Red de radios

25.06.2026

El Golden Center de Parque Norte se transformó en el escenario de un choque frontal entre dos diagnósticos económicos irreconciliables. Durante la apertura del Encuentro Federal por el Día Internacional de las PyMEs, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ensayó una férrea defensa de la desregulación de mercados y el achicamiento del Estado, marcando una sintonía conceptual con la Casa Rosada que colisionó de frente con los datos de recesión expuestos por las entidades empresarias y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La postura de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires consistió en ratificar una agenda focalizada en la simplificación administrativa y el marketing impositivo. Macri anunció el impulso del Régimen de Incentivo para la Mediana Inversión (RIMI-CABA) y prometió la derogación de lo que consideró “leyes inútiles y regulaciones absurdas”. Sin embargo, el discurso oficial local evitó abordar la drástica caída del consumo y el encarecimiento de los costos operativos que asfixian al comercio de cercanía, delegando el éxito del tejido productivo a la libre competencia y al orden en el espacio público. “Sabemos que donde hay orden, hay progreso”, sentenció el mandatario porteño, ligando de forma lineal el desarrollo económico al desalojo de manteros en 670 cuadras de la Ciudad.

La cruda realidad del sector y el fantasma de la desindustrialización:

El optimismo discursivo de la jefatura porteña encontró un rápido contrapeso en los planteos de los propios anfitriones y de la dirigencia productiva regional. El titular de la CAME, Ricardo Diab, junto a representantes del entramado pyme, contextualizó el debate en un escenario de extrema gravedad, marcado por la pérdida de competitividad, las dificultades de financiamiento con tasas inaccesibles y un persistente derrumbe de las ventas minoristas que erosiona la rentabilidad diaria.

Por su parte, Axel Kicillof subió al escenario con un crudo informe técnico que contrastó con las apelaciones al “sentido común” de su par capitalino. El gobernador bonaerense calificó el rumbo macroeconómico implementado por el Gobierno nacional -y respaldado políticamente por el PRO en la Ciudad- como una “catástrofe” planificada que busca la primarización y exclusión social.

Kicillof aportó datos alarmantes sobre el impacto del ajuste ortodoxo:

– Morfología de la crisis: El comercio acumula un retroceso cercano al 10%, los supermercados un 16%, la construcción un 23% y la industria manufacturera un 11%.

– Mortalidad empresarial: Desde el cambio de ciclo macroeconómico nacional, se destruyeron 26.000 empresas y se perdieron 340.000 puestos de trabajo formales (cifra que roza el medio millón al sumar la informalidad).

Un Estado facilitador vs. un Estado protector:

El cruce de exposiciones en la CAME dejó en evidencia la desprotección estructural que sufren las pequeñas empresas bajo el actual diseño de políticas públicas. Mientras el resto del mundo avanza hacia esquemas de resguardo del empleo y subsidios dirigidos ante los cambios globales, la administración nacional promueve una apertura irrestricta de importaciones combinada con tarifas de servicios públicos en alza cronológica y un evidente atraso cambiario.

La respuesta de Jorge Macri ante esta encrucijada consistió en limitar las herramientas locales a un paliativo fiscal superficial, homologando la premisa de que el esfuerzo actual “tiene que valer la pena”. Al esquivar las variables estructurales que hunden el mercado interno, tanto el Gobierno de la Ciudad como la Casa Rosada consolidan un modelo donde las pymes -principales generadoras de empleo en el ámbito porteño- deben sobrevivir por sus propios medios a una reestructuración económica que, lejos de dinamizarlas, amenaza con extinguirlas.

24.06.2026

El inicio del invierno expuso nuevamente las limitaciones del sistema energético argentino. Las distribuidoras de gas suspendieron el suministro interrumpible a estaciones de servicio e industrias, una medida que se aplica cada vez que la demanda residencial se dispara. En La Plata, donde el 90% de las estaciones opera bajo contratos interrumpibles, el corte dejó a la mayoría sin servicio y generó largas filas en los pocos puntos habilitados.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la situación es similar: Metrogas y Naturgy limitaron el despacho de GNC a los cupos firmes contratados**, lo que derivó en colas y faltantes en distritos como Moreno, Merlo, La Matanza y San Martín.

