Red de radios

29.20.2017

Por Francisco Godinez Galay-CEPPAS

El juez Martínez De Giorgi confirmó procesamiento y embargo a dos comunicadores alternativos que registraron la represión policial. Analizamos la resolución.

La resolución del juez, plagada de errores de ortografía, de tipeo e incoherencias entre testimonios y testimoniantes, menciona que “surge de las actuaciones labradas por el personal policial que un grupo de manifestantes derribó el vallado que se encontraba en el sector más cercano a Casa Rosada, mientras lanzaban elementos contundentes, tales como botellas y piedras y además quemaban contenedores del Gobierno de la Ciudad. Estas personas también llevaban palos en sus manos y tenía sus rostros tapados con pañuelos y remeras”. Y algunas cosas tan absurdas (y sospechosas) como el secuestro de “un petardo de doble mecha con la inscripción ‘Tumba Rancho Bien Villero’”. Aduce el acta que hubo destrozos y pintadas en las inmediaciones de la Casa Rosada, lugar donde no se dieron las detenciones.

También señala que “Resulta relevante resaltar que dada la magnitud de los eventos, en un primer momento no fue posible contar con la totalidad del material fílmico, peritajes y testimonios, todo lo cual será evaluado ahora en forma minuciosa e integral.” Se ve que justo los videos de la transmisión en vivo de la RNMA no fueron vistos por le juez, ya que eso descartaría de plano las decisiones por él tomadas. Preocupa también que decida el procesamiento sin haber analizado todo el material necesario.

Así y todo se afirma que el grupo de personas entre los que se encuentran Juan y Medo, “derrumbó el vallado de seguridad, agredió al personal policial con botellas, piedras y además quemó carros de basura pertenecientes al Gobierno de la Ciudad”.

 

La resolución del juez afirma que no analizó todo el material necesario

 

¿Cómo logró el juez saber que fueron ellos, si según la misma resolución, estaban con los rostros cubiertos? Parece que empezaron los desmanes y luego se los taparon, en una actitud muy lógica para cualquier manifestante que desee encapucharse: “comenzaron a empujar el vallado hasta lograr derribarlo, para luego cubrirse sus rostros con diferentes vestimentas, mientras arrojaban grandes piedras, bombas molotov y bombas de estruendo al personal policial.”

El que fue detenido mientras comía una pizza declara (y figura en la resolución) cómo vio los acontecimientos: “Nosotros estábamos como espectadores, nos estábamos cargando de indignación, porque estos chicos no estaban molestando a nadie, no estaba haciendo nada, teniendo el personal policial motorizado una actitud agresiva sobre ellos. En ese instante, las motos cortaron la calle a la altura de donde estábamos sentados nosotros. Empezaron a acelerar las motos y moverlas continuamente con la intención de intimidarnos.”

Otro procesado declara: “Al momento de la detención yo estaba más o menos a dos cuadras del cabildo, solamente esperando a mis amigos sentado sobre mi mochila contra la pared, comiendo un pancho”.

Una de las detenidas comenta la hostilidad con la que los trataron: “Me negaron un médico y sufrí amenazas y maltrato policial y golpes durante la detención, (…) me negaron agua por más de seis horas. (…) En un momento nos encerraron en el camión con un candado, pedí que me desajusten las esposas porque me estaba cortando la circulación. No me dieron ninguna constancia de que se habían quedado con mi celular, ni siquiera me avisaron, yo me entere después”.

 

Todas las declaraciones de los detenidos/as hablan de la hostilidad y desproporcionalidad policiales, y de la falsedad de la versión policial de los hechos

 

Otra agrega: “Cuando me encontraba en la Comisaría detenida, un policía de sexo femenino me pidió que me desvista frente a policías hombres.”

Y otra más relata la cacería y el miedo policial a ser registrados: “Ahí veo que un policía se quiere llevar a un chico y tenía su pie en la cabeza. Ahí empecé a filmar de vuelta con mi celular y cuando el señor policía uniformado de azul me dice ‘¿otra vez filmando?’ y hace una orden para que me lleven porque dijo que estuve tirando piedras”.

