Red de radios

21.9.2017

Juan Carlos Travela

Mientras la crisis climática pone en jaque a ciudades costeras de América Latina y el Caribe, los decisores políticos se mantienen fuera del consenso del sistema internacional. ¿Resolveremos las contradicciones?

A diferencia de lo que un amplio sector de la sociedad cree, el peligro de extinción no afecta solo a especies exóticas, o animales que habitan lugares muy lejanos. Como sostiene el ecólogo uruguayo Eduardo Gudynas en su libro Derechos de la Naturaleza, “se acrecienta a escala global la extinción masiva de especies”, y la especie humana no está ajena a esa posibilidad. Si tomamos por ejemplo el Informe Planeta Vivo 2014 publicado por World Wildlife Fund (WWF), los datos son contundentes: "El Índice Planeta Vivo (IPV), el cual mide más de 10.000 poblaciones representativas de mamíferos, aves, reptiles y peces, ha disminuido un 52 % desde 1970. Dicho de otra manera, en menos de dos generaciones humanas, el tamaño de las poblaciones de animales vertebrados se ha reducido a la mitad".

Hace no más de algunas décadas se trataba de locos a quienes hacían este tipo de afirmaciones, pero transcurriendo el año 2017 y ante los efectos visibles de la crisis civilizatoria, el consenso respecto a la posibilidad real de extinción de la especie humana está cerca de ser unánime. Desde Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) hasta gran parte de la academia en su amplio espectro ideológico concuerdan en este punto.

De esta forma, el reciente Informe de la CEPAL titulado Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible afirma que “la humanidad se encuentra ante un punto de no retorno: el impacto ambiental del estilo de desarrollo dominante pone en peligro su supervivencia y la de otras especies”, y destaca la necesidad de modificar el estilo de desarrollo actual, que considera insostenible social y ambientalmente.

Para este organismo, el estilo de desarrollo dominante en la región se basa en una estructura productiva cuya competitividad depende de la abundancia y la explotación de forma intensiva de los recursos naturales, y la mayor dificultad se encuentra en la economía, dado el conjunto de intereses y alianzas que predominan y que definen las reglas del juego. “Diversos actores, tanto públicos como privados, tienen interés en proteger sus inversiones y la distribución presente de rentabilidades”.

A su vez, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible son considerados un avance frente a lo que fueron los Objetivos del Milenio, y destaca una nueva agenda de políticas en la región que responden a la búsqueda de este nuevo estilo de desarrollo.

Sin embargo, cuando se va más allá del marketing verde que lleva adelante el gobierno actual de Cambiemos, nos encontramos con lo que, de forma muy acertada, Maristella Svampa y Enrique Viale definieron como la “trumpización de la política ambiental”, que dista completamente de ser la nueva agenda de políticas que resalta la CEPAL.

Así como sostienen estos autores, la gestión de Mauricio Macri está caracterizada por la flexibilización de la normativa de protección ambiental. La modificación de la Ley de Glaciares, el nuevo Acuerdo Minero, la nueva Ley de Ordenamiento del Bosque Nativo de la provincia de Buenos Aires al servicio de los negocios inmobiliarios y el agronegocio, la modificación de la Ley Nacional de Tierras Rurales, y el relanzamiento de Vaca Muerta, entre otras medidas responden a esta lógica, sucediendo lo que paradójicamente resalta la CEPAL sobre la década de los 90: “En los años noventa, la humanidad transitó por dos mundos con agendas en tensión o en abierta contradicción. Por un lado, estaba la agenda normativa de las Naciones Unidas, antes descrita. Por otro lado, había un sistema económico desregulado, en particular en lo que se refería al mundo financiero, cuyos activos se multiplicaban a gran velocidad, con un respaldo cada vez menor en la economía real. Ese sistema priorizó la liberalización comercial, sin tomar en cuenta los problemas específicos de competitividad, equilibrio externo y deterioro ambiental que afectaban a las economías en desarrollo”.

Las contradicciones entre el modelo que intenta proponer la CEPAL y las decisiones tomadas desde la gestión de gobierno pueden fácilmente ser explicadas desde este argumento, por lo que se puede sostener que en este ámbito volvimos a los 90.

