Red de radios

06.08.2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resolvió excluir a la Plaza Inmigrantes de Armenia del plan de estacionamientos subterráneos que impulsa en distintos puntos de la capital, luego de una sostenida resistencia de los vecinos de Palermo que se movilizaron durante meses para frenar la obra. La decisión fue comunicada por el presidente de la Comuna 14, Martín Cantera, a un grupo de residentes, a pedido del jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y del ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.

El proyecto original, que había sido declarado de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico a partir de una iniciativa privada presentada por la firma E-ARG S.R.L., contemplaba la construcción de cinco cocheras subterráneas en espacios verdes de la Ciudad. Además de Plaza Armenia, la licitación incluía al Parque de la Innovación en Núñez, la Plaza Noruega en Belgrano, el Parque España en Barracas y un predio en la calle Lavardén del barrio de Parque Patricios. En total, se estimaba que las playas aportarían alrededor de 1.019 plazas de estacionamiento.

Sin embargo, la fuerte oposición de los residentes de Palermo inclinó la balanza. Vecinos y vecinas del barrio impulsaron una campaña bajo el lema “Salvemos Plaza Armenia” y llevaron adelante diversas acciones de protesta, entre ellas una movilización en junio pasado en la que confluyeron distintos referentes vecinales que rechazan tanto la construcción del estacionamiento como la privatización de espacios verdes. También se presentó un amparo ambiental ante la Justicia solicitando la suspensión inmediata de la licitación.

Uno de los argumentos centrales del reclamo vecinal era el impacto ambiental que la obra provocaría sobre la plaza. Para llevar adelante la construcción, el Ejecutivo local debía cerrar el espacio verde por un período de al menos dos años, lo que implicaba remover casi la totalidad de los árboles, con la certeza de que varios de ellos no podrían ser replantados. “Esto era un crimen a nuestra plaza que iba a tener un montón de consecuencias graves”, señaló una vecina histórica de la zona en diálogo con *Tiempo Argentino*.

La decisión de dar marcha atrás se formalizó en el marco de la Disposición N.º 262/DGCOYP/26, publicada en el Boletín Oficial, que aprobó la preselección técnica de las ofertas para la concesión de los estacionamientos por un plazo de 20 años. Tras la apertura de los sobres técnicos realizada en mayo, la Comisión Evaluadora preseleccionó al grupo “Establecimientos Disuasorios Consorcio de Cooperación” como el único oferente que superó los requisitos mínimos. Si bien la plaza aún figura en la disposición publicada, las autoridades aseguraron a los vecinos que será removida del proyecto una vez que se confirme la adjudicación.

Desde el Gobierno porteño justificaron la anulación del proyecto en Plaza Armenia argumentando que, tras escuchar el reclamo vecinal y considerar la disponibilidad de estacionamientos privados en la zona, se optó por no avanzar allí. En tanto, los otros cuatro estacionamientos subterráneos siguen en pie y se prevé que las obras comiencen en los próximos meses.

La resolución representa un triunfo parcial para los vecinos de Palermo, que si bien celebraron la marcha atrás, anticiparon que continuarán vigilantes hasta que la decisión quede ratificada formalmente en los papeles. El episodio se inscribe en un debate más amplio sobre el uso del espacio público en la Ciudad y el creciente malestar de diversas comunidades ante proyectos que, a su juicio, priorizan intereses privados por encima de la preservación de los pulmones verdes porteños.

05.08.2026

El Vaticano puso fin este miércoles a meses de especulaciones al confirmar oficialmente la visita del papa León XIV a la Argentina mediante un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El anuncio fue realizado por el director de la Sala de Prensa vaticana, Matteo Bruni, y posteriormente comunicado en el país por la Nunciatura Apostólica.

El itinerario oficial prevé tres días en Uruguay, cuatro en Argentina y siete en Perú, en una gira que se extenderá del 6 al 17 de noviembre. Según el cronograma confirmado por la Santa Sede, León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre; luego Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11; y finalmente Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre.

El cronograma detallado de actividades será publicado por el Vaticano en una fecha que todavía no fue anunciada, momento en el que se conocerán los horarios, los recorridos y el desarrollo de cada una de las ceremonias y encuentros oficiales. No obstante, se prevé que durante la estadía en territorio argentino se realicen misas multitudinarias en la Avenida 9 de Julio, frente a la Basílica de Luján y en la capital mediterránea.

