Red de radios

13.7.2019

Debido a la muerte de 7 personas en situación de calle, producto de la fuerte ola polar, la Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad la urgente implementación de un plan de emergencia. El objetivo es preservar y resguardar la vida y la salud de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo, con opciones de servicio socio-asistenciales de alojamientos alternativos distintos a los paradores nocturnos. Además, se exige la difusión correspondiente a fin de que las personas en dichas situaciones obtengan la información y puedan acceder.

La medida fue impulsada por la Diputada Victoria Donda y Laura González Velasco, directora de Proyectos Especiales y Calidad Institucional del Consejo Económico y Social de la Ciudad, a partir de un informe que señala las deficiencias ambientales, de infraestructura, calefacción y seguridad, sumado a la insuficiencia de recursos humanos y profesionales de la salud que presentan los paradores existentes. Por otro lado, se ordenó llevar a cabo un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo, con un respectivo diagnóstico.

Según el censo realizado por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad junto con organizaciones populares, en el 2017 se registraron 4.079 personas en situación de calle mientras que en el 2019 se contaron 7.251. Estos números reflejan un notable incremento de hombres y mujeres que, como consecuencia de la insostenible situación social y económica que atraviesa el país, se ven obligadxs a vivir en la calle, expuestos a infinidad de riesgos, incluida la muerte.

12.7.2019

Lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, manteniendo además la calificación de delitos de lesa humanidad a los hechos ocurridos el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Devoto, por los que están acusados cuatro penitenciarios federales.

La querella en la causa Masacre en el Pabellón Séptimo fue notificada sobre la resolución de la Sala I , integrada por los jueces Leopoldo Oscar Bruglia, Pablo Daniel Bertuzzi y Mariano Llorens, con relación a la apelación efectuada por la defensa de Juan Carlos Ruiz (ex director de la Cárcel de Devoto); Horacio Galíndez (ex Jefe de Seguridad Interna); Carlos Sauvage (ex jefe de Requisa) y Gregorio Zerda (ex celador), del Servicio Penitenciario Federal en condición de retirados, a los procesamientos con prisión preventiva dictados por el juez Daniel Rafecas el 28 de diciembre pasado.

Los delitos de lesa humanidad por los que están acusados son imposición de tormentos reiterados en ciento cincuenta y cuatro (154) ocasiones que concurren realmente entre sí (art. 144 ter, primer párrafo conforme ley 14.616 y art. 55 del Código Penal), de los cuales sesenta y cinco (65) se encuentran agravados por la causación de la muerte del ofendido (art. 144 ter, último párrafo, ley 14.616).
Asimismo, los magistrados revocaron las prisiones preventivas que venían cumpliendo Galíndez, Zerda y Sauvage -Ruiz ya cumplía prisión domiciliaria-, porque "luego de haber contemplado las particulares circunstancias del caso en función de (las) directrices sentadas en la materia por la CSJN, entendemos que existen otros medios menos lesivos que permitirían asegurar los fines del proceso, debiendo el Juez a quo aplicar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 310 del CPPN."

En su voto, el juez Mariano Llorens (designado por el gobierno de Mauricio Macri en junio de 2018) no solo negó el carácter de delitos de lesa humanidad a los hechos sucedidos en la represión ejecutada el 14 de marzo de 2018 a las personas privadas de libertad y alojadas en el Pabellón Séptimo, sino que también les negó su carácter de grave violación de derechos humanos -primera calificación de Rafecas y el fiscal Delgado, que apelamos oportunamente, y que fue revisada por la misma Sala I con otra composición en su resolución del 14 de agosto de 2014-, por lo tanto afirmó que estarían prescriptos, y los imputados debían ser sobreseídos.
“No vamos a objetar las libertades concedidas a Ruiz, Galíndez, Sauvage y Zerda, porque en este y en cualquier otro caso en el que intervengamos, entendemos que la cárcel solo debe imponerse luego de la realización de un juicio y la determinación de una condena. Sí solicitaremos al juez Rafecas que establezca medidas de control adecuadas para garantizar el proceso.
Nos preocupa, sí -y mucho-, el voto del juez Llorens, que niega toda posibilidad, no solo de un acto de justicia y de reparación para las víctimas, familiares y sobrevivientes de esta masacre impune, sino tan siquiera de investigar qué pasó, retrocediendo décadas en las luchas por Memoria, Verdad y Justicia”, afirmaron desde la querella de la causa.

