Red de radios

27.9.2016

Cristian Orellana (18) fue fusilado por la espalda, tras una persecución policial. El juez no avanzó en la investigación y dictó el sobreseimiento del agente policial. La familia apeló el fallo para que la justicia investigue.

El 15 de junio pasado, Cristian Orellana (18) fue ejecutado por la espalda en el marco de una persecución policial que terminó en el Bajo Flores. El Subinspector Juan Sebastián González, de la Comisaría 38 de la Policía Federal, fue señalado por fusilar al joven y fue sobreseído por el juez de instrucción Alberto Baños.

El hecho de violencia institucional ocurrió en las inmediaciones del Barrio Illia. Los testigos del hecho afirmaron que a Cristian “lo podrían haber detenido". El Juzgado de Instrucción N°27 tomó la medida que inhabilitó la posibilidad de seguir investigado la muerte del joven, a pesar de los reclamos de la familia para que se investigue el gatillo fácil.

La querella de la familia, a cargo del letrado Nahuel Berguier, apeló la decisión del juez y solicitó que se revoque el sobreseimiento de González y dicte su procesamiento por homicidio.  La familia cuestionó que el juez tomó la decisión judicial basándose en la declaración del policía sin tomar en cuenta lo inverosímil del relato policial.  González excusó la utilización del arma del fuego por un supuesto tiroteo con Orellana. Sin embargo, no hay indicios de disparos de Orellana en el vehículo de la fuerza de seguridad. 

Por otro lado, “tampoco fue hallada la supuesta arma con la cual habría sido atacado el móvil policial. Es decir que todos los elementos obtenidos por las pericias como por las inspecciones oculares, descartan la hipótesis defensista de González respecto de la existencia de un enfrentamiento armado.”

Por el contrario, está “acreditado” que el agente de la federal disparó al joven y terminó con su vida. Al mismo tiempo que no hay pruebas de que Orellana estuviera armado, ni que haya disparado contra el patrullero. Una de las hipótesis que destacó la familia de la víctima es que el “policía González disparó para forzar la detención del vehículo, contrariando la citada normativa interna de la Policía Federal Argentina, sabiendo que podía herir de muerte a Orellana pero sin que esto le importara."

“Es decir, ante la muerte de una persona en manos de un miembro de las fuerzas de seguridad, no se puede de manera liviana dictar un sobreseimiento, menos aún cuando no existe ningún indicio claro de que haya habido un enfrentamiento o que exista proporcionalidad en los medios empleados.  En todo caso debe discutirse en un juicio oral y público la responsabilidad del policía que efectuó los disparos y mató, más aún cuando se encuentra en juego la responsabilidad internacional del estado argentino por ser el caso una posible violación de derechos humanos”, agregó el recurso judicial planteado por la querella.

27.9.2016

El legislador del Frente de Izquierda presentó un proyecto que busca extender la licencia por violencia conquistada para las docentes porteñas al conjunto de las trabajadoras estatales. Ya comenzó el debate en la Comisión de Trabajo.

La "licencia por violencia de género" conquistada recientemente para las docentes dio pie a la presentación de nuevos proyectos que pretenden extender estas licencias al conjunto de las trabajadoras estatales.

En la sesión de la Comisión de Trabajo se están debatiendo los proyectos presentados por Pablo Ferreyra (FpV), Marcelo Ramal (PO) y Patricio del Corro (PTS), que pretenden modificar la Ley 471 que regula a los trabajadores estatales. Estos proyectos, partiendo del consenso alcanzado en la Comisión de Educación, quieren ir más allá de los límites que impuso el PRO bajo el débil argumento de que no se "puede" incluir en el proyecto para las estatales lo que fue negado en el tratamiento y aprobación de las licencias para la docencia.

Hay debates en la comisión por algunos ítems. Por un lado a quiénes se identifican como víctimas de violencia de género, ya que para el PRO la violencia por género impacta por igual en varones y mujeres; por lo cual se debió buscar una fórmula de consenso que, contradictoriamente, terminó mejorando la definición inicial planteando que los destinatarios son las "personas" que sufrieran violencia de género y se encuentren amparadas en la Ley 26.485, de esta manera también incluye a las personas trans.