Otro detenido es vendedor de la revista Hecho en Buenos Aires. “Al momento de mi detención estaba usando una credencial de la revista para la que trabajo, tiene mi nombre, foto, parada asignada y más datos personales míos”

Otro hacía un trabajo practico de fotografía: “Yo me encontraba presente en la movilización para cumplir con un trabajo práctico de la escuela en la que estudio que es la ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina) que teníamos como trabajo práctico la cobertura de la movilización. En el momento en que me llevan detenido yo estaba tomando fotografías junto con 5 compañeros más de la escuela. Estaba tomando unas fotos y viene el policía que me detiene. Me lleva detenido. De ahí me reducen y me llevan a la camioneta donde me llevan detenidos”.

 

Se los procesa por intimidación pública y resistencia a la autoridad, con embargo por un millón de pesos

 

Ezequiel Medone declaró que “estaba registrando con video y en el momento que estaba haciendo una transmisión en vivo me detuvieron en Av. De Mayo y San José y Santiago del Estero o Sáenz Peña más o menos. En uno de los avances de la policía, al lado mío estaba Juan Pablo Mourense (así figura en la resolución) que también está detenido y también otra chica filmando, y en ese momento yo escucho que personal de la policía dice – ese está filmando agárralo – en ese momento en el tumulto me detienen, me ponen los presitos (sic en la resolución) en las manos y me llevan a una camioneta de la fuerza policial”.

Juan Pablo Mourenza: “nos encontramos en avenida de Mayo y 9 de julio de ahí fuimos a Salta e Yrigoyen donde nos encontramos con otros compañeros que nos dieron cámara, trípode y chalecos de prensa. De ahí volvimos a avenida de Mayo y 9 de julio, cubrimos un momento en el que estaban llevándose a un chico que andaba en patineta. Después volvimos a cruzar la 9 de julio en sentido al Congreso, ahí hicimos unas cuadras más y llegamos hasta San José y avenida de Mayo. En esa esquina en particular, vimos que estaban tratando de llevarse a una chica que estaba filmando y fuimos a cubrir eso y tratar destrabar esa situación, la policía la acusaba de tirar piedras, y ella estaba con su celular en la mano. En ese momento, un policía le pega a un muchacho que estaba con una cámara un palazo en la rodilla. A este chico lo saco de escena y lo llevo hasta la boca del subte. Ahí escucho a mi compañero Medone discutiendo, y cuando llego estaba agarrado por cuatro policías, yo me quise interponer, llamándolos a la razón tratándoles de hacerle saber que él estaba haciendo trabajo de prensa”.

Las pruebas mencionadas por la resolución son gran cantidad de declaraciones de oficiales y jefes de policía, un recorte del diario Clarín titulado “Identifican a varios detenidos en la marcha participando en hechos de violencia”, informes del gobierno de la ciudad sobre daños, informes aportados por la División Ciberpatrullaje de la Policía de la Ciudad, fotos publicadas por Infobae, etc. Pero nunca las filmaciones y fotos de transeúntes y medios alternativos.

 

Las pruebas mencionadas son infinidad de declaraciones policiales, informes oficiales, una foto y una nota de Clarín

 

Sobre Medo y Juan, afirman que provocaron a la policía, insultando y arrojando cosas, y que cuando los aprendieron, forcejearon. Y que ello se constata con las fotos publicadas por Infobae.

“Para corroborar los dichos del personal policial interviniente, se tuvo a la vista las imágenes del portal en cuestión. En este mismo portal, en otra de las fotografías, se lo observa a Mourenza forcejando también con los policías que ya tenían detenido a su compañero –Medone-. Es decir Medone y Mourenza provocaron al personal policial, buscando su reacción y cuando intervinieron para detenerlos, comenzaron a forcejear con ellos”.

La única prueba que tienen de esto es un par de fotografías. Del texto surge que las fotografías también deben ser suficientes para probar que arrojaron cosas e insultaron. A su vez, revisando las mencionadas imágenes, es una sola donde aparecen Juan y Medo, y es la que ha circulado por todas las redes. Primero, parece insuficiente como prueba; segundo, esa foto habla más de la violencia policial que de los periodistas; y tercero, es imposible no pensar en la intencionalidad de usar esta foto como prueba y ninguno de los videos de los transeúntes e incluso de la transmisión que realizó de los hechos la Red Nacional de Medios Alternativos. Es tan maligno (o tonto) como cobrar un penal por una foto, teniendo ocho cámaras a disposición.

