En reclamo por un aumento salarial y del bono de fin de año, estatales tomaron el recinto de la Legislatura porteña

En reclamo por un aumento salarial y del bono de fin de año, estatales tomaron el recinto de la Legislatura porteña

28.11.2017

 

La sesión especial destinada a que el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, brinde su informe semestral de gestión fue suspendida en forma repentina, luego de que trabajadores cortaran el suministro eléctrico e ingresaran al recinto para plantear sus demandas salariales.

 

Un nutrido grupo de trabajadores agrupados Sutecba, UPCN y ATE irrumpió hoy en el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, obligando a la suspensión y pase a un cuarto intermedio de la sesión especial en la que el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, brindaba su informe de gestión. Los trabajadores piden la apertura de las negociaciones para mejorar el aumento salarial pautado para 2018 del 19 % y un aumento del bono de $700 que les ofreció la vicepresidenta de la Legislatura, Carmen Polledo.

La sesión comenzó pasadas las 10 con la exposición del funcionario, quien hizo un repaso de las acciones de Gobierno implementadas durante la segunda mitad del año y un adelanto de las que se aplicarán en 2018. Tras su discurso, se dio inicio a la ronda de consultas por parte de los diputados, hasta que se cortó el suministro de energía eléctrica dentro del recinto, lo que afectó el funcionamiento de los micrófonos.

No obstante, algunos diputados optaron por hacer las preguntas a viva voz, sin sistema de audio, cuando la sesión fue interrumpida por una ruidosa protesta de los trabajadores legislativos en reclamo de una recomposición salarial.

Según comentaron fuentes legislativaslas autoridades de la Legislatura habían pautado un adelanto a cuenta de las paritarias de $ 2.500 hasta marzo, pero luego informaron que ese monto sería finalmente de $600 y que, además, no pagarían el magro bono de $700.

Martes 28/11: Ruidazo Nacional de inquilinos

Martes 28/11: Ruidazo Nacional de inquilinos por una ley de alquileres justa

26.11.2017

 

Difundimos:

SE VIENE EL PRIMER RUIDAZO INQUILINO EN TODO EL PAIS

Mañana martes 28/11 a las 20 horas, inquilinos de todo el país vamos a hacer el primer #RuidazoInquilino. Necesitamos que la Cámara de Diputados apruebe sin modificaciones la Ley Nacional de Alquileres que viene con media sanción por unanimidad del Senado.

Desde el Frente de Inquilinos Nacional, a pedido de muchos inquilinos que nos vienen planteando la necesidad de realizar una manifestación pública, decidimos convocar a todos aquellos que alquilan su vivienda a un primer Ruidazo Nacional. Puede ser desde sus casas: saliendo al balcón, a la ventana, a la vereda o desde cualquiera de los puntos de encuentro.

En la Ciudad de Buenos Aires nos vamos a concentrar en: San Martín y Juan B Justo; San Juan y Boedo; Acoyte y Rivadavia; Corrientes y Medrano; Scalabrini Ortiz y Corrientes y Callao y Corrientes.

Necesitamos el apoyo de todos los inquilinos del país porque el proyecto del oficialismo plantea: que el precio de los alquileres se actualice por UVA, plazo mínimo del contrato de 2 años, expensas extraordinarias y arreglos de la vivienda a cargo del inquilino, rescisión anticipada con 5 meses de preaviso, negociación del próximo contrato con solo 30 días de anticipación y desalojo exprés. Si esta iniciativa prospera los 8 millones de inquilinos del país estaremos en una situación aún peor que la actual.

Por este motivo, convocamos a todos los inquilinos a manifestarnos contra las modificaciones introducidas a nuestra Ley de Alquileres y a pedirle a la Cámara de Diputados que trate el proyecto original con la mayor celeridad posible.

¡Si hacemos ruido alquilamos de forma justa!

Caravana artística contra el enrejado del predio de Casa Amarilla.

