Red de radios

6.6.2017

Johathan Kiki Lezcano de 17 años fue fusilado con dos disparos en la cabeza por la policía el 8 de julio del 2009. También murió de un disparo Ezequiel Blanco de 25 años. El principal imputado es el efectivo Santiago Veyga. Los jóvenes fueron filmados mientras agonizaban y se burlaban los uniformados. Sus cuerpos estuvieron desaparecidos dos meses y fueron enterrados sin autorización. Hoy, desde las 9:00, se realiza la primera audiencia en Lavalle 1171.

Se inició la primer audiencia por el caso de “Gatillo fácil” contra Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco. El juicio se realiza en una sala donde no dejan entrar a la prensa. En la puerta se realizan actividades de difusión. Las próximas audiencias serán los días 13 y el 26 de junio.

La madre de Kiki Lezcano se expresó en vísperas del juicio, "Nosotros venimos trabajando con los barrios de Zavaleta, de la 1-11-14 y con mucha gente para que pueda estar presente ese día. Para mí es muy importante. No tenemos nada pendiente, dimos todo lo que pudimos, y si hubiéramos podido más lo hubiéramos dado seguramente a través de la lucha y los años. El juicio llegó a esta instancia no sólo por mérito mío sino por haber tenido un buen abogado", destacó. "Primero, hasta hace dos años fue Juan Manuel Combi, él siempre estuvo dispuesto a escuchar a la familia y acompañar. Este juicio llega también por él. No quería dejar de pensar en eso", recordó Angélica.

Además, agradeció más en general: "Por todos aquéllos que levantaron el cartelito de Kiki y los medios alternativos también llegamos a este juicio. Muchos no te dan lugar porque es un pibe de Villa 20 y está instalado que algo habrá hecho, era un negrito".

En relación a los medios, Angélica fue categórica: "Cuando se trata de un pibito del barrio que fue a robar, ahí sí están todos, dan la noticia de la inseguridad, le meten pimienta para que explote. Pero cuando hay un poder policial o de cualquier otra fuerza, no le dan tanta importancia. Tenemos muchos casos de la Metropolitana que salieron un día o dos, y después se borran. Lo que una esperaba es que ellos estuvieran acompañando, pero no fue así". 

5.6.2017

Por Nicolás Eisler

El gobierno porteño autorizó la construcción del complejo Puerto Retiro en terrenos que solo permitían edificios públicos.