27.10.2017

Luego de más de un mes de sostenido plan de lucha y habiendo permanecido en estado de alerta y movilización; hoy finalmente conquistamos la baja de las licencias compulsivas sin goce de sueldo a nuestrxs 19 compañerxs de Comisión Directiva, Tribunal de Honor y revisorxs de Cuentas, hecho que quedó asentado en un acta firmada entre el Ministerio de Hacienda del GCBA, la presidenta de nuestra Asociación Natalia Castrogiovanni, nuestra secretaria general Claudia Pugliese y la Federación de Profesionales del GCBA ante la Subsecretaría de Trabajo del GCBA.

Este logro ante todo ratifica el camino tomado por nuestra APSS convocando urgentes asambleas y plenarias  tanto de delegadxs y afiliadxs, como en conjunto con otrxs compañerxs en nuestros hospitales y CeSAC; la reunión de articulación en nuestro apoyo, donde contamos con fundamental solidaridad de otros gremios y organizaciones sindicales y políticas; y en particular las dos masivas movilizaciones a la puerta de Hacienda. Hemos torcido el brazo de lo que pretendía ser un ataque que ponía en riesgo la continuidad de nuestro gremio.

A la vez, sabemos que si no se lograba quebrar el rumbo propuesto por el GCBA, esto implicaba un brutal antecedente para otros gremios, en particular en un contexto donde el gobierno tanto local como nacional planean brutales reformas laborales contra lxs trabajadorxs. 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo respecto del segundo punto de la disposición en cuestión, que plantea la impugnación de nuestxs delegadxs, nos reservamos el derecho a iniciar las acciones pertinentes para lograr salir victoriosxs completamente de este embate. Continuamos en estado de alerta y movilización por este motivo y convocamos a asamblea extraordinaria de afiliadxs el próximo 9/11/17. Fuerza compañerxs que vamos por el mejor camino. Redoblemos nuestros esfuerzos organizativos, UNIDAD Y LUCHA PARA GANAR!

 

ASOCIACION DE PROFESIONALES DE SERVICIO SOCIAL DEL GCABA

27.20.2017

Por CORREPI

 

"El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 22 de los 31 detenidos y detenidas en los episodios de provocación y represión policial registrados el 1° de septiembre pasado al finalizar la marcha multitudinaria a Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. El juez no se detiene ni un instante en el accionar policial, evita cruzar modulaciones de la policía, ni describe el accionar del grupo de apoyo motorizado que incursionó sobre veredas y bares provocando destrozos y zozobras; tampoco analiza la incongruencia de las actas de detención que colocan a varios de los procesados en horarios y sitios diferentes a los reales, ni repara en que hay imágenes que lo desmienten y colocan en el absurdo y la arbitrariedad."

 

El juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 22 de los 31 detenidos y detenidas en los episodios de provocación y represión policial registrados el 1° de septiembre pasado al finalizar la marcha multitudinaria a Plaza de Mayo en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Sin prisión preventiva, imputó a esos compañeros y compañeras la comisión de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad. En una resolución tan imprecisa y genérica como taimada y tendenciosa, el juez Martínez de Giorgi ha cumplido con la manda que el gobierno le impuso: pronunciarse sobre la situación, una vez terminado el proceso electoral.

A escasos cuatro días del triunfo de Cambiemos, el juez cumple el rol legitimador que el estado policíaco le tiene reservado: no juzga, sino que convalida todos y cada uno de los actos represivos emanados del Poder Ejecutivo. Apoyado únicamente en los testimonios de la policía de la Ciudad y Federal, la resolución permite a los verdaderos provocadores, luego represores, deslindar responsabilidades sobre hechos tan graves como burdamente justificados por sus mandamases políticos.

Con acusaciones que se contradicen en las pruebas de descargo (filmaciones, registros fílmicos y fotográficos, envío de mensajes telefónicos que contradicen a los policías) el juez no sólo avala lo escrito por la fuerza de seguridad. Además intenta poner un cierre a cualquier posibilidad de investigar los actos ilegales que los efectivos cometieron y que fueron denunciados por los detenidos.

