Red de radios

23.7.2019

Por Daniel Gutman

En las penumbras de una noche helada, la inmensa Plaza de Mayo parece vacía. Pero sobre uno de los costados, cientos de personas se agolpan frente a mesas en las que se reparten ropa de abrigo y comida caliente. Son los necesitados de la capital de Argentina, cada vez más numerosos y sometidos a una situación más dramática con la llegada del invierno.

“La mitad de quienes vienen aquí, aproximadamente, vive en la calle. Hay familias enteras que necesitan comer; en algunos casos se nota que no están acostumbrados y sienten vergüenza de su situación”, contó a IPS un empleado de un bufete jurídico, Eduardo Alemán, quien lleva años en tareas solidarias.

“Esto es más que una olla comunitaria. Aquí les damos un abrazo y ponemos mesas para que la gente se conozca y este sea también un espacio de dignidad”, agregó Alemán, mientras organizaba a los voluntarios que no paraban de llegar a la plaza principal de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede del gobierno.

Argentina vive una brutal crisis económica que desde el año ha hecho aumentar la pobreza y la desocupación y ha triturado el poder de compra de los trabajadores informales, debido a una tasa de inflación superior a 50 por ciento anual.

Para ver las consecuencias solo hay que caminar por las calles de Buenos Aires. Hoy es común lo que antes era esporádico: encontrar gente durmiendo en los ingresos de los edificios públicos o de bancos, en las estaciones de metro o simplemente en las aceras.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires admite un crecimiento, pero mínimo: dice que un relevamiento de abril pasado arrojó que hay 1.146 personas en situación de calle, contra 1.091 que había en 2018 y 1.066 de 2017.

En cambio, un censo realizado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil junto al Ministerio Público de la Defensa de la ciudad y otros organismos públicos independientes, difundido a comienzos de de julio, reveló que hay 7.251 personas viviendo en las calles.

Las mismas organizaciones habían realizado en 2017 un relevamiento similar, en el que participan cientos de voluntarios, que durante cuatro jornadas recorren la ciudad desde que cae la noche hasta la madrugada. Aquella vez el número final fue sensiblemente menor: 4.413 personas.

“El gobierno de la ciudad simplemente sale un día y cuenta a los que encuentra. Para hacer un trabajo serio necesita el compromiso de muchas personas, como en el censo que hicimos nosotros”, dijo el defensor general de la Ciudad Autónoma, Horacio Corti.

Corti agregó que “más allá de lo cuantitativo, aquí hay niños, niñas, adolescentes, ancianos. Para hacer una política pública hay que contar de verdad, entender que son personas e indagar por qué están en la calle”.

La Defensoría fue promotora del caso en el que, en febrero, la Corte Suprema de Justicia argentina reconoció el derecho a la vivienda digna.

Fue a raíz reclamo de una mujer que vivía con sus dos hijos en una casa de un asentamiento precario de Buenos Aires que fue destruida por un incendio. A pesar de ello, la realidad de muchas personas es distinta.

A comienzos de julio, una ola de frío polar golpeó buena parte del país, la primera del invierno austral argentino. En pocos días murió en Buenos Aires una persona que dormía en la calle y otras cuatro en distintas ciudades.

Entonces River Plate y otros clubes deportivos de la capital abrieron sus puertas para dar comida caliente y un lugar donde pasar la noche a los sin techo y otros necesitados.

En la primera jornada llegaron al estadio de fútbol del River 242 personas, de las cuales 113 se quedaron a dormir en un espacioso salón, bajo una de las tribunas del célebre estadio donde se jugó la final de la Copa Mundial de Fútbol en 1978. Al día siguiente hubo 340 asistentes y 140 pasaron la noche.

Uno de los que estuvo esas dos noches fue Carlos Daniel Rúa, un hombre de 55 años que llevaba entonces solo 10 días sin techo, durmiendo en trenes o en ómnibus para guarecerse del frío del invierno austral.

“Yo vivía en una pieza (habitación) en Ituzaingó (al oeste de Buenos Aires), pero me echaron porque debo cinco meses de alquiler. Ando con lo que tengo puesto; el dueño se quedó con todas mis pertenencias hasta que le pague”, le contó a IPS mientras se fumaba un cigarrillo en las afueras del imponente estadio.

