Red de radios

9.4.2016

Fabián Mosquera es un hombre con múltiples discapacidades, tiene 38 años. Bajaba del colectivo 9, en la intersección de Avenida Sáenz y Cruz, del barrio de Pompeya, cuando una patrulla de Prefectura clavó los frenos a centímetros de sus piernas. “Me salió insultarlos, entonces se bajaron siete prefectos y sin mediar palabra me empezaron a pegar. Me esposaron en el piso y llegó otra patrulla, se bajó uno y dijo: ‘súbanlo a la camioneta y tírenlo al Riachuelo’”, relata Mosquera. La camioneta empezó a andar y el cuerpo de Fabián casi desmayado seguía recibiendo golpes.

A las 21:00, la patrulla frenó en uno de los bordes del Riachuelo. Lo tiraron de la camioneta y entre siete prefectos, lo patearon, le dieron golpes de puño en la cabeza y en todo el cuerpo. “Vamos a tirarlo al río”, dijo uno de los uniformados. Del otro lado del agua, un hombre desde un coche estaba siendo testigo involuntario. Al grito de “lo van a matar”, sacó su celular y empezó a echar flashes. Fabián no supo nada más de esa persona que logró que los prefectos huyeran dejándolo adormecido, pero vivo.

Fabián vive en el partido de Lanús y el 25 de marzo pasado se disponía a llegar al barrio de Pompeya, como lo hace cada día para ir a trabajar a la Villa 1-11-14, donde reparte alimento en los comedores del barrio. “Pensé que me iba a morir ahogado o de tantos golpes”. “Me dieron varias veces, pero nunca me habían amenazado con tirarme al río”, no para de repetir.

Después de la feroz golpiza de la Prefectura, Fabián tiene: un brazo fisurado, lesiones en todo el cuerpo y una recuperación que le va a llevar 45 días. La denuncia se la tomó la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) y la causa ya avanza en el trámite.

Es imposible no relacionar los casos, los fantasmas vuelven o nunca se fueron. El ex Puente Alsina se llama desde principio de 2015, Puente Ezequiel Demonty. Eze, como lo llama aún hoy su familia, tenía 19 años en 2002, cuando fue asesinado por lo que se conoció como la Maldita Policía. Eze, caminaba junto a dos amigos por su barrio Bajo Flores, cuando tres patrulleros de la cuestionada Comisaría 34, los detuvieron, les robaron la plata que llevaban y les ordenaron tirarse al Riachuelo. Eze, no sabía nadar y falleció ahogado en las aguas contaminadas.

Con el cuerpo un poco más curtido que Ezequiel, Mosquera recibió en similares circunstancias, hace ya algunos años, 15 balazos que le tiró un subcomisario de la Comisaría 36, -también denunciada en varias oportunidades por violencia institucional- eso lo llevó a atravesar cinco operaciones, a que le coloquen una malla quirúrgica en el cuerpo y a convivir con una discapacidad que se le suma a una deficiencia mental que padece. Ahora cobra dos pensiones y su esposa recibe otra porque tiene cáncer, eso los ayuda a llegar a fin de mes con sus cuatro hijos.

El despliegue de la Mano Dura

El Plan Unidad Cinturón Sur se puso en marcha en 2011 y desde allí más 3000 efectivos, entre prefectos y gendarmes ejercen las funciones de policía de seguridad y se desplazan armados dentro de los barrios más vulnerables de la Ciudad. Los vecinos aseguran que este Plan se agravó cuando el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich impulsó la Emergencia en Seguridad Nacional, que promociona la Mano Dura y permite el gasto indiscriminado en armamento y movilidad para las Fuerzas.

Los riesgos de cruzar desde la Provincia de Buenos Aires a la Ciudad Autónoma, se tornan aún más violentos. Al accionar policial hay que agregarle la actuación del Poder Judicial en su afán por acompañar la “gobernabilidad”. A principio de enero, a poco de que asumiera el presidente Mauricio Macri, la Corte Suprema de la Ciudad, facultó mediante un fallo a la policía para que pida documentos en la vía pública a transeúntes “sospechosos”, como forma de “prevenir el delito”. Esta práctica habilita la detención sin orden judicial. Dos meses más tarde, el Tribunal Superior Nacional, le dio luz verde al gobierno para que compre armas eléctricas Taser, desestimando un recurso extraordinario que presentó Charly Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S.

