Red de radios

12.02.2026

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires concluyó en un informe preliminar que la manifestación realizada el 11 de febrero en Plaza Congreso se desarrolló mayoritariamente de “manera pacífica, con la única excepción de un grupo minoritario en Rivadavia y Callao que generó disturbios frente al vallado”. Pero que las fuerzas de seguridad actuaron de forma “desproporcionada, atacando a personas alejadas de la zona conflictiva y disparando balas de goma, balas antidisturbios y granadas de gas pimienta de manera indiscriminada”.

El organismo registró al menos 350 personas asistidas por gases, heridas con balas de goma y/o afectadas físicamente por el accionar policial y más de 30 demoradas hasta las 18:15, sin descartar nuevas detenciones posteriores.

Según la observación, realizada entre las 12:30 y las 19 horas mediante un método mixto de presencia directa y monitoreo en tiempo real, la concentración fue convocada por organizaciones sindicales, movimientos sociales, organizaciones de personas jubiladas y agrupaciones políticas en rechazo a la reforma laboral. La mayoría de las columnas se mantuvo en los alrededores de Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís, con ingresos y egresos pacíficos a la zona.

El informe señala que los incidentes se concentraron en la intersección de Avenida Rivadavia y Callao, donde un grupo “minoritario y aislado”, algunos tenían el rostro cubierto, arrojaron objetos y cañitas voladoras por encima del vallado e incluso fue captado por cámaras de televisión mientras armaban bombas molotov. En ese contexto, parte del vallado fue derribado.

Sin embargo, la Defensoría sostuvo que las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad no intervinieron de manera focalizada sobre ese grupo, sino que respondieron con disparos de balas de goma, balas antidisturbios y bombas de gas pimienta de largo alcance “a mansalva”, afectando también a manifestantes que se encontraban lejos del foco de conflicto y que se expresaban sin violencia.

Las bombas de gas pimienta lanzadas desde detrás del vallado, con un alcance superior a los 100 metros, generaron nubes que alcanzaron prácticamente toda la zona de la concentración. Además, se registraron efectivos disparando desde las veredas en calles interiores, en algunos casos apuntando directamente hacia personas manifestantes, lo que el organismo calificó como un accionar “de manera completamente temeraria y apuntando directamente”.

El operativo de seguridad incluyó alrededor de 800 efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de la Ciudad. Desde antes del inicio de la protesta ya se encontraban desplegados vallados sobre Avenida Entre Ríos, Callao y frente al Congreso, junto a camiones hidrantes y personal de infantería. Con el avance de los incidentes, los camiones hidrantes lanzaron agua y gas pimienta hacia la multitud, lo que provocó que un sector mayoritario se retirara hacia Avenida 9 de Julio por Hipólito Yrigoyen. Más tarde, se montaron cordones policiales en calles aledañas que, según la Defensoría, limitaron las vías de evacuación hacia el norte y el sur, dejando como única salida posible la desconcentración hacia 9 de Julio.

Cerca de las 19, ya finalizada la observación formal, medios de comunicación registraron la apertura del vallado principal y la salida de un numeroso grupo de efectivos “que salió a detener arbitrariamente a personas que seguían estando de manera no violenta en la Plaza Congreso. De la misma manera, avanzaron sobre manifestantes que estaban desconcentrando”.

11.02.2026

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) realizará este miércoles un paro nacional con movilización para manifestar su rechazo a la decisión del Gobierno de avanzar con el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad. La medida fue definida por unanimidad por el Consejo Directivo del gremio junto al Consejo Federal que reúne a representantes sindicales de todo el país.

El titular de la UEJN, Julio Piumato, explicó que “prácticamente se disuelve el fuero de Trabajo. Es inaudito y claramente contrario a la Constitución, a los derechos de los trabajadores en general y de los judiciales en particular”.

la protesta es desde las 12horas con una movilización hacia la sede de la Cámara Nacional del Trabajo, ubicada en Lavalle 1554. Posteriormente, la columna se dirigirá a la Plaza del Congreso para sumarse a la concentración convocada por la CGT y las dos CTA en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en el Senado.

“Vamos a defender la independencia que necesita la Justicia argentina, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras se desmonta algo que es fundamental para la dignidad, la libertad y la justicia de todos los trabajadores argentinos”, subrayó Piumato.

