Red de radios

10.6.2010

Según el gobierno porteño no hay plata para arreglar y construir escuelas, para darle alimentos a los comedores y mantener los contratos de los trabajadores, pero sí para que agentes de la Policía Metropolitana viajen a un congreso sobre antiterrorismo y lavado de dinero.

Las escuelas porteñas han aparecido reiteradamente en los medios masivos de los últimos días, pero una vez más se centró la información en un hecho puntual (una agresión por parte de alumnos, que realizaban un corte de calle, a un hombre que les pedía que dejaran libre un carril) y no el origen de la protesta: los colegios de la Ciudad de Buenos Aires no tienen gas, los edificios se caen a pedazos y los maestros están mal pagos o son despedidos, por mencionar solo algunos reclamos.
En las últimas semanas, se conocieron recortes salariales y despidos de 180 trabajadores precarizados del área. El ministro de Educación Esteban Bullrich recurrió al mismo discurso que utiliza el gobierno porteño desde los inicios de su gestión: “Eran ñoquis, que cobraban sueldo sin trabajar”, “Los contratos que se redujeron eran de nuestra propia gestión. Estamos reduciendo la estructura política, no la planta docente”.
Pero la Junta Interna A.T.E. Educación plantea que la realidad es bastante diferente: “Bullrich no está suprimiendo ´contratos políticos´, está despidiendo trabajadores y empezó por los más precarizados del ministerio a su cargo: los contratados por locación de servicios u obra. Pretende justificar el ajuste diciendo que son contratos generados a partir de 2008, pero esto es sólo una coartada para despedir trabajadores bajo la ya clásica y falaz acusación de ´contrato político´ o ´ñoqui´, ocultando que los ´ñoquis´ de Macri y sus funcionarios siguen protegidos (…) La gestión que llegó al gobierno de la Ciudad con el lema de ´limpiarlo de ñoquis´ está reconociendo que los ha generado, y en proporciones inusitadas. (…) La producción de ´ñoquis´ macristas vino de la mano de la creación de cargos de toda índole mediante cambios permanentes en la estructura y organigrama del Estado. Solamente en el Ministerio de Educación se han realizado, al menos, cuatro cambios de estructura en los apenas dos años y medio que lleva esta gestión (…) además sus funcionarios siguen creando nuevos e insólitos cargos, tal es el caso de la Directora General de Planeamiento Educativo, Mercedes Miguel (esposa del actual Jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Diego Fernández) que ha contratado además de sus asesores a un ´jefe de gabinete´ propio”, señalan en un comunicado.
A esto deben sumarse, los técnicos especializados en formación docente, en educación especial, en contenidos para la educación media o en diseño de materiales pedagógicos, que fueron echados de la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, y los técnicos de la D. O. de Educación Técnica, que asisten a escuelas en la elaboración de planes de mejora y otros temas vinculados a la enseñanza, a quienes se les redujeron drásticamente sus salarios.
En tanto, padres, alumnos, docentes, cooperadoras, organismos de derechos humanos y el sindicato docente UTE-CTERA, realizaron una presentación judicial ante el Juzgado 8 del Fuero Contencioso Administrativo, para exigir la finalización de las obras del Polo Educativo de Saavedra. Su construcción (financiada con capital del Banco Interamericano de Desarrollo) quedó frenada en el 60% del total, y desde mediados de 2007 se encuentra en estado de abandono.
A través de la presentación se reclamó que se promueva una acción de amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitando que se le ordene articular un plan que permita que las obras en el Polo estén terminadas para el comienzo del ciclo lectivo 2011.
Pero los reclamos van más allá del área educativa. El Movimiento Barrios de Pie de la Ciudad denunció que a comienzos de abril, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, se había comprometido con ellos a abastecer de alimentos secos y frescos a los 22 comedores y merenderos, que lleva adelante la organización en distintos barrios de la ciudad. A tres meses, nada de lo prometido se cumplió.
 