12.7.2019

Por Paula Carrizo

La filmación de dos vecinos en situación de calle prendidos fuego en Mataderos, la muerte de Sergio Zacaríaz -y cuatro personas más- a la intemperie en un contexto de ola polar, lograron convulsionar a la sociedad e instalar la problemática en la agenda pública. La respuesta colectiva ante la ausencia estatal, y la exigencia de soluciones concretas.

En el barrio porteño de Mataderos, los bocinazos sonaron bien fuerte durante toda la mañana del sábado 6 de Julio. Lejos de estar motivados por algún atascamiento, fueron un mensaje de apoyo y aliento hacia las organizaciones sociales, legisladores, organismos de derechos humanos, vecinos y vecinas que se congregaron en la esquina de Av. Alberdi y Saladillo, a metros de la General Paz, para repudiar las violencias ejercidas hacia personas en situación de calle.

“No hay errores, hay hambre planificado”, “Acá el único fuego que se prende es de la olla”, “A vos también te puede pasar”, “Exigimos cupo laboral trans”, “Familias sufriendo en las calles con hambre es un crimen”, “Nadie elige la calle para vivir”, “Basta!”, fueron algunos de los carteles que se plantaron en alto a lo largo de la jornada. Entre ollas populares humeantes para combatir el frío del invierno y el hambre voraz que genera la ausencia estatal, múltiples referentes de las organizaciones y representantes del espectro político se hicieron oír para exigir el inmediato cumplimiento de la Ley 3706, así como la implementación de políticas públicas integrales y de calidad, que den respuesta a la totalidad de personas que actualmente habitan las calles porteñas.

Las cifras que el gobierno elige no ver

La jornada se realizó un día después de la presentación del informe preliminar correspondiente al Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle, ante un auditorio colmado de Ate Capital. Con técnicas censales diseñadas e implementadas teniendo en cuenta las particularidades y complejidades de esta problemática, las organizaciones sociales llegaron a la cifra de 7251 personas habitando actualmente las calles de la Ciudad de Buenos Aires. El número prácticamente sextuplica al de Larreta, quien contabilizó en abril 1146 personas viviendo a la intemperie, tan sólo 55 más que el año anterior. Esta cifra choca de lleno con las 1461 personas censadas por las organizaciones, que afirmaron estar en situación de calle por primera vez. Otro dato que resultó sumamente preocupante es que del total, 871 son niños/as.

Paola, referente de la Asociación Civil Abrigar Derechos, señaló al respecto, “Como ayer se dieron a conocer los datos del Segundo Censo Popular, un montón de vecinos, vecinas y comerciantes del barrio que quizás no conocen esa realidad pudieron tomar conocimiento de que nuestro censo arrojó casi seis veces más que el número que da el gobierno de la ciudad. El barrio se sintió interpelado por lo que pasó.”

Y ahora que sí los ven

La filmación viralizada en mayo sobre un individuo rociando con líquido inflamable y prendiendo fuego a dos vecinos en situación de calle en Mataderos, la muerte de Sergio Zacaríaz en el barrio porteño de San Telmo -que se suma a otras cuatro muertes más a lo largo del país en un contexto de ola polar-, lograron convulsionar a la sociedad e instalar la problemática en la agenda pública. Clubes, universidades, centros comunitarios y sindicatos abrieron sus puertas transitoriamente para ofrecer alojamiento nocturno, o se postularon como centros de recepción de donaciones. En este sentido, las organizaciones convocantes a la Jornada de Repudio, entendieron la necesidad de trabajar en dos dimensiones. A nivel local territorial, apuntando a sensibilizar a la comunidad y abonar a la construcción de otros vínculos, solidarios, de cuidado, entre vecinos/as. A nivel macro, apostando a visibilizar también la complejidad de la problemática, y la importancia de exigir respuestas concretas por parte del gobierno para restituir los derechos vulnerados de la población.

