Bregman y Barry exigen informes sobre las graves condiciones de internación de contagiados de los barrios vulnerables

12.5.2020

Las diputadas por el FIT realizaron una presentación en la Legislatura porteña para que el gobierno de la Ciudad responda ante la situación crítica de los vecinos y vecinas de la villa 31, trasladados al hospital Durand con riesgo de contagio de Covid-19. Junto a los y las trabajadores de la salud, denuncian falta de calefacción y comida caliente en el hospital y condiciones de hacinamiento. Desidia, abandono y maltrato del Gobierno hacia la población más vulnerable.

La situación en los barrios vulnerables de la Ciudad es cada día más alarmante. Según informó el Ministerio de Salud porteño, ya hay 685 personas contagiadas de Covid-19 en las villas porteñas. Y cada día va en aumento. Los barrios con mayor cantidad de casos positivos de Covid-19 son la villa 31 de Retiro y la 1-11-14 del bajo Flores.
“La situación de abandono que viven las y los vecinos de la Villa 31 no se termina en su barrio. Cuando van al hospital, también sufren condiciones deplorables. Desde el Frente de izquierda lo venimos denunciando y exigimos respuestas y soluciones urgentes”, manifestó la diputada Bregman sobre esta situación acuciante.
A través de este diario ya se denunció que el Gobierno distribuye en micros repletos a vecinos y vecinas de los barrios populares para que sean atendidos en los hospitales porteños, algunos ya con resultados de hisopados positivos.
En los hospitales son recibidos por las y los trabajadores de la salud, como en el hospital Durand, donde deben “esperar durante horas hasta que se decida si son internados en el hospital o llevados a hoteles (que no se conoce donde se encuentran ubicados ni en qué condiciones están). No hay en el hospital alimento caliente, ni calefacción ni frazadas”, según nos cuenta una enfermera del hospital.
Por la gravedad de esta situación, las diputadas porteñas Myriam Bregman y Alejandrina Barry del FIT, presentaron un pedido de informes en la Legislatura Porteña, para que el gobierno de la Ciudad de explicaciones sobre la grave situación del hospital Durand y los vecinos del barrio Padre Mugica.
Al respecto, Barry señaló: “Con Myriam estamos recorriendo hospitales para conocer cómo están atravesando esta situación los pacientes y trabajadores. En el día de ayer, estuvimos en el Hospital Durand, donde la situación es gravísima. Los médicos nos han relatado el carácter improvisado del operativo conjunto realizado por los Ministerios de Salud de Ciudad y de Nación, donde fueron trasladados tres micros con familias provenientes del barrio “Padre Mugica”.
Y agregó: “Los vecinos llegaron durante la noche con frío y hambre. Los trabajadores fueron avisados con poco tiempo de anticipación y la cocina estaba cerrada. Tampoco hay provisión de agua caliente ni calefacción en las distintas áreas del hospital. Ellos mismos debieron proveerlos de alimentos, ropa y abrigo para pasar la noche a la intemperie esperando ser atendidos, ya que las Unidad de Febriles de Urgencia está armada con containers en lo que era el estacionamiento del hospital. Estos vecinos podrían haber sido derivados para ser internados o trasladados a hoteles, ni siquiera cuentan con frazadas o ropa de abrigo para los pacientes internados. Dependen únicamente de las donaciones”.
Una situación de desidia, que tiene como víctimas, una vez más, a los más pobres.

