaron: “más allá de la situación puntual de cada familia, no cabe ninguna duda de que la actitud del Estado se asemeja fuertemente a una amenaza coactiva y debe ser repudiada. El pretendido consenso de las familias, obtenido bajo presión, carece de todo valor. Como lo hicimos en numerosas oportunidades, ratificamos nuestra condena hacia los desalojos forzosos, que afectan a las familias más humildes, especialmente cuando son impulsados por el mismo Estado, a quien la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, obliga a garantizar el acceso a la vivienda digna, el art. 31 de la Constitución de la CABA y diversos Tratados Internacionales. Dicha obligación estatal también debe ser acatada por el Poder Judicial, en lugar de ser un auxiliar de aquellos que pretenden desarrollar un modelo de Ciudad elitista, afín al mercado especulativo de inmuebles y que expulsa a los sectores más empobrecidos de la misma. Por ello, y porque además sostenemos que la vivienda es un derecho y no un valor de cambio o de inversión especulativa, llamamos a las organizaciones populares a profundizar la coordinación de las luchas en defensa de las personas y familias sin vivienda o que corren riesgo de ser desalojadas, sin el cumplimiento de las condiciones necesarias que garanticen el acceso a una vivienda y hábitat dignos”.Roman"'>         6) En el total del Ministerio de Educación se sub ejecutó el 12% del presupuesto: Esto son $12.000.000.000 disponibles que NO SE USARON.

5.1.2017

Comunicado de Prensa

La línea C del subte está detenida por falta de condiciones de seguridad e higiene mínimas con motivo de las obras que se están desarrollando en dicha línea.

Los trabajadores denuncian: Un cuarto 5 x 1,5 mts para 40 personas por turno; material inflamable, sin salida de emergencia para los usuarios; olores nauseabundo, baños químicos con derrame de líquidos, sin luz, ni agua para los trabaja.

Hace 3 días que no hay mantenimiento ya que no se traslada el taller a un área que no está en condiciones. Christian Paletti también denunció la reducción de frecuencia que afecta a los usuarios.

Esta situación se suma a la alarmante emergencia de seguridad en el subte luego de la muerte de un trabajador hace menos de un mes la situación de inseguridad permanecen.

Los trabajadores reclaman condiciones dignas de trabajo y permanencia.

LA NARANJA DEL SUBTE

5.1.2017

Durante el anochecer del último lunes de 2016 tomó estado público la muerte de Brian Aguinaco, el chico de 15 años baleado 48 horas antes en medio de un arrebato callejero.

Ricardo Ragendorfer

En aquel preciso instante, se desató el ataque a la comisaría 38ª por una turba de vecinos del barrio de Flores. Tal evento fue televisado en vivo por todos los noticieros hasta la madrugada siguiente. El reclamo de sus hacedores hacia los uniformados era borroso: por un lado, los acusaban de proteger narcos y proxenetas, también por “liberar la zona” y de no ser ajenos a los robos en su jurisdicción; pero, a la vez, exigían de esos mismos policías una mayor presencia territorial y “mano dura” con el verdadero enemigo, los habitantes de la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

De modo que el vandálico show ofrecido por la “parte sana” de la población tuvo un notable objetivo de fondo: peticionar urgentes medidas punitivas contra otro sector de la sociedad civil. Y el martes, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, acordó con los “amotinados” una solución satisfactoria: establecer operativos de “saturación policial”, retenes de tránsito y “controles poblacionales”, así como se les dice a las aparatosas razzias en los barrios populares. Es decir, una auténtica oda al apartheid, en versión criolla.

Ya se sabe que esa palabra alude al sistema de segregación racial que imperó hasta 1992 en Sudáfrica, basado en el acto de “separar” a sus habitantes por motivos socio-epidérmicos. En la Argentina del presente –al igual que en otras partes del planeta– semejante divisoria está trazada por las abruptas fronteras entre la Metrópoli y sus guetos, aquellos inframundos que palpitan a la sombra de la “civilización” como tumores urbanos en pleno desarrollo. Claro que para acuñar su corpus conceptual se requirió una tarea previa: la construcción de un enemigo público; por caso, los “pibes chorros”. Una suerte de Doctrina de la Seguridad Vecinal cuyo blanco predilecto no son exactamente las personas en conflicto con la ley sino los varones pobres de dichos arrabales. Una doctrina cuya autoridad de aplicación es, desde luego, la policía.

