El albertismo en campaña

19.7.2019

Distintos sectores políticos de CABA ligados al precandidato a presidente Alberto Fernández se congregaron anoche en la Universidad Popular de Barracas en apoyo a los precandidatos a legisladores del sector en las listas porteñas Claudio Ferreño y Claudia Neira; y a la precandidata a comunera, Verónica Tenaglia.

Distintos sectores políticos de la ciudad de Buenos Aires estrechamente ligados al precandidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández se congregaron anoche en la Universidad Popular de Barracas en apoyo a los precandidatos a legisladores del sector en las listas porteñas Claudio Ferreño y Claudia Neira; y a la precandidata a comunera,Verónica Tenaglia.

Ferreño habló ante un auditorio entusiasta el itinerario del sector en los últimos años y  describió la evolución hacia el compromiso de unidad obtenido con Cristina Fernández y la concreción de la nueva opción electoral.

Además, tomaron la palabra la precandidata a diputada de la ciudad, Claudia Neira, la legisladora María Rosa Muiños -presidenta del bloque Peronista-, el ex secretario de relaciones parlamentarias Oscar González, la empresaria pyme y precandidata a comunera, Verónica Tenaglia, quienes se comprometieron a repetir los encuentros durante las próximas semanas.

Participaron del acto el ex legislador Gabriel Fuks, los militantes Maia Daer, Alejandro Van de Casteele y Guilermo Olivieri, entre otros, que se prolongó hasta tarde entre empanadas y vino.

Estuvieron presentes sectores militantes del partido Parte, del Socialismo para la Victoria, de la Agrupación El Sur No Espera, de Un Grito de Corazón y del Grupo Cabildo, quienes colmaron las instalaciones de la histórica universidad.

El Gobierno de la Ciudad intenta avanzar en la manicomialización de la salud mental

19.7.2019

Por Juan Duarte

Este martes se firmó un Acta de "refuncionalización" de los neuropsiquiátricos entre el presidente de la asociación de Médicos Municipales y la ministra de salud de la GCBA. Sostiene un carácter manicomial mediante un discurso biologicista neurogenético a medida de las farmacéuticas. Rechazo de trabajadores de salud mental.

Este martes se hizo el anuncio: los hospitales neuropsiquiátricos de la ciudad (Borda, Tobar García, Moyano, Alvear) serían “refuncionalizados” para "responder" a la Ley de Salud Mental 26.657. Para esto se firmó un "Acta acuerdo sobre plan de refuncionalización de la Salud Mental en la C.A.B.A." entre la ministra de Salud del GCBA, la médica Ana María Pérez Bou y el presidente de la AMM, el médico especialista en ginecología y obstetricia Jorge Gilardi.

El documento afirma que "hay cuatro áreas de la salud mental y las neurociencias que van a ocupar la atención durante los próximos 50 años":

  1. Influencias ambientales y hormonales en el ser humano: en rigor por ser humano se entiende "nuestro cerebro" y por influencias ambientales, los "compuestos químicos que nos bombardean de todos lados" (sic). La clave es "desentrañar la arquitectura cerebral y el funcionamiento de las diversas áreas cerebrales".
  2. Vejez y enfermedades neurodegenerativas.
  3. Bases moleculares de la conducta y las enfermedades mentales: a partir de la afirmación de que "en los últimos años se ha encontrado que la arquitectura genética de un individuo tiene profunda influencia en el desarrollo de enfermedades mentales".
  4. Terapia génica del sistema nervioso: "cómo lograr acceso al cerebro desde la periferia" y va a permitir –afirma el Acta– "reparar funciones cerebrales defectuosas".

Finalmente se plantea que estas áreas se complementan y "se pueden llevar casi inmediatamente a la clínica", la base de la "medicina traslacional". "Así funciona en los países más avanzados (…) en instituciones que complementan la psiquiatría con la neurología, la neurobiología cognitiva, la psicología y otras tantas disciplinas."

Desde allí, “dando respuesta al marco jurídico de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657”, establece 4 “etapas” a seguir.
La primera sería –según el documento– la habilitación de dispositivos intermedios (casas de medio camino, etc.) “en cantidad y calidad” (sic) para permitir la externación de los pacientes. Uno se pregunta por qué no lo hicieron hasta ahora y, en un país bajo la tutela directa del FMI y su plan de ajuste, con qué presupuesto se habilitarán estos dispositivos. Más bien parece otra formalidad para eludir las críticas de usuarios y trabajadores que vienen demandando la creación de estos dispositivos.