Por otro lado el PRO se niega a incluir la facilidad de "pases" o "reubicaciones", cuando esto es parte fundamental del resguardo físico de la mujer en situación de violencia. El artículo 7° del proyecto presentado por Patricio del Corro plantea que "Las mujeres víctimas de violencia previstas en la presente ley tendrán derecho a acceder, a sola solicitud y de manera inmediata, y a fin de resguardar su salud y seguridad el pase a otro establecimiento laboral, conservando iguales condiciones de trabajo”. Se sabe que ante el primer intento de salir del vínculo de violencia, el que ejerce violencia busca a la víctima en cada lugar que ella frecuenta. El PRO repitió varias veces su negativa a incorporar este articulado -pedido incisivamente en el tratamiento de las licencias para las docentes y ahora también para las estatales- simplemente porque en el estatuto docente no se incluyó.

El otro ítem en cuestión son los plazos de dicha licencia, los cuales para el PRO deberían ser lo más cortos posible y para el FpV y el PO deberían ser 90 días. Patricio del Corro, por su parte, planteó: “Los plazos y extensión de las licencias laborales para las trabajadoras víctimas de la violencia de género serán evaluados y otorgados, según lo decidido por el servicio de salud estatal y de asistencia que haya acudido la víctima”. Y agrega que "Similar mecanismo deberá utilizarse en caso que la víctima de violencia contra las mujeres sea familiar o persona a cargo de las mujeres trabajadoras previstas en el Artículo 3º de la presente ley."

El proyecto del diputado Patricio del Corro a la vez plantea que estas licencias sean extendidas al conjunto de las trabajadoras estatales, no sólo en el ámbito municipal sino también en las instituciones estatales nacionales, a las trabajadoras de los hospitales incluidas las del Hospital Garrahan, y a las trabajadoras del ámbito legislativo. Su proyecto plantea dar un marco de protección legal ante situaciones de violencia de género que recaiga sobre una trabajadora estatal o algún familiar, resguardando su salario y la fuente laboral, y permitiendo la disponibilidad del tiempo necesario para salir de la situación de violencia. En el próximo Encuentro Nacional de Mujeres llevaremos el proyecto a las comisiones de violencia de género para que se debata e impulse en el resto del país.

Las trabajadoras porteñas que lograron incorporar esta licencia al Estatuto Docente, lo hicieron mediante campañas activas en cada escuela. Las docentes de Pan y Rosas estuvimos en primera línea de esta pelea en los lugares de trabajo y llenando de guardapolvos blancos cada sesión en la que se trataba este proyecto. Para destrabar los frenos del PRO y lograr incorporar la misma licencia y los articulados que quedaron fuera en el estatuto docente, para cambiar la regulación vigente en la Ley 471 e incluir a todas las mujeres estatales, las trabajadoras ya están comenzando a tomar en sus manos la puesta en pie de una gran campaña en cada organismo estatal, municipal o nacional, proponiéndoles también a las Juntas Internas y delegadas que lo impulsen. Las docentes ya lo lograron. ¡Vamos ahora por la licencia de género para todas las trabajadoras estatales de la Ciudad!

25.9.2016

Por La Retaguardia

La arquitecta Beatriz Pedro se refirió al proyecto de urbanización de la Villa 20, que fue presentado por el gobierno porteño y que la Legislatura de la Ciudad convirtió en ley el 8 de setiembre pasado. Durante el programa radial La Retaguardia, Pedro contó en qué consiste, sus posibles intereses políticos y el trabajo conjunto de los vecinos en la Mesa Activa por la Urbanización. (Por La Retaguardia)