Bruno, referente de CheCultura, destacó positivamente la reacción inmediata ante los hechos de violencia padecidos por los dos vecinos prendidos fuego en la ranchada de Alberdi y General Paz. “Fue un lindo proceso desde que convocamos a una reunión para abordar el tema. Todos queremos lo mismo, tenemos un mismo objetivo. Lo de hoy es un hecho, pero después hay que seguir construyendo la contra-política de todo lo que viene desde el poder. Entablar lazos, dejarse de joder y trabajar de conjunto, y ver qué se puede hacer no sólo en la denuncia sino también en hechos concretos. Estamos también por todos los chicos que están cirujeando en la calle, todas las personas que están buscando un cartón en medio del frío, por los jubilados que tienen que optar entre la comida y los remedios. Por los chicos que van a la escuela sin desayunar. Es una misma problemática, no hay una cosa puntual sobre la otra.”

También se hizo presente durante la jornada Carlos Durañona, referente del Comedor Barrancas de Belgrano, gestado hace 17 años para brindar contención a los cartoneros que tomaban el tren blanco en la estación, y a las familias en calle de la zona. Respecto al panorama actual reflexionó, “Es una tragedia lo que está viviendo la gente en situación de calle. Están siendo agredidos, y da la sensación de que es sistemático, responde a un plan. Molestan los pobres, esta ciudad es para pocos, entonces los prenden fuego. En Belgrano, un policía despertó a una persona de una patada en el ojo y está con riesgo de perderlo. Como no reaccionaba le dio otra patada en la espalda y tiene una costilla fisurada. La gente de la calle está asustada y no quiere venir. Piden protección pero nosotros, ¿Cómo se la podemos dar? ¿Vamos a pedir a un policía que nos venga a cuidar? No. Estamos deseando que se vaya este gobierno, la raíz, la matriz está en este gobierno. En 17 años vimos muchos gobiernos, pero nunca uno tan horrible como éste. No tiene sensibilidad, no tiene alma, sólo le interesan los negocios. Se tienen que ir.”  En este sentido, el Censo Popular reveló que al menos 1577 personas afirmaron haber sufrido algún hecho de violencia en los últimos años.

Buenos Aires Ausente

Consultadas respecto a la situación actual de la política pública, las organizaciones convocantes destacaron el desmantelamiento de programas tales como el BAP, y la falta de vacantes en dispositivos de alojamiento. Paola, de Abrigar Derechos, señaló, “Es una mentira que hay muchos móviles y profesionales recorriendo la ciudad las 24 hs del día, o que hay vacantes. Por algo abren cuatro dispositivos de emergencia durante el invierno. Además, ediliciamente están en malas condiciones, y no hay profesionales suficientes para abordar de manera integral la situación de cada persona o familia. No se trata solamente de problemas habitacionales, sino también de salud, cuestiones de violencia, consumo”.

Respecto al subsidio -una de las pocas políticas que tiene actualmente el Gobierno de la Ciudad para paliar la emergencia habitacional- agregó, “Es muy difícil para una persona en situación de calle acceder, le piden un montón de requisitos que no puede reunir. Hoy, un hotel en Constitución para una sola persona sale ocho mil pesos, para una familia -si la aceptan con sus niños, que es muy difícil- más de doce mil. El monto es insuficiente para cubrir el costo, y la gente hoy no puede generar ingresos para poner encima y pagar la habitación, por lo que no es una política que actualmente esté sirviendo para revertir la situación de calle”.