La visita de León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre será la primera de un pontífice en el país en 39 años. El último antecedente se remonta a la gira de seis días realizada por Juan Pablo II en abril de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Entre aquella visita y la que protagonizará León XIV transcurrió por completo el pontificado de Francisco, el primer papa argentino y latinoamericano de la historia, que nunca regresó al país. El viaje tendrá además un significado particular para el actual pontífice, quien vivió durante años en Perú, ejerció como obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y posee la ciudadanía peruana.

El presidente Javier Milei emitió un comunicado oficial en el que calificó la llegada del papa como un “acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional” para todos los argentinos, y garantizó que el Estado brindará todas las condiciones de seguridad y logística necesarias para la visita. El canciller Pablo Quirno recordó por su parte que meses atrás había entregado personalmente al pontífice la invitación formal cursada por el presidente de la Nación para que visitara.

04.08.2026

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un informe que expuso serias debilidades en la respuesta de la Policía porteña ante casos de violencia familiar y de género. El trabajo analizó el desempeño de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género durante 2024 y fue aprobado por unanimidad el 22 de julio.

Tras conocerse los resultados, la presidenta de la Auditoría, Mariana Gagliardi, señaló que el 26,2% de las denuncias por violencia de género no pudo ser recibido por el área especializada debido a la falta de dependencias específicas. En consecuencia, esas denuncias fueron tomadas en comisarías comunales por personal que no contaba con la capacitación correspondiente.
“No es una falla menor: cuando una víctima pide ayuda, el Estado tiene que estar preparado para protegerla”, sostuvo Gagliardi a través de sus redes sociales.

La auditoría también comprobó que la Superintendencia no contaba con información directa y oportuna sobre los casos ingresados por el sistema de emergencias 911. Además, su intervención no era obligatoria en todos los requerimientos judiciales vinculados con violencia de género, por lo que algunas decisiones sobre medidas preventivas podían adoptarse sin el asesoramiento de personal especializado.

Otro de los puntos cuestionados fue la formación de los agentes. Según el informe, la currícula básica del Instituto Superior de Seguridad Pública no incluía contenidos específicos sobre violencia de género. También se detectó que la normativa no definía claramente las responsabilidades de la Superintendencia y de sus dependencias.

A estas falencias se sumaron problemas en la producción de información. Los sistemas informáticos utilizados por el Gobierno porteño y la Policía de la Ciudad no estaban correctamente integrados, por lo que las estadísticas obtenidas no reflejaban con precisión las bases de datos del área y resultaban poco confiables para planificar políticas y tomar decisiones.

Si bien la Auditoría reconoció que la Superintendencia cuenta con una estructura especializada, protocolos y mecanismos de asistencia y seguimiento, concluyó que las debilidades detectadas afectan la integralidad del sistema y requieren fortalecer la coordinación, la capacitación y la calidad de la información.

“La violencia de género no se enfrenta con discursos ni campañas. Se enfrenta con personal capacitado, intervención especializada y datos confiables”, planteó Gagliardi.

Y cerró con una crítica directa a la gestión porteña: “El Gobierno de Jorge Macri debe corregir estas fallas. Cuando una víctima pide ayuda, el Estado no puede llegar tarde”.

03.08.2026

La puja por el control de la Ciudad de Buenos Aires de cara a los comicios ejecutivos de 2027 sumó un nuevo capítulo de fricción interna en el arco oficialista porteño-nacional. La legisladora y presidenta de La Libertad Avanza (LLA) en el distrito, Pilar Ramírez, afirmó que el espacio aún no definió si competirá en alianza con otros sectores y dejó abierta la posibilidad de presentar un esquema puramente libertario, desafiando el liderazgo que el PRO ejerce en la Capital desde hace casi dos décadas.

En declaraciones a Radio La Red, la dirigenta afín a Karina Milei marcó una distancia explícita respecto del jefe de Gobierno, Jorge Macri. “Ni siquiera sabemos si vamos a compartir el proyecto de Ciudad”, disparó al ser consultada sobre la viabilidad de un acuerdo institucional o electoral.

La declaración contrasta con la postura asumida días atrás por el propio Macri, quien había condicionado la política de alianzas porteñas a las negociaciones globales que adopten ambas estructuras a nivel nacional.