La historia de Rúa es la de mucha gente en el último tiempo. “Yo trabajaba en una pequeña fábrica de válvulas para lavarropas. El propietario estuvo cinco meses sin pagarnos el sueldo, hasta que un día cerró la fábrica y desapareció, sin pagarnos indemnización”, relató.

 

El contexto del empobrecimiento

 

Esa realidad es producto de una caída de la actividad económica que, según datos oficiales, en el primer cuatrimestre de este año fue de 4,6 por ciento con respecto al mismo período del año pasado. De acuerdo a estimaciones privadas, cada día están cerrando unas 25 pequeñas y medianas empresas (de hasta 200 empleados) en todo el país.

En este país del Cono Sur americano y una potencia agrícola mundial, con 44 millones de personas, según las últimas cifras oficiales correspondientes a 2018, hay 14 millones de pobres, de los cuales 2,7 millones son indigentes que no logran cubrir sus necesidades alimentarias.

En 2018, se agregaron 2.650.000 nuevos pobres en la cuarta economía latinoamericana, como consecuencia de la devaluación en más de 100 por ciento de la moneda local, el peso, y una inflación que superó 50 por ciento anual.

La crisis de 2018, provocada por falta de financiamiento, llevó al gobierno del centroderechista Mauricio Macri a buscar un programa de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya desembolsó 44.000 de 56.000 millones previstos, en contrapartida a un severo programa de ajuste fiscal.

Pese a ello, este año, la inflación continuó muy elevada, en un contexto de congelamiento de programas sociales y de salarios estancados, por lo que se espera que el índice de pobreza correspondiente al primer semestre de 2019 sea superior al de 2018.

 

Las mayores victimas

 

La situación hace mucho más dura la vida de quienes, acostumbrados a la pobreza, dependen de “changas”, como llaman los argentinos a las tareas ocasionales e informales. Diana, una mujer que prefirió no dar su apellido, contó que ya dejó de buscar trabajo.

“Me dijeron que como me faltan dientes es muy difícil que me den algo; que hace falta buena presencia”, explicó a IPS mientras se preparaba para pasar la noche bajo la tribuna de River.

Había llegado a Buenos Aires desde el suburbio de José León Suárez, para buscar objetos de valor entre los residuos de los barrios de clase media, y la apertura del club le permitió no volver a su casa y ahorrar el dinero del transporte.

En la segunda semana de julio, el frío dio una tregua en Buenos Aires y la temperaturas comenzaron a ubicarse por encima de los 10 grados. Organizaciones solidarias comenzaron a prepararse entonces para la siguiente ola de frío intenso.

“Las muertes de la gente que duerme en la calle se producen cuando las temperaturas bajan de 4 o 5 grados (centígrados). Esta vez tuvimos cinco muertes en pocos días en distintos lugares del país y entonces decidimos hacer ruido en los medios para que todo el mundo se movilizara”, contó a IPS Juan Carr, fundador de la Red Solidaria.

Carr, cuya fundación opera hace 20 años, fue quien invitó a River y al resto de los clubes deportivos a abrir sus puertas en las noches de frío más intenso.

“Los clubes tuvieron una respuesta fabulosa, igual que mucha gente común. El teléfono de Buenos Aires en el que se reciben las denuncias de que hay personas en la calle que necesitan ayuda pasó de 1.000 llamadas diarias a 3.000 en la primera semana de julio”, dijo.

Carr dice que no tiene cifras propias de personas sin techo, aunque no las considera lo más importante. “No es el momento de discutir números, sino de atender un estado de necesidad que es extraordinario”, explicó.

23.7.2019

Por Vivian Palmbaum

Familiares, sobrevivientes y amigas y amigos de las víctimas de la masacre de Cromañón invitan a periodistas para trabajar en conjunto en la interpelación a candidatos y candidatas de la CABA sobre el destino del espacio República de Cromañon. Una actividad para mantener la memoria activa. 

El próximo 30 de diciembre se conmemoran 15 años de una de las peores catástrofes evitables en la CABA, donde casi 200 jóvenes perdieron la vida junto a muchas otras víctimas sobrevivientes de la desidia, el desprecio por la vida, la complicidad de las y los funcionarios, entre las principales causas. Desde entonces familiares, sobrevivientes, amigas y amigos tuvieron que sobreponerse y dar una dura batalla para que se hiciera un poco de justicia.