Por otro lado los consensos continúan en todo el arco ideológico, así mientras desde la Ecología Política se afirma que la crisis energética es inminente y el agotamiento del petróleo está cada vez más cerca, como destaca la CEPAL, el gobernador del Banco de Inglaterra alerta a los inversionistas sobre los riesgos de invertir en petróleo debido a la crisis climática.

Las ciudades costeras son las principales afectadas por el cambio climático, azotadas cada vez más por los frecuentes eventos extremos. Esto debe ser un motivo adicional por el que la resistencia y la lucha por los Derechos de la Naturaleza necesariamente logren conquistar las ciudades.

No hay tibieza en la CEPAL cuando afirma que “si se quemaran todas las reservas probadas de combustibles fósiles, el hielo de la Antártida se derretiría totalmente, el nivel de los mares se elevaría más de 50 metros, y se eliminarían las ciudades costeras”. En correspondencia, tampoco somos tibios al afirmar que la Ciudad de Buenos Aires está en peligro de verse sumergida bajo el Río de La Plata.

*El autor es Lic. en Comercio Internacional y miembro de la agrupación Hacia El Buen Vivir. Actualmente se encuentra doctorando en Desarrollo Económico.

20.9.2017

El 20 de septiembre se cumplen dos meses del incendio en el conventillo de la calle Pedro de Mendoza. Los vecinos actualmente continúan sin respuesta del Gobierno de la Ciudad.

Los vecinos que fueron afectados por el incendio en el conventillo de Pedro de Mendoza 1447/49/51 (barrio porteño de La Boca), continúan acampando en la calle desde el 20 de julio. Hasta el momento, sólo recibieron apoyo de las organizaciones políticas y sociales del barrio. Estas acercan donaciones cotidianamente: desde frazadas y colchones hasta artículos de limpieza e higiene personal. El Gobierno de la Ciudad no ha dado ninguna respuesta, a pesar de las declaraciones ante los medios masivos de comunicación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que se estaban haciendo obras para que los vecinos puedan reingresar, pero a dos meses del incendio no han iniciado ninguna. 

Los vecinos afectados presentaron un recurso de amparo y la jueza López Vergara fallo a su favor. Mediante el mismo reclaman que el Gobierno les dé una respuesta concreta, ya sea la refacción del inmueble que les permita el reingreso, o mediante alguna reubicación acorde a los montos que pueden pagar con sus ingresos. 

La preocupación de los vecinos gira también en torno a las conocidas intenciones del Gobierno de la Ciudad de montar un mega-proyecto inmobiliario en el Corredor Sur de la Ciudad, que implicaría desplazar a todos los habitantes de la Avenida Pedro de Mendoza. 

20.9.2017

David Shoshi

Agustín Palavecino

Luego de 4 horas de reunión con la Ministra de Educación y representantes de la Defensoría del pueblo, los estudiantes salieron como entraron: sin ninguna respuesta.

Este miércoles, la ministra de educación de la Ciudad, Soledad Acuña se reunió con los representantes de los diferentes centros de estudiantes para “dialogar” sobre la reforma educativa. Repitió varias veces en los medios de comunicación que "no pensaba hablar con colegios tomados", pero las masivas movilizaciones que protagonizaron los más de 4000 estudiantes secundarios en las calles hicieron que la ministra tenga que retroceder y reunirse con un representante por colegio.

En la reunión se hubo un representante de los centros de estudiantes de cada colegio y un directivo (a los cuales no se los dejó participar). Quedó demostrado lo nefasta que es la reforma que atenta contra la educación pública. Pese a todos los planteos que hicieron las y los estudiantes, la ministra se dedicó a repetir su discurso armado sin respetar ni contestar las inquietudes de los estudiantes. No contenta con eso, dijo abiertamente que no iba a echarse para atrás con la reforma. Una clara muestra que todo este circo no fue más que parte de la campaña electoral de Cambiemos para mostrarse como un gobierno que dialoga.

El día anterior a la reunión, fue la misma Acuña la que aseguró en varias entrevistas: "Acá hay demasiados actores políticos y partidarios que están tomando partido de esto. El FIT, el Frente para la Victoria y algunos sindicatos docentes están detrás de las tomas", negando que cada medida de lucha que toman los estudiantes se vota en asambleas en los colegios y con la claridad que tienen los pibes que no van a permitir que el Gobierno avance de esta manera sobre la juventud y los trabajadores.