Pero la segunda es la más problemática: en esta se buscaría “la re-funcionalización de los hospitales monovalentes transformándolos en Hospitales polivalentes especializados en salud mental, psiquiatría y neurociencias a través de un proceso de reformulación edilicia, renovación tecnológica y de recursos humanos”. O sea, si tenemos en cuenta los considerandos previos, queda claro que se trata de un eufemismo (o tres) para la vieja psiquiatría manicomial de corte biologicista y medicalizante, y que lo de "polivalente" es solo un disfraz terminológico. Pero eso no es todo, porque si seguimos nos enteramos de que el objetivo es… que “la institución se reconvierta y albergue aquellos pacientes afectados con cuadros agudos de corto, mediano y largo tratamiento” O sea, directamente se mantiene la internación manicomial.
Y agregan que “no solo se llevarán a cabo tareas asistenciales (léase, la clásica internación psiquiátrica, NdR) sino “también actividades docentes, académicas y de investigación clínica y medicina traslacional”. En este punto, la novedad es introducir la "medicina traslacional" (del laboratorio hacia el paciente) directamente en la salud mental pública, suponiendo que las problemáticas en salud mental son estrictamente médicas (desbalances químicos, neuronales o genéticos) y habilitando la venta de pruebas de validación de psicofármacos a bajo costo para las grandes farmacéuticas, un proyecto previamente acariciado por Lino Barañao.

La tercera etapa apuntaría a albergar la demanda de baja y mediana complejidad en salud mental que los hospitales generales no pueden absorber y que integrarán una “red prestacional conjuntamente con hospitales especializados.” O sea, directamente niega el término “polivalente”.

La cuarta etapa apuntaría a coordinar con efectores ambulatorios del primer nivel de atención (Cesac y Cesam).

 

Una nueva avanzada de la corporación psiquiátrica en clave de neuromanía

 

En una primera lectura podemos decir que documento firmado se apoya en un fundamento biologicista que reduce la complejidad mental de las personas a sus aspectos cerebrales neuronales, químicos y genéticos, de la mano del discurso de las “neurociencias” para fundamentar una primacía psiquiátrica en el área, de la cual disciplinas como la psicología son meros “complementos”. No solo mantiene la misma estructura manicomial psiquiátrica con internación sino que habilita la inversión estatal en recursos para convertirla en un centro de prueba de bajo costo relativo internacional para las grandes farmacéuticas.

Se trata de un intento de eludir los aspectos más progresivos de la Ley Nacional de Salud Mental, que sostiene los derechos humanos de los pacientes y aboga contra la internación manicomial y el hospital psiquiátrico clásico monovalente. En su lugar solo encontramos un cambio de palabras para poner nuevamente a la psiquiatría en el centro, validar la cronificación hospitalaria de los usuarios del sistema y la mercantilización de los mismos al servicio de los laboratorios.

El lenguaje biologicista de fondo es clásico en la psiquiatría, solo que ahora aparece justificación mediante las promesas de las neurociencias, la terapia génica y la biomedicina traslacional ("del laboratorio a la cama del paciente"). La complejidad de la salud mental queda reducida a neurotransmisores, genes y cerebros. Una suerte de psiquiatrización 2.0. En el libro Genes, células y cerebros, recientemente editado por Ediciones IPS, el neurocientífico Steven Rose y la socióloga de la ciencia Hilary Rose desnudan las exageraciones detrás de estas promesas y la mercantilización de la salud que las motoriza.
En rigor se trata de un proyecto que el gobierno viene anunciando hace años. En 2016, por ejemplo, el entonces ministro de Ciencia, Lino Barañao, planteaba que “Hay ensayos clínicos que se hacen con total rigurosidad en nuestro país y que después las compañías utilizan para validar sus productos. Queremos armar toda la cadena”. A su vez, que el proyecto presupuesto 2017 se planteaba “la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos Borda, Moyano y Tobar García, en “en hospitales de neurociencias” formando así un “polo de neurociencias”, que se sumaría así a los ya anunciados “polo farmacológico” y “polo tecnológico”, todos situados en un eje que recorre el sur de la ciudad.

El modo de aplicación es coherente con el accionar del gobierno de la ciudad hacia la cuestión: ya no la represión, como hicieron en 2013, sino la imposición directa mediante el acuerdo con la AMM. El debate y la posibilidad de hacer oír la voz de los sectores directamente interesados (pacientes, familiares, profesionales de las distintas áreas y la comunidad en general) brillan por su ausencia.