Situación crítica y falta de testeos masivos

Los casos de contagios de Covid-19 en villas y asentamientos porteños dieron un salto, desde que se conocieron los primeros casos, a comienzos de abril, hasta ahora. Las organizaciones sociales y territoriales vienen alertando y denunciando esta situación hace semanas, cuando el gobierno porteño ocultaba información y recién el 5 de mayo el gobierno nacional y el de la Ciudad “llegaron” al barrio. Para esa fecha, ya eran 300 los contagiados.
En el marco de los operativos de detección que la Ciudad lleva adelante en conjunto con el Gobierno nacional, en la villa 31 se evaluaron 1.721 personas, de las cuales se testearon solamente 345. De estas últimas, la mitad de los testeados, o sea 173, dieron positivos para Covid-19. Mientras, en la villa 1-11-14 del bajo Flores el 80% de los casos testeados dieron positivo.
Esto muestra un escenario crítico, en el que tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad, deberían haber actuado muchísimo antes, cuando desde las organizaciones sociales y barriales se venía alertando sobre las difíciles condiciones para sostener la cuarentena en los barrios donde no hay sistema de cloacas, y se vive en condiciones extremadamente precarias y de hacinamiento.
Es necesario realizar un testeo masivo a todos los habitantes de los barrios vulnerables de la Ciudad, no sólo a los casos “sospechosos”, para identificar lo más rápido posible a los asintomáticos y aislarlos. Así como poner a disposición todos los hoteles y viviendas sin utilizar, ociosas, para las y los vecinos de los barrios vulnerables, en lugar de trasladarlos en micros repletos y mantenerlos hacinados en hospitales, sin calefacción ni comida caliente.

Cierran parador porteño para personas en situación de calle por 79 casos de coronavirus

12.5.2020

Por Patricio Abalos Testoni

El viernes se detectó una persona contagiada en el Parador Retiro, y se empezaron a realizar los testeos. En estos días ya 79 personas más dieron positivo. Los trabajadores ya venían denunciando faltante de insumos sanitarios en los paradores, que la mayoría se encuentran colapsados y era imposible mantener el distanciamiento social necesario.

Hoy se dieron a conocer los resultados de los testeos a las personas en situación de calle que residen en el Parador Retiro, así también a los trabajadores. Son 79 los casos positivos al virus Covid-19. Esto hizo que los funcionarios decidan cerrar el parador para poder hacer una desinfección del edificio.
El viernes 9 de mayo se conoció el primer caso de coronavirus al presentar síntomas, y fue trasladado para su internación. Ahí se inició un protocolo que en un primer momento solo significó un hisopado a los que habían tenido contacto directo con el primer caso y se le dio cuarentena solo a los trabajadores del turno noche. Como empezaron a surgir más casos positivos de coronavirus durante el fin de semana, recién ahí se le hizo a la totalidad de residentes y hasta el momento tenemos estos 79 casos confirmados, más unos 13 en estudio a la espera del resultado.
Hay que destacar que el viernes eran 92 personas las que dormían en el parador, por ende la gran mayoría se encuentra contagiada, y una vez más vemos la desidia para hacer los testeos necesarios, y ni hablar de tomar los recaudos preventivos.
El Parador Retiro, que es solo para hombres, se encuentra en Gendarmería Nacional 522 a metros de la Villa 31, donde los habitantes están viviendo una situación alarmante con un creciente número de contagiados por el Covid, y donde recién hace unos días se empezaron a hacer más testeos.
Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y especialmente los de paradores o centros de asistencia, vienen denunciando desde el principio de la cuarentena que no cuentan con los insumos sanitarios necesarios. También se venía manifestando la imposibilidad de cumplir con el distanciamiento social preventivo, sobre todo en los paradores, donde hay mucha gente conviviendo 24 horas, en espacios reducidos, ya hace casi dos meses. Los baños, los dormitorios y los comedores son colectivos y es muy difícil respetar el metro y medio que se recomienda. En consecuencia es clara la responsabilidad del Gobierno porteño, porque se conocía esta situación. Encima los testeos recién se realizaron con el primer caso una vez que presentó síntomas, en un principio solo a unos pocos.
Aunque el Gobierno de la Ciudad abrió nuevos paradores a partir de la pandemia, los mismos están llenos de gente. No hay que olvidar que hasta empezar la cuarentena el propio GCBA afirmaba que había solo alrededor de unas 1.000 personas en situación de calle, mientras que un censo hecho por organizaciones populares dio a conocer que en realidad eran unas 7.251 con 4.300 viviendo directamente en la calle y unas 2.951 en paradores, albergues, y hogares. Lo más preocupante es que de estas personas, unos 871 son niños, niñas o adolescentes. A partir de la apertura de los paradores, según datos del gobierno de Larreta, ya hay más de 2000 camas ocupadas por lo que queda en evidencia la falsedad de los números oficiales sobre la cantidad de personas en situación de calle.
Además ahora el propio gobierno de Larreta le asigna hoteles a los casos positivos asintomáticos, pero esta medida se podría haber tomado hace dos meses con la cantidad de gente en situación de calle y los hoteles desocupados, para descomprimir los paradores que están repletos. E incluso con la cantidad de viviendas ociosas que hay en la Ciudad, se podría haber puesto a disposición para las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Queda claro una vez más las que los sectores más vulnerables no son prioridad.