El Gobierno y los empresarios son los únicos que opinan que la reforma educativa se tiene que aplicar. En cambio, son miles de estudiantes, docentes y padres los que están convencidos de que esta reforma va en contra de la educación pública de calidad y sobre todo que empeora la calidad de vida de miles de pibes y pibas que van a tener que empezar a trabajar desde el último año de la escuela y de forma gratuita. Tienen en claro que esta reforma es la antesala para que pasen reformas como la laboral que perjudican a todos los trabajadores.

Después del circo que montaron desde el Gobierno este miércoles, decenas de estudiantes decidieron realizar un corte de calle que terminó con pronunciamientos de muchos jóvenes contra esta burla y con el ánimo de volver a salir a las calles este viernes en el marco de una marcha educativa en donde se suman docentes agremiados en ADEMYS, sindicato docente que impulsa un paro para acompañar la pelea de los estudiantes. También estudiantes terciarios se suman a la pelea que están dando los secundarios y se movilizarán el viernes.

20.9.2017

Exigimos el fortalecimiento de los programas sociales y las condiciones laborales

Mañana, jueves, los/as trabajadores/as de la Subsecretaría de Promoción Social de la Ciudad, organizados/as en ATE, realizaremos una movilización al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. Desde las 10, concentraremos en México y Entre Ríos, para marchar a México 1661. Exigimos el aumento de plus ministerial, el pase a planta, la implementación de la carrera, el reconocimiento de las funciones y más recursos para los programas, frente a una gestión que año a año −antes con Macri, Vidal y Stanley; ahora con Larreta y Tagliaferri− deteriora las políticas sociales y el empleo público.

Alrededor de la mitad de los/as trabajadores/as del Ministerio de Desarrollo cobramos sueldos que están por debajo de la línea de pobreza. En abril, el Gobierno de la Ciudad cerró una paritaria del 18% en cuotas, que ya está por llegar, cuando todavía falta un trimestre para que termine el año, a la inflación acumulada en 2017. En 2016, los salarios de los/as estatales porteños/as subieron un 10% menos que los precios.

En el organismo que conduce Tagliaferri, el plus ministerial se mantiene congelado desde 2009, cuando representaba un 14% del salario. Hoy, representa menos del 4%. En las próximas semanas, la implementación de la carrera no va a reconocer las tareas que realizamos. En paralelo, el Gobierno obliga a cientos de estatales a facturar como monotributistas −sin cobrar el plus, ni aguinaldo, ni los aportes−, pese a tener las mismas responsabilidades que la planta permanente.

Bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo y de la Subsecretaría de Promoción, se encuentran tres direcciones que trabajan con los sectores más vulnerados de la Ciudad: Niñez, Mujer y Adicciones. Con una política constante de ahogo presupuestario, la gestión del Pro en la Ciudad dejó a los programas y al empleo en las áreas sociales en un estado de emergencia.

Mientras el Poder Ejecutivo declaraba por decreto la Emergencia Nacional en Adicciones hasta 2018, el Gobierno porteño reducía en más de un 20% el presupuesto para 2017 de la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones. La Dirección de Mujer, en el primer trimestre del año, recortó en casi 10 millones de pesos el financiamiento que había aprobado la Legislatura. El Ministerio en general, hasta el 31 de junio, solamente ejecutó el 42% de su presupuesto.

¿Qué se deja de hacer con los fondos que se recortan? Los centros integrales de la mujer que, por ley, debería haber inaugurado el Gobierno de la Ciudad en las ocho comunas que todavía no cuentan con uno. El fortalecimiento de las políticas de prevención de consumo problemático de drogas, desde un abordaje comunitario −como indica la ley− y no limitado al reparto de volantes en recitales. La contratación de profesionales para los programas que trabajan problemáticas sensibles, como la explotación sexual de niños/as, donde dos tercios del personal renunciaron por la precarización laboral y no fue reemplazado.