 

Les trabajadores de la salud mental denuncian el acuerdo

 

Frente a la firma del Acta, desde la comisión directiva de la Asociación de Psicólogos de GCBA emitieron un comunicado en el cual rechazan el acta, denuncia no haber sido convocados y plantean que “una reformulación de la salud mental de tal magnitud como la plasmada en el Acta requiere de la participación de toda la comunidad científica” y reclaman la convocatoria al Consejo General de Salud Mental establecido por la Ley 448.

Por su parte, el Grupo de trabajadoras/es sociales de guardia de la APSS emitió un comunicado en el cual rechazan el acta y denuncian que “la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera creó su propio Órgano de Revisión, violando no sólo la ley nacional sino también la local, N 448, sancionada en el año 2000.” y que “la mayor parte del presupuesto en salud mental, la CABA lo destina a efectores monovalentes.” Repudian el acuerdo, exigen un “plan de trabajo en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental, que no sea ajeno a las necesidades y demandas de la población” y reclaman “que la Ciudad de Buenos Aires respete su propio plexo jurídico para promover y garantizar los derechos humanos de las personas con padecimientos en su salud mental (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Básica de Salud N 153 y Ley de Salud Mental N 448)”. Asimismo, exigen “la creación de una red de servicios sustitutivos, con participación real de usuaries y trabajadores.”

Vivir en la calle en Buenos Aires: personas trans, las más discriminadas

19.7.2019

Por Cecilia González

El Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires visibilizó la problemática específica que padecen 42 personas travestis y trans y evidenció la necesidad de que se construya un refugio para esta comunidad, afirmó Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja, asociación civil que defiende los derechos de los colectivos transgénero, transexual y travestis.

Tobaldi, quien participó en la elaboración del Censo, consideró “muy simbólico” que durante la presentación de los resultados sólo se haya mencionado una vez a las personas travestis y trans que están en situación de calle y que el dato no llamara la atención mediática, ya que, en general, sólo se habló de hombres, mujeres y niños.

“Es alarmante que haya 42 personas trans y travestis viviendo en la calle y que no se hable de ellas, no ser nombradas es una forma de violencia porque están en esa situación como resultado de una discriminación permanente en todos los ámbitos, incluso en los marginales”, señaló.

La semana pasada, en medio de un debate sobre el incremento de las personas que viven en las calles de la ciudad, se dio a conocer el Segundo Censo que realizaron más de 40 organizaciones sociales, entre ellas La Rosa Naranja y 100% Diversidad y Derechos.

De acuerdo con los resultados, actualmente hay 7251 personas en situación de calle en la capital, lo que representa un aumento del 23.5 por ciento con respecto al Primer Censo realizado en 2017. El 80% de los encuestados se definió como varón, el 19% mujer y el 1.0% trans o travesti.

Tobaldi explicó que, en realidad, la población travesti y trans está subrepresentada, ya que es difícil encontrarlas porque migran frecuentemente.

 

La calle también discrimina

 

“También en las calles padecen exclusión y discriminación, no se les permite sumarse a las ranchadas que forman grupos de varones o familias, no les dan cabida, entonces tienen que estarse moviendo todo el tiempo. Una noche una duerme en una plaza, al otro día en el hotel donde la deja una amiga, al otro termina en la provincia. Se mueven de manera permanente, entonces es muy difícil detectarlas y tener un registro más exacto”, afirmó.

Si en el censo no aparecen más personas travestis ni trans, dijo, es porque no son bienvenidas entre quienes duermen debajo de los puentes o en otros lugares de la ciudad en donde la gente que se quedó sin casa suele compartir colchones tirados en el piso.

“Tiene que ver con la marginalidad con la nos ha tratado siempre la sociedad, no estamos incluidas en ninguna escala social, en el ámbito de situación de calle se replica esta discriminación”, lamentó.

La activista agregó que los dispositivos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires son insuficientes porque los cupos para personas travestis y trans en los refugios son mínimos.

“En el Azucena Villaflor, de San Telmo, no permiten más de tres o cuatro personas trans porque hay mucha violencia de parte de mujeres que tienen niños. Y tampoco permiten quedarse a las personas que no han hecho el cambio de identidad de género y no tienen un DNI con nombre femenino. En el parador Frida Kahlo, que está por el Hospital Garrahan, lo mismo. En El Hogar de Cristo, en Flores, sí hay varias chicas trans, pero lo que queremos, por lo que estamos trabajando, es para que haya un albergue específico para personas travestis y trans”, dijo.