Caravana artística contra el enrejado del predio de Casa Amarilla

25.11.2017

 

Artistas autoconvocados boquenses crean el Colectivo Artística Vecinal de La Boca para rechazar el intento del club de enrejar los campitos de Casa Amarilla

 

Este sábado 25 a las 17 h desde el Colectivo Artístico Vecinal de La Boca se ha convocado para rechazar el intento del club de enrejar los campitos de Casa Amarilla, terrenos públicos que se encuentran disputados en la justicia debido a una compra-venta arreglada entre el gobierno de la ciudad y Boca, a través de la Corporación Buenos Aires Sur.

Vecinos, artistas y organizaciones de La Boca saldrán a las calles a reclamar que la gestión de Daniel Angelici pidió a la Justicia que lo autorice a enrejar el predio, incluso cuando esté prohibido hacer cualquier tipo de obra hasta determinar la legalidad de la venta, decisión que tomó el juez Guillermo Scheibler en junio.

La decisión del juez se basó en el reconocimiento de una serie de irregularidades en el proceso licitatorio a medida, donde el gobierno porteño le vendió a Boca estas tierras de manera inconstitucional, ya que debían haber pasado por la Legislatura porteña, hechos que los vecinos denuncian desde febrero de 2016.

El punto de encuentro será en Olavarría y Garibaldi a las 17 h y se hará una caravana que recorrerá diferentes calles, con artistas de diferentes disciplinas y se terminará en los campitos con la consigna “No a las rejas en los terrenos de Casa amarilla. Por un espacio verde de cultura y recreación para lxs vecinxs”.

Villa 31: el Gobierno quiere vender tierras al grupo Vila Manzano

23.11.2017

El Gobierno Nacional quiere vender al grupo América (Vila-Manzano) las tierras de la Villa 31 conocidas como Flechabus, cambiando su destino de viviendas para las familias.

 
En la sesión de hoy de la Legislatura se aprobaría el Proyecto de Ley 2534-J-17 para destinar a emprendimientos inmobiliarios un predio del Estado Nacional ubicado sobre la Av. Libertador casi esq. Ramos Mejía (de 2,7 hectáreas de superficie), en la Villa 31
 
En 2009 se aprobó la Ley 3.343 de reurbanización del Barrio Carlos Múgica, de las Villas 31 y 31 Bis. En cumplimiento de dicha ley se conformó la Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis. Esta Mesa trabajó durante un año y el 31 de mayo de 2011 aprobó el Dictamen Urbanización Barrio 31 Carlos Múgica, informa el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
 
En este Dictamen, actualmente vigente y con fuerza normativa, se decidió destinar los predios conocidos como Flechabus pertenecientes al Estado Nacional, de aproximadamente 1.6 hectárea de superficie, a la construcción de viviendas de alta densidad para las familias del barrio.
 
“Ahora, mientras supuestamente el barrio está discutiendo y elaborando su nuevo proyecto de reurbanización participativamente, el PRO a través del Decreto 928/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri, decidió autorizar la venta del predio de Flechabus a fin de que pase a manos privados y así excluirlo del proceso de reurbanización”, denuncian desde el Observatorio.
 
“De esta forma, el Gobierno de Cambiemos, tanto en Ciudad como a nivel Nacional, ha decidido no destinar estos suelos para la construcción de viviendas para el Barrio Carlos Múgica. Estos serán subastados y vendidos para que empresarios exploten esas tierras. La necesidad habitacional supeditada a la rentabilidad de futuros negocios con la tierra pública”, continúan desde el Observatorio.
 
Parecería, además, que estos predios ya tendrían comprador. Empleados de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno porteño, que conduce Diego Fernández, habrían admitido que el terreno se puso a la venta para ser comprado por el Grupo América (Vila-Manzano).
 
Este decreto no sólo autorizó la venta de estos terrenos sino también los predios conocidos como "Containera". En este predio se están construyendo viviendas para las familias de Cristo Obreroque deben relocalizarse por el cambio de la traza de la Autopista Illia. “Nosotros cuestionamos la forma en que el Gobierno de la Ciudad ha presionado a las familias para que acepten una relocalización realizada prematuramente cometiendo los históricos errores del pasado”, declaran desde el Observatorio.
 