PANDEMIA Y MIGRACIONES

12.5.2020

Por Gisele Kleidermacher (Conicet/IIGG-UBA) y Nélida Murguía (Conicet/UBA)

Durante estas semanas estuvimos comunicándonos con distintos miembros y referentes de la comunidad senegalesa para conocer cómo están atravesando esta particular situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hicimos a través de conversaciones telefónicas y mediante el trabajo directo con organizaciones en las que participan, o bien, con las que se relacionan.

La población de origen senegalés en Argentina se estima en 4.000 personas, la mayoría de las cuales son hombres jóvenes que suelen insertarse laboralmente en la venta ambulante. Esta actividad los coloca en una situación de vulnerabilidad frente a las fuerzas de seguridad, sobre todo con la gestión de Rodríguez Larreta, que se ha caracterizado por su política contra este medio de subsistencia y por generar numerosos casos de violencia policial. En ello, además, se combina el racismo, cuando advertimos que la mayoría de las víctimas extranjeras de violencia institucional son senegaleses.1
Cuando el 20 de marzo se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en Argentina, a aquellas personas que trabajan en la economía informal les resultó imposible seguir generando ingresos. Como muchos, este grupo migrante se vio obligado a utilizar sus ahorros ante la prohibición de salir a la calle -su lugar de trabajo- y al mismo hecho de la falta de transeúntes a quienes vender. De todos modos, ha habido un total acatamiento a la medida de permanecer en sus hogares.
Su preocupación principal para ese momento era la imposibilidad de enviar remesas a sus familias ampliadas que permanecen en Senegal: “Para mí lo más importante es mi familia. Mi principal problema es que si yo no trabajo, no les puedo mandar plata, y si nosotros no enviamos plata, ellos no tienen nada para comprar”, dice Papa Diaw, un trabajador de Flores.2 Una de las razones más recurrentes de la migración senegalesa es el envío de remesas a su país; con frecuencia se trata de un proyecto familiar donde este ingreso representa gran parte del presupuesto. Algunas familias son poligámicas y otras no, pero en todos los casos suelen convivir varios hermanos con sus respectivas parejas e hijos, así como los padres y otros familiares como tíos o primos.
Con el transcurrir de las semanas, los ahorros se fueron agotando: “Antes de esta situación, tenía muchas cosas para comer, pero ahora ya casi no me queda nada. Mi mayor problema es Bamba, mi hijo de 2 años; es muy chiquito, no puede saber si hay o no hay, él no sabe nada de eso. Él, cuando necesita, lo reclama”, menciona Penda, una migrante que estudió administración de empresas y que en CABA suele vender jugos.
Si bien el Estado puso en marcha el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para asistir a las personas con menores ingresos o que trabajan informalmente, escasos migrantes lo han obtenido y casi ninguno de Senegal. ¿A qué se debe esta situación?
Para ello debemos retrotraernos a las condiciones de desigualdad previas a la pandemia en las que se encuentra este grupo migrante, especialmente en materia documentaria. En pocas palabras, podemos mencionar que la Argentina no tiene representación diplomática en Senegal ni viceversa desde 2002 y, por tanto, aquellos potenciales migrantes deben dirigirse a la embajada más cercana en Nigeria, un camino lejano y riesgoso que pocos pueden o desean realizar. De este modo, impedidos para obtener el visado que Argentina les exige, viajan a Brasil, o bien, a Ecuador, donde hasta hace unos años no se solicitaban visados. Desde allí se trasladan vía terrestre hasta la Argentina e ingresan de forma irregular.