Politizar la solidaridad para construir otros horizontes

La respuesta gubernamental ante este escenario de considerable agitación social, se caracterizó por una coherencia negacionista. Tal como la de la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri, quien afirmó “no compartir la necesidad de abrir un estadio”, o el responsable de Atención Inmediata, Mariano Goyenechea, reponsabilizando a Sergio Zacaríaz de su propia muerte “por no haber aceptado su ayuda”, así como Larreta y Santilli planteando que no hay tanta gente en calle sino que “vienen a pasar el día a la ciudad”. Sin embargo, la creciente incomodidad del Ejecutivo porteño resultó evidente el martes 9 de julio cuando dio la orden de reprimir a las organizaciones sociales que intentaron instalar ollas populares y una carpa-refugio para gente en situación de calle en el Obelisco.

Ante este panorama, emerge el interrogante respecto a cómo este desborde de iniciativas solidarias puede, desde una mirada crítica, impulsar transformaciones sociales Florencia Montes Paez, de NoTanDistintas (organización que acompaña a mujeres, lesbianas, travestis y trans en situación de calle y/o vulnerabilidad social), reflexionó al respecto, “Las bajas temperaturas despertaron cierta sensibilidad en vecinos, inquilinos, propietarios, que hasta entonces se mostraban bastante ajenos a la problemática. Te obligan a mirar y darte cuenta de que mientras vos estás cagado de frío esperando llegar a tu casa, hay gente que no tiene donde ir y está en la puerta de la tuya, o en la esquina. Esta afectación activó mucho la solidaridad, respuestas que uno improvisa ante catástrofes de este tipo para ayudar a quien tiene cerca”.

En este sentido, enfatizó, “Eso, para cada compañero que recibió la ayuda de sus vecinos es positivo, pero no resuelve la problemática en que va a seguir estando, aun cuando aumente la temperatura. La situación de calle es estructural, no responde a una estación, para solucionarla hay que poder abordarla de manera integral, con recursos y política pública. La apertura del estadio de River de parte de Juan Carr, es la expresión de esa solidaridad que aparece y prolifera. Es importante -ninguna problemática se puede visibilizar ni amparar si no es sobre la base de un tejido social fuerte y sensible- pero no nos podemos quedar ahí. El discurso de la solidaridad y les buenes vecines pueden ser una de las tantas capturas del discurso meritocrático, hay que tener mucho cuidado. Es necesario recordar que la gente no elige estar en la calle, y aprovechar esta instalación mediática para complejizar el discurso. No para hablar mal de la solidaridad –lo cual sería muy mezquino- sino para politizarla y pensar en prácticas responsables y no sólo caritativas solidarias”.

12.7.2019

Por Alejandro Volkind

Organizaciones sociales e instituciones públicas presentaron los datos que arrojó el 2° Censo Popular: en la Ciudad, 7.251 personas viven en la calle. Esto desnuda la versión oficial del Gobierno, que reconoce a sólo 1.146 personas. Del 2017 para acá, hubo un aumento del 65%.

Según los datos presentados durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de Buenos Aires existen 7251 personas en situación de calle; 5412 duermen en plazas, veredas o entradas de edificios y 871 son niñes y adolescentes, número mucho mayor al recabado en 2017. Las otras 1981 personas censadas duermen en paradores del gobierno porteño u otros establecimientos conveniados. Del total, el 80% son varones, el 19% mujeres –de las cuales 40 están embarazadas- y el 1% declaró ser travesti/trans.

Comparado con los datos del primer censo popular, realizado en 2017, el número representa un incremento del 65% y, según destacaron las organizaciones con suma preocupación, el 52% de las personas encuestadas es la primera vez que se encuentran en situación de calle. “Lo que revela esto es que la magnitud de la crisis está tocando a sectores que antes no había llegado”, aseguró Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría de la Ciudad y una de las oradoras en la conferencia.

