Red de radios

16.6.2017

Recibieron una carta documento en la que se los cita a una mediación, como instancia previa a la de un juicio por daños y perjuicios. La causa fue iniciada por la empresa "Establecimientos Campana S.A.", propietaria del predio donde se asienta el Cine Teatro Urquiza.

 

Desde 2013, la Asamblea de Vecinxs en Defensa del Cine Teatro Urquiza viene solicitando a través de la presentación de proyectos de ley en la Legislatura, acciones de amparo y manifestaciones ciudadanas que el edificio, ubicado en Avenida Caseros 2826 de la Ciudad de Buenos Aires, no sea demolido, tal como lo pretende la empresa "Establecimientos Campana S.A." para construir allí un edificio de más de 30 metros de altura.

El 16 de enero pasado, la Dirección General de Interpretación Urbanística le comunicó a la compañía que la iniciativa que había presentado no se adecuaba la ley. Le informó además que el Consejo de Plan Urbano Ambiental había desestimado este proyecto por no cumplir con lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Nacional N° 14.800 y el art. 2.1.1.1 del Código de Edificación.

En su artículo 2, la Ley Nacional N° 14.800 establece que en los casos de demolición de salas teatrales, el propietario tiene la obligación de construir en el nuevo edificio un ambiente teatral de características semejantes a la sala demolida.

A su vez, la Ley N° 4104 de la Ciudad prevé que en los casos de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario deba construir en el nuevo edificio una sala teatral o cine-teatral de características semejantes a la sala demolida, entendiéndose como semejante respetar hasta un 10% menos el número total de butacas, igual superficie del escenario y camarines, otorgando la posibilidad de dividir esa totalidad en distintas salas de menor tamaño.

El proyecto presentado por "Establecimientos Campana S.A." implicaba una construcción de una sola "sala" de 140 espectadores. La superficie original del Cine Teatro es de 1.114,40 m2, mientras que la propuesta sería de tan solo 208,30 m2.

Desde la Asamblea denuncian que “ante el incumplimiento de la normativa y la falta de autorización administrativa para demoler y construir su emprendimiento inmobiliario, Establecimientos Campana S.A. pretende utilizar a la justicia para perseguir judicialmente y amedrentar” a sus integrantes.

Frente a esta situación, desde la Asamblea le solicitan a la Legislatura porteña que apruebe de manera urgente los tres proyectos de ley pendientes de tratamiento y que buscan que el Cine Teatro Urquiza vuelva a funcionar y se proteja el patrimonio cultural.

Desde la Asamblea invitan finalmente a firmar una solicitada en este sentido dirigida al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

16.6.2017

Se trata de los terrenos de Casa Amarilla (La Boca) a los que consideró que son tierras públicas. Compartimos el comunicado dado a conocer por las organizaciones La Boca Resiste y Propone y  el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes presentaron un amparo colectivo

 

Otra vez la Justicia declara que el Pro vendió tierras públicas sin ley [1]

 

En un COMUNICADO e INFORME anterior denunciamos la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la venta de los terrenos conocidos como "Casa Amarilla" al Club Boca Juniors por parte del Gobierno de la Ciudad (acuerdo Macri-Angelici) durante la gestión del PRO, y la intención de construir allí un estadio shopping.

El día 25 de febrero de 2016 se adjudicó la licitación pública al Club Atlético Boca Juniors que implicaba la venta de las tierras de Casa Amarilla y el 14 de abril del mismo año se celebró el respectivo contrato. Las tierras fueron vendidas en 180.600 millones de pesos.

Macri, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad,ordenó a sus funcionarios avanzar en la venta sin aprobación legislativa y en cómodas cuotas[2] de estos terrenos a Boca Juniorscomo parte de su plan de construir en ellos un nuevo Estadio-Shopping y forzar con el endeudamiento queel club se transforme en una sociedad anónima[3].

En virtud de las ilegalidades denunciadas, la Boca Resiste y Propone conjuntamente con el Observatorio del Derecho a la Ciudad[4] presentamos un amparo colectivo.