La iniciativa fue aprobada en primera lectura y ahora debe convocarse a una audiencia pública para lograr su sanción definitiva. Contempla la construcción de 1600 viviendas nuevas y la refacción de otras, además de una serie de obras de infraestructura para garantizar el funcionamiento de servicios urbanos.
“Creo que en la Ciudad de Buenos Aires, y en todas las ciudades, sufrimos lo que es el extractivismo urbano en el sentido de gigantescos negociados inmobiliarios, y no estamos ajenos a todas esas movidas, más ahora que hubo este foro Mini Davos donde eso debe haber estado al día. Cuando se menciona que en la Villa 20 hay incumplidas leyes de reurbanización, debe decirse que ocurre lo mismo en la mayoría de las villas de la ciudad. Ahora producto de este clima de negocios que hay y de eventos diversos, el gobierno de la ciudad ha puesto en foco la urbanización de algunas de las villas que están en lugares muy expectables desde el punto inmobiliario, entre ellos está la Villa 20”, afirmó Beatriz Pedro en diálogo con La Retaguardia.
Pedro es arquitecta y dirige el área de Hábitat del Taller Libre de Proyecto Social de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Fue una de las participantes de las jornadas que se organizaron para debatir este proyecto y las problemáticas que aborda.
“Cuando esto sucede (la aprobación del proyecto de urbanización), en la Villa 20 se encuentran con un tejido social y organizacional que se ha ido constituyendo a lo largo de las luchas de 2005, la ampliación del barrio en 2007 con las manzanas 28, 29, 30, los reclamos del Parque Indoamericano que fueron incumplidos, se engañó y se reprimió, además de la unidad que se generó cuando se ocupó el Barrio Papa Francisco. Todo eso fue generando un conjunto de organizaciones sociales en las que algunos arquitectos nos hemos integrado intentando ponernos a trabajar junto a ellos para poder encarar una situación como la que se plantea ahora de que quieren urbanizar la villa. El gobierno de la ciudad se encuentra entonces con que se ve obligado y presionado, y ese conjunto de organizaciones que se ha denominado mesa activa por la urbanización ha logrado, presionando tanto con su capacidad y su unidad al gobierno y a otros sectores de la villa, sentarse y sentarlos a discutir cómo sería la reurbanización de esa villa. Eso ha generado un proceso que lleva ya como 6 meses, que implica el funcionamiento de una mesa de debate con decisiones casi políticas respecto a cómo urbanizar la villa y qué hacer, que recién ahora se ha podido constituir una ley muy discutida primero entre los vecinos, incluso de diferentes sectores, y después con el Instituto de Vivienda de la Ciudad que era el interlocutor y que ha devenido en una ley que ha llegado a la Legislatura. ¿Se va a urbanizar la villa? Las leyes nunca garantizan nada en este país, así que va a haber que pelearla”, aseveró Pedro.
Respecto al tratamiento de esta norma en el parlamento porteño, la arquitecta explicó: “en este caso la tierra es estatal, o sea que no se vende, solamente le están cambiando el uso, entonces para poder pasar y unificar todo un polígono que tenían distintas normativas por el código de planeamiento tienen que unificar el uso de la tierra y tienen que pasarla a dominio del Instituto en forma completa, eso exige doble lectura y audiencia”.

Los olímpicos

Cabe recordar que en 2018 se realizarán en la Ciudad de Buenos Aires los Juegos Olímpicos de la Juventud, para los que ya se están desarrollando distintas obras que incluyen la construcción de una Villa Olímpica en la zona del Parque de la Ciudad. Sobre la relación entre este acontecimiento y el proyecto de urbanización aprobado, Pedro señaló: “la Villa Olímpica ya la están haciendo sobre el Parque de la Ciudad y están prácticamente por vender este Parque para distintos negocios inmobiliarios. En ese marco, la clave del asunto es que todo el mundo reclama que no unan los derechos de los vecinos y la lucha por la reurbanización de la villa a la descapitalización de la ciudad vendiendo las tierras públicas. Nadie está de acuerdo con eso, lo querrá unir el gobierno pero nosotros no estamos de acuerdo con eso. No pueden usar los derechos de los habitantes que están en emergencia habitacional para vulnerar el derecho del conjunto de los habitantes que son dueños de la tierra pública, entonces eso lo vamos a denunciar todas las veces, por lo tanto se reclama que el gobierno de la ciudad destine presupuesto genuino a resolver la urbanización no solo de la Villa 20 sino de todas las villas”.

Formación social 

El Taller Libre de Proyecto Social es un espacio de intercambio entre la universidad y el territorio, es decir entre docentes, graduados y estudiantes con “aquellos que deciden unirse para tomar en sus manos la solución de sus problemas en el territorio”. Beatriz Pedro dirige el área Habitar del Taller: “nosotros procuramos formar a un conjunto de diseñadores con una mirada que tenga en cuenta y priorice las necesidades populares. Esto no es lo dominante, no porque no haya otras iniciativas en otros lugares y otras personas, profesores, que también intenten una cosa parecida y tampoco porque muchos estudiantes no tengan una enorme vocación, pero es una facultad que está muy formada para mirar afuera, mirar ejemplos extranjeros, para desligar la belleza de lo social, desligar el objeto arquitectónico de las necesidades. Muchos hacemos un esfuerzo enorme por intentar que crezca una mirada diferente, pero lo dominante no es eso”.
Los arquitectos que estudian bajo esta formación social son quienes trabajan junto a los habitantes de las villas buscando alternativas y proyectos que realmente respondan a sus necesidades sociales, que en general quedan lejos de la vista del poder.

