Red de radios

13.3.2018

En el día de hoy continúa el juicio oral contra el oficial Castagnasso, en el cual se pide justicia por Nehuén Rodríguez, el joven que murió atropellado por la Policía Metropolitana en diciembre de 2014. La última audiencia tuvo un gran avance, en la cual quedó confirmado que la policía cruzaba en rojo cuando embistió y mató a Nehuén quien viajaba en su moto. A esta nueva jornada asisten muchas organizaciones sociales, compañeros y amigos, acompañando a la familia, en la incansable lucha que vienen dando desde hace tres años para exigir justicia.

Desde el momento del hecho, el Poder Judicial postergó el juicio y se atrasaron los peritajes, aprovechando el lapso de tiempo para desaparecer evidencia en contra de los oficiales, con la intención principalmente de desgastar la lucha de Roxana (mamá de Nehuén) y la gente que la acompaña. Recién este 27 de febrero, tres años después de la muerte de Nehuen, se inició el juicio.

En la última jornada, del 1 de marzo, los testigos demostraron que la embestida no se trató de la moto contra el móvil de la Policía, sino al contrario la camioneta cruzó en rojo, a una velocidad mayor de la permitida, chocando a la moto y terminando con la vida del joven.

Fue clave el testimonio del perito Oscar García, quien determinó el cruce en rojo de la camioneta y señaló las controversias de la velocidad declarada. El perito defensor estimó que la camioneta circulaba a una velocidad de 37 km/h, sin embargo las pericias del Ing. García definieron una velocidad de entre 48 y 67 km/h.

Diferentes testigos contaron realmente cómo fue el hecho y refutaron la versión policial: no oyeron sirena alguna, sino directamente el impacto y luego la sirena. La moto de Nehuen cruzó en verde con luces encendidas y casco colocado, en cambio la camioneta de la Metropolitana iba completamente a oscuras.

Uno de los testigos cuenta, “prácticamente vi todo, estaba en el umbral de la puerta de mi casa. En ese momento pasa una moto, me llama la atención la velocidad que iba, como a 30 metros tenía la subida de la barranca, traicionera esa barranca, como mi oficio es mecánico me quedé mirándolo y pensé a esta velocidad no sube esta motito. Aceleró un poquito subió perfectamente hasta que llegó a la bocacalle apareció el lobo y se acabó. Eso fue lo que vi yo” y continuó “si el de la moto tiene luz verde, el que lo choca es el otro. Veo perfectamente cuando pasa la moto en verde”. La camioneta de la metropolitana “era una vela apagada. Estaba sin luces y sin sirenas en el momento de coalición. Es fácil cuando se bajan del coche apretar el botoncito para atrás y encender. No tenían las luces de posición, ni la licuadora arriba que da vuelta. Circulaba a oscuras completamente”.

Hoy, martes 13 de marzo, continúa el juicio con los alegatos y se dictará sentencia. La familia, los compañeros y todas las organizaciones sociales acompañantes, que luchan día a día contra los casos de gatillo fácil, esperan que se haga justicia real contra los asesinos. Resulta este el mayor desafío, teniendo en cuenta que históricamente la Policía goza de impunidad para cumplir con su tarea de sostener la represión del Estado contra la juventud pobre. Encontrándonos además en un contexto donde el presidente avala públicamente el gatillo fácil, la policía tucumana mata a un nene de 12 años de un balazo en la cabeza, y gran parte de la sociedad acepta esta política de Estado.

Para dar una demostración de que no se deben bajar los brazos, y que la “Doctrina Chocobar” no pasará por encima de las familias que carecen de recursos matando a sus hijos, resulta indispensable ver desplazados de su cargo y condenados a los policías que hace ya tres años asesinaron a Nehuén.

Rosa, amiga y compañera del colegio de Nehuén, nos dijo:

“Hace tres años que estamos con el pedido de justicia, y vamos a seguir. Esperamos que hoy haya una buena sentencia. Como siempre dice Roxana, si no llegamos a la carátula de homicidio culposo, por lo menos logramos que Castagnasso esté sentado en la banquilla delante de un juez, en un juzgado, mirándola (a la mamá de Nehuen) frente a frente.”