En fecha 15 de Junio de 2017, el Juez Guillermo Scheibler dictó SENTENCIA[5], y VERIFICÓ VARIAS ILEGALIDADES en la venta de las tierras de Casa Amarilla:

1. Venta de tierra pública sin aprobación de la Legislatura: El artículo 82 de la Constitución de la Ciudad establece una mayoría calificada de dos tercios del total de los miembros de la Legislatura para aprobar “la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad” (inciso 4°) y que dicho cuerpo colegiado “no puede delegar sus atribuciones” (artículo 84, CCABA). De las constancias de la causa no consta que tal recaudo constitucional hubiese sido satisfecho respecto de los bienes objeto de la causa judicial.  

2. El proyecto no respeta el Código de Planeamiento: Las características del proyecto aprobado (Plan integral urbanístico de interés social, turístico, cultural y educativo[6] en una superficie de 32.545 m²) por el GCBA y para el cual se habrían transferido los inmuebles en cuestión al Club Atlético Boca Juniors, no son compatibles con la zonificación que tienen las manzanas por el Código de Planeamiento (uso residencial con alto grado de densificación).

 

3. No se respetó el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que corresponde a las obras que tienen impacto ambiental Con Relevante Efecto: Los predios se encuentran en un polígono que fue expresamente declarado por el legislador en “Emergencia Urbanística y Ambiental” por medio de la ley N° 2.240 y que el propio contrato celebrado entre la CBAS y el Club Atlético Boca Juniors prevé que queda a cargo de éste “la resolución del pasivo ambiental que pudiera existir” en los inmuebles.

Frente a esta situación se declaró que el proyecto tiene impacto ambiental Sin Relevante Efecto sin tener en cuenta el efecto acumulativo de todas las actividades.

Tampoco se respetó el artículo 13 de la ley N° 123 en tanto dispone que las “actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos” se presumen como de Impacto Ambiental con relevante efecto “las actividades o usos a desarrollar en áreas ambientalmente críticas” (inciso m). De esta forma se cercena el derecho colectivo de participación ciudadana en la instancia que a tal fin se prevé (art. 30, CCABA; art. 20 ley 25.675).

Por las ilegalidades e inconstitucionalidades detectadas, el JUEZ ORDENÓ CAUTELARMENTE:

I. LIBRAR OFICIO al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal a fin de que proceda a la anotación de la presente litis respecto de los inmuebles objeto de este proceso, quedando a cargo de la parte actora su confección y diligenciamiento.

II. ORDENAR al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que:

a) suspenda el trámite de aprobación de los planos que hubiese presentado el Club Atlético Boca Juniors respecto de los inmuebles objeto de la licitación pública 7/2015 de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., en caso de que ya se hubiesen aprobado,

b) disponga la paralización absoluta de cualquier tipo de tarea de ejecución de dicho proyecto.

 

SENTENCIA COMPLETA AQUÍ

 

La Boca Resiste y Propone en relación al fallo sostiene que: "Hoy nos tocó una gran victoria frente al poder desmedido de algunos que en vez de un barrio y sus vecinos, solo ven oportunidades de negocios. Nos toca ahora seguir luchando para decidir entre todos el destino de esas tierras. Porque creemos que los campitos de Casa Amarilla representan la posibilidad de garantizar los derechos de nuestros vecinos y no los negocios de unos pocos. Las tierras son de los vecinos y somos los vecinos los que debemos decidir qué hacer con ellas. No queremos un estadio shopping ni ningún negociado que deje afuera las necesidades de nuestro barrio. Nos Resistimos la construcción de un Estadio Shopping  y a que no se respete ni se consulte el futuro de nuestro barrio y Proponemos ser nosotros juntos y entre todos los que decidimos el destino de los campitos".

Contacto: La Boca Resiste y Propone Natalia Quinto: (011) 15 3048-9147 /  Observatorio del Derecho a la Ciudad: Jonatan Emanuel Baldiviezo: (011) 15 3266 7008

[1] http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=106

[2] El 5% equivalente a 9 millones de pesos dentro de los 10 días corrido de la adjudicación.

El resto (171 millones de pesos) en trece (13) años, en 41 cuotas trimestrales (alrededor de 4 millones) con 3 años de gracia para el capital y de 1 año para los intereses.

[3] Organizaciones internas del Club Boca Juniors también cuestionan la voluntad del Club de construir un nuevo estadio shopping porque va en contra de la identidad del Club y del Barrio y por el peligro de endeudar el Club y de esa forma crear las condiciones para que Sociedades Anónimas se transformen en las propietarias de los clubes, una idea reiterada del Presidente Mauricio Macri acompañado por el Sr. Angelici, presidente del Club.

