Red de radios

10.9.2019

Por Nicolás Romero

El personal denuncia que el gobierno porteño vulnera sus derechos como trabajadores. Exigen el pase a planta permanente.

Los agentes de Prevención de la Ciudad de Buenos Aires denuncian que el noventa por ciento del personal de ese cuerpo encargado de colaborar con la policía trabaja en condiciones de precarización laboral, similares a las que denunciaron los agentes de tránsito porteño. De 800 personas, sólo 72 son trabajadores de planta. El resto, bajo el modelo de flexibilización cambiemita, es monotributista, como los trabajadores de delivery. Sin ART, ni viático ni horas extras, y con apenas una muda de ropa provista por las autoridades, el personal de esta dependencia constituida por civiles sin armas, que tiene a su cargo cuidar los senderos escolares, efectuar controles en estadios y recitales, y realizar tareas de monitoreo en el espacio público, donde enfrentan situaciones de riesgo, exige el pase a planta permanente.
«Cumplimos funciones de personal policial sin protección y por un sueldo básico de 22.300 pesos, a los que hay que descontar casi 3000 de monotributo e ingresos brutos», contó uno de los agentes que prefirió reservar su identidad por miedo a perder su puesto de trabajo.
«Nos dicen que nuestra tarea es de bajo riesgo, cuando estamos en la calle con un co-seguro mínimo de 700 pesos y sin ART, enfrentando cotidianamente situaciones que pueden terminar en violencia. Tenemos muchas compañeras agredidas, compañeros que fueron encañonados por delincuentes, y todo eso en un contexto de trabajo donde vulneran nuestros derechos laborales y nos presionan y maltratan de forma constante».
Otro de sus compañeros explicó que «la normativa decía que íbamos a estar bajo la vista de personal policial. Que donde hubiera un agente de Prevención, iba a haber, a poca distancia, un policía, y eso no se cumplió nunca. Es más, fueron sacando al personal policial y nos dejaron solos para hacer frente a diversas situaciones para las que deberíamos contar con apoyo».
Según advirtieron, la única herramienta de que disponen es un celular georeferenciado que entregan las autoridades para saber dónde están, dar el presente y fichar la salida. «El teléfono es para conectarte con el supervisor o llamar al 911, no tenemos comunicación directa con móviles policiales, y si nos ven hablando con un policía nos sancionan», explicaron.
Con un curso de capacitación de 30 días en el Instituto Superior de Seguridad Pública de Villa Lugano, donde les enseñan las diferencias entre contravención, robo y hurto, y algún pantallazo más sobre cuestiones legales, más un curso de dos días de reanimación cardiopulmonar (RCP) y algo de gimnasia, los agentes que dependen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, están listos para patear la calle durante las siete horas que dura la jornada laboral.
Y lo de patear es casi literal, porque muchos de ellos terminan con los borcegos destrozados. «Nos entregan un par de borceguíes que terminan desechos, un pantalón de combate como el que usa la policía, una chomba, un buzo, una campera, un piloto y una gorra. Eso en el mejor de los casos. Este año nos dieron para los 800, 360 uniformes. Te hacían llevar el uniforme viejo para darte el nuevo, y los viejos se los entregaron a los agentes nuevos que salieron a la calle», detalló uno de los trabajadores.
Y agregó que: «Cuando se formó el cuerpo era para custodiar los senderos seguros de las escuelas, pero eso fue mutando, desde hace tiempo incluye seguridad urbana. Y terminó convirtiéndose en una seguridad privada de la Ciudad para cubrir eventos por los que cobra. Cubrimos recitales, las entradas en las canchas, donde hacemos control de documentación, cuando no podemos pedir el DNI a nadie porque no somos personal nombrado, solo monotributistas con locación de servicio».

10.9.2019

El legislador de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a jefe de gobierno de la Ciudad presentó un pedido de informes sobre la situación de los 2.700 agentes de tránsito, que como acaba de ponerse de manifiesto con la muerte de Cinthia Choque y las graves heridas recibidas por Santiago Siciliano, están en un estado de total precariedad, sin los derechos laborales amparados para los empleados públicos. En un claro acto de fraude laboral, los miles de trabajadores están contratados como monotributistas, sin siquiera contar con ART.
En su pedido de informes señaló que “la situación de precariedad de los agentes de tránsito es responsabilidad de Larreta, que viola abiertamente las leyes laborales que le corresponden a los trabajadores de su gobierno. La contratación como monotributistas dentro del Estado representa un fraude laboral ejecutado por el mismo gobierno que debe velar por el cumplimiento de las leyes laborales. No es casual por eso que la violación de las leyes laborales se extienda al conjunto de la Ciudad, como lo prueba la situación de los miles de trabajadores de las plataformas”.
“Para enfrentar esta situación nuestro bloque en la Legislatura presentó un proyecto de pase a planta permanente de todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad. Pero a pesar de que esa presentación fue hace más de un año el oficialismo en la Legislatura bloque tratarlo incluso en la comisión de trabajo”.
“Insistiremos en el pase a planta permanente de todos los trabajadores de la Ciudad, empezando por los del propio Estado”.