Al respecto, bien vale un recuerdo: en junio de 2008, el entonces ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro se ufanó con que la Metropolitana está basada en los Mossos d’Esquadra, como se la llama a la policía autónoma de Cataluña. Cuando se le aclaró que su gran especialidad es la persecución a indocumentados, el funcionario enarcó las cejas, y su respuesta fue: “Bueno, eso es lo que allá la gente pide”. Sinceridad brutal.

A casi nueve años de ello, en el “rechifle” de la comisaría 38ª resaltaban dos consignas primordiales: “Hay un Estado ausente” y “La gente está cansada”.
Para el actual ministro Ocampo, el asunto no pudo ser más inoportuno: justo ese lunes había designado al comisario inspector José Potocar a la cabeza de la flamante Policía de la Ciudad. Esa mazorca –fruto de la unificación de 19 mil efectivos de la Federal absorbidos por el Ejecutivo porteño con los siete mil de la Metropolitana– es sin duda el desafío más osado del macrismo en materia de seguridad. Casi un salto al vacío. Y que ya produjo entre los federales una vidriosa interna en todos sus niveles y jerarquías.

En medio de aquellas circunstancias estalló el ataque vecinal a la comisaría de Flores. Pero al día siguiente, el “compromiso” represivo suscripto en una hoja sin ningún membrete oficial hizo que las iras en el barrio se aquietaran. Y también en el aspecto mediático, puesto que desde entonces las coberturas del caso giraron con suma prontitud –la prontitud del olvido– hacia otro ángulo: la espectacular cacería de los supuestos homicidas.

Tal temática hasta eclipsó otros episodios. Porque en ese mismo momento, un patrullero de la Federal avanzaba a tiros por una calle de Mataderos para así neutralizar un auto que huía con hampones a bordo. Ellos también tiraban. La única baja fatal de la refriega: el mecánico Jonathan Echimborde, quien arreglaba un vehículo en la puerta de su casa. Pero para la audiencia televisiva no hubo tiempo de reparar en ese pequeño contratiempo.

Lo cierto es que por esas horas, otro pibe de 15 años también llamado Brian –un detalle casi literario– se transformaba en el prófugo más buscado del país. Sobre su cabeza ya pesaba un pedido de captura nacional e internacional por su presunta participación en el crimen del homónimo. Y tras él había brigadas enteras de la División Homicidios de la Federal, efectivos de varias comisarías y unidades de la Metropolitana, junto a investigadores judiciales de la fiscalía a cargo de la causa.

Los flashes informativos irrumpían intermitentemente en las pantallas para difundir los avances de la pesquisa, invocando con prosa quirúrgica la obtención de “valiosos testimonios” (dichos de soplones), junto a un “minucioso trabajo de inteligencia” (la revisión del Facebook de la mamá, quien había subido una foto de su retoño a punto de salir del país). El resto del capítulo fue transmitido por TV como una novela: Brian fue detenido con su padre en Santiago de Chile y entregado a las autoridades argentinas en el paso Cristo Redentor. Su arribo al Aeroparque Jorge Newbery fue apoteótico para los captores. Allí, las cámaras registraron su silueta encapuchada en medio de un espectacular dispositivo que incluía hasta carros de asalto del GEOF. Como si ese atracador adolescente fuera el mismísimo “Chapo” Guzmán.

La exhibición de aquel trofeo humano había logrado opacar el arresto de su posible cómplice, un tipo de 26 años caído en desgracia más por “olfato” que con pruebas. Ambos eran de la villa 1-11-14. En consecuencia, esa ciudadela secreta fue la siguiente escala de la criminología mediática.

Un notable destino turístico para visibilizar el mal ante los ojos del público. Y no sin sacudir la ilusión de una segunda “campaña del desierto”. Con tal espíritu, los safaris de movileros y cronistas se adentraban en el corazón de las tinieblas. Allí solo faltaban Lombroso y el perito Moreno.

Pero nada fue comparable a la labor del enviado por América Noticias. Un sujeto que recorría los estrechos pasillos de la villa con actitud expedicionaria. Y cada tanto, se permitía alguna observación apocalíptica con tonos oscilantes entre el jadeo y la cautela. Aún así, lo más pintoresco de él –increíblemente, un profesional del periodismo– era su indumentaria: el tipo hacía la nota con chaleco antibala y casco de guerra.