Para Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el informe es una foto de la exclusión en la Ciudad de Buenos Aires. “El mayor porcentaje de personas que hoy viven en situación de calle es producto de la falta de trabajo, seguido por la falta de acceso a una vivienda -ya sea porque no tienen la plata para pagar un alquiler o por los costos de los servicios públicos-; y el tercer grupo son personas que se separan, mayormente mujeres”, advirtió. Entre los tres ítems, suman un 42% de los encuestados.

En ese sentido, el 77% de las personas encuestadas en el censo afirmaron no haber podido acceder al subsidio habitacional. Los datos, advierte Morales, desmienten los argumentos vertidos por funcionarios de la Ciudad en los últimos días que señalan que hay personas que eligen vivir en la calle porque no se adaptan a los paradores o porque deciden no concurrir a las oficinas públicas para el acceso a una pensión o un subsidio habitacional.

A su vez, a contrapelo de lo planteado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien consultado sobre el aumento de personas en la calle aseguró que «en realidad tenés más gente que viene a pasar el día, que viene de la provincia a pedir en la calle y se vuelve», el informe señala que el 56% de los encuestados vivió siempre en la Ciudad de Buenos Aires.

Dos Censos y una sola realidad

El censo oficial y el censo popular fueron realizados en la misma semana de abril de este año, y sin embargo los resultados son completamente distintos. Mientras el primero dio como resultado 1146 personas en situación de calle, el censo popular asegura que el número es cinco veces mayor.

El primer dato que explica la diferencia tiene que ver con que, pese a que la propia Ley 3706 considera personas en situación de calle a aquellas que estén a la intemperie o que utilicen la red de alojamiento nocturno brindada por el Estado, el gobierno no contabiliza a quienes la noche del censo durmieron en los paradores.

El otro aspecto, más profundo, apunta a la metodología utilizada. Tal como advirtió Jorgelina D’ Iorio, investigadora del Conicet y miembro de Asamblea Popular de Plaza Dorrego, la población en situación de calle se define como población fluctuante, es decir población que no está asociada de manera permanente a un lugar concreto del espacio geográfico, y como población oculta esto es, población cuyos comportamientos son estigmatizados y viven situaciones de violencia. Por estas dos características, se la considera como población de difícil acceso.

La población en situación de calle se define como población fluctuante, es decir población que no está asociada de manera permanente a un lugar concreto del espacio geográfico, y como población oculta, son estigmatizados y viven situaciones de violencia.

Con esta premisa, el relevamiento del Censo Popular se organizó durante 4 días, dos días hábiles y un fin de semana y participaron como censistas integrantes de organizaciones sociales y de instituciones públicas, incluso personas en situación de calle. Para ello, se elaboró un cuadernillo de capacitación, con el que se formaron 500 voluntaries y se realizaron 50 capacitaciones durante el mes de abril.

La participación de las personas encuestadas fue voluntaria y anónima. Para garantizar la confidencialidad de la información obtenida, se utilizó un código de identificación formado con las dos primeras letras del primer nombre y las dos primeras letras del primer apellido, más la fecha de nacimiento. De este modo también se evitó la duplicación de datos.

Se censó en los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires y cada barrio fue dividido en cuadrículas o conjuntos de cuadras que durante los días que duró el censo fueron recorridas por un mismo grupo de censistas. Además, cada barrio tuvo como responsable a una organización con trabajo en ese territorio.

La carga de datos y el procesamiento de los mismos fue realizada por los equipos técnicos del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Presidencia de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, con el soporte técnico de un paquete estadístico construido ad hoc.

“El censo oficial, por el contrario, fue realizado durante una noche por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad y consistió un muestreo por zonas críticas-explica Jorgelina-, entonces van a algunos lugares donde prevalece mayor cantidad de gente en situación de calle”. Jorgelina es tajante: “La metodología es política”.