10.9.2019

Por Larisa Pérez

La situación de los monotributistas en el gobierno de Larreta estuvo en boca de todos por la protesta de los agentes de tránsito en CABA. La precarización que aumenta en especial en la juventud, la responsabilidad de gobiernos y empresarios, la complicidad de la CGT para pasar el ajuste, y la única salida para los trabajadores en la crisis la propone la izquierda.

La protesta de los agentes de tránsito de la Ciudad puso en primera plana una realidad que muchos y muchas intentan tapar. Mientras el secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez, calificaba como una “tragedia indignante” la muerte de Cinthia Choque, el Estado tiene miles de monotributistas a nivel nacional, y más aún provinciales y municipales como en este caso. Es decir, es garante de sostener la precarización laboral.
Los trabajadores reclamaron contra la precarización laboral y exigen justicia por sus compañeros: “Cinthia murió monotributista” denunciaron. Cinthia Choque era monotributista como lo es el 70% de los agentes de tránsito: hay 1.900 monotributistas y 800 de planta, según cifras oficiales. Y como sucede en los trabajos precarizados o peores pagos la mayoría el 54 % son mujeres.
Los testimonios que dan sobre las condiciones de precarización, con la amenaza constante de que no se renueve el contrato si salen a denunciarlas u organizarse, y la denuncia a los sindicatos como UPCN -dirigido nacionalmente por Andrés Rodríguez, ayer cercano al macrismo, hoy apoyando al Frente de Todos, de Alberto Fernández- y SUTECBA, un gremio muy cercano a la gestión de Rodríguez Larreta, que no toman sus reclamos.
Los mismos reclamos podrían aplicarse a millones de trabajadores en el país, monotributistas municipales y estatales, pero también con muchas otras formas de flexibilización laboral en el ámbito público y privado. La precarización en Argentina sólo fue en aumento desde las reformas neoliberales que se realizaron principalmente durante los ’90. Incluso fue la clave sobre la cual creció el empleo luego de la crisis del 2001, con el necesario apoyo de todos los gobiernos, incluidos los trece años bajo el kirchnerismo, y de la burocracia sindical.
La crisis actual vuelve a demostrar que a la precarización nadie la piensa tocar. Más bien al revés, en el país bajo el mando del FMI y “los mercados” es donde más pega el ajuste, y piden junto a los empresarios una reforma laboral para ir por más.
Porque ser monotributista, u otras formas de precarización, no sólo implica bajos salarios, sino que no te aplican los bonos “migajas” que dio Macri, ni los aumentos por debajo de la inflación que pactan los burócratas en los sindicatos, o tener los mínimos derechos laborales a vacaciones, enfermedad o indemnización en caso de despido. Según el INDEC la cantidad de asalariados sin descuento jubilatorio (una forma de medir la precarización) subió de 33,9 % a 35 % entre primer trimestre de 2018 y primer trimestre de 2019. Y Alberto Fernández nos quiere convencer de que un dólar a 60 es razonable, ¿razonable para quién?
Ser precarizado en el laburo implica estar precarizado en la vida, y esa vida es especialmente la de la juventud hoy en día. Los jóvenes son los que tienen que agarrar los peores trabajos, vivir de changas, arriesgar su vida en los Rappi o Glovo, en la picadora de los call centers y cadenas de comidas rápidas. Qué mejor imagen de la realidad para mostrar que no hay forma que en esta crisis ganemos todos, empresarios y trabajadores, como el Frente de Todos quiere vender.
“Rebelde o precarizada: vida y futuro de la juventud en tiempos el FMI, de los noventa a la era Macri” es como tituló su reciente libro Nicolás del Caño, candidato a presidente por el Frente de Izquierda – Unidad. Allí afirma “hoy, dos de cada tres jóvenes trabajan en la informalidad. Cobran menos, tienen los peores contratos, se accidentan más. Son descartables”.
La CGT dijo que el salario mínimo debía ser cercano a 30.000 pesos, gobierno y patronales dijeron 16.000, y ellos se fueron a la casa. Se reunieron este lunes con Sica y Stanley -Ministerios de Producción y Trabajo y de Desarrollo Social- para pedir por reapertura de paritarias o un bono, y les tiraron una supuesta tarjeta alimentaria para los desocupados de los gremios que abarca.
Si ni siquiera reclaman por los trabajadores que están representando, cómodos en sus sillones sin laburar desde hace años, ni soñar que van a reclamar para los millones no registrados o bajo alguna de las formas de precarización, que no están incluidos por los convenios colectivos ni leyes laborales.