Una vez en el país, la propia legislación migratoria les clausura la posibilidad de regularizarse, ya que los criterios que ofrece la Ley N°25.871 como el de “radicación por trabajo”, no incluye la posibilidad de ser trabajadores por cuenta propia, actividad que realizan, y tampoco les es condonada su entrada irregular al territorio. Algunos pudieron acceder a un programa de regularización especial para este colectivo que se puso en marcha entre enero y julio de 2013, para el cual debían inscribirse en el monotributo y pagarlo todos los meses. Sin embargo, tampoco todos los que cuentan con esta documentación y que lógicamente tienen más de dos años de permanencia en el país han podido acceder al IFE, debido a problemas derivados de inconsistencias en los datos, como cambios de dirección, de teléfono o de correo electrónico.
Afortunadamente, se trata de una comunidad acostumbrada a sobrellevar situaciones difíciles y que se caracteriza por la solidaridad entre sus miembros. Ante este panorama, han activado todo tipo de ayudas, gracias a su capacidad para construir redes y relaciones en las sociedades en las que se insertan, dentro de las posibilidades y limitaciones que el idioma, el acceso a Internet y otras circunstancias determinan.
Con esto, queremos recalcar el papel activo que ha tenido la comunidad desde el principio de la pandemia; en primer lugar, a través de sus redes internas, la mayoría de ellas articuladas en torno a las cofradías religiosas sufíes que los aglutinan. La más importante es la Federación Argentina de Dahiras Mourides (FADM),3 que cuenta con representantes y células en todo el país, a partir de las cuales, aquellos que estaban en una mejor posición han podido ayudar a aquellos que no contaban con ningún recurso, y también se han organizado para obtener ayuda de diferentes áreas del gobierno, ONG y, sobre todo, organizaciones populares.
De la misma forma, se ha organizado el Act de los senegaleses en Argentina, una agrupación que aún no cuenta con personería jurídica, pero que está en camino para obtenerla y funciona desde hace tiempo. El Act es la asociación que está trabajando articuladamente para luchar por las causas de los senegaleses y más aún en la crisis por la pandemia. El rol de las tecnologías es fundamental; de esta manera la mayoría de los senegaleses del país se encuentra en el grupo de WhatsApp de Act y desde allí la comunidad coordina los apoyos. Alpha, uno de los referentes, menciona: “Hoy estamos juntos con los jefes de los grupos de dahiras, estamos trabajando juntos para ayudarnos entre los senegaleses. Justamente ahora nos encontramos trabajando para salir de estos problemas que estamos viviendo todos en el mundo”.
Por otro lado, diversas organizaciones de migrantes o trabajadores de la economía popular han continuado aún con más énfasis el trabajo junto a ellos, y han incluido a la comunidad en los apoyos generados para sus integrantes y poblaciones afines. Esto ha sido posible gracias a las relaciones previas que los senegaleses en Argentina fueron tejiendo con las agrupaciones a partir de su condición migratoria o laboral.
Es el caso del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), que en agosto de 2018 empezó a coordinarse con senegaleses de Flores para impartir clases de español como una herramienta de defensa ante la represión y la violencia institucional. En este espacio se generó un vínculo desde la identidad migrante y el trabajo se extendió a otras áreas, como el acompañamiento en los procesos ante las detenciones, acoso policial y secuestro de mercadería. A partir de la cuarentena y de la creación del IFE, el BTM puso en marcha un dispositivo para ayudar a los migrantes a tramitarlo, así como para recibir y distribuir donaciones tanto de personas particulares, como de otras organizaciones. Hasta ahora han podido llevar ayuda a más de 100 familias, lo que engloba a casi 500 personas, de las cuales casi 40 % son de origen senegalés.