[4] caratulado “QUINTO NATALIA GIMENA y otros CONTRA CORPORACION BUENOS AIRES SUR S E SOBRE AMPARO”, Expte. N° A4-2016/0,

[5] http://observatoriociudad.org/?s=biblioteca_externa_a&n=56

[6] Plan que abarca la construcción de museo, gimnasio, galería de arte, biblioteca, teatro independiente, playa de estacionamiento, salón de juegos manuales y/o de mesa.

16.6.2017

Por Maia Blacher

Tras revocar la falta de mérito dictada por el juez federal Guillermo Rongo respecto a dos efectivos de la Policía Metropolitana y dos del Cuerpo de la Policía Montada de la Policía Federal (PFA), la sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional procesó a los efectivos de las fuerzas de seguridad que golpearon a un hombre que protestó contra la detención de un menor de edad en el Parque Saavedra. 

Por su parte, el fiscal nacional Carlos Velarde afirmó que el 26 de febrero de 2015 los oficiales de la Policía Metropolitana, Yanina Yael Campo y Nazareno Nicolás Gómez Pedraza, agredieron a un hombre con una discapacidad motriz. Además, en la investigación colaboró la Procuraduría de Violencia Institucional. La fiscalía especializada consideró ilegal el accionar de los oficiales que agredieron, golpearon y detuvieron al sujeto que se acercó a preguntar por qué detenían a un menor de edad, en el marco de una razzia policial.

Velarde también consideró que Pedraza insertó datos falsos en el acta de detención. Asimismo, el representante del Ministerio Público Fiscal, aseguró que los oficiales de la Policía Federal, Héctor Osvaldo Toloza y Leandro Exequiel Barrientos, observaron la secuencia y no impidieron la agresión.
El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, Guillermo Rongo, había decretado la falta de mérito para sobreseer o procesar a Campo, Gómez Pedraza, Toloza y Barrientos. La decisión fue apelada por Velarde y señaló que “la prueba que obra en la causa da cuenta de que el hecho ocurrió tal como fuere denunciado” por la víctima.
De esta forma, el fallo con la firma de los camaristas Mauro Divito y Mariano Scotto, ordenó procesar, sin prisión preventiva, a Campo y Gómez Pedraza “como coautores del delito de vejaciones” y embargó por la suma de 30 mil pesos a cada uno. Por su parte, en relación a Toloza y Barrientos, se ordenó su procesamiento sin prisión preventiva por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber presenciado la agresión por parte de los efectivos de la Policía Metropolitana, sin intervenir.

16.6.2017

Ante el cierre de los frentes, y con la perspectiva de un cansancio generalizado con el gobierno de Macri, pero con una gestión macrista más protegida en la Ciudad, asoman diversas propuestas en el escenario capitalino. El crecimiento de la izquierda y la necesidad de nuevos candidatos en el kirchenrismo.

Por Clara Ortiz

 

Finalmente arranca la carrera electoral, que tardó bastante en ponerse en marcha. Recién con el cierre de los frentes electorales que disputarán en las Legislativas, comienza a clarificarse el panorama.

En la Ciudad de Buenos Aires, todo parece indicar que Cambiemos, a pesar de las disputas que hacia su interior planteó Lousteau, tendría un triunfo asegurado. Es que “Lilita” Carrió sigue siendo una “buena candidata” para los sectores conservadores que buscan dar su apoyo al gobierno de Macri, que a pesar de todas las falencias que ha demostrado sigue siendo la única alternativa que vislumbran para impedir el retorno de Cristina.

Pero lo que parece traer un renovado interés en estas elecciones es el papel que juegue la izquierda, y los sectores progresistas, en la elección Legislativa. Según los datos brindados por una encuesta conocida en estos días y realizada por Artemio López, Myriam Bregman se consolida como la cuarta candidata en la Ciudad, con unos nada despreciables 7 puntos. Cuando aún existen muchos indecisos, ese número podría seguir subiendo.

El caso de la militante y abogada del PTS, con una amplia trayectoria en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos, indica una cualidad importante en el escenario local: la independencia de la candidata/o ante su propia fuerza. Bregman no crecería tanto por el frente que la impulsa, sino por su propio perfil. Es una referente que a lo largo de los años ha sumado credibilidad a su trayectoria política. En palabras de Artemio López, “si fuera con el FpV es una candidata que no tiene techo, su propia fuerza es la que la limita”.