Después de que se condenara a las y los culpables, el pasado 30 de diciembre de 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 24 decidió restituirle la propiedad quien fuera condenado y cumpliera una condena como uno de los responsables, Rafael Levy, de la masacre de Cromañón. Luego, familiares y víctimas se encontraron con una re-victimización. En mayo pasado cuando fueron al boliche República de Cromañón las pertenencias de las y los pibes ya no estaban y el lugar había comenzado a ser modificado.

Lo que pasó en Cromañón es el símbolo del neoliberalismo que privilegia los negocios por encima de las vidas. Por eso, integrantes del Movimiento Cromañón vienen poniendo el cuerpo, interpelando a la sociedad en su conjunto y presentándose en la Legislatura porteña para impulsar un proyecto que no permita borrar la memoria.

Desde Marcha dialogamos con Silvia Bignami, madre de Julián Rozengart, víctima, e integrante de Sobrevivientes, familiares, amigos y amigas de víctimas de Cromañón y de Pañuelos en Rebeldía.

“Familiares, sobrevivientes, amigas y amigos preocupados por las luchas en general y por la memoria de los hechos de dictadura y posdictadura y por el hecho que el Tribunal Oral Federal 24 devolvió a Levy, el dueño condenado por la masacre, sin ninguna restricción”, así lo expresó Bignami, que junto a otras y otros del Movimiento Cromañón se alertaron porque “vemos que están haciendo obras adentro, por eso presentamos a la Legislatura dos proyectos: uno de expropiación y otro de patrimonialización. Ambos complementarios”.

Silvia nos explicó que primero presentaron el proyecto de expropiación del lugar para convertirlo en un sitio de memoria. “Desde el oficialismo, el Pro y sus aliados, nos respondieron que expropiar por ahora no, y que el problema de expropiar es económico, cosa que nosotros creemos que no”, afirmó. “Presentamos un proyecto de declararlo patrimonio cultural y protegerlo, para que ni el dueño ni nadie pueda hacer cosas como modificar la fachada,  darle cualquier uso,  desarmar lo que está adentro”.

Las y los integrantes del Movimiento Cromañón vienen interpelando a la opinión pública en general y a las y los legisladores. Mientras, son acompañados por otros familiares y víctimas de la violencia del Estado y de otras luchas junto a quienes han construido lazos de solidaridad con su presencia. A través de años de lucha, ciertos logros fueron asomando, como la destitución de Aníbal Ibarra principal responsable político de la masacre, a través de un Juicio Político que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; y también la condena en el juicio penal, a algunos de los responsables (funcionarios, empresarios, policías). Las condenas fueron siempre insuficientes.

“Ambos proyectos presentados por sobrevivientes, familiares e independientes han tenido mucha acogida por parte de varios legisladores, sin embargo sin el oficialismo se hace muy complicado”, expresó Silvia. Recordamos que el oficialismo tiene mayoría en la Legislatura, “esos proyectos fueron levantados por diferentes bloques pero necesitamos la respuesta del bloque oficialista”.

En plena campaña electoral, cuando candidatos y candidatas avanzan con propuestas, Bignami expresó: “lanzamos una nueva iniciativa que interpela a los candidatos”. Desde el Movimiento Cromañón también apuntan a seguir construyendo solidaridad, “por eso nos interesa hablar con un grupo de periodistas que se animen a preguntarle a los candidatos,  de todos los partidos y alianzas, a jefe y vicejefe, jefe y vicejefa, a diputados y legisladores por la ciudad, algunas cuestiones vinculadas a las políticas de la memoria, como están pensando en relación al espacio de Cromañón y a nuestro reclamo”.

Se plantea “una reunión de trabajo para ajustar esta encuesta y lanzarla a las y los distintos candidatos por la vía telefónica, la vía por la entrevista radial, por la vía de entrevista en la web, por la tv, por todos los medios de comunicación. De eso se trata el encuentro que se realizará en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (SiPreBA)”.