Para el Defensor General de la Ciudad Horacio Corti, otra de las instituciones participantes del Censo popular, no se trata de ver personas sino de conocerlas. “Desde el gobierno lo único que hacen es contar, pero no se sabe si son niños, cuál es la situación de salud, si perdieron o no su trabajo, cuál es su padecimiento mental y si no hay un conocimiento real de lo que sucede es obvio que no va a poder hacerse una política pública para resolver un problema de la realidad”. De fondo, asegura, las personas en situación de calle no son una prioridad para el gobierno y “eso hace que esto se haya convertido en un problema estructural”.

Números urgentes

“A esta hora exactamente hay un niño en la calle”, escribía hace tiempo el poeta Armando Tejada Gómez, marcando la urgencia del problema. En la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, la que tiene oficialmente más de 130 mil viviendas ociosas, a esta hora, exactamente, hay 7.248 personas viviendo en la calle, tres menos que cuando se realizó el Censo popular. “Hablamos de Sergio Zacarías, Carlos Bencenete y Javier, de Retiro”, recordó Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, sobre las personas que murieron en estas semanas a causa del frío.

“La situación es bastante más dramática de lo que algunas voces oficiales han planteado y esto es necesario ponerlo de manifiesto, por eso la urgencia de la conferencia, de presentar datos y de este trabajo colectivo”, concluyó Pablo Vitale, referente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una de las 50 instituciones públicas y organizaciones populares que llevaron a cabo el Censo.

12.7.2019

Por Alfonso de Villalobos

El gobierno decidió utilizar los hechos ocurridos en la planta de San Fernando para atacar al kirchnerismo. Sin embargo, los agresores actuaron bajo el liderazgo de un gremialista allegado a la Rosada contra trabajadores de base y delegados de izquierda.

El ataque perpetrado el miércoles por la mañana contra trabajadores en el Frigorífico Ecocarnes estuvo muy lejos de ser un enfrentamiento entre fracciones sindicales identificadas con el kirchnerismo como sugirió esa misma noche en la cumbre de Juntos por el Cambio el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El discurso del intendente que, en rigor, siempre ha preferido otros ángulos, emana de una decisión deliberada del gobierno para incorporar un nuevo eje en la campaña electoral y, de paso, estigmatizar al sindicalismo con el propósito de allanar el camino a la reforma laboral. Larreta disparó: “Muestran la hilacha, no cometen errores, es lo que hacen. Dos facciones de ellos se cagaron a tiros en un frigorífico. Ayer nos vinieron a patotear estos neo kirchneristas -en referencia a Juan Grabois de la CTEP-, vimos a otro sindicalista patotero amenazando a uno de los empresarios más pujantes de la Argentina -en referencia a Sergio Palazzo y el diferendo con Mercado Libre-«. Por último, indicó a sus militantes, “todos tenemos que decir lo mismo”.

Al día siguiente, el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, recogió el guante y disparó: “Los gremios en donde tenemos problemas son los que se han encolumnado públicamente dentro del kirchnerismo. Hay elementos para pensar que están empezando a agitar un poquito más por el momento de campaña electoral”.

Sin embargo, según vecinos del barrio y de los propios trabajadores de Ecocarnes lo que ocurrió en el frigorífico fue que, en horas de la madrugada, llegaron a la planta de la ex Cocarsa tres micros repletos de personas armadas que, sin mediar palabra, intentaron ingresar a la planta para ajustar cuentas con los trabajadores que optaron por defenderse ante la intrusión. Los disparos de armas de fuego salieron de un solo lado, el de los intrusos que decidieron disparar cuando se vieron obligados a retroceder ante el repudio generalizado de los trabajadores que impidieron su ingreso “sin palos ni armas de fuego”. Dos trabajadores de base terminaron internados con heridas de bala.