Estos predios pertenecen al Estado Nacional, por lo tanto, se tuvo que firmar un Convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional y el Gobierno porteño, en donde se lo obliga a adquirir una fracción de los predios conocidos como Containera, el que corresponde al sector dónde se están construyendo las viviendas.
 
“Si bien la venta del predio de Containera se haría al Gobierno de la Ciudad para que luego este otorgue la propiedad del mismo a las familias relocalizadas, en la descripción del predio se está habilitando la venta de todo el predio que tiene aproximadamente de 33 a 40 hectáreas y no sólo el necesario para transferir la propiedad de las viviendas nuevas”, explican desde el Observatorio.
 
“Con la justificación de la trasferencia de la propiedad del Estado Nacional a las familias se podría estar autorizando la venta de una gran superficie de tierra pública cuyo destino excedería el de satisfacer las necesidades urbanísticas y habitacionales del barrio”, denuncian en el Observatorio.
 
Además, se hizo referencia de la necesidad de suelo para otorgar una solución habitacional definitiva a todas las familias que viven en el barrio y también para equipamiento urbano. Pero, al contrario de esta necesidad, el Gobierno porteño y el Estado Nacional avanzan con la venta de tierra pública cercana al barrio.
 
Hoy jueves, la Legislatura aprobaría el Proyecto de Ley 2534-J-17 para destinar a emprendimientos inmobiliarios un predio del Estado Nacional ubicado sobre la Av. Libertador casi esq. Ramos Mejía (de 2,7 hectáreas de superficie).
 
Allí se autorizará la construcción de edificios con una altura máxima de 45 metros y una capacidad constructiva de 85.000 m2. “Estos predios podrían ser destinados al proceso de reurbanización del Barrio pero de forma absolutamente inconsulta el PRO avanza con su venta”, concluyen desde el Observatorio. 

La Fiscalía imputa a una subcontrata de Zara por delitos de trata para explotar trabajadores

23.11.2017

 

Gonzalo Cortizo y Natalia Chientaroli

 

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas ha formulado una denuncia en la que acusa a una empresa ligada a Zara de imponer jornadas de 17 horas

Inditex asegura que supervisó personalmente los centros de trabajo ahora investigados sin percibir ninguna irregularidad

El denunciante, de nacionalidad española, trabajaba en la reforma en dos locales de Zara ubicados en Buenos Aires: “Tengo los pies en carne viva (…) no puedo hacer 17 horas cada día”, escribió a sus jefes

 

La Fiscalía argentina ha denunciado la posible comisión de delitos de trata de personas con fines de explotación laboral en el entorno del gigante textil Zara. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) quiere que el juez investigue las condiciones laborales de la empresa Decorga Pinturas S.L., a quien Zara encargó labores de reforma en dos tiendas que posee en Buenos Aires.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la subcontrata de Zara sometió a uno de sus trabajadores a condiciones cercanas a la esclavitud. El escrito  relata la peripecia de un trabajador contratado en España y a quien se le habría cancelado el billete de vuelta para disponer de sus servicios aprovechando su “objetiva situación de vulnerabilidad”.

El trabajador asegura que firmó un contrato como pintor, pero que se le encomendaron labores de jefe de obra. Afirma también que la compañía nunca le entregó copia del contrato y que no se le pagaron los salarios pactados, por lo que tuvo que abonar de su bolsillo todos los gastos relacionados con su estancia en el país.

Según el relato del denunciante, cuando llegó a Argentina se le asignó una jornada laboral de lunes a lunes, de 07:30 horas a 21:00 horas en el local de Avenida Santa Fe, y otro turno de 23:00 horas a 07:30 en otro local que Zara tiene en un centro comercial de Buenos Aires. Como consecuencia de esas jornadas,  el empleado “podía dormir solo dos o tres horas por día”, pero aceptó con el convencimiento de que se le pagarían las horas extras.

Tras nueve jornadas de labor en esas condiciones, el trabajador solicitó un día de descanso “ya que el trabajo ininterrumpido le había causado ampollas en los pies”: “Tengo los pies en carne viva. No puedo hacer 17 horas cada día. No aguanto más. No soy esclavo de nadie”, reclamaba a sus jefes en mensajes telefónicos que han sido aportados a la investigación.