Las condiciones que dieron origen a la masacre aún siguen intactas y cada año toca denunciar más hechos vinculados a la lógica Cromañón: la muerte joven, la ganancia a toda costa, la desidia como una de las caras del Estado. Presencia para reprimir a las y los jóvenes y ausencia para protegerles.

Es necesario seguir construyendo un sentido colectivo que permita darle un lugar a la memoria, para que no se repita el desprecio por la vida, ese que tiene en su triste haber el peor genocidio reciente que se llevó a 30 mil. La invitación para las y los periodistas es este miércoles 24 de julio a las 18 en la sede del Sipreba.

22.7.2019

#Urgente CAYÓ PARTE DEL TECHO EN UNA ESCUELA PORTEÑA NUEVA en el nuevo Polo Educativo Múgica de la Villa 31

En el nuevo Polo Educativo Múgica de la Villa 31 se cayó parte del techo y de milagro ningún chico/a salió lastimado ya que no había clases en el momento. Está nueva escuela había sido inaugurada hace un mes, el 12 de junio.

La comunidad educativa venía denunciando las filtraciones y demases irregularidades de la nueva escuela, la cual forma parte de los pilares de la campaña de Larreta.

La semana pasada la Multisectorial por la Escuela Pública presentó un informe sobre la situación edilicia de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que denuncia la farsa de la construcción de 54 «nuevas» escuelas de las cuales sólo 4 se encuentran en condiciones de habitabilidad.

El informe detalla que de las 54 «nuevas» escuelas 2 son directamente terrenos baldíos, 12 no deberían estar abiertas por sus condiciones de seguridad, 21 escuelas tienen graves problemas de infraestructura y únicamente 23 instituciones fueron creadas, las otras representan mudanzas de edificio.

22.7.2019

Ante la cesión del predio donde funcionó el boliche República Cromañón nuevamente a su dueño Rafael Levy, condenado por la masacre, sobrevivientes y familiares de víctimas impulsan proyectos de expropiación y patrimonialización de ese espacio para preservar la memoria y evitar que se sigan haciendo negocios. La respuesta de los legisladores porteños y el pedido a los candidatos para que se pronuncien sobre el tema.

La mayoría de los familiares y sobrevivientes se enteró de casualidad que en octubre pasado el Tribunal Oral Criminal (TOC) 24 había decidido restituir el inmueble de Bartolomé Mitre 3036 a Rafael Levy, a través de la sociedad offshore “Nueva Zarelux”, de quien es apoderada Ana Rothfeld y dueño el propio Levy, condenado en 2014 a cuatro años y medio de prisión por el delito de estrago seguido de muerte por el fallecimiento de 194 personas y las heridas de más de 1400. El tribunal de aquel juicio fue el mismo TOC 24.

Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt fallecido en la Masacre, afirmó en diálogo con Red Eco que en el juicio hasta el propio abogado de Levy había aceptado que Nueva Zarelux era de su defendido: “De modo que dar el predio a Nueva Zarelux es dárselo a Levy, o sea a la persona condenada. De la cesión nos enteramos por un periodista de Infobae; por lo menos mi cabeza de querella no se enteró porque se equivocaron en mandar la notificación, ya que la querella es Iglesias Campos y se la mandaron a otra Campos. O sea que el responsable de que Levy esté en posesión y uso del boliche es el mismo tribunal que lo condenó. Cuando fuimos a pedirle explicación al Tribunal, nos dijeron que estaban agotados los pasos, dicen que se acabaron todas las acciones jurídicas, lo que no es tan verdad porque si bien el juicio penal ha terminado, no así los juicios civiles. Igualmente nosotros entendemos que esto es así porque hay impunidad. No es una decisión técnica, sino una decisión política, porque Levy es un tipo muy poderoso, lo hemos escrachado por Cromañón, por La Saladita, por estar vinculado a políticos, por poner dinero para campañas, por un bolichito que tenía a la vuelta de Cromañón, porque él es dueño de casi media manzana, donde había prostitución y trata, de modo que es un personaje terrible”.

El hijo de Silvia, Julián Rozengardt tenía 18 años aquel 30 de diciembre de 2004, noche en la que ardió República de Cromañón durante un recital de Callejeros. El joven fue trasladado a un hospital con un pulmón totalmente destruido y el otro prácticamente por la mitad, y falleció tras dos días de internación.