La necesidad tiene que ver no sólo con las personas que atraviesa una situación de calle, aclaró, “sino porque muchas chicas salen de la cárcel y no tienen a dónde ir, o muchas deben quedarse encerradas porque están con prisión domiciliaria pero no tienen en dónde cumplirla. Por eso necesitamos un refugio específico. Todos los colectivos tienen uno: están los de mujeres que padecen violencia de género, de niños, adultos mayores, son espacios de contención que nosotras también necesitamos”.

Tobaldi destacó que, si bien el censo visibilizó a travestis y trans, no identificó a gays y lesbianas, lo que demuestra que todavía falta mucho trabajo para abarcar la diversidad de género.

 

Personas trans, subrepresentadas en el censo

 

Por otra parte, Yahajaira Falcón, militante por los derechos humanos y funcionaria del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, coincidió en que la población travesti y trans en situación de calle está subrepresentada en el censo y que, además, padecen una permanente violencia institucional por parte de las fuerzas de Seguridad y agresiones en general.

“Hay muchas más compañeras en las calles que la que dice el Censo. Tan solo en el campito del Hospital Garrahan hay unas 15, en la cárcel vieja de Caseros viven como 20. Es muy común que les peguen, las violen sin preservativo y les contagien VIH, y que policías las manden a vender drogas o de lo contrario no las dejan prostituirse ni dormir en determinadas zonas. Hay ‘fisuras’ que las obligan a cocinarles para dejarlas dormir en un lugar resguardado”, señaló.

Martín Canevaro, activista de 100% Diversidad y Derechos expresó que “la inclusión de la variable trans en el Censo Popular representa un avance en el tipo de articulación con otros movimientos sociales que tradicionalmente han tenido una visión heterocisnormada. Además, próximamente, en el Censo que se realizará en Mar del Plata también se incluirá la variable de identidad de género. Esto nos permite visibilizar una realidad que requiere una respuesta estatal especifica, a través de políticas públicas focalizadas que seguimos reclamando en un contexto de ajuste y aumento de la pobreza que incrementan las condiciones de violencia contra la población LGBTI+, especialmente a travestis y trans”.

Marcha educativa y «merendazo»

18.7.2019

Ayer por la tarde se realizó la marcha educativa y «merendazo» bajo la consigna «plata para educación, no para la deuda». La misma se desarrolló desde el Palacio Pizzurno hasta Plaza de Mayo.

Ayer se realizó la marcha educativa y «merendazo» desde el Palacio Pizzurno hasta Plaza de Mayo. La misma fue convocada por la Coordinadora de Estudiantes de Base de CABA.

La marcha tenía como objetivo exigir a las autoridades competentes la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), laica y con perspectiva de género. Asimismo denunciar las deficientes condiciones edilicias de las escuelas del estado, soliticitando que se destinen los recursos necesarios para acondicionar los establecimientos educativos.

Por otro lado, estudiantes de la Coordinadora de Estudiantes de Base de CABA, exigen que se declare la emergencia educativa. Solicitan que haya viandas y comedores en todos los colegios, ya que ocurrieron casos donde los alimentos que llegaban a las escuelas estaban en mal estado.

Por último, recordaron a Sandra Calamano y Rubén Rodriguez trabajadores de la educación, que fallecieron en la explosión de una escuela en Moreno como consecuencia de la desidia estatal que no invierte en la educación.

Triunfo: fallo judicial dio la razón a Bregman y la comunidad educativa por vacantes

17.7.2019

La jueza Elena Liberatori dictó sentencia en favor de las familias que pelean por una vacante en las escuelas públicas porteñas. Revés para Rodríguez Larreta. El amparo fue presentado por el PTS-FIT de Patricio del Corro y Myriam Bregman.

El amparo fue iniciado hace tres años en el 2016, luego de que centenares de familias en la ciudad durante años reclamaban ante el gobierno y el Ministerio de Educación, por este derecho. La sentencia del amparo, demuestra que faltan cientos de vacantes en las escuelas primarias y que la enorme mayoría de la problemática está en la zona sur, también con superpoblación. Es una de las zonas más postergada y con menos recursos.

En la sentencia, se orden al Gobierno pagar una ayuda económica a los padres de los chicos que vivan a más de 10 cuadras de la escuela, equivalente a 80 viajes mensuales. El fallo dictamina sobre las 54 escuelas nuevas que publicita el gobierno diciendo que son las mismas que el gobierno viene "publicitando" desde 2008.

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