El gobierno porteño habilitó la construcción de un gigantesco emprendimiento privado en un terreno que solo permitía edificios públicos. Se trata del "Distrito Quartier Puerto Retiro". El proyecto estará emplazado al lado de la Villa 31 del mismo barrio, que ahora la comuna quiere urbanizar, luego de haberse resistido por más de un lustro a aplicar la ley que ordenaba el proceso. Los terrenos son la base del viejo Hospital Ferroviario que, hasta el año pasado, pertenecieron al amigo presidencial Nicolás Caputo. Compañero de colegio de Mauricio Macri, "Nicky" cuadruplicó su inversión con la venta de la parcela. Así lo hicieron la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios que atesoraban predios comprados a bajo precio: la ley de Sinceramiento Fiscal 27.760 dio luz verde para la creación de fideicomisos que permiten zafar de los impuestos especiales del 5%, 10% o 15% sobre los montos blanqueados. Esa ley, como contó Tiempo en su edición del 22 de abril, dejó una ventana abierta para evitar el gravamen: la inversión de esos fondos en ladrillos mediante fideicomisos. El que explota los terrenos del viejo Hospital Ferroviario es el segundo fondo que se registró luego de esa ruleta y está conformado por el consorcio Argencons – Allaria. Además, para la alegría de Caputo, el 9 de mayo pasado, cinco meses después de la inscripción de ese fondo en el Mercado de Valores, el Ministerio de Desarrollo Urbano autorizó 54.441 metros cuadrados de obra y, tan solo nueve días después, aumentó a 56.570 metros cuadrados.
"El Gobierno de la Ciudad concretó lo que advertimos. Revalidó la autorización que le había dado hace nueve años a Caputo. No solo vamos a tener oficinas privadas donde solo podía haber edificios públicos sino que el Estado hace todas la inversiones y ampara la apropiación por parte de las empresas amigas que hacen especulación inmobiliaria", apuntó la legisladora kirchnerista Paula Penacca.
El Distrito Quartier Puerto Retiro está a cargo de la empresa Argencons, perteneciente a Luis Camps. Ernesto Allaria es otro de los socios del emprendimiento y, además, titular del Merval. Hasta hace pocos meses Caputo fue vicepresidente del Mercado de Valores porteño. Y también sería socio en el desarrollo del conjunto de edificios que requerirá una inversión final de 215 millones de dólares. En abril este diario contextualizó la figura de Allaria: se trata del actual titular del Merval, cuya gestión es acompañada por "Nicky" Caputo como vice.
Además de haberse visto favorecidos por los 2.000 millones de dólares que invertirán para la urbanización de la Villa 31 dentro del barrio de Retiro tanto la Nación como la Ciudad, los socios del Quartier fueron beneficiados, en una maniobra inédita, por el gobierno porteño.
El terreno del Hospital Ferroviario que había sido adquirido por Caputo y otros socios solo permitía el emplazamiento de edificios públicos. Sin embargo, en 2008 Nicky consiguió que desde el Ministerio de Desarrollo Urbano cambiaran la zonificación de la parcela. Como si se tratara de un pase de magia desde la Dirección General de Interpretación Urbana asimilaron una zona de localización de edificios públicos al desarrollo de una "Oficina Comercial", "Hotel" y "Auditorio". Con esa disposición multiplicaron por cuatro la ganancia de "Nicky".
Casi diez años después, los socios del Quartier Retiro mantienen intacto su poder de fuego. El 9 de mayo pasado, mediante la Resolución Nº 193/GCABA/SSREGIC/17 el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se basó en aquellas irregulares resoluciones que datan de 2008 para habilitar el nuevo proyecto. Incluso desde Desarrollo Urbano, a cargo de Franco Moccia, elogiaron el proyecto de Argencons. "Desde el punto de vista urbanístico, es meritorio destacar la propuesta de recuperación de la escala peatonal del conjunto edilicio en su totalidad", escribió Rodrigo Cruz, subdirector de Interpretación y Catastro.
Claro que Cruz cometió un error. En vez de habilitar 56.570 metros cuadrados, habilitó 54.441 metros cuadrados, una diferencia que, con una valuación de 3.500 dólares el metro podía haber significado casi 7 millones de dólares de pérdida para los socios del Quartier. Para tranquilidad de Allaria y Camps (y tal vez de Caputo), el gobierno corrigió el expediente con velocidad. Una maniobra que puede llevar entre tres y seis meses se llevó a cabo en tan solo nueve días, dentro de una dinámica que la comuna se había comprometido a ejecutar con los "emprendedores" que decidieran invertir en proyectos con más de cinco años de ejecución, uno de los plazos clave para esquivar todos los gravámenes que establecía la ley de blanqueo. 

4.6.2017

Comunicado de DOCA Documentalistas de Argentina ante la amenaza de cierre del ArteCinema Espacio INCAA de Constitución

En el marco de la defensa del cine nacional, los documentalistas nucleados en DOCA manifestamos nuestro repudio y preocupación ante los indicios de cierre de uno de los dos Espacios INCAA que existen en la Ciudad de Buenos Aires: el ArteCinema, ubicado en el barrio de Constitución. De manera informal y sin comunicarlo a la comunidad, el INCAA ha manifestado a los dueños del lugar donde funciona el complejo que no está interesado en continuar con el convenio que sostiene el alquiler de la sala y permite abonar el salario de los cuatro trabajadores que allí se desempeñan. Los empleados ya han recibido la comunicación del despido, que se concretaría a fines de julio, fecha en la cual se produciría el cierre de este espacio, que se ha transformado, por impulso de estos mismos trabajadores, en un enclave cultural importante para el postergado barrio de Constitución.

DOCA manifiesta la necesidad de que se mantenga el convenio que permite la continuidad del ArteCinema, y que la dirección del INCAA se abstenga de tomar medidas inconsultas que atenten contra los escasísimos espacios de difusión del cine nacional y contra los trabajadores que son quienes, en el día a día, sostienen estos lugares claves para la cultura popular.

Convocamos a la comunidad de documentalistas y cinematográfica en general a manifestarse en este mismo sentido y adherir a las medidas que se tomen para frenar el cierre de este Espacio INCAA. ¡Ni una sala menos para el cine nacional!

Convocamos para el miércoles 7 de junio a las 18 hs. al Abrazo al ArteCinema que se realizará para frenar el cierre.

2.6.2017

El acuerdo paritario para los trabajadores estatales de CABA resultó en un aumento que para la mayoría no alcanza a cubrir la canasta familiar.