También afirmó:

“Siempre nos suspenden las fechas del juicio con pocos días de anticipación, la idea es clara, desgastar la lucha y desorganizarnos. Nos quieren con los brazos bajos, pero hoy vemos que no lo consiguieron. Solo nos dieron fuerza para sumar más gente. Vamos a seguir luchando.”

Durante la jornada de hoy se realizarán actividades de concientización, y los medios populares de comunicación realizarán otra vez una radio abierta, mostrando que la lucha por justicia contra el gatillo fácil sigue más viva que nunca.

9.3.2018

Judith Dejesus

Los trabajadores no bajan los brazos y resisten por sus puestos de trabajo. Aún no tienen respuestas.

El conflicto comienza con el cese de pago de la patronal hacia los trabajadores durante más de 60 días. Antes tenían problema por el atraso del pago de los sueldos, 3 años atrás, pero se intentó saldar en planes de pagos que nunca terminaron de realizarse. En estos últimos meses se agravó la situación ya que no recibieron sus sueldos ni aguinaldos. Son alrededor de 70 familias las que quedan en la calle, que trabajan en la Empresa Oropel la cual se dedica a la producción de envases de plásticos en el barrio porteño de La Boca.

En los últimos años Alejandro Calabria sin explicar si es dueño o gerenciador quintuplico la deuda de la empresa. Mientras muchos de los trabajadores no pueden ir a trabajar porque no pueden cargar la SUBE, el sindicato del plástico se destaca por su ausencia y, además, está negociando con la patronal sin consultar a los trabajadores afectados. Los trabajadores no se sorprenden, saben que el sindicato de plástico estuvo en manos de Jorge Alberto Triaca, padre de Jorge Triaca (actual Ministro de Trabajo) que ya cuenta con un gran escándalo donde insultó a una empleada y también su intervención en el SOMU donde hizo entrar a 250 personas.

Los trabajadores viven con la incertidumbre de no saber que va pasar, si van a conservar su lugar de trabajo (hay que ver bajo qué condiciones) o si serán despedidos, a la empresa no le importa que gran parte de su vida ellos la dejaron dentro de esas paredes ya que la gran mayoría tiene una antigüedad de alrededor de 20 años o más en la empresa.

En este momento los trabajadores no bajan los brazos porque saben que tienen una familia que mantener y luchar por su puesto de trabajo, como lo hacen en el Posadas, el INTI, en Río Turbio y otros tantos lugares a nivel nacional, haciendo vigilia todos los días en la fábrica, y están impulsando un fondo de lucha para poder seguir con el reclamo.

Esperamos y sumamos toda nuestra solidaridad para que su lucha no pierda por hambre.

8.3.2018

Hace dos meses los trabajadores de la fábrica Oropel no reciben su salario. "El Ministerio de Trabajo nunca se acercó acá", sostuvo un operario. 

75 operarios de la fábrica de plástico OROPEL, ubicada en La Boca, se encuentran sin cobrar hace 2 meses. Los trabajadores denuncian que el dueño de la empresa, Alejandro Calabria, está ausente hace una semana y no brinda ninguna respuesta. Actualmente la fábrica no se encuentra funcionando pero todos los trabajadores cumplen los horarios habituales para hacer guardias y cuidar el lugar. 

El último pago que recibieron fue por la primer quincena de enero y denuncian que hace una semana el dueño entró a la fábrica a llevarse materia prima, por lo que no pueden trabajar. La empresa OROPEL se encuentra en convocatoria de acreedores y hace pocos días obtuvo una prórroga. 

"Alejandro Calabria vació la empresa, entró hace 4 años con una deuda de 35 millones y hoy tiene 125 millones", afirmó uno de los operarios. "Estamos cuidando el lugar de trabajo entre todos pero nadie nos da una garantía. El Ministerio de Trabajo nunca se acercó acá", contó otro de los trabajadores que participa de la manifestación pacífica. 

Los trabajadores se reúnen cotidianamente en asambleas para tomar las decisiones acerca de las medidas a desarrollar. Algunas de las opciones que barajan son negociar un pago con el empleador para poder retomar la actividad, que la jueza sentencie la quiebra, o poder formar una cooperativa de trabajo para sostener el ingreso.  