7.9.2019

Trabajadorexs Migrantes denunciaron la violenta represión en Once, la policía de la ciudad golpeó brutalmente a lxs vendedorxs ambulantes de la vía pública, uno de ellos de origen senegalés debió ser trasladado al Hospital Ramos Mejía debido a los traumatismos sufridos. Se realizó un corte de calle para que se llamara a una ambulancia, porque la policía se negaba a ello, luego de ser trasladado, en el Hospital recibió la atención médica fué dado de alta, por más que no haya sufrido traumatismos con fracturas, es muy grave la forma en que fue golpeado, expresaban en un comunicado emitido
También señalan que en las últimas semanas se ha recrudecido la represión contra lxs trabajadores senegalesxs, va en una escalada de violencia policial. No es casual que esta represión sucede un día después de las declaraciones xenófobas y de odio de Pichetto en torno a la vuelta de Vanessa Gómez.
El comunicado finaliza con una convocatoria para la organización colectiva para responder a estas políticas que atentan a la vida y la integridad del ser humano.

6.9.2019
Por Paula Carrizo

Organizaciones sociales, políticas, comunitarias, vecinas y vecinos convocan a la 2ª Jornada de Repudio y Visibilización de la Violencia hacia Personas en Situación de Calle, en Barrancas de Belgrano. Denuncian la violencia social e institucional persistente, así como la falta de respuestas por parte de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