Muchas pertenencias de las 194 víctimas fatales quedaron dentro del boliche, pero hace poco fueron retiradas. Los familiares y sobrevivientes no saben por quién: “Fue de manera casi casual que pudimos entrar porque un papá muy enojado habló con la policía, que tratando de no llegar a mayores lo autorizó a ingresar, no por la puerta principal del boliche, sino por la de Jean Jaures, y no estaban las pertenencias de los chicos. Fuimos de nuevo al Tribunal a preguntarle, cómo era, qué medidas de inventario había adoptado e increíblemente nos dijo que no adoptó ninguna medida porque nosotros no se la pedimos. Es decir, un tribunal no cuida un lugar que fue sede de un siniestro, como si en un accidente dijeran que no tienen que cuidar las cosas porque la víctima no se lo pidió. Así que el lugar está como pintado por dentro, limpio, no están las zapatillas, ni las marcas de las manos de nuestros hijos”, relató Bignami, quien al ser consultada sobre dónde podría estar actualmente esas pertenencias aseguró: “La verdad que pensamos que las tiraron, lo que genera muchísimo dolor. En su momento nos acompañó a hacer el reclamo ante el TOC una sobreviviente, que además es hija de un fallecido. Durante mucho tiempo ella reclamó para que le devuelvan cosas de su papá, como una bicicleta, y el Tribunal siempre le contestó que le iban a avisar… No estamos hablando de un llavero, es muy raro, así que pensamos que las tiraron, por lo menos nadie ofreció restituirnos nada”.

También casi por casualidad los familiares se enteraron que en el predio se están haciendo obras. Nadie se los notificó de manera formal, sino que lo saben porque ellos se preocuparon en averiguar qué pasaba dentro del boliche donde fallecieron sus seres queridos: “Vemos que del lugar salen carretillas, containers, vemos obras, y nos han contado que parte de esa obra se hace a la cinco de la mañana. (…) Hemos hecho entonces una cantidad de averiguaciones, lo mismo hizo la Defensoría del Pueblo (de la Ciudad) a cargo de Alejandro Amor, en el sentido de saber si la obra que están haciendo, pequeña o grande, tiene permiso. Y no lo tiene ni por el lado de Bartolomé Mitre, ni del portón por la calle Jean Jaures. Pero a simple vista se ve por ejemplo que en el boliche han tapiado con ladrillos detrás de las puertas. Uno tapia con ladrillos habitualmente para esconder algo”.

En este sentido, Bignami adelantó que harán una denuncia ante la Agencia Gubernamental de Control porteña para exigirle que actúe contra el accionar de Levy: “Sabemos, sin embargo, que cuando hay dinero de por medio lo más probable es que él pague una multa millonaria por no tener permiso de obra, pero él es millonario, por lo que pagará y después volverá a abrir, pero se la vamos a seguir, nosotros ya no podemos perder más de lo que perdimos”.

 

Expropiación/Patrimonialización

 

Fue a partir de todas estas irregularidades que el Movimiento Cromañón, integrado por sobrevivientes, familiares y amigos, resolvió elaborar y presentar de manera independiente iniciativas en la Legislatura porteña. El primero fue un proyecto de expropiación para crear un espacio de memoria integrado al santuario, en el que sobrevivientes y familiares se pusieran de acuerdo para seguir trabajando por el Nunca Más: “(El proyecto) fue levantado por legisladores del arco de la izquierda, por el socialismo y por el bloque que preside Victoria Montenegro. Sin embargo, con eso no nos basta. Para nosotros tiene muchas dificultades una Legislatura con mayoría absoluta del PRO y sus aliados, porque no es solo el Pro sino quienes integran la alianza Cambiemos, como Confianza Pública y la Coalición Cívica. Gente de la Coalición se sacó fotos con nosotros diciendo por ejemplo ‘Cromañón no se toca’, pero no levantó nuestro proyecto. En las entrevistas que hemos tenido con los legisladores del PRO o de sus aliados no se nos dice que no, se nos dice que no acostumbran a expropiar, cosa que sería mentira porque para las escuelas, para la obra pública hace falta expropiar, pero ellos dijeron que el problema era de dinero, que cuando uno expropia tiene que pagarle al dueño. Igualmente para nosotros esa respuesta es de por sí un no, ya que (el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez) Larreta no nos recibió, nos mandó a la policía, le presentamos cientos de notas que nunca contestó, (el vice Diego) Santilli no nos quiso recibir”, señaló Bignami.