La frutilla del postre
El 31 de mayo pasado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad que dos agentes de la Policía Metropolitana, Álvaro López y Enrique Sardella, fueron designados para viajar a la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), en El Salvador. Allí participarán del congreso “Programa de Desarrollo Gerencial para Fuerzas Especiales y de Seguridad”, cuya organización está a cargo del gobierno de los Estados Unidos. Los temas que se abordarán son antiterrorismo, lavado de dinero y control de pasos fronterizos. Además, los efectivos recibieron por parte del gobierno porteño ocho mil pesos para gastos personales.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) afirmaron que esta actividad se contrapone con los objetivos para la fuerza metropolitana estipulados en la ley 2894 de Seguridad Publica de la Ciudad: “El capítulo III de la ley 2894, en su artículo 33, determina las funciones de la Metropolitana: a) brindar seguridad a personas y bienes; b) prevenir la comisión de delitos, contravenciones y faltas y c) hacer cesar la comisión de delitos, contravenciones y faltas, poniendo en conocimiento inmediato de los mismos a la autoridad judicial competente, debiendo actuar conforme a las disposiciones procesales vigentes en el orden nacional o local, según corresponda al hecho en el cual se haya actuado”.
Diversas organizaciones no gubernamentales y de Derechos Humanos internacionales han considerado a ILEA como una nueva Escuela de las Américas.
Vale recordar, como lo hace la ODH, que esta Escuela “fue uno de los símbolos del Terrorismo de Estado en Latinoamérica, y que por sus claustros pasaron mas de 64 mil soldados, muchos de los cuales tendrían una activa participación en las violaciones a los DDHH y el terrorismo de Estado de sus respectivos países”.
 

8.6.2010 

Hora: 18:00

Lugar: Independencia y Bolívar

Motivo: Protestar contra la instalación de la nueva Estación de Servicio en San Telmo y para discutir todos juntos como nos organizamos y llevamos adelante un plan de lucha  para ganar esta batalla.

Reseña: En pleno Casco Histórico de la Ciudad, el Gobierno de Macri ha autorizado la instalación de una nueva expendedora de combustibles. Es en el mismo Casco Histórico donde este gobierno ya ha permitido que se demolieran valiosas propiedades, patrimonio de todos los porteños; donde ha regalado uno de los espacios públicos más importantes, el ex Padelai, a una corporación española; donde intentó instalar parquímetros a diestra y siniestra; donde autorizó la construcción de torres de hasta 24 pisos y donde sus funcionarios destruyeron buena parte del adoquinado original del barrio. En San Telmo, en un radio de 600 metros alrededor de esta cuestionada “inauguración”, hay cinco estaciones de servicio del mismo tipo, por lo que no existe problema alguno de desabastecimiento de combustibles. Sin embargo, sin consulta de ningún tipo con los vecinos, sin tener en cuenta el riesgo ambiental ocasionado, entre gallos y medianoche, se autoriza esta nueva expendedora, en una clara violación a las restricciones y regulaciones que rigen en el Casco Histórico. Esta verdadera “bomba de tiempo” ha sido demorada, hasta ahora, por la resistencia de los vecinos, que ven con pánico la amenaza de un nuevo Cromañon. Al lado de la nueva estación de servicio hay un edificio en el que viven 180 familias y uno de los supermercados más concurridos del barrio. A cincuenta metros se está terminando el jardín de infantes más grandes a la zona. Demás está decir que se trata de una de las intersecciones más transitadas del barrio, por donde pasan varias líneas de colectivos, es camino obligado a varios colegios de la zona  y hay un tránsito vehicular intenso. Esta habilitación es una nueva demostración de la absoluta falta  de respeto por parte del gobierno de Macri,  no ya por las opiniones sino por la vida misma de los vecinos. ¡¡Para este Gobierno, lo único que valen son sus negocios y  sus intereses; nosotros, los vecinos y contribuyentes, somos de palo!! No podemos permitir que se juegue con  la seguridad de miles de vecinos por satisfacer la ambición de algunos o la sospechosa desidia de los funcionarios del GCBA. No podemos permitirlo, no debemos permitirlo! Este no es un problema sólo de los vecinos de Independencia y Bolívar (¡los más afectados!), sino del barrio todo y por eso debemos unirnos para reclamar la clausura definitiva de este absurdo proyecto.

8.6.2010

La violencia contra las mujeres constituye un problema mundial con proporciones de epidemia. Las estadísticas del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) demuestran que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha vivido o vivirá algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

No caben dudas que hemos progresado en la toma de conciencia sobre la magnitud del problema. Sin embargo, aún queda mucho por hacer a fin de lograr erradicar definitivamente toda forma violencia contra las mujeres, que constituye un verdadero obstáculo para alcanzar la igualdad real entre los géneros, y una grave violación de los derechos humanos garantizados por la legislación nacional e internacional.