24.9.2016

Con motivo del gigantesco operativo policial que se está desarrollando para desalojar de sus viviendas a decenas de vecinos  en el barrio porteño de Balvanera, efectuó declaraciones el referente de la Organización Social y Política Los Pibes y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Lito Borello, quien condenó “la brutalidad del accionar tiránico del gobierno de Mauricio Macri contra la población más humilde”.

“Podemos reconocer que el macrismo llegó al Gobierno democráticamente pero es evidente que se han inclinado por el ejercicio despótico del poder. En el caso de los vecinos del barrio de Balvanera, se está realizando un desmesurado operativo policial que afecta a familias de bajos recursos y se los trata como si fueran delincuentes o criminales. Todo ello ocurre con la complicidad de una Justicia injusta, ya que está efectivamente probado que en las viviendas que tratan de desalojar no existe dueño, y la medida violenta la ejerce el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Borello.

Enseguida, el dirigente social, apuntó que “esto deja a las claras el perfil ideológico y de complicidad de clase que demuestra este gobierno macrista. Por lo tanto, necesitamos los sectores populares construir procesos de unidad que permitan enfrentar al gobierno nacional y al de la Ciudad, ya que el pueblo humilde y trabajador está pasando angustia y zozobra por la represión explícita que sufre día a día”.

Finalmente, Borello señaló que “no podemos mirar sin preocupación lo que se está viviendo. Necesitamos actuar, salir a la calle, organizar la bronca, resistir y luchar, ya que es indudable que vienen por todos nosotros y nosotras. Evita nos decía como enseñanza que el hambre no se tolera y la dignidad no se negocia”.

24.9.2016

Como venimos informando, este viernes un brutal operativo policial actúa en el barrio porteño de Balvanera para desalojar a un grupo de familias humildes.

Este lunes 19 de Septiembre ya se habían presentado efectivos policiales y de la justicia porteña en el edificio ubicado en Pichincha 191, en el barrio de Balvanera (conocido como Once, en la Ciudad de Buenos Aires), para efectuar una orden de allanamiento por no cumplir con una clausura y un posterior desalojo.

Dicho inmueble es parte de un terreno ubicado en la esquina de Pichincha y Alsina que posee diversas entradas, donde viven más de 60 familias. Al igual que otros edificios en la CABA, funcionó hasta el 2000 como un hotel donde los vecinos pagaban un alquiler. Debido a la desaparición del dueño, los vecinos dejaron de pagar.

Hace unos meses, la Guardia de Auxilio (que “interviene en cualquier situación de riesgo en la vía pública”) clausuró el inmueble de Pichincha 191 -edificio donde viven siete familias, con 15 chicos/as- fundamentando que no poseía las condiciones necesarias para funcionar como un hotel (matafuegos, salida de seguridad, bidet, etc.), obviando un pequeño detalle: ahí no funciona un hotel, viven familias como legítimas poseedoras de buena fe. A la vez, sostenía que estaba en malas condiciones de habitabilidad.

El pasado lunes, los vecinos junto a organizaciones sociales y políticas lograron resistir el desalojo. A la vez, denunciaron que el gobierno de la Ciudad no respetaba el protocolo de desalojos (comunicar a otros órganos de gobierno como la defensoría de menores, zoonosis, defensoría oficial, etc.) y, sobre todo, no brindaba ninguna solución habitacional a las familias, ni siquiera el subsidio habitacional -que no supera los 1.800 pesos- que entrega el gobierno en los peores casos. Luego de varias horas, se logró llegar a un acuerdo y se pospuso el desalojo para el miércoles 21 de septiembre a las 10 de la mañana.

Nuevamente, los vecinos acompañados por organizaciones sociales y políticas -Patria Grande, La Cámpora, CTEP, CIBA, Seamos Libres-, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General de la Ciudad, y distintos legisladores -José Cruz Campagnoli y Paula Penacca, entre otros- lograron mantener el desalojo en suspenso y abrir un proceso de negociación con el juez, para presentar nuevas pruebas que permitan revertir la clausura y el desahucio.

