Red de radios

27.9.2017

El empleo en negro comprende a poco más de un tercio de los asalariados. En algunas actividades es singularmente mayor. La inacción de Barrionuevo.

Usualmente se justifican las elevadas cargas sobre la nómina salarial en la baja proporción de ocupados en blanco respecto del total de jubilados y pensionados a los que hay que sostener con el fruto del trabajo.

Según los últimos indicadores socioeconómicos del Indec, al cabo del segundo trimestre 2017, la participación de los asalariados en negro, o “sin aportes jubilatorios, se ubicaba en 33,7% del total de trabajadores, con extremos de 40,8% en el noroeste argentino y del 18,7% en la región patagónica.

De ahí que habitualmente los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, detecta bolsones de ilegalidad en las relaciones laborales, principalmente en los rubros textil, construcción, y bares y restaurantes.

En este último caso, el organismo que dirige Alberto Abad detectó “un 91% de empleo no registrado durante un operativo realizado sobre pizzerías, bares, cervecerías y restaurantes de Castelar e Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires”.

Sobre un total de 44 empleados relevados, 40 de ellos se encontraban trabajando “en negro”, lo que representa un alto porcentaje de informalidad.

El operativo se llevó a cabo sobre la Avenida Santa Rosa, zona comercial que reúne una gran cantidad de locales gastronómicos.

Destaca la AFIP que “el operativo se desarrolló utilizando la herramienta sistémica Trabajo Registrado en Línea (TRL) que permite a los inspectores verificar online si el trabajador se encuentra declarado o no por su empleador al instante”.

Fuentes de la actividad apuntan a la inacción manifiesta del sindicato de la actividad, que lidera el siempre polémico Luis Barrionuevo. Incluso algunos hablan de un consentimiento del gremio gastronómico ante la situación y potenciales pagos de los empresarios para alentarlos a mirar hacia otro lado.

27.9.2017

Distintas organizaciones sociales marcharon hacia la Legislatura para entregar un proyecto. “Creemos que la salida de fondo es el trabajo genuino”, sostuvo Spataro, de la CTA Autónoma

La “Caravana por la Emergencia Social en la Ciudad” movilizó durante todo el día a distintas organizaciones sociales para reclamar que se declare la emergencia social en la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada comenzó en la esquina de Callao y Corrientes, donde concentraron a las 7 de la mañana para dirigirse al Obelisco y luego marchar a la Legislatura. El alto en el emblema porteño fue para montar allí una feria de la economía popular. “Cada organización aportó grupos de compañeros y compañeras que llevaron sus trabajos para mostrar. Trabajos que hacen a pulmón, de manera solidaria, para rebuscarse el mango en el marco de una economía informal que crece con el modelo de país que viene configurando el gobierno de Cambiemos”, sostuvo Pablo Spataro, secretario adjunto de la CTA Capital Autónoma.

El reclamo que impulsó la CTA junto al Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, la CTEP y Salvador Herrera bajo la consigna “El hambre no espera” tiene por objetivo que la Legislatura porteña, de la misma forma en que lo hizo el Congreso nacional, apruebe la emergencia social en una Ciudad que concentra más de 500.000 trabajadores y trabajadoras desempleados o con empleos en la economía informal.

“Según indican los estudios, por cada puesto de trabajo en el sector público o privado que desaparece, se pierden otros siete en el ámbito de la economía informal. Nosotros creemos que la salida de fondo es el trabajo, el trabajo genuino como el gran ordenador social, donde esta ley es solo un pasito para poder soñar un país diferente -agregó Spataro. Toda la economía popular en algún punto es el fracaso por parte de quienes gobiernan, aunque por parte de quienes lo padecemos es un enorme orgullo, porque significa que mientras crecen los niveles de empleos y desocupación nuestros compañeros se organizan para intentar experiencias productivas que puedan generar un ingreso en las familias”.

Finalmente, la movilización llegó hasta la Legislatura donde el proyecto fue recibido por un grupo de diputados y por miembros de la Defensoría del Pueblo, aunque no recibieron ninguna confirmación sobre su tratamiento.

26.9.2017

El agente Daniel Veyga había sido absuelto por una polémica decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nº16. Ahora, la fiscal Ana Helena Díaz Cano presentó un recurso para revocar la absolución del uniformado.

El efectivo policial de la Federal Daniel Veyga disparó y asesinó con su arma reglamentaria a Jonathan “Kiki” Lezcano y a Ezequiel Blanco en julio de 2009, cuando las víctimas se encontraban dentro de su auto. Tras 8 años de luchas de la familia de “Kiki”, junto a organismos de Derechos Humanos y vecinos de la Villa 20, se realizó un juicio por el crimen cometido contras los jóvenes.  De esta forma, en junio de este año una polémica decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Nº16 absolvió al uniformado y generó un amplio repudio de las organizaciones popular que acompañaron la causa solicitando justicia para Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco.

En este contexto, la fiscal Ana Helena Díaz Cano realizó una presentación para que se “revoque la absolución y condene a Veyga a la pena que pidió en el juicio: nueve años de prisión”, según detalló el sitio web del Ministerio Público Fiscal, fiscales.gob.ar.  Asimismo, la fiscal criticó con dureza el fallo que absolvió al agente policial y aseguró que “los jueces Inés Cantisani, María Cristina Bertola y Gustavo González Ferrari realizaron en su fallo varias aseveraciones en torno a los testimonios y pruebas que no se ajustan a la realidad. Puso como ejemplo las diferencias que hubo entre lo que dijo Veyga sobre el momento en el que fue abordado por las dos víctimas y lo que declaró su vecino, quién observó la escena desde la ventana. Ambos dieron versiones distintas sobre quién apuntó primero al policía y de qué manera lo hicieron. Incluso, resaltó que el testigo no había mencionado en sus primeras declaraciones el uso de armas en el hecho”.