El conflicto, es cierto, se origina en una disputa por el encuadre de los trabajadores de la planta en una de las dos federaciones que representan a los trabajadores de la carne en todo el país. Por un lado la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, liderada por José Alberto Fantini, y por el otro la Federación liderada por Segundo Miguel Molina, entidad gremial en la que se encuentran encuadrados los trabajadores de Ecocarnes (ex Cocarsa).

La primera de las Federaciones es la más grande en cantidad de empresas y afiliados a nivel país pero carece de una representación poderosa en la Capital Federal y alrededores. El Sindicato de base de la Capital, el más importante del país, se encuentra enrolado en la organización liderada por Molina. Hace algunos años la entidad a cargo de “Beto” Fantini decidió avanzar sobre las principales plantas del conurbano. Para eso, según explicó a Tiempo Carlos Zerrizu, delegado general de comisión interna del Frigorífico Rioplantense, “contó con el aval de la patronales como, por ejemplo, en empresas como Coto, Runfo o Agroflex, en Ecocarnes la patronal empujaba a los trabajadores a afiliarse a ese gremio».

Según el relato del dirigente enrolado en la oposición de la Federación a cargo de Molina, los seguidores de Fantini apelan a un curioso modus operandi: simplemente ingresan a las plantas a la fuerza y designan un delegado. Eso es lo que habían hecho días atrás en Ecocarnes lo que motivó una asamblea de los trabajadores de la planta que desconoció esa representación y reclamó el desplazamiento de esos supuestos delegados de la línea de producción. Esa revocatoria o desconocimiento por parte de la base de los trabajadores fue lo que motivó el intento de represalia por parte del sector de Alberto Fantini que derivó en el enfrentamiento.

«La Federación desmintió su participación en los hechos de violencia y pidió a la justicia que investigue sobre cómo se sucedieron los incidentes», se lee en un comunicado de la Federación de Fantini.

Para Zerrizu, “en Ecocarne hay un proceso real adentro y, además, el barrio salió en defensa de los trabajadores, Fantini salió derrotado y humillado”.

Lejos de tratarse de un enfrentamiento entre sectores ligados al kirchnerismo, Alberto Fantini es un dirigente enrolado en las 62 Organizaciones, otrora liderada por Gerónimo “Momo” Venegas, afines al gobierno nacional incluso antes de que ganara las elecciones en 2015. El mismo dirigente ostentó un vínculo muy cercano al ex Ministro de Trabajo Jorge Triaca con quien compartió fotos y jornadas de debate sobre el impacto de la tecnología en el mundo laboral. El día en que tomó forma el espacio 29F, el dirigente se encontraba en un gira oficial en Europa junto al ex ministro de Trabajo.

Carlos Zerrizu explicó que esa cercanía con el gobierno le valió que la Secretaría de Trabajo le cediera la representación en paritarias al sector de Fantini en nombre de una impugnación que la oposición a Molina hiciera en las últimas elecciones pero cuyos reclamos fueron desconocidos. Así las cosas, por el momento, sólo sirvió para desplazar a Molina y allanar el camino a Fantini que, de movida, aceptó una rebaja del salario a los afiliados al otro gremio sobre la base de una equiparación de los convenios a la baja.

Para Zerrizu, identificado con el bloque de izquierda del gremio: “Fantini es de lo que venga. Antes estuvo con el kirchnerismo pero hoy es hombre de Macri. Hizo campaña por Macri, está en la mesa de la Carne armada por Macri y va a todas las inauguraciones. Ahora lo utilizan para tirar mierda, pero es de ellos”.

La operación de estigmatización a los gremios por parte del oficialismo incluyó, en boca de Dante Sica la siguiente frase: “Es parte del país que no queremos, los que dicen beneficiar a un trabajador lo único que hacen es juntar plata para ellos porque la pelea es por quien se queda con la recaudación sindical”. Sin embargo, es difícil no asociar este ataque a las organizaciones gremiales con el propósito deliberado del oficialismo para avanzar en la reforma laboral en un futuro gobierno y en la apertura de los convenios que ya está en curso.