8.4.2016

A través de Clarín, el decano de FADU Luis Bruno presiona para que se apruebe el proyecto del PRO para entregar tierras de la ciudad a la corporación inmobiliaria.

En la nota "Cambiar armas por libros y personas", que salió publicada en la edición impresa de Clarín del día jueves, Luis Bruno salió a dar apoyo a la venta de tierras del club Tiro Federal. Mientras escribe “amistosamente” sobre cómo mejorar la calidad urbana, lo que se está tratando es la entrega ese espacio público al lucro privado.

Lo que se plantea con la venta de tierras en Tiro Federal (al igual que los terrenos del Parque Thays y la parte subterránea de plaza Houssay) es la construcción de un "Nuevo Puerto Madero", loteando ese espacio (ahora cedido al club) mediante su otorgamiento a la Agencia de Bienes S.E para la construcción de un nuevo polo destinado a emprendedores privados. Como expone Gabriela Massuh, este negocio trata del enajenamiento de más de 2.400 hectáreas en la CABA con un “cuantioso botín público al servicio de la especulación inmobiliaria de grupos de capital privados”.

No es nada casual el contexto en el que escribe esta nota, justo en el momento en el que el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta busca imponer la creación de la Agencia de Bienes S.E., Bruno se transforma en una voz de apoyo desde el principal medio oficialista. Para llevar adelante este proyecto, el PRO necesita llegar a 2/3 de votos totales de la legislatura porteña. De aprobarse esta ley se concederá el derecho a la Agencia de Bienes S.E. a ceder o vender terrenos públicos-fiscales. Esta empresa funcionará como una inmobiliaria de terrenos fiscales encargada de lotear cualquier espacio público y dar beneficios impositivos para los futuros compradores.

Se venden decanos para el PRO

Evidentemente Luis Bruno es uno de los decanos de la UBA que empieza a usar la Universidad como un lugar para hacer lobby con los intereses del macrismo y los empresarios con un aspecto tan susceptible como lo es la entrega de tierras públicas para negocios privados. Desde este lugar es cínico el discurso de "Cambiar armas por libros y personas", como si las políticas de privatización fueran un sostén para la educación pública. La construcción de estos nuevos polos, al igual que la construcción de Puerto Madero, no contempla ni la creación de escuelas, ni de estaciones de transporte, ni de hospitales, mucho menos infraestructura urbana. Solo contempla los jugosos intereses de empresarios con el propósito de robarle el derecho a la ciudad a quienes la habitan.

Un modelo de educación en disputa

Con estos hechos se abre un nuevo interrogante, ¿qué rol va a jugar la Universidad Pública con Cambiemos en el gobierno? En FADU no es el primer hecho que muestra cómo sus autoridades se orientan en función del interés privado; no solo avalando la entrega de tierras públicas, sino también concesionando los terrenos de los cimientos del “Pabellón 4” a estacionamientos donde cobran hasta $50 la estadía.

La orientación social de la facultad va a ser un terreno en disputa si estudiantes y docentes pueden darle otra perspectiva, problematizando la cuestión urbana y el déficit habitacional. Esos terrenos públicos podrían estar orientados a problemas sentidos como la vivienda, la salud y la educación. Un primer desafío consiste en multiplicar en los pasillos, en las aulas y en las calles las voces que dicen; #BuenosAiresNOseVende!

8.4.2016

El Tribunal Oral Criminal 24 ordenó ayer la detención de los condenados por el incendio de Cromañón.

Tras ser declarados por la Corte Suprema como inadmisibles los planteos de apelación que habían presentado las defensas de los acusados, la Justicia ordenó su detención durante el día de ayer.