La normativa vigente establece que, ante picos de consumo, los hogares, hospitales y escuelas tienen prioridad absoluta en el abastecimiento. Por eso, las estaciones de servicio con contratos interrumpibles son las primeras en sufrir cortes. El Enargas informó que el 22 de junio la demanda total de gas alcanzó los 155,5 millones de m³, de los cuales más de 80 millones correspondieron al consumo residencial.

El problema no radica en la producción: Vaca Muerta genera volúmenes récord de gas, pero la red de transporte por gasoductos no logra acompañar el salto de consumo en invierno. Según la Cámara de Expendedores de GNC, la capacidad de transporte ronda los 120 millones de m³ diarios, suficientes para gran parte del año, pero insuficientes en los meses más fríos.

La crisis golpea especialmente a taxistas, remiseros y conductores de aplicaciones, que dependen del GNC por su menor costo frente a la nafta. En la Autopista La Plata-Buenos Aires se registraron protestas bajo la consigna “Basta de restricción al GNC”.

En provincias como Córdoba y Santa Fe también se reportaron cortes, mientras que en San Juan las autoridades locales aseguraron que el suministro se mantiene normal gracias a la previsibilidad de la cuenca neuquina.

El Gobierno y las distribuidoras monitorean el sistema de manera constante y esperan reforzar la oferta con la llegada de buques de Gas Natural Licuado (GNL). Sin embargo, las restricciones podrían mantenerse mientras persistan las bajas temperaturas, un escenario que se repite cada invierno y que evidencia la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte.

23.06.2026

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó este martes que se presentará como candidato a la reelección en las elecciones de 2027, al considerar que su gestión necesita un período adicional para consolidar los proyectos que impulsa su administración. “Deseo tener cuatro años más de gestión”, afirmó. Explicó que la planificación estratégica que lleva adelante, desde el subte hasta la transformación de la movilidad en la ciudad, requiere de un “salto cualitativo grande” que solo puede concretarse con más tiempo.

El mandatario porteño, que asumió en diciembre de 2023, sostuvo que su gestión está “haciendo las cosas mucho mejor” y que el rumbo trazado busca darle “un norte de orden a la Ciudad”. “Amo esta tarea, amo esta ciudad”, enfatizó en varias oportunidades a lo largo de la entrevista. “Si Dios quiere, los vecinos me darán la posibilidad de estar una vuelta más en este cargo”, agregó.

Durante la conversación, Macri dedicó un extenso apartado a la política de seguridad, uno de los ejes centrales de su gestión. Defendió con firmeza la reciente sanción de la ley que endurece las penas contra los trapitos, una medida que, según dijo, respondía a un reclamo sostenido de los vecinos ante situaciones de violencia que muchas veces escalaban hasta convertirse en episodios de inseguridad. Hasta ahora, explicó, las herramientas disponibles eran insuficientes: “Lo único que podíamos hacer con un trapito era ponerle una multa. Y sinceramente, el trapito cargaba a la policía literalmente. Se nos reía el trapito con la multa”.

En la misma línea, el jefe de Gobierno destacó la aprobación de otras iniciativas en la Legislatura, entre ellas la creación de un banco genético para delincuentes y cambios en el régimen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). “Haber podido desregular la VTV me parece que está bueno terminar con ese curro”, afirmó.

Macri también se refirió al denominado “operativo muro”, que busca reforzar los controles en los accesos a la Capital Federal. “Mi preocupación es el delito en general, más allá del domicilio que tenga el delincuente”, sostuvo, y precisó que no le importa si el delincuente proviene de la ciudad o de la provincia: “A mí me da lo mismo. El delincuente que sea lo quiero agarrar”. Según detalló, la administración porteña secuestró “quince mil vehículos” y “más de cuarenta mil motos” en distintos operativos.