A nivel nacional, son incipientes aún las iniciativas tendientes a brindar un tratamiento específico a situaciones típicas de violencia de género. Al igual que en otros países, se encuentran en los últimos tiempos algunos avances normativos o políticos orientados a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, para que puedan cumplirse estos objetivos, es necesario que los distintos operadores involucrados logren incluir el enfoque de género en sus actividades diarias. Ésta no es una tarea sencilla, ya que las normas, las prácticas y las instituciones se encuentran impregnadas de una mirada que pretende ser neutral, pero que en realidad invisibiliza las necesidades y demandas específicas de las mujeres.

El Estado argentino, mediante la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer- Convención de Belem do Pará, ha asumido el deber de 'fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer…' (Art. 8, inciso c).

De alli la importancia del próximo Encuentro Internacional sobre Violencia de Género, que se realizará los días 10 y 11 de junio próximos en la Facultad de Derecho de la UBA, organizado por el Ministerio Público de la Defensa, en el marco del Programa de Cooperación 'Apoyo a Diálogos sobre Políticas entre la Unión Europea y Argentina'-financiado por la Unión Europea-.

El evento contará con la presencia de prestigiosas expositoras de diferentes disciplinas, provenientes de Canadá, EE.UU., Costa Rica, España, Inglaterra, Italia, y de nuestro país. Entre otras, expondrán Catharine MacKinnon (EEUU), Adela Asúa Batarrita (España) Alda Facio (Costa Rica), Francesca Filippi (Italia), Daphne Gilbert (Canadá), Dorchen Leidholdt (EE.UU.) Saskia Sassen (EE.UU.), Vivien Stern (Inglaterra); Patricia Laurenzo Copello (España), María Luisa Maqueda Abreu (España), y de nuestro país, Stella Maris Martínez, Carmen Argibay, María Luisa Femenías, Silvia Chejter, Eva Giberti, Diana Maffía y Mónica Pinto, son algunas de las disertantes.

La actividad estará dirigida a operadores jurídicos y sociales que trabajen en temas vinculados a la atención de casos de violencia contra mujeres, como jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios, legisladores, sociedad civil, profesionales de la salud, académicos, y al público en general.


 

4.6.2010

Viernes 4/6 – Hora: 10:00

Lugar: Cooperativa La Alameda, Av. Directorio3998, (CABA) y en el local de la cooperativa Dignithy Return de Bangkok (21 hs. de allí).

Motivo:lanzamiento de la primera marca global libre de trabajo esclavo "No Chains” impulsada en un esfuerzo conjunto por las cooperativasLa Alameda de Argentina y Retorno a la Dignidad de Tailandia.

Reseña: Ambas son reconocidas por integrar a costureros/as que han enfrentado el trabajo esclavo y forzoso y por reivindicar los valores de la autogestión, la economía solidaria y el trabajo decente. En los modelos de remeras que se exhibirán en el lanzamiento simultáneo en Buenos Aires y Bangkok se presentarán diseños de Corea del Sur, Filipinas, Estados Unidos, Hong Kong y Argentina, que fueron especialmente seleccionados en un concurso solidario de diseñadores. La marca "No Chains" pretende ser un símbolo de lucha global contra la esclavitud que vaya sumando a otras cooperativas y grupos de costureros/as alrededor del planeta. Serán trasmitidas en simultáneo ambos eventos.

Convoca: www.mundoalameda.com.ar – www.nochains.org

3.6.2010
 

La coordinadora La Dignidad no se Privatiza convoca a sumar y coordinar los reclamos por las políticas del Gobierno de la Ciudad. Abandono de la obra del polo educativo Saavedra, denuncias en el Teatro Colón, judicialización de la lucha docente y el reemplazo de plazas por comisarías, son algunos de los casos.

La Coordinadora de Lucha en la Ciudad “La Dignidad no se privatiza” convoca a un plenario para el próximo sábado a las 10 horas en el Estacionamiento Recuperado de Marcelo T. de Alvear 2230, con el fin de unificar los reclamos que desde diversos sectores se realizan por las políticas del gobierno de Mauricio Macri.
Desde el año 2008, este colectivo intenta “unificar las luchas que desde cada rincón de la ciudad venimos sosteniendo las y los trabajadores de la industria, del comercio, de la educación, la salud, la cultura, estatales, el subte, las empresas recuperadas, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales y territoriales, las organizaciones piqueteras, las asambleas populares, los centros culturales, los organismos de derechos humanos, las organizaciones políticas. Para golpear con un solo puño y echar al gobierno de Macri”.
Por eso además de exigir trabajo, salud, educación, vivienda y cultura para todos/as, piden el juicio político Ya! A Macri, dicen No a la Complicidad de la Legislatura y disolución de la policía Metropolitana entre muchas otras proclamas.