Frente al deterioro sistemático de los programas y el empleo en las políticas sociales, exigimos el aumento del plus ministerial, el pase a planta para los/as contratados/as, la implementación de la carrera con reconocimiento de las funciones reales, y más presupuesto para las direcciones de Niñez, Mujer y Adicciones.

20.9.2017

Son 28 las escuelas que siguen tomadas. Los estudiantes reclaman la no aplicación de la Escuela Secundaria del Futuro y un proceso de participación de toda la comunidad. Mañana miércoles se reunirán representantes de estudiantes con la ministra de Educación porteña Soledad Acuña.

El movimiento de estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires, nucleado en la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), continúa con las medidas de fuerza en rechazo de la implementación de la denominada “Escuela Secundaria del Futuro” que se propone implementar el gobierno porteño a partir de 2018. Esta propuesta de reforma, de la que al momento no han participado ninguno de los actores de las comunidades educativas – docentes, estudiantes y familias- y de la cual no se han entregado fundamentos ni propuestas sustentables con las realidades institucionales, ha generado el rechazo de estudiantes y gremios docentes. A pesar del poco tiempo que resta para finalizar el año, el ministerio de educación ya ha designado varias “escuelas piloto” para el próximo año. La ESF incluye numerosos aspectos problemáticos, como la merma en la cantidad de horas de enseñanza, el cambio en las condiciones de trabajo de docentes y la consiguiente precarización de dicha tarea y la aplicación de pasantías no remuneradas durante el 5° año, entre otros muchos puntos nodales.

Escuela tomada

Las tomas de escuelas comenzaron hace tres semanas, y en pocos días se fueron extendiendo como un reguero hasta llegar, a finales de la semana pasada, a 32 establecimientos ocupados por sus estudiantes. A la fecha de publicación de esta nota, martes 19 de septiembre, 28 escuelas continuaban tomadas. Ante estas medidas, el gobierno porteño atacó duramente a los estudiantes y difundió en las escuelas un protocolo de intervención ante tomas que incluía denuncias policiales y la criminalización de los adolescentes. A partir de la intervención de la Asesoría Tutelar y de la jueza Elena Liberatori,  la ministra Soledad Acuña negó en un principio la difusión de dicho protocolo pero luego debió rectificarse y enviar una comunicación oficial a las escuelas indicando que el mismo debía ser dejado sin efecto. Por supuesto, bastante después de que muchas autoridades de las escuelas denunciaran penalmente las tomas en comisarías. La intervención de la Asesoría Tutelar y de la Justicia logró también que la ministra Acuña, que en un principio se negó a recibir a los estudiantes de las escuelas que estaban tomadas, aceptara convocar a todos los representantes de estudiantes, sin distinciones. La reunión se llevará a cabo en el día de mañana, miércoles 20.

Si bien el eje central de las demandas se enfoca en el rechazo a la reforma de la educación media, la realidad particular de cada escuela determinó que en cada lugar los estudiantes manifestaran  reclamos particulares relacionados con problemas de infraestructura, falta de gas, demoras en los arreglos y otras problemáticas. Otra demanda que nuclea a todo el movimiento secundario tiene que ver con la implementación de la Educación Sexual Integral, sancionada por ley hace más de 10 años y aún no implementada oficialmente por el Ministerio de Educación de la Ciudad.

En la Escuela María Claudia Falcone -que lleva el nombre de una de las jóvenes desaparecidas durante la Noche de los lápices-, como en muchos de los establecimientos tomados por los estudiantes, se han organizado numerosas actividades pedagógicas y culturales, clases públicas, talleres artísticos, proyección de películas, torneos deportivos, entre otros. Los estudiantes organizan la toma en asambleas, donde discuten la distribución de tareas en comisiones, la participación en las actividades de difusión y las condiciones de seguridad. Se han ocupado especialmente de garantizar la preservación del edificio, distribuyendo los espacios en los que se puede y no transitar y realizando jornadas periódicas de limpieza. Organizan el desayuno y las comidas de manera comunitaria, lo mismo que las tareas de orden e higiene y duermen en bolsas de dormir y colchones inflables en las aulas del primer piso. Implementaron un sistema de registro de las personas que ingresan, para garantizar la seguridad de las personas y de la escuela y hasta un listado de números de teléfonos para convocar rápidamente a los adultos responsables en caso de que ocurra alguna situación que requiera su intervención.