El 31 de agosto finalizó el Operativo Frío, política a través de la cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende año tras año dar cuenta de que efectivamente aborda la situación de calle, repartiendo viandas y frazadas para paliar el invierno, a la par que consolida en el imaginario social la idea de que esta es una problemática de “estación”. Con una considerable falta de recursos denunciada por sus propios trabajadores (BAP), quienes decidieron renombrar al programa que lo lleva adelante como Buenos Aires Precarizado, la finalización de este operativo implicó el cierre de los dispositivos de alojamiento de emergencia emplazados, que contaron con un alto nivel de asistencia diario, así como el repliegue de los equipos territoriales de refuerzo para dar respuesta a las 7251 personas que actualmente sobreviven en las calles de la ciudad.
Dos meses atrás, el fallecimiento de Sergio Zacaríaz –vecino en situación de calle que murió congelado en el barrio de San Telmo– convulsionó a la sociedad, generando una oleada de acciones solidarias, campañas de donación, apertura de estadios y diversos tipos de instituciones para alojamiento de emergencia. La profunda crisis económica en la que estamos sumidos por decisión de un grupo de funcionarios dispuestos a dejar tras de sí un país en llamas vuelve a la posibilidad de quedar en la calle un riesgo certero e inminente para varios, tornando el “A vos también te puede pasar” en una consigna escalofriantemente tangible. Esto habilitó conmover ciertas estructuras y comenzar a adoptar colectivamente una actitud más empática y compasiva hacia la problemática. Muestra de ello es la cantidad de voluntarios y voluntarias que respondieron en este oportunidad al llamado para concretar el Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle, posibilitando construir colectivamente ese 7251 final que hizo tambalear los intentos del gobierno por dibujar los números y subestimar la situación.
De todos modos, si bien se logró instalar transitoriamente en la agenda mediática la situación que padecen miles de vecinos y vecinas forzados a la exclusión en los últimos años, no fue suficiente para generar una respuesta acorde por parte de las autoridades pertinentes. La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri, se empeñó en cuestionar la cifra arrojada por las organizaciones sociales, defendiendo el total de 1146 establecido por el conteo oficial y menospreciando la respuesta social desbordante al calificar como innecesario el abrir el estadio de River para alojar personas en un contexto de ola polar. Similar actitud adoptó el responsable de Atención Inmediata, Mariano Goyenechea, quien negó la falta de vacantes en los paradores así como las precarias condiciones de las instalaciones, además de responsabilizar a Zacaríaz por su propia muerte.
Ante este escenario, un colectivo conformado por vecinas y vecinos, organizaciones sociales, políticas y comunitarias, muchas de las cuales llevaron adelante el Segundo Censo Popular en abril pasado, decidieron convocar a una 2ª Jornada de Repudio y Visibilización de la Violencia hacia Personas en Situación de Calle, que tendrá lugar el sábado 7 de septiembre a las 11 h. En esta oportunidad, la concentración será en Av. Cabildo y Juramento, a metros de la zona en la que se emplaza el histórico Comedor de Barrancas, y donde se multiplicaron las denuncias respecto a las diversas violencias ejercidas sobre los vecinos y vecinas en calle en el último tiempo. Desde la organización No Tan Distintas, que acompaña mujeres, lesbianas, travestis y trans en situación de calle y/o vulnerabilidad social, destacaron la importancia de este tipo de iniciativas territoriales, que apuntan a recuperar el espacio público y reconstruir el tejido social fragmentado, a tejer lazos. “Es fundamental que los vecinos puedan participar, reconocer también a los compañeros y compañeras en calle como integrantes del barrio, lo cual los interpela y responsabiliza”.
El Comedor de Barrancas surgió por iniciativa de una Asamblea de Vecinos, constituida prácticamente en las turbulentas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Carlos Durañona, su referente, recuerda: “Por ese entonces proliferaban los carros de cartoneros que recalaban por la noche en Barrancas de Belgrano, a la espera del Tren Blanco, que llegaba después de las 22.30 h para llevarlos con sus pesadas cargas a distintas localidades de la zona norte. Siempre estuvimos debajo de un gomero gigantesco, que no tiene ramas, tiene brazos que se extienden a ras de la tierra, desafiando las leyes de gravedad y con esos brazos nos da apoyo y nos abraza. Si nos ofrecieran un salón para encontrarnos, lo desecharíamos. Ese es nuestro lugar. Sin paredes, sin puertas, sin techo, un comedor totalmente callejero, a la vista de todo el mundo, aunque para verlo, más que ojos, hay que tener corazón.”
Respecto a la situación actual, expresó: “Últimamente hemos notado una merma de las personas en situación de calle que se acercan al comedor, debido a la persecución de que son objeto en nuestro barrio por la Policía de la Ciudad y por bandas de matones que los golpean y expulsan de sus circunstanciales refugios”. El hecho más grave se registró el 26 de febrero de este año, cuando en un confuso episodio tal violencia se cobró la vida del “Zurdo” Héctor Ferreyra, un hombre en situación de calle. “A los pocos días, sucede un hecho similar al episodio viralizado de Mataderos que motivó la 1ª jornada de repudio, en el que un grupo de desconocidos arrojó líquido inflamable y le quemó los pies a otra persona que vivía en la calle. Esta persona falleció ayer, luego de permanecer internada en el Hospital Pirovano. Finalmente, hubo otro hecho demencial, producido por un policía que propinó una feroz patada en un ojo a una persona en situación de calle mientras dormía, en total estado de indefensión”, puntualizó Durañona.
En relación a la ola de violencia social e institucional, las organizaciones convocantes sentenciaron que “el discurso de criminalización de la pobreza, de odio, xenofobia, transfobia y racismo que permanentemente se reproduce desde las más altas esferas gubernamentales y los medios de comunicación, alienta este ensañamiento que, lejos de detenerse, se agrava y esparce por toda la ciudad: Vicente Ferrer, quien sufría demencia senil, fue asesinado por la seguridad del supermercado Coto de San Telmo por intentar llevarse algo de comida; a Jorge Gómez lo mató un policía de una patada por ‘negarse’ a despejar el tránsito en San Cristóbal. Les compañeres en situación de calle siempre sufren todo tipo de vejaciones; estos nuevos hechos de violencia contra les más vulnerables no son más que otra cara de la violencia institucional y social a la que se exponen todos los cuerpos pobres y en situaciones de indefensión.”
Las exigencias de este entramado colectivo son las mismas de siempre: el efectivo cumplimiento de la Ley 3706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, sancionada en 2010, y la elaboración de políticas públicas integrales, que partan de un certero entendimiento de la complejidad de la problemática y habiliten recorridos de cuidado a través de los cuales las personas puedan paulatinamente recuperarse del arrasamiento que implica la experiencia de vida en calle para reconstruir proyectos de vida más vivibles. La situación de calle no es una problemática del invierno, ni producto y responsabilidad individual de la persona que la padece, así como tampoco es reducible a la falta de un techo. Es tan impensable poder abordar esta cuestión reduciendo la oferta de política pública a partir de estas creencias erróneas como revertir este escenario sin un cambio profundo en el rumbo de las políticas macroeconómicas que arrojan diariamente a miles al desempleo, el hambre, la exclusión y la desesperación.
Como bien sintetizó Silvia Bleichmar en aquel julio de 2001: “Todos los días miden el riesgo país con un cuidadoso cálculo que define si tendremos o no libreta sanitaria para seguir trabajando, para seguir siendo plausibles de generar ganancias sin riesgo de infección. Y cada día miles de argentinos pauperizados repetimos aterrados los índices que pueden arrojarnos a la calle, o permitirnos seguir viviendo con un costo cada vez mayor y una sensación de indignidad profunda. Este también es el ‘dolor país’: la imposibilidad de salir de la esterilidad condenada a la cual nos sentimos arrojados, de la cual sólo puede desatraparnos la convicción inexorable de que tenemos el derecho de recuperar los sueños que, como decía María Seoane, anidan en los pliegues del siglo XX, para darles una textura nueva que los haga compatibles con los tiempos que comienzan”.