Consta en el expediente no sólo el modo “al voleo” de las detenciones –con excepción de los trabajadores de prensa, deliberadamente seleccionados- y la violencia desplegada por los efectivos, también denuncias concretas de intimidación, amenazas y tratos inhumanos que vulneraron la dignidad de los detenidos. Actos ilegales y violatorios de los derechos humanos que el juez ha ignorado para proteger a la fuerza policial que esa noche, como en otras del pasado más negro, dispuso de la calle como perros de caza hambrientos de jóvenes y luchadores populares.

El juez no se detiene ni un instante en el accionar policial, evita cruzar modulaciones de la policía, ni describe el accionar del grupo de apoyo motorizado que incursionó sobre veredas y bares provocando destrozos y zozobras; tampoco analiza la incongruencia de las actas de detención que colocan a varios de los procesados en horarios y sitios diferentes a los reales, ni repara en que hay imágenes que lo desmienten y colocan en el absurdo y la arbitrariedad.

La increíble justificación de la detención de los trabajadores de prensa es otra palmaria muestra de su parcialidad: no repara en las explicaciones e imágenes que explican dónde estaban y qué hacían los trabajadores, y en cambio da fe de un acta policial que inventa otras circunstancias. Nunca investigó, se limitó a recoger la versión policial y con eso construyó un mediocre acto procesal que sin dudas lo coloca entre los jueces predilectos a la hora de resolver rápidamente los conflictos que permiten criminalizar a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores y los luchadores.

Vale la pena recordarlo, Marcelo Martínez de Giorgi es el mismo juez que procesó y elevó a juicio la causa contra los compañeros y compañeras de Antena Negra TV, a instancias no del fiscal, sino de la empresa de seguridad privada PROSEGUR. Es el mismo juez que, intimado por la Corte Suprema a avanzar en la causa contra el empresario corrupto Mariano Martínez Rojas por el ataque de su patota, amparada por la policía, a la redacción del diario autogestionado Tiempo Argentino, esta misma semana, por tercera vez, se declaró “incompetente” para facilitar la impunidad de los socios del poder.

Ahora, hasta suma la provocación de establecer embargos multimillonarios a los compañeros y compañeras, con el claro objetivo de generar suficiente ruido mediático que construya falsos consensos, indispensables a la hora de completar el proceso criminalizador.

En el contexto de profundización y agravamiento del despliegue represivo estatal, “la gran Otranto” del juez Martínez di Giorgi se inscribe en lo que ya es un clásico del gobierno de Cambiemos: desviar la atención sobre lo esencial de su política, que se expresa de modo inapelable en la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado.

Desde CORREPI, sostenemos la incondicional defensa de las compañeras y compañeros criminalizados, y no será sólo en los tribunales donde continuaremos dando batalla. No habrá calle que no sepa de este reclamo.

Por eso el 1° de noviembre seremos un puño una vez más en la marcha que exigirá justicia para Santiago Maldonado, porque lo mató la gendarmería, y el gobierno es responsable.

Ese mismo gobierno que, con un juez a su medida, intenta cerrar el círculo de impunidad que alienta sus fuerzas represivas a perseguir y criminalizar la protesta y la indignación social.

Una vez más, no se trata de la justicia cómplice. Hay un sistema que se basa en la provocación, la represión, y la impunidad que se integra con ella.

Queda demostrado: la provocación policial tiene un juez a su medida. Y en ese escenario nos paramos para exigir el cierre de todas las causas, y responder con el mismo compromiso y la responsabilidad histórica que se nos impone: más organización, más unidad, y más lucha.

26.10.2017

 

El juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió procesar y embargar a 22 de las 31 personas detenidas luego de la represión del 1º de septiembre en Plaza de Mayo en la movilización en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado.

 

A otras 7, les dictó falta de mérito y 2 fueron sobreseídas.  Las imputaciones, que se hicieron esperar hasta el resultado de las elecciones legislativas, son  fundamentalmente por "intimidación pública" y "resistencia a la autoridad" y, en todos, sin prisión preventiva y embargos de hasta 5 millones de pesos.