Piumato advirtió que el traspaso implica, en los hechos, la disolución del fuero laboral y lo calificó como una decisión “inaudita” y contraria a la Constitución, además de perjudicial para los derechos de los trabajadores y del propio sector judicial. En ese sentido, remarcó que la protesta busca defender la independencia de la Justicia y evitar el desmantelamiento de un ámbito que consideró clave para la dignidad y la libertad de los trabajadores.

A través de un comunicado, la UEJN expresó su “más enérgico rechazo” a la medida y sostuvo que la Justicia del Trabajo cumple un rol central para equilibrar la relación entre capital y trabajo. Por ello, advirtió que cualquier avance sobre ese fuero constituye, a su entender, un ataque directo a los derechos laborales en su conjunto.

10.02.2026

A pocas semanas del comienzo del ciclo lectivo, el instituto privado Formar Futuro, ubicado en el barrio porteño de Villa Real, cerró de forma sorpresiva, dejando sin vacante a más de 180 estudiantes y sin trabajo a alrededor de 50 docentes. La decisión generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y motivó la intervención inmediata del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la cartera educativa porteña informaron que se iniciaron acciones legales contra los responsables del establecimiento y que se activó un nuevo protocolo para prevenir que sucedan hechos similares. Según explicó la ministra de Educación, Mercedes Miguel, la prioridad fue garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos. “Los alumnos de 5° año y 7° grado ya fueron reubicados en otras instituciones, respetando su grupalidad original, con acompañamiento personalizado a cada familia y coordinación directa desde la Dirección de Educación de Gestión Privada”, explicó en su cuenta de X.

La funcionaria detalló que el instituto contaba con 186 alumnos proyectados para el ciclo lectivo 2026 y recibía subsidios estatales destinados al pago de salarios docentes, los cuales fueron transferidos correctamente. Sin embargo, aclaró que “el incumplimiento salarial del mes de diciembre es responsabilidad de la entidad propietaria, no del Estado, que cumplió la transferencia correspondiente”, detalló. Ante esta situación, el Gobierno porteño intimó al pago, suspendió futuras transferencias, inició un sumario administrativo y presentó una denuncia penal. Finalmente, la Justicia ordenó la clausura del establecimiento.

En respuesta a este caso, el Ministerio de Educación dictó una nueva resolución que establece condiciones más estrictas para el cierre de escuelas privadas. La normativa, publicada el 22 de enero en el Boletín Oficial bajo la Resolución N.º 92, exige que cualquier cierre sea comunicado con anticipación, evaluado y aprobado por la Dirección General de Educación de Gestión Privada, y que se garantice previamente la reubicación de los estudiantes. “Dictamos una nueva resolución, planificar un potencial cierre de la escuela y garantizar la reubicación de los estudiantes”, detalló la ministra.

El nuevo protocolo también obliga a los directivos a advertir sobre “posibles riesgos de continuidad” institucional, convocar a reuniones con las familias y el personal docente, y acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales. En los casos de instituciones que reciben aportes estatales, deberán presentar documentación que respalde el pago de salarios conforme a la normativa vigente.

Mientras tanto, el cierre del colegio generó protestas frente al edificio, donde un cartel de “clausurado” y el retiro de la cartelería oficial despertaron sospechas entre las familias. Padres y madres denunciaron que los dueños habrían cobrado matrículas correspondientes al ciclo 2026 y percibidos fondos para salarios sin cumplir con los pagos al personal.

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) acompañó el reclamo y confirmó que los salarios de diciembre no fueron abonados, pese a que la institución recibía un subsidio estatal del 80% para ese fin. Desde el Ministerio reiteraron que las transferencias se realizaron en tiempo y forma, incluyendo el último aporte efectuado en enero.

El hermetismo de los responsables del colegio profundizó la crisis: tras anunciar el cierre, desactivaron la cuenta oficial de Instagram, aunque el sitio web continuó activo. Incluso, el día previsto para rendir exámenes pendientes, algunos estudiantes manifestaron su intención de hacerlo en la vía pública ante la falta de respuestas.

En un comunicado enviado el 26 de enero, los propietarios del instituto justificaron el cierre por una situación económica “insostenible”, atribuida a juicios laborales, presión impositiva, costos elevados, imposibilidad de actualizar aranceles, caída de la matrícula, exigencias edilicias, falta de acceso al crédito y conflictos recurrentes con los sindicatos docentes. El Ministerio de Educación confirmó que el establecimiento contaba con aportes estatales para el pago de los salarios de 47 docentes y, ante las irregularidades detectadas, se presentó como “particular damnificado” en la causa judicial.