 

Renovación en el FpV: Unidad Porteña

 

El caso de Bregman plantea el posible escenario que se le presenta al Frente Para la Victoria en la Ciudad: la necesidad de una renovación. Con figuras que ya han transitado numerosas elecciones en el distrito, se hace visible el apremio por nuevas candidatas/os que muestren una renovación que está exigiendo el electorado.  

Los lugares hacia donde puede apuntar esa renovación no escapan de algunas figuras del propio espacio que aún no han tenido mayor apoyo institucional, más allá de alguna relación que comienza a construirse con espacios progresistas que no tienen ninguna figura destacada que eleve el caudal electoral, como es el caso de Ahora Buenos Aires. 

Algunos de los nombres en danza para acompañar a Mariano Recalde en las listas de Legisladores son figuras con una trayectoria ya recorrida, y con posibilidades de ampliar la agenda tradicional del kirchnerismo capitalino. Son los casos de Victoria Montenegro, Pablo Ferreyra y Magdalena Tiesso, por ejemplo.

Montenegro es una referente en Derechos Humanos, que ha sumado una importante labor en la actual lucha de las mujeres por ampliar la consolidación de sus derechos. Ferreyra, que viene de ejercer como Legislador por cuatro años, ha potenciado en la Legislatura los planteos del Bloque FpV en temas poco transitados antes como derechos del colectivo LGTBIQ o una política de géneros amplia y plural. Por su parte Tiesso, quien asumió como Legisladora tras la partida de Jorge Taiana al Parlasur, busca también renovar su bancada luego de ser la legisladora más joven de la Ciudad.

Los días por venir mostrarán cómo queda conformada la lista de unidad del kirchnerismo y el peronismo porteño, y cuánto lugar se le da a nuevas figuras que potencien un espacio más joven y plural, dos de las características más buscadas por el electorado capitalino. De esto dependerá mucho la suerte que corra el frente Unidad Porteña para crecer y disputarle al macrismo de Rodríguez Larreta y Louteau el control de la Legislatura, que en los últimos años tuvo mayoría absoluta del PRO o complicidad opositora para perpetuar sus negociados en la Ciudad.  

16.6.2017

Después de dejar a 70.000 personas sin pensión por discapacidad, agrupaciones sociales, políticas y gremiales y damnificados protestaron en el obelisco.

La concentración se realizó en pleno centro de la Ciudad y fue convocada a través de las redes sociales.

 

El Gobierno había recortado las pensiones por discapacidad basándose en un decreto presidencial de 1997 dispuesto por el entonces mandatario Carlos Menem.

Debido a la fuerte polémica que se generó tras la medida, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dijo que se cometieron “errores” y que el Estado volverá a pagar los haberes de algunos.

Miles de personas, entre ellos cientos de beneficiarios de pensiones por discapacidad, algunos acompañados por sus familiares, se concentraron en el centro porteño para reclamar la restitución de sus derechos, que el Ministerio de Desarrollo Social justificó como “una depuración de padrones”, durante una convocatoria que contó con la adhesión de la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), organización que denunció también “el recorte en el área de la educación especial”.

Una de las manifestantes, Lorena, cuya madre padece escleorosis múltiple, denunció que su familia hace 15 años que recibía una pensión de 4000 pesos pero se la quitaron porque su padre cobra 9000 pesos de jubilación y ella misma trabaja como docente. “Entre los dos es bastante y pueden ayudar”, argumentaron los funcionarios que cruzaron los datos de la Afip y decidieron dar de baja el beneficio.

“Indignación, tristeza, fue lo primero que sentí”, dice otra de las manifestantes. “Sé lo que vive un discapacitado”, agrega la joven señalando a su hija, también con esclerosis múltiple. “Siempre quisimos progresar pero te ponen trabas de afuera todo el tiempo. Se meten con los pobres. Que venga un asistente social a cada casa y averigüen si la pensión está mal dada y no que lo hagan a dedo. Son desalmados”, denunció.

Unos metros más allá, otra adolescente con síndrome de down sostiene una pancarta que pregunta “¿Por qué con nosotros?”

La madre de Melina, por su parte, cuenta que su hija tiene 16 años y desde los 8 conseguimos una pensión por discapacidad. “Como su padre adoptivo cobra en blanco 17 mil pesos, nos quitaron la pensión de 4200. Estoy indignada con este gobierno porque se metieron con las personas más vulnerables.”