Una involuntaria metáfora de los tiempos por venir.

4.1.2017

Finalmente se dio a conocer el decreto que modifica el estatuto docente de CABA. A fines de Noviembre este anuncio generó amplio rechazo entre los docentes. En forma inconsulta y en medio del receso de verano el PRO lanza un nuevo ataque a la educación.

Lorena Sokol

Rodríguez Larreta y su Ministra de Educación, Soledad Acuña, decretaron este 29 de diciembre un nuevo ataque a las conquistas de los trabajadores de la educación, modificando el artículo 17 del Estatuto Docente de CABA que regula la clasificación para el ingreso y ascenso de los docentes en la Ciudad de Bs As. Durante la "década ganada" pese a la gran resistencia de la comunidad educativa, ya habían atacado las juntas de clasificación que garantizaban el acceso democrático y transparente a los cargos docentes. En ese momento con miles de docentes movilizados el sindicato mayoritario UTE-CTERA dirigido por la Lista Celeste, desconoció el pedido de plan de lucha de la base docente.

Con este nuevo decreto -que ya en noviembre generó gran revuelo en las escuelas, con asambleas, repudios y gran descontento en la base- buscan implementar la caducidad del valor de los cursos de capacitación y perfeccionamiento docente, poniéndole fecha de vencimiento a los 5 años de realizados los mismos.

Mientras el gobierno de la Ciudad en forma unilateral y por decreto, hace modificaciones inconsultas al Estatuto atacando las capacitaciones que con tiempo y esfuerzo -y muchas veces dinero ya que muchas no son gratuitas- han realizado los docentes a lo largo de su carrera; el Gobierno Nacional copia el modelo privatizador de la ciudad y ataca con despidos a los capacitadores del plan FONID y “Nuestra Escuela” que son los encargados de brindar mayores herramientas y recursos para mejorar y actualizar las prácticas docentes y educativas en las escuelas a nivel nacional. La semana pasada no tuvieron escrúpulos en reprimir a trabajadores de la educación que se encuentran peleando por su puesto de trabajo, ya que se están llevando adelante el cierre de más de diez postítulos. Tal como lo manifestaba una de las tutoras despedidas “Estamos defendiendo el programa “Nuestra Escuela”, no sólo a los 2.600 puestos de trabajo de los tutores y coordinadores que se quedan afuera, sino también la formación de 140.000 docentes que están inscriptos y que sólo 9.000 podrán culminar con su formación”.

Vienen por más, defendamos la escuela pública

Ya redujeron la oferta de cursos gratuitos para la formación docente continua,intentando vaciar La Escuela de Maestros, para darle el negocio a empresas privadas como la Universidad de San Andres y otras ONG`s.
Ahora la cartera educativa macrista quiere establecer la caducidad de los cursos por un decreto. Tal como expresó en estas páginas, Arias Marilina, docente y directiva del sindicato Ademys “Los docentes queremos capacitarnos, desde luego. Es más, exigimos año tras año, al gobierno en nuestros pliegos de reivindicaciones cuando nos sentamos a la mesa salarial y de condiciones, la necesidad de capacitación en servicio en todos los niveles y para todos los docentes. Capacitación dentro de nuestra jornada laboral en nuestras escuelas, capacitación a cargo de profesionales de la educación provenientes de las universidades públicas y los centros de Formación Docentes. Pero además exigimos que sea gratuita y nos otorgue puntaje.

Basta de mercantilización del conocimiento donde los cursos de capacitación más caros son los que más puntajes otorgan, como si existiera una relación directa entre costo y calidad dentro del conocimiento. No es casual que dichos cursos a los que el gobierno les otorga mayor puntaje sean los que están en manos de entidades privadas, como la Universidad de San Andrés o sindicatos afines al gobierno. Hace años por ejemplo las docentes exigimos capacitación en servicio para la aplicación de la ESI (Ley de Educación Sexual) cosa que el PRO nos negó sistemáticamente”

Es por esto que ante la noticia que llega en medio del receso escolar de verano ya empieza a organizarse la pelea para defender la educación pública en común con las familias que desean una mejor educación para sus hijos y junto a los trabajadores capacitadores que hoy se encuentran defendiendo sus puestos de trabajo, a la vez que la continuidad de los programas que brindaban capacitación gratuita a miles de docentes a lo largo y ancho del país. Al respecto Azcarate Julieta, Congresal de UTE-CTERA por la oposición, planteó “Exigimos la inmediata derogación de este decretazo, a espaldas de los docentes. Somos quiénes juntos a las familias y los alumnos de la escuela pública construimos permanentemente en cada escuela del país la mejor educación que está a nuestro alcance y que pretende atacar permanentemente el Pro. Exigimos la inmediata movilización de los sindicatos mayoritarios. Con el ataque a la educación a nivel nacional, con despidos, represión y decretazos, peligra el inicio del ciclo lectivo 2017. Necesitamos empezar a construir ya mismo un plan de lucha nacional.”