El Polo Educativo que puede no ser
Mientras el ejecutivo porteño se esmera en armar proyectos de urbanización comercial al mejor estilo Puerto Madero, suspende la construcción del Polo Educativo Saavedra. Por este motivo, la Comunidad Educativa (conformada por padres, alumnos, docentes y Cooperadoras) de las Escuelas públicas involucradas, junto a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA), organizaciones sociales y de derechos humanos, convocan a una conferencia de Prensa y posterior movilización este viernes a las 9:30 horas, en Diagonal Norte 636.
En esa oportunidad se presentará un amparo judicial para que el Poder Judicial intime al Ejecutivo Porteño a la pronta finalización de la obras en el predio de 4 hectáreas ubicado en la intersección de la avenida Crisólogo Larralde y la calle Galvan, cuya construcción está en un 60% y abandonada desde mediados de 2007.
El proyecto original preveía el traslado o construcción de un jardín maternal; talleres para egresados de la Escuela Especial N° 11 (D.E. 15) "Dr. Aquiles Gareiso", de discapacidad motora y mental; Escuela Especial N° 1 IREP, de discapacidad motora; Escuela Media Técnica N° 36 "Alte. Guillermo Brown"; Escuela de Música "Juan Pedro Esnaola"; Escuela Media, Magisterio y Profesorado de Música; Escuela de Luthiers e Imprenta (1.500 vacantes); Escuela Primaria y de Capacitación (200 vacantes); un Auditorio para 450 personas; un natatorio cubierto, parque y estacionamiento.

Matar un árbol, construir una comisaría
Vecinos por la Ecología denunciaron que el Gobierno porteño pretende utilizar un espacio verde para instalar la comisaría Metropolitana. En este caso la manzana delimitada por las calles Ramallo-Holmberg-Correa y Av. Goyeneche (traza de ex AU3 desde la Av. Gral Paz hasta la Av. Congreso) está catalogada como UP (Urbanización Parque) y se llama "Parque de la Solidaridad".

Derechos incumplidos, docente judicializado
Carlos Oroz, dirigente de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMyS), es llevado a juicio por el Gobierno de Mauricio Macri por presunto delito de interrumpir la vía pública a partir de una movilización de los docentes porteños en defensa de su salario y condiciones de trabajo.
El fiscal actuante en el juicio, por instrucciones de Macri apeló el dictamen absolutorio del juez actuante, y ahora la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas anuló todo lo actuado, elevando la causa a la Justicia Penal para que se investigue el presunto delito de interrumpir la libre circulación de un servicio público (en este caso el colectivo 95), es decir promueven un doble juicio por un mismo hecho, lo que viola toda garantía constitucional.

El Colón
Los trabajadores del teatro denunciaron la situación en la que se realizó la re-apertura. Aclararon que desde enero, el teatro está cerrado y tapiado, y no pudieron ingresar, por lo tanto están en la calle o a disposición por si aparece algún trabajo que puedan realizar. Por el mismo motivo la programación de obras líricas debió desarrollarse en otros lugares, como el Teatro Coliseo, es mínima y no está confirmada. Además, al no disponer de una oficina de personal y fiscalización, no tienen sus sueldos garantizados.
La producción propia del Teatro Colón, una de las características que lo hizo resaltar local e internacionalmente, se vieron interrumpidas y corren el riesgo de no continuar. El teatro no cuenta con un Director Técnico, puesto que el último que asumió, renunció inmediatamente, al argumentar que no puede trabajar por la desintegración del personal de talleres, de vital importancia en el desarrollo de la puesta escenotécnica.
Los trabajadores no saben ni dónde ni cuándo deben presentarse a trabajar, están totalmente desprovistos de información, se están reuniendo una vez por semana en las veredas del teatro, y están en asamblea permanente, pero las autoridades del Gobierno de la Ciudad no los recibe.
El Director, García Caffi, dijo públicamente que debe trasladar personal porque “el Colón no es un seguro de desempleo, y no puede apilar trabajadores en los pasillos del teatro”, maltratando e intentando desprestigiar al plantel del teatro de renombre.