Patricio Avalos Testoni

Delegado de Promoción Social – GCBA

Se hicieron públicas las actas paritarias entre el Gobierno de la Ciudad (GCBA) y Sutecba, el gremio mayoritario. Todos los trabajadores municipales sabíamos que iban a ser vergonzosas, pero año a año igual nos siguen sorprendiendo, siendo cada vez peores.

Aun con el aumento gran parte estaríamos cobrando por debajo de la línea de pobreza que el propio GCBA determina en $ 14.620. Solo un puñado de trabajadores, con muchos años de antigüedad, lograría superar la canasta básica familiar.

El aumento consiste en tres cuotas, de 10% en abril, un 8% en agosto y un 2% en septiembre. Los porcentajes son del salario actual, por ende cualquiera que sabe algo de matemáticas sabe que no se suman, aunque Sutecba lo quiera hacer pasar como un aumento del 20%, en la realidad es mucho menos.

Además, por única vez una pago en abril de $2.500 como compensatorio de la inflación del 2016 ignorando que el año pasado hubo más del 40% de inflación y el aumento firmado no cubre siquiera la inflación de este año. Se incluye un aumento porcentual de antigüedad, aunque solo un mínimo de la dotación cobra este rubro ya que la planta transitoria no lo recibe y abundan los contratos por tercerización o de locación.

Un gran porcentaje de trabajadores, sobre todo los que pasaron a planta transitoria en el 2015 tienen salarios de $11.100. Salarios de pobreza, cuando las perspectivas de inflación para la Ciudad, en lo que resta de este año, supera el 23%.

Después prometen como hacen cada año: el reencasillamiento, la carrera administrativa, una cláusula gatillo en septiembre y la negociación por el pase a planta. Como si los trabajadores no tuviésemos memoria que el año pasado nos prometieron lo mismo y que esa era la excusa de por qué había que aceptar unas paritarias por la baja. Obviamente durante el 2016 no hubo novedades sobre esto, y hoy nos quieren vender el mismo falso discurso.

Esta situación hizo que el año pasado surgieran conflictos, desafiliaciones masivas que hizo que tenga que salir públicamente Amadeo Genta, quien dirige el gremio hace casi 40 años, con un mensaje amenazante para los que lo cuestionaban.

Este acuerdo entre Sutecba y el gobierno de Rodríguez Larreta aumenta la bronca en los trabajadores municipales, sumado a que los propios funcionarios del GCBA se habían aumentado los sueldos el año pasado y cobran entre $60.000 y $100.000. Y encima debemos aguantar que nos tilden de ñoquis cuando sabemos que ellos apenas aparecen por las oficinas o que se gastan más de un millón de pesos en una campaña para “comprender el vínculo vecino-mascota”.

Los trabajadores debemos enfrentar este violento ataque a nuestros bolsillos. Tenemos que realizar asambleas unificadas entre afiliados de Sutecba, ATE, y no afiliados para denunciar el cierre de paritarias in-consulto y a la baja, y exigir a las conducciones sindicales un plan de lucha unificado hasta conseguir el salario que nos corresponde, que no puede estar por debajo de la canasta básica familiar.

1.6.2017

Por Vivian Palmbaum

El 22 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 358/17 por el cual se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), luego de un relevamiento de villas y asentamientos de todo el país, que alcanza a 4100 barrios. Las organizaciones sociales reconocen allí una gran conquista para los habitantes de los barrios más pobres de nuestro país. Beneficios y la trastienda de una medida en la que los sectores populares se sienten cobijados.

RENABAP

En un breve comunicado conjunto que emitieron las organizaciones CTEP, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y Techo se expresa que: “las organizaciones sociales peleamos y trabajamos durante meses en la construcción del primer Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). Este relevamiento, realizado por los propios vecinos y vecinas,  arrojó el dato escalofriante de 4100 barrios, en donde se alojan millones de personas pobres en la República Argentina”.

No hay un mapa en el que figuren las villas y asentamientos de la Argentina, tal como lo expresan: “somos una mancha”. Y agrega que: “Hay casas, calles, familias, pero no hay ninguna ley nacional, organismo público o plan urbano que reconozca nuestra existencia”.

Con el Decreto N° 358/17 se reconoce la existencia de estos barrios y se crea el Certificado de Vivienda Familiar. Se trata de un documento público que “legaliza nuestro domicilio y reconoce nuestro derecho a la ciudad”, tal como afirman. Esto permitirá acceder de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública (agua, electricidad, cloacas, etc.)  y además exigir la prestación de otros servicios públicos básicos como transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos y todos los servicios necesarios para un buen vivir. Un reconocimiento en donde los sectores populares se sienten reconocidos como ciudadanos, tal como ellos expresan “aunque no tengamos el título de propiedad”. El Certificado facilita el horizonte de la integración urbana, anhelada por los habitantes de los barrios marginales y excluidos de nuestro país.