8.3.2018

Por La Retaguardia

Silvia Carricarte, trabajadora del programa de alcance nacional, dialogó con Rodrigo Ferreiro en Hora Libre sobre la situación que atraviesan los docentes y estudiantes de este plan para finalizar el colegio secundario impulsado durante la gestión anterior. Con la decisión gubernamental de provincializar el 100% del sistema educativo, el FINES depende ya de cada distrito, y en la Ciudad no está garantizada su continuidad.

Villa 20, Estrella de Belén, Capilla Guadalupe, La Carbonilla y Zavaleta es la localización de algunas de las sedes que cerraron. Según Carricarte, "el plan FINES funciona en la Ciudad desde 2010. Empezó con diez sedes y hasta la semana pasada eran 69. La jefa del área, Jaquelina Cichero, fue citando a cada uno de los directores de las escuelitas anunciándoles el cierre. Son 15 escuelas en total, 130 docentes afectados y 500 alumnos. El proyecto de ellos es, finalmente, llegar a fin de año con el cierre permanente del programa. El argumento es que en 2019 se termina el convenio y que, al retirarse el gobierno nacional de la educación pública a nivel federal, ellos no están en condiciones de sostener el plan. No es un buen argumento, porque es un plan de muy bajo costo para la jurisdicción. Solamente pagan a docentes, no infraestructura, ni mantenimiento ni materiales. Además esta es la jurisdicción más rica del país, no hay pesada herencia supuestamente, entonces no se entiende cómo es que no pueden sostener un sistema educativo en el que el único gasto son 500 docentes como mucho. Cada jurisdicción ahora se hará cargo de la educación en su lugar. Tendremos provincias pobres con educación pobre y viceversa, pero acá hablamos de la jurisdicción más rica del país que cierra cursos, cierra escuelas, cierra FINES. Hay un trasfondo político", consideró la docente.

Además, explicó: "La mayoría de nuestros alumnos son de 30 años para arriba, nosotros les decimos cariñosamente 'los pibes'. La mayoría son mujeres. Son las madres de los chicos que deberían estar en la primaria o iniciando el secundario. Su estudio es fundamental porque es a través de ellas y de lograr su título secundario que comprenden realmente la importancia de estudiar y recibirse. Son las que llevan a sus hijos a escuelas sin faltar. Además, el espacio ayuda enormemente a concientizar acerca de la violencia que sufren las mujeres, lo que es el maltrato, la independencia de una mujer con un título. Eso sucede en zonas sumamente vulnerables. Quitarles la posibilidad de estudiar es quitarles una herramienta trascendental, fundamental, los condenás a no tener ningún tipo de movilidad social", denunció.

"Muchas de estas personas fueron víctimas de las políticas neoliberales de los noventa, tuvieron que dejar de estudiar en ese momento. Somos los docentes y los referentes los que estamos poniendo la cara con los estudiantes que no saben qué hacer. Estaban excluidos del sistema formal educativo y al quitarles el FINES vuelven a estarlo. No es que se van a anotar en otro lado, vuelven a quedar excluidos porque por algo no estaban estudiando antes. O porque no tienen computadora, o porque no tienen internet, o porque no pueden ir al colegio todos los días", definió sobre la población con la que el programa trabaja. Sobre la posible resolución del conflicto, Carricarte explicó: "Hemos pedido reuniones. Por supuesto, tenemos un plan de lucha que consiste en visibilizar no sólo la situación sino también el trabajo de los alumnos. Trabajo bastante bastardeado: 'A estos les regalan los títulos'. No es así, los trabajos se preocupan, se esmeran, trabajan seriamente. Hay un trabajo muy profundo, que es lo que queremos visibilizar. El 12 de marzo a mediodía iremos al ministerio de Educación a pedir que se reabran esas escuelitas y por la continuidad del programa. A lo largo de su historia, en todo el país, egresaron más de 800 mil alumnos. También incluimos en nuestras consignas, además de la continuidad del programa, la situación laboral de los docentes y el derecho al acceso a la educación pública de todos los estudiantes".