3.1.2017

El 21 de diciembre en San Cristóbal un agente federal disparó a un joven cuando tenía las manos en alto. La ministra aprobó que Asuntos Penales de su cartera le asigne un defensor.

Carolina Ararat

El último 21 de diciembre en la intersección de Av. Jujuy y Carlos Calvo en el barrio de San Cristóbal de la Ciudad de Buenos Aires, el oficial de la Policía Federal Argentina Sergio Damián Lucero le disparaba en la cabeza a Álvaro Nicolás Soriano. Esto ocurría a las 16 horas.

Según relatan testigos del hecho, el joven corría por la avenida Jujuy mientras este policía de civil lo venía siguiendo. Al escuchar el grito de “alto” del agente, Álvaro Nicolás Soriano se detuvo y puso sus manos en alto. En ese momento fue cuando este policía le disparó directo a la cabeza.

Desde que ocurrió este aberrante caso de gatillo fácil, Soriano se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía en grave estado.

Privilegios policiales

Los miembros de las fuerzas gozan de un especial privilegio, y es la designación de abogados defensores gratuitos de la División de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del ministerio de Seguridad. Según establece la norma y denuncian desde Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional): “La intervención de estos abogados penalistas, algunos de planta y con grado policial, otros contratados, tiene un paso previo, que es el análisis, por las autoridades del ministerio, de que el caso amerita la defensa orgánica e institucional. El decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965 para el Personal de la PFA, establece que la asistencia letrada institucional a policías en actividad o retirados se brinda solamente ´cuando se trate de causas exclusivamente iniciadas a consecuencia del ejercicio de la labor policial´”.

Al aprobar la designación de estos defensores desde el ministerio de Seguridad, designando fondos estatales para los mismos, se da un claro mensaje a los policías del gatillo fácil: están avalados desde el propio Estado y se les brinda defensa gratuita. Como si fuera una “consecuencia del ejercicio de la labor policial” balear a quemarropa a quien está desarmado y con las manos el alto.

Una práctica de encubrimiento sistematizada

Cuando sucedió este hecho, diversas organizaciones y medios comenzamos a difundir este evidente y aberrante caso de gatillo fácil.

Según un comunicado del Frente Popular Darío Santillán, la escena del crimen fue cercada casi instantáneamente por la Policía y el oficial fue retirado del lugar en patrullero, sin ser detenido. A pesar de que los testigos del hecho aseguraron que sólo hubo un disparo y ocurrió mientras el joven se encontraba indefenso y con las manos en alto, en la zona podía verse un arma tirada en el piso y más de una bala marcada con tiza sobre la calle, como si se hubiera tratado de un “enfrentamiento”. Estas maniobras son típicas de una fuerza que trata de encubrir el accionar de sus miembros. Las estadísticas publicadas por la Correpi señalan que en el último año en nuestro país una persona fue asesinada cada 25 horas por miembros de las distintas fuerzas de seguridad.

Además, desde Correpi denuncian que al contactarse con la familia de Álvaro Nicolás Soriano, su hermana contó que se habían presentado en su casa policías de la comisaría del barrio de Virreyes donde vive y le dijeron que su hermano estaba detenido: “yo esperaba que me avisaran cuando lo podía visitar”. Los policías omitieron explicar que su hermano estaba internado en grave estado por un disparo en la cabeza que había efectuado un miembro de la misma fuerza.

Este caso pone en evidencia lo que sucede sistemáticamente en nuestro país, el accionar de miembros de toda una institución que se cobra la vida de una persona cada 25 horas para luego embarrar la cancha y plantar pruebas falsas, apretar testigos (y un largo etcétera) que tiene el aval del Estado y en este caso de la propia ministra del gobierno de Cambiemos Patricia Bullrich al aprobar la designación de abogados defensores al agente Sergio Damián Lucero.