Otro tanto ha ocurrido con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP, antes CTEP), a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), con el cual varios senegaleses vienen relacionándose y trabajando desde 2015 en la sede central de Constitución, a partir de un episodio de violencia policial. Dentro de ese espacio realizan asambleas y dahiras, se da acompañamiento en trámites migratorios, de detenciones y secuestro de mercadería, y además, se realizan cursos de español, oficializados por la Universidad de Buenos Aires. Este año, un grupo de senegaleses creó la Asociación de Estudiantes de la ENOCEP4. En conjunto con la UTEP y ante la situación desencadenada por la pandemia, referentes de la comunidad senegalesa se encargan de repartir mercadería cada vez que llegan donaciones.
Algo similar ocurre con la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), con la que senegaleses de Once comenzaron a relacionarse en 2018, en un escenario bastante parecido al de Constitución. Nuevamente: la represión y la violencia institucional de parte del gobierno de la Ciudad llevó a un acercamiento con la organización, el cual derivó en acompañamiento legal, clases de español y de derechos humanos para la comunidad de la zona. De igual forma, ante la crisis actual, los estudiantes se coordinaron con la organización para gestionar y repartir recursos.
Queremos resaltar en este punto que los senegaleses organizados se articulan para gestionar los apoyos entre la comunidad también desde sus propias organizaciones, especialmente el Act de los senegaleses de Argentina y la FADM. Incluso han decidido abrir una cuenta bancaria para poder centralizar las ayudas y canalizarlas de acuerdo con las necesidades de la comunidad.
Como mencionamos, se trata de relaciones que fueron tejidas con anterioridad al desarrollo de la pandemia, a través de su inserción en la sociedad argentina y migrante del país, y de sus procesos de organización interna. Por otro lado, estas redes también han llegado hasta dependencias estatales, como es el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, donde el afrodescendiente Carlos Álvarez ha articulado ayuda para la comunidad mediante el otorgamiento de bolsones de alimentos.
Diversas ONG internacionales como ACNUR y OIM también se han hecho presentes, colaborando con la adquisición de alimentos en el Mercado Central, donde consiguen mejores precios para las compras comunitarias que realiza la comunidad senegalesa con las donaciones.
El panorama de solidaridad y organización que aquí describimos tiene su correlato negativo: no existe una política de Estado concreta para que migrantes como los senegaleses puedan obtener la residencia y subsistir durante la cuarentena. Ellos también son habitantes de este país, contribuyen en él y están cumpliendo con el Decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
La pandemia ha perjudicado a toda la sociedad, pero sin duda lo ha hecho mucho más con aquellos sectores afectados por la desigualdad social; trabajadores excluidos y comunidades migrantes son los que más padecen, aquellos que desde antes de la crisis, se encontraban luchando por conseguir derechos que otros ya tienen, como un documento, o la posibilidad de trabajar para ganar unos ingresos mínimos que permitan su supervivencia y la de los suyos.
Lo mismo está ocurriendo con otros sectores y también en otras latitudes: la pandemia profundiza las desigualdades, y frente a ello los estados se muestran ausentes o vacilantes. Pese a que las donaciones y recursos resultan siempre insuficientes y se terminan pronto, la organización y la solidaridad de distintos sectores populares crece en el país. Aún así, pronto tendrán que surgir otras alternativas para que los miles de migrantes y trabajadores excluidos, entre ellos los senegaleses, puedan enfrentar el tiempo que se avecina.