Otro de los puntos que generó mayor controversia fue su postura frente a las usurpaciones. Macri ratificó una línea de endurecimiento y aseguró que la Ciudad avanzará con desalojos cuando existan riesgos estructurales o situaciones de ocupación ilegal. “Si a vos te usurpan una casa en la ciudad de Buenos Aires, tenés más chances de recuperarla que si te la usurpan en provincia”, afirmó. Luego agregó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Yo lo que necesito es que la gente invierta en mi ciudad y que se sienta más segura que en otro lado. […] Loco, usurpaste, sos mi enemigo”. En ese sentido, el alcalde señaló que su gestión está “cerca de completar 700 propiedades que habían sido usurpadas y que fueron devueltas a sus propietarios”.

Con esta confirmación, Jorge Macri se suma a la lista de dirigentes que ya tienen definido su futuro electoral de cara a 2027, en un año que se prevé políticamente movilizado tanto en la Ciudad como en el resto del país. El jefe de Gobierno porteño busca así extender su mandato por cuatro años más y consolidar el proyecto de transformación urbana que comenzó a implementar desde su llegada al Palacio de la Legislatura.

22.06.2026

Los primeros taxis eléctricos ya comenzaron a prestar servicio en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una política pública orientada a reducir emisiones contaminantes y modernizar uno de los sistemas de transporte más emblemáticos de la capital argentina. La iniciativa se produce luego de que el Gobierno porteño habilitara formalmente la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables al servicio de taxis mediante una resolución publicada a comienzos de este año.

La llegada de estas unidades representa un cambio significativo para una actividad históricamente asociada a vehículos impulsados por combustibles fósiles. Los nuevos automóviles, que ya pueden verse circulando en distintas zonas de la ciudad, forman parte de un programa que busca facilitar la transición tecnológica del sector mediante beneficios económicos y condiciones especiales de financiamiento.

Entre los modelos elegidos para esta primera etapa aparecen vehículos de origen chino de la marca BYD, una de las compañías líderes a nivel mundial en electromovilidad. Algunos de estos autos ofrecen autonomías adecuadas para la operación urbana intensiva y costos operativos considerablemente menores que los de los vehículos convencionales.

La normativa que autorizó el ingreso de taxis eléctricos e híbridos enchufables al sistema porteño fue publicada en enero y estableció los requisitos técnicos para su habilitación dentro del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX). La medida se inscribe en una estrategia más amplia de promoción de la movilidad sustentable impulsada por la administración de la Ciudad.

Para estimular la adopción de estas tecnologías, el Gobierno porteño y el Banco Ciudad lanzaron líneas de crédito destinadas específicamente a titulares de licencias de taxis y remises. Los préstamos permiten financiar una parte importante del valor de las unidades, con plazos extendidos y tasas bonificadas, una herramienta considerada clave para superar una de las principales barreras de entrada: el costo inicial de los vehículos eléctricos.

A esos incentivos se suman otros beneficios. Los taxis eléctricos cuentan con exenciones impositivas y ventajas operativas que mejoran la ecuación económica para los propietarios. Según estimaciones difundidas por especialistas del sector, el ahorro en combustible y mantenimiento puede permitir recuperar la inversión en un plazo relativamente corto para quienes realizan una utilización intensiva del vehículo.

La Ciudad también avanza en el desarrollo de infraestructura para acompañar el crecimiento de esta modalidad de transporte. Además de ampliar la red de cargadores disponibles, se analizan nuevas soluciones tecnológicas para facilitar la recarga de los vehículos durante las horas de trabajo y reducir los tiempos fuera de servicio.

El desembarco de los taxis eléctricos en Buenos Aires se produce en un contexto de expansión de la movilidad eléctrica en Argentina. Durante los últimos meses crecieron las ventas de automóviles impulsados exclusivamente por baterías, con modelos como el BYD Dolphin Mini entre los más patentados del mercado local.