Además, Díaz Cano destacó lo irregular del procedimiento de la Policía Federal en el lugar de los hechos, en la medida en que no se registraron rastros, ni se preservó la prueba. “Seguramente, como ya la fuerza policial, contaba con la versión del hecho de un compañero, el policía Veyga, no se realizaron acciones básicas como determinar la existencia de huellas en las armas”, explicó la Fiscalía.

Cabe recordar que en julio de este año, el colectivo de organizaciones que acompaña la causa emitió un comunicado tras la absolución. “A 8 años de lucha y organización, seguimos repudiando la complicidad de la Justicia, que marca precedente hacia las fuerzas de seguridad sobre el valor de la vida de nuestros pibes, garantizando una vez más su impunidad. Nuevamente, le dan la espalda a una familia tras 8 años de exigir justicia, que nunca optó por una actitud revanchista ni violenta. Por el contrario, apostaron a la reflexión, a la solidaridad, al compañerismo y a respetar los tiempos extremadamente lentos de esta justicia de elite que parece nunca llegar para los más vulnerados", sintetizó el texto de prensa.

26.9.2017

“Por una reforma seria y sin empujones”

Los estudiantes confirmaron la decisión de desocupar las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires y volvieron a exigir que la ministra Soledad Acuña los reciba para discutir la reforma que prevé, entre otras cuestiones, la incorporación de pasantías obligatorias en el último año del secundario.

La toma de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires fue momentáneamente suspendida, como una muestra de la voluntad de diálogo de parte de los estudiantes, que se concentraron en la puerta del ministerio que encabeza Soledad Acuña, en Paseo Colón 255, donde brindaron una conferencia de prensa en la que explicaron por qué decidieron suspender las tomas, que generaron un sinfín de críticas y ataques en los medios oficialistas y en la plana mayor del gobierno de Cambiemos. Inclusive el ministro de Justicia, Germán Garavano, llegó a decir que la protesta era “ilegal”, en contraposición de la opinión de la jueza porteña, Elena Liberatori, para quien las tomas “no tienen nada ilegal”.

“Explicamos con claridad por qué nos oponemos a la reforma educativa Secundaria del Futuro y decidimos levantar la toma de escuelas”, dijo Martín Pont, presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires. Los jóvenes entendieron que hubo una victoria clara de la protesta, ya que lograron visibilizar una reforma que, entienden, el Gobierno pretendía imponer de manera a la fuerza.

Sin embargo, a medida que la protesta se generalizaba los propios dirigentes estudiantiles advirtieron que se hablaba más de la protesta que de la reforma y decidieron establecer un impasse.  “Ahora la ministra Acuña no tiene más excusas, levantamos las tomas, así que esperamos que nos reciba para discutir la Secundaria del Futuro”, agregó Pont.

Los estudiantes movilizados leyeron un petitorio de cuatro puntos que dejaron en la Mesa de entrada del ministerio, en el que exigen la suspensión de la reforma y que se convoque a un Congreso Pedagógico con participación de alumnos, padres, docentes, directores y autoridades. “Si no nos escuchan es probable que vuelvan las tomas”, advirtió el presidente del centro de estudiantes del Nacional.

“La idea es salir a la calle, volantear y empezar a discutir qué tipo de secundaria queremos. La principal crítica que le hacemos a esta reforma, sin duda, es la decisión de imponer las pasantías en empresas. Nosotros creemos que hay que hacer una reforma, pero tiene que ser seria, discutida y no a los empujones”, concluyó Pont.

26.9.2017

Elena Liberatori le respondió al ministro de Justicia, quien la criticó por ordenar al gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas que implique denunciar las tomas de colegio a la policía.

La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, defendió su fallo de hacer lugar a un amparo en el que ordenó al gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas que implique denunciar las tomas de colegio a la policía y le respondió al ministro de Justicia Germán Garavano que había criticado su decisión.

La magistrada sostuvo que “no sé a qué ley se está refiriendo el Ministro, no lo aclara. Lo que hay que decir es que las tomas no están tipificadas en la Constitución Nacional, no existe ese tipo de delito”.

En cuanto al instructivo que ella rechazó y que determinaba que los directores de los colegios tomados tienen que hacer las denuncias en las comisarías, indicó que “mi medida cautelar es suspender las vías de hecho, si desde el Ejecutivo me dicen que el instructivo no existe, ¿En base a qué, entonces, se están haciendo denuncias penales? Si la base sobre la cual se hacen esas denuncias, ese famoso instructivo, según la Ministra es apócrifo”.

Ante la posibilidad que se acuse los estudiantes bajo el delito de usurpación, Liberatori explicó que “ese tipo de delitos están referidos a la propiedad privada. Una escuela no es un establecimiento comparable con el caso de una cochera de un vecino al que yo le quiero usurpar la suya. Según el derecho administrativo, no es posible establecer esta relación con el Estado”.

Por último, explicó que parte del conflicto se debe a la toma de decisiones inconsultas y detalló que “en el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad, se ordena al gobernante que debe asegurar la participación de la comunidad educativa y la democratización en la toma de decisiones. Estamos viendo un déficit en el derecho a la participación”.