Reproches por la “paternidad” de las leyes y “sobreactuación”:

El choque entre la Casa Rosada y la sede de la calle Uspallata no se limita a la construcción de listas, sino que expone la disputa por el electorado conservador de la Capital Federal. En su intervención mediática, Ramírez acusó al Poder Ejecutivo porteño de apropiarse de banderas legislativas e iniciativas impulsadas originalmente por la administración nacional de Javier Milei:

– Apropiación de agenda: La legisladora recriminó que el gobierno porteño pretenda adjudicarse iniciativas como la denominada Ley Hojarasca de desregulación administrativa, las modificaciones al régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el endurecimiento de sanciones contra los cuida-coches (“trapitos”).

– “Sobreactuación” ideológica: Para la conducción de LLA en la Ciudad, las decisiones del PRO responden a una “sobreactuación de las ideas de la libertad” dictada por el oportunismo político y no por convicciones doctrinales.

– Reclamación territorial: “Queremos que Buenos Aires sea la ciudad de La Libertad Avanza”, aseveró Ramírez, ratificando la meta de arrebatarle el bastión histórico al macrismo.

– Guiño a Bullrich: La legisladora elogió la figura de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, a quien definió como “una gran jugadora y una gran política”, ratificando el peso que la funcionaria conserva en el armado del oficialismo nacional dentro del territorio porteño.

Especulación partidaria frente a los problemas urbanos:

El cruce de acusaciones entre LLA y el PRO revela que la gestión de la Ciudad se encuentra supeditada a un permanente cálculo de conveniencia electoral. Mientras los referentes libertarios acusan al macrismo de copiar su libreto desregulador, y la gestión de Jorge Macri sobreactúa controles punitivos para evitar el drenaje de votos hacia la extrema derecha, las demandas centrales de los vecinos continúan desatendidas.

En un contexto donde la inflación, el aumento de los alquileres y el deterioro del transporte público golpean diariamente la calidad de vida en los barrios porteños, la dirigencia de ambos espacios opta por dirimir “quién es más liberal” o quién redactó antes un proyecto de ley. La disputa por la marca electoral rumbo a 2027 confirma que la prioridad tanto del Gobierno nacional como del Gobierno de la Ciudad no es resolver la crisis social del distrito, sino garantizar su propio loteo del aparato estatal.

31.07.2026

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresó su rechazo a la decisión del Gobierno porteño de reducir la remuneración de los docentes y auxiliares que trabajan durante el receso invernal en el programa “Vacaciones en la Escuela”. La declaración fue impulsada por bloques de la oposición luego de que cientos de trabajadores denunciaran que, una vez iniciado el programa, fueron informados de que cobrarían cerca de un 30% menos que el monto originalmente ofrecido.

El conflicto comenzó cuando los docentes ya habían aceptado las designaciones y se encontraban desempeñando sus tareas. Según denunciaron los sindicatos, las condiciones salariales fueron modificadas de manera unilateral después del inicio de las actividades, situación que consideraron una vulneración de los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación porteño.

Desde el Gobierno de la Ciudad explicaron que la diferencia respondió a un error en la información difundida inicialmente sobre la liquidación de los haberes. Como consecuencia de esa corrección, los docentes pasarían a percibir alrededor de 530 mil pesos y los auxiliares unos 320 mil pesos por su participación en el programa, cifras inferiores a las comunicadas al momento de la convocatoria.

La situación generó una inmediata reacción de los gremios docentes, entre ellos Ademys y la UTE, que calificaron la decisión como un nuevo ajuste sobre los trabajadores de la educación y realizaron jornadas de protesta y visibilización para reclamar que se respete el salario originalmente comprometido. Las organizaciones sostienen que el cambio fue comunicado cuando los docentes ya habían organizado su disponibilidad laboral para cubrir las actividades del receso escolar.

Durante el debate legislativo, los impulsores de la declaración de repudio cuestionaron que el recorte afecte a un programa destinado a garantizar propuestas educativas y recreativas para miles de chicos durante las vacaciones de invierno. Además, advirtieron que el episodio se suma a otros reclamos que distintos sectores educativos vienen formulando respecto de las condiciones laborales y presupuestarias en el sistema público de enseñanza de la Ciudad.

El pronunciamiento aprobado por la Legislatura no tiene efectos vinculantes sobre la decisión administrativa, pero representa un respaldo político a los reclamos de los docentes y aumenta la presión sobre el Ejecutivo porteño para que revierta la reducción salarial. Mientras tanto, los sindicatos mantienen sus demandas para que se liquiden los haberes conforme a los montos originalmente ofrecidos y no descartan nuevas medidas si el conflicto no encuentra una solución.