A partir de sus primeras quejas, la relación con sus jefes se torció para convertirse en la historia de un acoso, según relató ante los responsables de PROTEX. El empleado afirmó que tras sus primeras protestas fue agredido por su compañero de cuarto, lo que le llevó primero a tener que ser atendido en un centro hospitalario para posteriormente vivir en la calle, ante el temor a recibir nuevas agresiones en el apartamento que la empresa tenía a disposición de los empleados.

Decorga Pinturas, con sede en Arteixo (A Coruña) es una empresa que trabaja de manera habitual en las reformas que Zara acomete en sus locales comerciales. Fuentes de la compañía afirman a eldiario.es no tener conocimiento de la existencia de ninguna denuncia por parte de la Fiscalía argentina.

A través de un email enviado a esta redacción, la empresa asegura: “Uno de los trabajadores españoles desplazados a Argentina para desarrollar tareas especializadas de finalización de pintura en las reformas de sus tiendas de Santa Fe y Unicenter en Buenos Aires tuvo un conflicto con un compañero y, desde esa fecha, no se ha presentado ni en su puesto de trabajo ni en el apart hotel contratado para su alojamiento. Asimismo, Decorga ha mantenido diversos intercambios de comunicaciones con este trabajador, incluyendo conversaciones para su regreso a España. Para tal fin se emitieron hasta en dos ocasiones billetes aéreos, remitidos al propio interesado y en acuerdo con él, para su regreso a España. En ninguno de los casos el trabajador tomó el vuelo para el que había solicitado billete aéreo. Por lo tanto, el trabajador se encuentra aún en Buenos Aires por voluntad propia”.

En este momento el denunciante está siendo asistido por el Estado argentino, a través del Ministerio de Desarrollo Social. La causa la llevan la Fiscal Anti trata, Alejandra Mángano, y la fiscal de Primera Instancia, Paloma Ochoa. El juez del caso es Sebastián Ramos. Los delitos de trata de personas están calificados en Argentina como delito federal.

En el escrito remitido al juez, la fiscala asegura: “las extensas jornadas laborales, el incumplimiento en el pago de la remuneración pactada y las pautas de trabajo, el maltrato físico y psicológico recibido por la víctima, más la situación de abandono en la que se encontró ante sus reclamos por un trato digno, constituyen indicadores que describen la explotación sufrida por la víctima y el menoscabo de su libertad y posibilidad de autodeterminación. No debe dejar de destacarse que la condición de migrante de la víctima le coloca en una objetiva situación de vulnerabilidad”.

Ante su situación de desamparo, el denunciante encontró el apoyo de la ONG La Alameda, especializada en la denuncia y asistencia en casos de trabajo esclavo. La Alameda forma parte de la plataforma DIGNITEX, integrada por distintas asociaciones internacionales que luchan contra la explotación en la cadena textil.

 

Inditex supervisó las condiciones de trabajo

 

Fuentes de Inditex consultadas por eldiario.es aseguran que la compañía impone a todos sus colaboradores la asunción de un estricto Código de Conducta, incompatible con los hechos denunciados. Portavoces de la compañía aseguran que Inditex supervisó los trabajos en los dos locales referidos en la denuncia, sin haber hallado “ninguna irregularidad entre los más de 250 trabajadores que intervinieron en las obras”.

Frente a esta afirmación, las autoridades argentinas recomiendan en su escrito que el juez al cargo ordene el “allanamiento” de los dos locales de Zara “a fin de que realice un relevamiento de aquellas personas que se encuentren en situación  migratoria irregular”. Desde Inditex aseguran que esa entrada en sus locales no se ha producido.

Pese a la postura de Inditex, los mensajes telefónicos intercambiados entre el trabajador y sus jefes revelan que estos le habían atribuido funciones que no le correspondían y que su entrada en Argentina se había producido como turista y no como trabajador. Así se desprende del diálogo producido a finales de septiembre con motivo de una visita policial a una de las tiendas, tras las quejas de algunos vecinos por el ruido generado en la obra. En esos mensajes se leen frases como las siguientes: “Tú eres ilegal, turista”, “escapa de ahí”, “tú no eres jefe de obra”.

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