Juan Lenta, abogado de las familias e integrante del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP), expresó: “En la causa, no surge ningún tipo de elemento probatorio que establezca que en dicho inmueble funciona un hotel. Asimismo, presentamos ante el juez dos informes de arquitectos, en donde expresamente se establece que no hay peligro de derrumbe alguno ni están en juego la vida de las personas”. “Nuestro pedido es que el juez levante el desalojo y le permita a los vecinos realizar los arreglos correspondientes”, agregó.

Mientras tanto los vecinos se siguen organizando y montando guardias y planifican distintas actividades que les permitan estar alertas ante cualquier avance en la voluntad de desalojar.

Agustina Mayanski, docente del Bachillerato Popular Vientos del Pueblo, ubicado a una cuadra del edificio y al que asisten varios habitantes del inmueble, comentó: “Los vecinos están unidos, están pensando distintas actividades para juntarse e ir viendo como seguir. El jueves van a haber actividades durante el día como clases públicas y vamos a pasar una película. Desde el Bachillerato vamos a estar acompañando a las familias en todo lo que haga falta, aportando con los técnicos necesarios -abogados, arquitectos, etc.- y ayudando a que las familias se organicen en este momento tan difícil”.

Lo que no se dice

Tanto el juez Tavosnanska como la fiscal Barcia, ambos parte de esta causa, ya han estado implicados en otros procesos de desalojo, como el de la Sala Alberdi, que terminó con tres heridos con balas de plomo.

A la vez, el mismo juez autorizó el uso de munición letal para un desalojo en el año 2010, de más de 100 familias en un complejo de vivienda deshabitado en la villa 1-11-14.

Estos antecedentes alertan sobre el proceder que han tenido en casos similares, donde no ha primado la garantía de los derechos de las personas ni se han buscado soluciones que permitan solucionar los conflictos de fondo.

Por otro lado, varios vecinos sostienen que el verdadero motivo del desalojo tendría que ver con el traslado de la Sede comunal a donde hoy se ubica el Shopping Spinetto -justo frente al edificio-. Una vez más, el gobierno buscaría, utilizando la Justicia, generar un proceso de expulsión de los sectores populares de determinada zona de la ciudad, buscando valorizar y mejorar el barrio, con posibilidades de realizar proyectos inmobiliarios a futuro. Como nos vienen acostumbrando, el negocio primaría por sobre el derecho de estas familias a poseer una vivienda.

Estos niños se quedarán sin vivienda por culpa de un gobierno que sólo piensa en los ricos.

Pichincha no es la excepción

En la Ciudad de Buenos Aires el caso de Pichincha no es la excepción sino más bien la regla. El problema habitacional crece enormemente y el caso de los edificios tomados, inquilinatos, pensiones, etc. es una de las facetas del problema.

Según el diagnóstico del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CTA Capital), aproximadamente 650 mil habitantes se encontraban en emergencia habitacional en el 2010. Se estimaba que entre 170 y 200 mil personas habitaban viviendas irregulares (casas tomadas) y 140 mil vivía en hoteles, inquilinatos y/o pensiones. Números que fueron aumentando con el correr de los años.

En lo que va del 2016 el macrismo en la CABA se ha dado una política de avanzar en los procesos de desalojo de los inmuebles en situación de irregularidad, sin ofrecer soluciones habitacionales que permitan a las familias que quedan en la calle garantizar una vivienda digna en el tiempo. Subsidios habitacionales paupérrimos y tránsito por hoteles son las ofertas más comunes.

Pero los vecinos organizados también logran algunas conquistas. Es el caso de la Cooperativa el Surco, más conocida como el edificio ubicado en la calle Pavón, que consiguieron que el Estado les ceda un terreno del gobierno de la Ciudad para ellos mismos realizar la construcción de sus viviendas. A su vez, los vecinos de la calle Brasil 1517 que han resistido un desalojo en Junio, siguen negociando con el Instituto de Vivienda de la Ciudad una solución habitacional, con la posibilidad de comprar un terreno y construir sus hogares.

Varios son los casos que siguen a la espera de una resolución positiva y que, por medio de la organización, buscan pelear por soluciones definitivas.