Junto a la apelación de los músicos también denegaron los planteos de los ex funcionarios Fiszbin, Torres y Fernández, condenados por "estrago culposo seguido de muerte en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público"; y de Villarreal, quien fue condenado por "estrago culposo seguido de muerte y participación necesaria en cohecho activo".

Los jueces Marcelo Alvero, Luis Llanos y María Cecilia Maiza, del Tribunal Oral Criminal 24 (TOC 24), firmaron las órdenes de detención de nueve de los once condenados por la tragedia de Cromañón.

Por la tarde el ex cantante de Callejeros Patricio Santos Fontanet, condenado a siete años de prisión, se presentó ante la Justicia en Buenos Aires y quedó detenido, al igual que el ex bajista del grupo Cristian Torrejón. Al finalizar el día quedaron bajo disposición de la Justicia la totalidad de los condenados salvo dos: la ex titular de la Unidad Polivalente de Inspecciones Ana María Fernández y para el escenógrafo Daniel Cardell. Para ellos el TOC 24 no libró orden de arresto por la magnitud de las penas y el tiempo que pasaron en prisión.

El abogado de Fontanet, Marcelo Brito, dijo a la prensa que aconsejó a su cliente que se presente ante la justicia en Buenos Aires y pidió mediante un escrito que el ex cantante de Callejeros quede internado en el área psiquiátrica del penal de Ezeiza.

El letrado informó que luego solicitará que Fontanet, quien deberá pasar cinco años y cuatro meses en prisión para completar su condena, sea trasladado a un penal de Córdoba para que puede estar más cerca de su esposa y de su hijo.

Las penas

La Cámara había confirmado las condenas a siete años de prisión a Fontanet, seis años para Eduardo Vázquez, cinco para Torrejón, Juan Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy y Elio Rodrigo Delgado, tres para Cardell, y seis para Raúl Alcides Villarreal, ex jefe de seguridad de Cromañón.

Asimismo, había ratificó las condenas a Fabiana Gabriela Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal del Gobierno porteño, a cuatro años; a Gustavo Juan Torres, ex director general de Fiscalización y Control, a tres años y nueve meses; y a Fernández, ex titular de la Unidad Polivalente de Inspecciones, a dos años y diez meses.

Sin embargo el dato más relevante del juicio que determinó las condenas por el siniestro del boliche de once en Diciembre de 2004, ocasionando la muerte de 194 personas, es que en ninguna instancia involucró al principal responsable político de la Ciudad de Buenos Aires en ese entonces. De esta manera, el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra obtuvo el beneficio de la impunidad que como en otros casos de corrupción cubre a la casta política de las consecuencias de sus acciones.

8.4.2016

Norte en Retiro. También el Autódromo, el Centro Cultural Recoleta, el CEMIC, el Distrito Joven Costanera Norte, Casa Amarilla en La Boca y otros que ya corren por cuerda separada. Al parecerse trata de más de 2.400 inmuebles que involucran a 12 de las 15 comunas. El mapeo de bienes a enajenar se potencia con las grandes fracciones indivisas de propiedad del Estado Nacional en el territorio de la CABA y revela un cuantioso botín disponible para el urbanismo promotor.

Ya no se habla de la generación de viviendas, menos aún de la creación de viviendas sociales. Salta a la vista que la desmesurada construcción de departamentos y oficinas en torre de la última década obedeció sustancialmente a la especulación sin tener en cuenta las necesidades concretas de una población cuyo número (tres millones aproximadamente) es el mismo que en 1946. En la actualidad nuestra ciudad posee la cifra alarmante del 28% de viviendas (suntuosas) vacías (Censo 2010). La enajenación de bienes públicos, tal como se lo ha propuesto este proyecto de ley, se anuncia bajo nombres rimbombantes como la creación de Centros de Innovación, Emplazamientos de Industrias Creativas, incremento de Polos Tecnológicos, emplazamiento de Centros de Convenciones, Creación de Ciudades Deportivas y un largo etcétera. Estos eufemismos esconden exención de impuestos para los desarrolladores y prometen un futuro en tecnicolor que implica una flagrante subestimación de los ciudadanos que habitamos la ciudad. Toda ciudad es de todos, no hay "dueños", es un bien común. Seamos conscientes de una vez que estamos ante el más grande proceso de asociación especulativa de tierras públicas en beneficio del usufructo privado de la historia de la Ciudad. Se prometen puestos de trabajo transitorio y ganancias para un reducido grupo de desarrolladores locales e internacionales con la evidente complacencia y complicidad de la Sociedad Central de Arquitectos y del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. ¿Es para ellos la Ciudad de todos?
 