En el Decreto  se prevé la elaboración de instrumentos jurídicos que permitan identificar a los tenedores de viviendas, con el objeto de aplicar las políticas, normas y procedimientos que oportunamente se definan, a los efectos de implementar la regularización dominial. Sin duda que de concretarse es una conquista cuya contracara es la incorporación territorial al mercado del suelo, formal y voraz. La posesión certificada podría permitir transacciones de manera más formal y las disputas que de ello se derivan, que hasta ahora quedaban en la total informalidad.

Antecedentes

En noviembre de 2016 se publicaba un relevamiento realizado por la Ong TECHO, que había impulsado la Jefatura de Gabinete de la Nación y que arrojaba como dato que 1 de cada 10 personas vive en un asentamiento informal.

Un relevamiento que parece preliminar al total que parece haberse alcanzado en este mes de mayo de 2017. Tal como se expresa en el Decreto: “existen más de CUATRO MIL (4.000) barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Con este instrumento del Poder Ejecutivo Nacional, se expresa la necesidad de solucionar el déficit habitacional que favorece las condiciones precarias de vida de las personas”.

Una expresión que no se condice con las políticas públicas que cotidianamente empobrecen a la población a la vez que hay sectores que se enriquecen exponencialmente. Mientras muchos pierden pocos ganan, parece la ecuación matemática del momento.

Detrás de escena

Mientras se anuncia esta conquista de los sectores populares y el gobierno nacional intenta mostrar su iniciativa hacia ellos, en un año electoral el portal del Banco Mundial puede hacernos inferir otras conclusiones.

Tal como puede leerse, las políticas públicas no están impulsadas por el gobierno sino que están promovidas por el financiamiento del Banco Mundial. Así parece indicarlo un documento que está fechado el 27 de febrero de 2017, en Washington. En él se afirma lo siguiente: Más de 110.000 personas en Argentina se beneficiarán del acceso a viviendas económicas y de la transformación de barriadas urbanas gracias a dos nuevos proyectos aprobados hoy por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. Con unos US$400 millones, los dos proyectos apuntan a mejorar los servicios básicos en barrios urbanos desfavorecidos y mejorar el acceso a la vivienda formal en todo el país.

A nivel nacional, el Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda mejorará el acceso a la vivienda formal a través del primer programa nacional de subsidio a la vivienda del gobierno (Línea Solución Casa Propia).Simultáneamente, buscará mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales a través de mejor infraestructura, servicios públicos y programas sociales. El proyecto comenzará a ser implementado en cinco grandes áreas metropolitanas (Gran San Miguel de Tucumán, Gran Córdoba, Gran Mendoza, San Salvador de Jujuy – Palpalá y Mar del Plata-Batán). Alrededor de 3000 hogares se beneficiarán de acceso a la vivienda, mientras que unos 18.000 hogares también se beneficiarán de mejores condiciones de vida como resultado de inversiones en infraestructura.

Casualmente el relevamiento del mes de noviembre 2016,  presentado por Techo y difundido por el gobierno nacional, arrojaba cifras para las áreas para las cuales el Banco Mundial dará su financiamiento.

No se puede desconocer que el FMI trabaja en estrecha colaboración con el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional lo expresa con gran claridad: “El personal técnico del FMI y del Banco colabora estrechamente en la asistencia a los países y en cuestiones de política económica relevantes para ambas instituciones. A menudo realizan paralelamente misiones a los países, en las que participan funcionarios de ambas instituciones. La evaluación que realiza el FMI acerca de la situación económica general de un país y de su política económica se utiliza como referencia cuando el Banco considera posibles reformas o proyectos de desarrollo. Análogamente, cuando el FMI asesora acerca de la política económica tiene en cuenta asimismo la asesoría del Banco en materia de reformas estructurales y sectoriales”.

Las políticas de endeudamiento y transferencia de recursos al sector financiero global,  en las que avanza la actual gestión de Cambiemos, necesita argumentos sostenibles que lo permitan. El estado de creciente necesidad de los sectores populares y más pobres necesita de políticas activas que los tomen en cuenta. La creación del Registro de Barrios Populares, es una real necesidad  que, de concretarse, garantizará la estabilidad, aunque sea con precarias condiciones de habitabilidad que amenazan con empeorar.