Respecto a la relación con el actual gobierno de la ciudad, la mamá de Julián agregó: “Creemos que a los gobiernos hay que interpelarlos. Para la enorme mayoría de los familiares y sobrevivientes, su única relación es a través del área de atención a la víctima, que resuelve habitualmente muy mal cuestiones como medicamentos y demás, pero después ninguna. Nosotros no queremos participar de ningún gobierno porque los gobiernos han sido responsables de la muerte de nuestros hijos, y porque además los gobiernos, los estados, son responsables del gatillo fácil, de la tortura, del asesinato en cárceles, causas que quienes podemos venimos acompañando”.

Ante la falta de los avales necesarios, familiares y sobrevivientes elaboraron y presentaron un segundo proyecto: “Ya que el problema es de dinero, preparamos un proyecto de patrimonialización – manifestó Bignami – porque, como hablamos en la primera iniciativa, creemos que el tema de la memoria y de la integración al santuario y al espacio de memoria amerita proteger lo que se pueda el lugar; y patrimonializar tiene tres niveles. En un primer nivel, no se puede cambiar la fachada; en un segundo no se puede cambiar la estructura; y en un tercero no se puede cambiar el uso. Nosotros planteamos una patrimonialización en sentido primero y segundo, no tercero porque si no se le puede cambiar el uso quiere decir que hay que hacer un boliche”.

Bignami explicó que presentaron esta nueva iniciativa con la esperanza de frenar “la carrera de Levy contra la memoria” y para que los legisladores que no son proclives a la expropiación puedan firmar, aunque aclaró que esto no implica que renuncien a esta posibilidad.

En efecto, el proyecto de patrimonialización, que se presentó hace poco más de un mes, ya tiene más adeptos: “Lo firmó el conjunto de la izquierda, el bloque de Evolución y el peronista, pero aún no basta y para nosotros sigue pasando el tiempo. Mientras tenemos que escuchar cosas como lo del dinero para un gobierno que gasta en macetas cantidades impresionantes, escuchamos también a un legislador que nos dijo ‘tienen que conformarse con el nombre del aula de una escuela’, ese nivel de maltrato. Y por otro lado, los que no nos dicen que no pero tampoco que sí”.

Respecto a las iniciativas, Bignami destacó que no tienen contra de ningún familiar, ni sobreviviente: “Me siento muy tranquila en ese sentido. El primer proyecto tenía 200 firmas de gente que se sentía representada y que le parece algo grosero, pornográfico, que el dueño de Cromañón vuelva a tener Cromañón”.

Ante la falta de respuestas políticas y de cara a los comicios de este año, el Movimiento Cromañón resolvió convocar a una reunión con periodistas para pedirles que al momento de entrevistar a los candidatos a jefe de gobierno, legisladores, senadores y diputados de la Ciudad de Buenos Aires se les consulte su opinión sobre los proyectos de expropiación y patrimonialización presentados, como así también respecto a cuáles serían sus políticas de memoria: “Queremos que nos contesten, porque a nosotros no nos parece que sea un tema nuestro, no es un problema nuestro la muerte de 194 chicos y el sufrimiento de miles de sobrevivientes, no es problema nuestro solamente qué pasa con la memoria. Es un problema de todos. Es la mayor masacre ocurrida en un día en la Ciudad en la democracia. ¿Cómo puede ser que no tenga un espacio?”, expresó Bignami.

El encuentro con periodistas será el miércoles 24 de julio, a las 18, en la sede del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), ubicada en México 441, Segundo Piso, Departamento D.