¿Qué futuro nos espera?

Las consecuencias del proyecto, en caso de sancionarse la Ley, son incalculables. Entre otras, el aumento de las áreas afectadas por la inundación y el anegamiento; la grave contaminación del agua de los afluentes del estuario del Plata y de la franja costera del Río de la Plata; el perjuicio ambiental implicado por la inútil multiplicación de edificios en torre y tipologías de gran escala en desmedro de sectores de población más postergados; el desequilibrio en la provisión de servicios eléctricos, de agua y saneamiento y carencias en el tratamiento de líquidos cloacales; aumento de las deficiencias graves de la gestión de reciclado y disposición de los residuos urbanos; mayor pérdida de patrimonio arquitectónico y cultural y una amenaza permanente sobre lo que queda; crecimiento desorbitado e innecesario del parque automotor destinado al transporte individual y de carga que produce un tránsito traba-do, costoso y contaminante; incremento de la temperatura (efecto isla de calor).Y un largo etcétera. Este proceso, ya iniciado en la Ciudad a partir de 2005, implicó en algunos casos, la intimidación y judicialización de vecinos y ONGs que defienden el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Se castiga a ciudadanos que cumplen con el deber y el derecho soberano de cuidar de la calidad del hábitat de la comunidad.
 

El país puesto en venta nos deja sin reserva urbana

La creación de la AGENCIA DE BIENES SE se gestó a imagen y semejanza de la Corporación Puerto Madero y de la Corporación del Sur. Viene a compensar el acaparamiento de tierras de la Capital que éstas no contemplan y se vincula con la creación por decreto en 2012 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado a nivel nacional (Decreto PEN 1382/2012). Este último organismo, creado con el fin de disponer de los antiguos predios ferroviarios, centraliza en manos del Ejecutivo la gestión de los inmuebles de todo el patrimonio nacional. La dotación de grandes extensiones de tierras de la Nación cercanas al borde costero, de playas ferro-viarias y de grandes instalaciones militares dentro del ámbito de aplicación de este proyecto de ley, puede acelerar, por su ubicación privilegiada, las posibilidades de extender el tipo de operaciones que se deduce de dicho proyecto, a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Dada la escala de decisiones involucradas, sólo pueden resultar en impactos desestructurantes en toda la Región Metropolitana, para lo cual el proyecto de ley no aporta marco normativo, planes e instrumentos de evaluación a aplicar. La Agencia viene a consolidar el rol de un Estado promotor de negocios e inversiones inmobiliarias, adoptando los objetivos de los desarrolladores privados: un enfoque abstracto y cuantitativo del espacio urbano, despojado de su dimensión identitaria; manipulación de la participación ciudadana, aprovechamiento de la rentabilidad territorial sin asumir las consecuencias sociales y urbano-ambientales de la Ciudad.
 

Inconstitucionalidad

Desde el punto de vista jurídico, la creación de la AGENCIA DE BIENES SE es a todas luces inconstitucional, hecho que los Legisladores que le dieron media sanción no tuvieron en cuenta. Es una delegación indebida del poder Legislativo y de las Comunas mediante una interpretación sesgada del mandato constitucional secuestrando el derecho vecinal a determinar la identidad de su hábitat y reteniendo funciones que debían haberse transferido a las Comunas tal como lo dispone la ley de Comunas. El Estado actúa en estos casos como
brazo armado de las corporaciones privadas.
A este accionar no fueron ajenos los Legisladores porteños del kirchnerismo que, desde el año 2013, no vacilaron en votar aquellas leyes que dieron lugar al llamado Pacto Pro K y constituyen, hasta el momento, la tercera privatización de bienes públicos de la Ciudad después de la creación de Puerto Madero y la Corporación Buenos Aires Sur SE. Los bienes públicos no tienen porqué ser fuentes de rentabilidad, son patrimonio histórico, identitario y social de una comunidad a la que pertenecemos todos sin distinción de clase, poder adquisitivo o educación. En este sentido, leyes como la que se quiere sancionar convierten a la Ciudad en un laboratorio financiero abstracto sobre cuyo mapa (y no sobre su realidad concreta) se traza un hipotético futuro a ritmo del mercado que no atañe a la sociedad en su conjunto, sino a intereses sectarios que se arrogan el derecho de poner en juego el futuro de todos.
 