1 Véase el Informe Estadístico del Ministerio Público de la Defensa de CABA, correspondiente al período Marzo-Diciembre de 2018 https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/informe_vi_2018_ok_1.pdf y el Informe de Presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, correspondiente al año 2019 https://es.scribd.com/document/441051011/Informe-Presidencia-de-Comision-contra-la-Violencia-Institucional-Legislatura-CABA-2019#from_embed
2 Los testimonios de Papa Diaw y Penda Gueye fueron extraídos de “La pandemia desde el pie: crónica de la migración senegalesa en Flores”, en Marcha: https://www.marcha.org.ar/la-pandemia-desde-el-pie-cronica-de-la-migracion-senegalesa-en-flores/
3 Las dahiras son reuniones semanales de los migrantes senegaleses de las cofradías islámicas sufíes.
4 La Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular, de la UTEP.

Coronavirus y barrios populares

11.5.2020

Organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires advierten que donde faltan el agua potable y los protocolos adecuados se continúan multiplicando exponencialmente los contagios. En este sentido, afirman que la curva no solo no se aplana, sino que la desigualdad se amplifica.

Desde el gobierno porteño informaron con relación al Coronavirus Covid-19 en los Barrios Populares (villas y asentamientos) de la Ciudad, al 9 de mayo, que:
1. Hay casos confirmados en 14 Barrios Populares porteños.
2. El 9 de mayo en la ciudad hubo 108 casos positivos confirmados, 49 de ellos corresponden a los Barrios Populares (45,3%).
3. Los casos confirmados en el Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31bis) aumentaron el 160% en 5 días, pasando de 107 (2/7) a 280 casos (7/5).
4. El primer caso en el Barrio Carlos Mugica se confirmó el 21 de abril. En 17 días llegó a 280 casos.
5. En las dos últimas semanas en el barrio de Retiro (donde se encuentra el Barrio Carlos Mugica) la cantidad de casos confirmados aumentó un 1.992%. En la Ciudad, para el mismo período, el aumento fue de 88%.

Desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera, y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas afirmaron que a partir del 24 de abril, y durante los siguientes 15 días, la falta de agua en el Barrio Carlos Mugica se generalizaba impidiendo a sus habitantes llevar a cabo las acciones básicas para afrontar la pandemia: el lavado frecuente de manos.
Agregaron que fuera de tiempo, el gobierno porteño impuso un improvisado protocolo donde los criterios de testeos no son claros, sin mecanismos de protección de les niñes en caso de que alguno de sus padres tenga que ser internado, sin dispositivos para las situaciones de violencia de género y con demoras interminables en pabellones de hospitales donde los/as habitantes del barrio con lo puesto fueron trasladados en micros sin asistencia sanitaria ni alimentaria para esperar los resultados del testeo.
Desde un colectivo de asambleas y organizaciones se elaboró un documento de recomendaciones para un Protocolo Especial de Actuación frente al coronavirus en villas y asentamientos.
En el marco de una causa de amparo colectivo presentada por estas organizaciones, junto a referentas y referentes de Barrios Populares (Villa 21-24, Barrio Inta, Barrio Scapino, Barrio Cildañez, La Villa 15 – Oculta -, Villa 20), el 5 de mayo la Justicia ordenó al Ejecutivo porteño garantizar agua potable a los 400 mil habitantes que viven en las villas de la Ciudad. Previamente, el gobierno había dicho ante la justicia que el tema era responsabilidad de AYSA.
“Estamos a la espera de que el GCBA cumpla la sentencia judicial y elabore el Plan de Contingencia con acuerdo de las comunidades como lo ordena el fallo en un plazo que vence el día miércoles. Sin agua potable y sin protocolos adecuados adaptados a la realidad del barrio, este era el único resultado posible”, expresaron las organizaciones.

¿Militarización y detenciones como estrategia para enfrentar la pandemia en CABA?