Aunque todavía representan una porción muy reducida de la flota total de taxis porteños, la expectativa oficial es que la cantidad de unidades aumente progresivamente durante los próximos años. La apuesta combina objetivos ambientales con la búsqueda de una reducción de costos para los trabajadores del sector, en un escenario donde la eficiencia energética comienza a ganar protagonismo en el transporte urbano.

19.06.2026

El escenario para quienes ejercen de manera informal el cuidado de vehículos y la limpieza de cristales en las calles de la Ciudad de Buenos Aires sufrió un vuelco drástico. La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 6961, una reforma estructural al Código Contravencional que busca desarticular una problemática persistente en el entramado urbano. El proyecto, impulsado de manera decidida por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cosechó un respaldo mayoritario de 36 votos a favor en el recinto parlamentario. Con esta aprobación, la administración local abandona el esquema netamente económico, que había demostrado ser ineficaz ante la imposibilidad de cobrar las penalidades, e introduce el arresto efectivo como la herramienta principal de disuasión y control.

La urgencia detrás del debate legislativo quedó respaldada por las propias estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad porteño, que contabilizaron un total de 13.149 actas por estas infracciones en el lapso de doce meses transcurrido entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Ante este panorama, el Ejecutivo porteño catalogó la actividad como una modalidad extorsiva que se apropia ilegalmente de la vía pública. Aunque la modificación sancionada mantiene estas conductas dentro del universo de las contravenciones y evita encuadrarlas como delitos penales, la severidad del nuevo articulado altera por completo el procedimiento policial y judicial ordinario, permitiendo que los agentes de seguridad actúen en flagrancia y procedan a la detención inmediata de los involucrados.

El nuevo esquema punitivo establece un escalonamiento que distingue entre la falta individual y las redes delictivas organizadas. Para cualquier individuo que exija dinero a cambio de estacionamiento en las calles porteñas, la normativa prevé un arresto que oscila entre los 10 y los 30 días. Sin embargo, la pena se agrava considerablemente si la falta ocurre en el contexto de espectáculos artísticos o deportivos masivos, donde las detenciones pueden llegar a los 50 días. El foco principal de la legislación apunta a desmantelar las estructuras jerárquicas detrás del negocio ilegal; por este motivo, quienes coordinen o financien estas bandas urbanas se exponen a un máximo de dos meses de reclusión efectiva y a la inhabilitación para percibir planes sociales o subsidios porteños durante un bienio.

Además, los legisladores incorporaron cláusulas de agravamiento destinadas a proteger a los conductores vulnerables. En situaciones donde medie intimidación, insistencia desmedida o conductas sustentadas en la desigualdad de género, la sanción aplicable se elevará automáticamente al doble de lo estipulado. Al mismo tiempo, el componente financiero de las contravenciones se actualizó mediante el sistema de Unidades Fijas para evitar su depreciación. El piso de las penalidades económicas se fijó por encima del millón de pesos, mientras que la escala superior puede trepar hasta rozar los seis millones y medio de pesos, complementado con una fuerte ampliación de las jornadas de trabajos comunitarios, que ahora demandarán entre 20 y 45 días de labor obligatoria.

El despliegue de control gubernamental tendrá un impacto directo en el operativo de los espectáculos públicos, extendiendo de forma notable el perímetro y los tiempos de vigilancia de las fuerzas de seguridad. La prohibición ya no se restringe a los alrededores inmediatos de las canchas de fútbol, sino que abarca cualquier evento masivo y amplía el radio de exclusión hasta un límite de cincuenta cuadras a la redonda. En cuanto a la cobertura horaria, las patrullas policiales iniciarán las tareas preventivas seis horas antes del comienzo del evento y mantendrán la custodia hasta tres horas posteriores a su finalización. Finalmente, el texto sancionado busca cortar la complicidad institucional, imponiendo multas que ascienden a los veinte millones de pesos y clausuras de hasta tres meses para aquellos clubes o entidades organizadoras que colaboren u omitan denunciar la presencia de estas organizaciones en sus instalaciones.