 

Responsables

 

“Todos estos hechos para nosotros vuelven sobre la muerte, es matar a los pibes dos veces, y es una tremenda violencia sobre nosotros y nosotras. Tenemos sobrevivientes que recién ahora pueden levantar la cabeza y se encuentra con que aquí no pasó nada, se encuentran teniendo que pelear, pasar por el boliche, teniendo que hacer allí una conferencia de prensa, entonces es un nivel de violencia de la que yo hago responsable primero al TOC 24 y después a los legisladores por tomarse su tiempo de cosas que no vamos a poder manejar, hay que tener en cuenta que en estos años hubo 19 suicidios que conocemos de sobrevivientes, más los familiares que han muerto de cáncer, que es una enfermedad vinculada a la impunidad. Entonces yo los hago responsables a esta altura de nuestras vidas, los hago responsables porque es mezquino lo que están haciendo, que por no crear un antecedente de expropiación y por no tocar un interés de un tipo que tiene mucha plata no se pueda hacer una cosa que debió ser una iniciativa de los gobiernos, pero nunca un gobierno hizo nada en relación a eso, nunca ningún gobierno”, manifestó Silvia Bignami a Red Eco.

“Pero la vamos a seguir, estamos en esa posición – continuó –. La vamos a seguir como muchas veces hemos tenido dificultades, pero esto es también porque nunca nos hemos entongado con ningún gobierno y no hicimos nada a cambio de nada. Hay que recordar que cuando pasó Cromañón, a los tres días (el entonces jefe de gobierno, Aníbal) Ibarra ofreció, año 2005, 300.000 pesos para que cada uno de nosotros renunciara a la causa, era mucho dinero, en el mismo sentido nosotros vamos a seguir porque nosotros decimos que Cromañón no se toca, la memoria no se negocia”.

20.7.2019

Difundimos

Tras no implementar estrategias de desmanicomialización desde el 2000, se reunieron con la Asociación de Médicos Municipales (AMM) para seguir postergando la conversión del sistema de atención y cuidados

Nuevamente la complicidad entre la corporación médica y el gobierno se evidencia frente al acta firmada a espaldas de les trabajadores y les usuaries de servicios de salud mental.

El día 16 de julio la AMM firmó con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires un acta en la cual establecen las bases de la política de salud mental de la jurisdicción para los próximos 50 años.

Repudiamos dicho acuerdo, que contradice los principios de la Ley Nacional de Salud Mental y diversas declaraciones internacionales, y que se construyó de espaldas a les trabajadores, usuaries y organizaciones científicas, sociales y profesionales.

El acuerdo plantea ‘refuncionalizar’ y ‘adecuar’ los manicomios, en vez de constituirse en un plan de trabajo destinado a sustituir el hospital psiquiátrico, creando la red de servicios necesaria para brindar una atención adecuada y poner fin a la lógica de encierro y castigo a la locura.

Se basa en una perspectiva biologicista, que reduce a las personas y sus experiencias vitales, negando el carácter social del padecimiento y desconociendo la centralidad de trabajar en la restitución de derechos.

El campo de la salud mental no reviste la unicausalidad biomédica sino que es multideterminada, necesitando por ello planes y programas que fortalezcan dispositivos intermedios en consonancia con la declaración internacional de las personas con discapacidad. Que apunten a promover un pensamiento complejo e interdisciplinario y estrategias intersectoriales basadas en la comunidad, el respeto digno por los derechos humanos de les sujetes y el control de legalidad de las internaciones.

A nueve años de la sanción de la Ley N 26657, aún hay en Argentina más de 12.000 personas internadas en dispositivos de encierro, en condiciones que atentan contra la dignidad humana. Y la Ciudad de Buenos Aires ni siquiera creó su propio Órgano de Revisión, violando no sólo la ley nacional sino también la local, N 448, sancionada en el año 2000.

Asimismo, muestra de su intencionalidad política que reafirma con este acuerdo, la mayor parte del presupuesto en salud mental, la CABA lo destina a efectores monovalentes.

Repudiamos el acuerdo y exigimos un plan de trabajo en consonancia con la Ley Nacional de Salud Mental, que no sea ajeno a las necesidades y demandas de la población.

Asimismo, reclamamos que la Ciudad de Buenos Aires respete su propio plexo jurídico para promover y garantizar los derechos humanos de las personas con padecimientos en su salud mental (Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ley Básica de Salud N 153 y Ley de Salud Mental N 448).

Exigimos la creación de una red de servicios sustitutivos, con participación real de usuaries y trabajadores.

¡¡Por una sociedad sin manicomios!!

Grupo de trabajadoras/es sociales de guardia de la APSS