11.5.2020

Se conocieron los escandalosos datos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño durante la cuarentena obligatoria. Desde el 20 de marzo hasta hoy, 11 de mayo, suman 18.710 entre detenidos y demorados por violar el aislamiento. Mientras la salud está en crisis, las fuerzas represivas inundan la Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires la tendencia al fortalecimiento policial como plan de acción se demuestra a través de los números que se dieron a conocer, y que hablan por si solos: de 18.710 personas, 1226 fueron detenidas y 17.484 demoradas, notificadas o trasladadas a sus domicilios.
En los operativos realizados en la calle, fueron secuestrados hasta esta mañana 276 vehículos, que según el informe eran conducidos por personas que no tenían permiso para circular. Y había a lo largo y ancho de los barrios porteños, 394 controles policiales, de los cuales 111 estaban ubicados en accesos a la Ciudad y 283 eran móviles y estaban divididos en tres turnos.
Además el gobierno porteño lanzó una campaña para denunciar por incumplimientos a través del número 147 y de esa manera reforzar la lógica de la “responsabilidad individual” como principales medidas. En total, hubo 21.337 llamados “para denunciar situaciones de incumplimiento del aislamiento obligatorio”, según informaron las fuentes. En la segunda fase de la cuarentena, cuando el 15 de abril se declaró obligatorio el uso de tapabocas en comercios y medios de transporte (medida que al igual que el aislamiento recae sobre la responsabilidad individual de cada persona), hubo 646 denuncias telefónicas. Las multas ascienden a 285.

Vigilar y castigar

Podemos ver que desde que comenzó la medida de aislamiento seguro, social y obligatorio como principal medida para hacer frente a la pandemia mundial de Covid-19, todos los gobiernos fortalecieron sus aparatos represivos para tratar de sostener la cuarentena. La campaña lanzada desde el Gobierno Nacional, los Gobiernos provinciales y el de la Ciudad de “Quedate en casa”, se sostuvo principalmente a través del rol que jugaron los principales medios mostrando operativos policiales y repitiendo hasta el hartazgo casos particulares como el del surfer, un joven adinerado que parecía que había bajado de la estratósfera.
Cuando en realidad la situación requiere de inversiones en el área de salud: entrega de elementos de protección personal como barbijos, alcohol en gel o guantes a trabajadores de la salud y aquellos denominados “esenciales”; hospitales en condiciones y con camas disponibles; y testeos masivos, en cambio la solución del gobierno porteño fue en sintonía con el resto: más policías en las calles, por ende, mayor control social. Además, de esta manera se eximen a los responsables de que la crisis se profundice: no solo se busca ocultar la falta de respuestas de los gobiernos, sino su responsabilidad junto con la de los grandes empresarios que buscan seguir ganando a costa de nuestras vidas, incluso en épocas como esta.
Sin embargo, la realidad habla por sí misma. Las denuncias del personal de salud que trabaja en condiciones deplorables y tiene uno de los primeros puestos en el triste ranking del porcentaje de trabajadoras y trabajadores de la salud contagiados a nivel mundial. Y numerosas denuncias de detenciones arbitrarias a lo largo de toda la Ciudad y el resto del país, por parte de las fuerzas represivas sobre todo a jóvenes trabajadores precarizados. Los empleos informales crecieron exponencialmente durante los últimos años, siendo además los más castigados en una situación de pandemia como esta.
Mientras veíamos como a los jóvenes en los barrios humildes los hacían hacer sentadillas o son sometidos a torturas, un empresario pasaba a su empleada doméstica adentro del baúl de su auto sin mucha repercusión. En las villas, donde los casos positivos aumentan exponencialmente debido a las condiciones deplorables de hacinamiento y falta de servicios esenciales como el agua, la solución durante los primeros días también fue el refuerzo del control policial. Recién en la última semana que salió a la luz el escándalo de la situación que viven en barrios como la Villa 31 o la 1-11-14, comenzaron a hacer algunos tests a quienes presentan síntomas.
En CABA, se denuncia un caso de violencia institucional diario, según el Ministerio de Defensa Público porteño. Esto no es casual, sino que es parte de un plan para que la crisis actual, y la que se venga, la sigamos pagando los de abajo. Ese es el motivo por el que necesitan invertir en policía, para que pase el ajuste que siguen aplicando sobre nuestros hombros.

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