Muchos docentes de la escuela permanecen en el establecimiento durante sus horas de trabajo, acompañando a los estudiantes o participando en las actividades culturales. Padres y madres concurren todos los días para acompañar a sus hijos e hijas y se han organizado también para pernoctar, velando por la seguridad de los menores. “En un principio me hacía ruido la toma de la escuela, y esto mismo le dije a mi hija, que no estaba de acuerdo, pero en estas circunstancias estamos apoyando a los chicos porque sus reclamos son totalmente legítimos. Y la verdad es que la manera en que conviven, se organizan, discuten, debaten y acuerdan es realmente asombrosa; el otro día presencié una de las asambleas en las que había 80 o 90 estudiantes y es un ejemplo para muchos adultos. Y además, la escuela está impecable, mucho más limpia que cuando hay clases normalmente” manifiesta Ana, mamá de una de las estudiantes de la escuela.

Teresa Fernández, referente del Centro de Estudiantes de la Escuela “María Claudia Falcone”, del barrio de Palermo, que se sumó hace una semana al listado de escuelas tomadas, manifiesta que “el nivel de organización de las tomas y la coordinación entre los centros de estudiantes son notables, lo que permite sostener la medida. Se nos acusa de haber tomado las escuelas sin agotar instancias previas, pero hemos hecho un montón de medidas, hicimos dos marchas, cortes de calles y no obtuvimos respuesta. La toma es lo que más visibiliza el conflicto. Es la única manera que teníamos de instalar el debate, antes de que se implemente la reforma. Es real que no tenemos tiempo, no es que lo estamos hablando a principio de año para fin de año o el año que viene, porque faltan 3 meses. Entonces la única manera, la acción más rápida y más concreta estaría siendo la toma, y hasta más efectiva, porque al final, con una marcha con 4.000 pibes no te dan pelota y no te mandan ningún medio y cuando tomás el colegio sí”.  

Ante la pregunta de cuáles fueron las respuestas del Ministerio de Educación a sus demandas, manifiesta que “el gobierno no nos está abriendo las puertas al diálogo; estamos pidiendo que se nos brinde un documento oficial sobre la reforma, sobre cómo se implementaría, para armar mesas de trabajo en la que se pueda acordar. Es cierto que nosotros no podemos impedir la reforma porque es parte de una política de estado que está llevando a cabo el gobierno con respecto a la educación, pero sí tratar de consensuar entre todos los actores de la comunidad educativa los alcances de la reforma”. Luego cuenta que los representantes del gobierno se ausentaron a las primeras reuniones convocadas por la Defensoría del Pueblo y que luego convocaron a una reunión a los estudiantes, pero no permitieron el ingreso de los representantes de las escuelas tomadas, acusando que como habían tomado las escuelas, no tenían voluntad de dialogar.

Además de la manera inconsulta e improvisada en que se está pretendiendo implementar la reforma y de los puntos que generan más rechazo (ver aparte), Teresa cuenta que “hay un montón de cosas previas a una reforma de este tipo que no se tienen en cuenta, porque se necesitarían muchas obras edilicias, que no se hicieron”. Agrega que a los reclamos por el polémico proyecto, exigen que se establezca un protocolo contra la violencia de género y el cumplimiento de la ley que garantiza la Educación Sexual Integral. Además, cuenta que “hay un montón de problemas, como las becas, que no están llegando a toda la ciudad, o la calidad de las viandas, que llegan podridas a las escuelas porque ni siquiera las mandan en camiones con refrigeración. Además de que demandamos que se cumpla la ley de paritarias docentes y todas las leyes de la educación que se están violando desde que asumió este gobierno”.

En relación a lo que se viene, Teresa cuenta que mañana miércoles se realizarán volanteadas por los barrios y un corte de calle en la 9 de Julio, luego de lo cual se realizará una asamblea unitaria de la Coordinadora de Estudiantes. De las respuestas que brinde la ministra en la reunión convocada para mañana dependerá el levantamiento de las tomas. Además, el jueves por la noche se realizará una reunión de la multisectorial que nuclea a gremios docentes, estudiantes y padres y la semana culminará el viernes con una movilización al Ministerio de Educación.