PROYECTO DE LEY AGENCIA DE BIENES. Necesidad de derogación de la legislación irregular existente
 

Con la creación de la Agencia de Bienes SE y la liquidación de tierras públicas como son las ocupadas por el Tiro Federal Argentino y El Dorrego, el proyecto de ley procura repetir normativa irregular existente, como la Corporación Buenos Aires Sur SE (Ley CABA N° 470). A su vez, desde el Gobierno Nacional, a partir de los Dtos. PEN 1382/12 y 1416/13 está pro-puesto repetir en todo el país la irregular performance de la Corporación Antiguo Puerto Madero SA. Al respecto, cabe consignar la inconstitucionalidad del Dto. PEN N° 1279/1989 que crea la Corporación Antiguo Puerto Madero SA y, a su vez, efectúa una transferencia de dominio de tierras del Estado Nacional a esa Sociedad Anónima autoadjudicándose facultades del Congreso de la Nación. También la inconstitucionalidad de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y de la transferencia de tierras nacionales a sociedades anónimas por Dto. PEN N° 1382/2012 y Dto. PEN N° 1416/2013. Todo ello para volcar al mercado inmobiliario las últimas tierras libres de la Ciudad, que debería ser necesariamente destinas a uso y utilidad pública, preponderantemente espacios verdes.
De ahí que debamos agregar a las propuestas enunciadas, la necesidad de derogar la Ley CABA N° 470 y los Dtos PEN N° 1279/89 – N° 1382/2012 y N° 1416/2013 con el objeto de no "legalizar" las transferencias de tierras públicas a sociedades anónimas ignorando la vigencia del art. 67 – inc. 4º de la Constitución Nacional de 1853 y art. 75 – inc. 5 de la de 1994 que faculta al Congreso de la Nación a "Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional".

– Por la defensa de los espacios verdes públicos

– Por la preservación del paisaje y los usos para los que fueron creados. – Por su ampliación creando un Sistema Metropolitano de Grandes Parques en base a tierras públicas nacionales y de la Ciudad, última reserva existente.

– Por la conservación del Patrimonio arquitectónico, paisajístico y artístico.

– No a los proyectos de ley que lo enajenan (Agencia de Bienes SE / fideicomiso sobre el Autódromo / Bs As Design / El Dorrego / etc.).

– No a su desnaturalización por la explotación comercial.

– No a la Ley de "bares en plazas".

– No a las amenazas y represalias contra las ONGs.
 

Queremos Buenos Aires alternativa para el Área Metropolitana en emergencia

6.4.2016

Miles de estudiantes se movilizaron por el Boleto Educativo.

En el día de hoy miles de estudiantes, acompañados por la FUBA, se concentraron en Plaza de Mayo para exigir el Boleto Educativo. La iniciativa surgió luego de que el Gobierno Nacional anunciará el aumento de tarifas.

Adrián Lutvak, presidente de la FUBA y referente de La MELLA, declaró " El aumento de tarifas, sobre todo la del transporte, afecta directamente los costos de ir a cursar de los estudiantes, y por ende golpea el acceso y permanencia de los mismos. Es por ello que hoy nos movilizamos con fuerza reclamando el boleto educativo gratuito, como una herramienta fundamental para evitar que el tarifazo cause deserción en las universidades públicas" Por último agregó “La lucha por el Boleto Educativo no se termina en esta acción, los estudiantes seguiremos organizándonos para conseguir nuestros derechos”.