El procesamiento recayó sobre Noemí Pianetti, Maximiliano Pierangeli, Andrés Ferraroti, Sofía Gamboa, Sebastián Nahabian, Patricio Salazaro, Aitor Basterrechea, Daniel Carrizo, Demian Tutaglio, Ivan Palavecino, Cristian Vázquez, Paola Montero, Ada Luz Escobar Martín, Carlos Guerra, Hugo Medone, Juan Mourenza, Micael Tobías Maggi, Geraldine Sánchez, Gabriela Amira Sánchez, Yamila Barrios e Iván Meza.

25.10.2017

Por Revista Jallalla

Ayer se convocó a medios de comunicación de la colectividad boliviana para que reproduzcan una normativa que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires considera “exitosa” para el Aya Marcay Quilla 2017.

 

El 2 de noviembre es una fecha importante para culturas como la de los diaguitas, calchaquíes, quechuas y aymaras que celebran el Aya marcay Quilla o Fiesta de los muertos.
Aunque para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la cuestión indígena quiera tratarse al mismo nivel que una colectividad extranjera, cuando no es así ya que hay una normativa nacional e internacional que le da un tratamiento diferencial.
Tratar una práctica mortuoria desde el ámbito del Ministerio de Seguridad ya tiene un sesgo marcado. Se lo compara con cualquier otro evento como un partido de fútbol y se quiere proceder como si tal cosa. Por eso el cacheo a la entrada de todos los que van al cementerio, el control de alcoholemia, la requisación de cualquier bebida, y hasta las hojas de coca.
Tratar de “organizar” una actividad a poco más de una semana de realizarse, es por lo menos: improvisado.
Aunque en realidad los “invitados” servimos para justificar que “dialogaron” con los bolivianos y los periodistas teníamos el rol de difundir las lúcidas directivas que ellos tenían para nuestra comunidad. Además, gratis.
Sabemos que si hay algo en lo que gasta el gobierno porteño es en difusión, pero como es la comunidad boliviana “háganlo ustedes y difúndanlo”, como se puede ver en el videíto dirigiéndose Lilia Camacho, periodista de nuestra colectividad.
Nunca antes había visto un operativo policial para una rito mortuorio que venimos siguiendo desde hace por lo menos 10 años lo que la gente del Ministerio de Seguridad considera un éxito son medidas represivas que al habilitar una sola entrada y una salida (hay 3 ingresos) y como la gente aparece después de las 14:00 se produce un cuello de botella impresionante, colas de 400 metros, ya que se les revisa minuciosamente, hasta las muelas.
Vi hace 2 años como un policía de la Ciudad incautaba hojas de coca en estado natural como si se tratara de droga y un gendarme salteño dejó escapar una especie de queja porque el mismo consume la hoja de coca en Salta.
Obviamente eso genera malestar en la gente (no solo los que tienen esta práctica) sino los que van solo a dejar una flor. El año pasado mucha gente quedó afuera sin la posibilidad de hacer su rito ante la tumba de un ser querido, y querían entrar de cualquier manera y a algunos se los llevaron preso.
Desde el Ministerio de seguridad se hace una interpretación de la Ley vigente, como si esa fuera la directiva al respecto cuando en realidad falta su reglamentación.
Así el Director General de Cementerios, ante los peros que se empezaron a poner por parte de los que estábamos para obedecer, amenazó en que iba a cerrar el Cementerio asegurando que lo podía hacer.
Desde ese Ministerio se ideó regular la cantidad de panes que se tiene que llevar para que no exceda la capacidad del cementerio, como si se llevaran toneladas y la cantidad de tiempo que debería quedarse cada familia. “¿Por qué quedarse toda la tarde si podrían estar media hora? ¿Por qué no instruyen a su gente?”
Teniendo en cuenta que no es ningún feriado para los indígenas urbanos a diferencia de otras culturas como la de los judíos o musulmanes que se les respeta sus celebraciones religiosas. Muchos aymaras y/o quechuas tienen que hacer malabares un día de semana para llegar al cementerio antes de las 16:00 porque si bien la entrada es hasta las 17:00, las colas impresionantes dejan afuera a cientos de personas.
La reunión fue cerrada por la Secretaria del Ministerio de Justicia y Seguridad, Valeria Sikorski, prometiendo una próxima reunión porque los “afectados” aseguraban que excedía a la competencia de ese ministerio.