Por su parte, SADOP denunció a los directivos por “defraudar a toda la comunidad educativa y también al Estado, malversando los fondos que, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, fueron recibidos con la única finalidad del pago de los salarios docentes”.

09.02.2026

Con motivo del Día Internacional de la Pizza, el centro de la Ciudad de Buenos Aires se convertirá este lunes en una verdadera cocina a cielo abierto. Frente al Obelisco, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) realizará una acción solidaria que incluirá la elaboración en vivo de 5.000 porciones, en una jornada que combinará gastronomía, festejo popular y compromiso social.

El evento se desarrollará desde el mediodía hasta las 16 horas en la intersección de Cerrito y Diagonal Norte, en la Plaza Astor Piazzolla. La propuesta es abierta a todo el público, sin inscripción previa, aunque con cupo limitado por la cantidad de porciones disponibles, por lo que se recomienda asistir con anticipación.

Si bien la iniciativa despierta expectativa por la posibilidad de acceder a pizza a bajo costo, desde la organización aclararon que no se trata de una entrega gratuita. Se ofrecerá un bono solidario de $2.000 que incluye dos porciones de pizza, y lo recaudado será destinado a los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco de Avellaneda. Además, los asistentes podrán participar sin cargo de la “ruleta de APYCE”, con chances de ganar premios, combos adicionales y hasta pizzas enteras.
Para la jornada se montará un camión cocina autosustentable de 11 toneladas y 15 metros de largo, donde una decena de maestros pizzeros cocinará a la vista del público. En total se utilizarán unos 250 kilos de muzzarella y 180 kilos de harina, insumos que fueron donados por empresas del sector. La celebración homenajea a uno de los cinco alimentos preferidos de los argentinos y Buenos Aires se destaca por tener una de las mayores densidades de pizzerías del mundo, con más de 3.000 locales distribuidos en la ciudad.

06.02.2026

Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) encendió las alarma sobre el estado del sistema Login BA, la plataforma que valida la identidad digital para acceder a trámites y servicios del Gobierno porteño, el organismo de control detectó vulnerabilidades críticas que exponen información sensible de millones de usuarios y dejan al sistema abierto a delitos informáticos.

Según la auditoría, Login BA no cumple con estándares internacionales básicos de seguridad de la información y carece de una estrategia integral de ciberseguridad. El informe advierte que no se aplican normas reconocidas como IRAM-ISO/IEC 27001 y 27002 ni las recomendaciones del NIST de Estados Unidos, lo que compromete tanto la protección de datos personales como la continuidad operativa del servicio. Para el Auditor General, Lisandro Teszkiewicz, “sin inversión real en ciberseguridad, la modernización digital se reduce a una cáscara estética que expone innecesariamente a la ciudadanía”.

Uno de los puntos más críticos señalados es la debilidad de los mecanismos de autenticación. La AGCBA constató que el sistema permite contraseñas simples y asociables a datos personales, no cuenta con autenticación de doble factor y tampoco envía alertas automáticas ante cambios de contraseña. Durante las pruebas, además, se detectaron mensajes de error confusos y la ausencia de notificaciones frente a modificaciones sensibles de seguridad. “Una contraseña débil equivale a dejar la puerta abierta; sin doble factor ni alertas, el riesgo se multiplica”, advirtió Teszkiewicz.

El informe también revela que la seguridad informática del sistema se maneja sin procedimientos formales ni documentación técnica adecuada. No se realizan evaluaciones periódicas de vulnerabilidades, no existen escaneos automatizados ni se aplican estándares como OWASP Top 10, utilizados para prevenir los ataques más frecuentes en aplicaciones web. Esta falta de controles sistemáticos, sumada a la ausencia de registros técnicos, dificulta cualquier supervisión efectiva y deja la seguridad librada a la improvisación.

A estas falencias se agrega el uso de software obsoleto y discontinuado, que ya no recibe actualizaciones ni parches de seguridad. La AGCBA calificó esta situación como una “deuda técnica” que contradice el discurso oficial de una “Ciudad Tecnológica” y transforma a Login BA en un punto vulnerable dentro de la infraestructura digital del Estado.

Otro aspecto de extrema gravedad es el tratamiento de datos personales y biométricos. Pese a procesar información altamente sensible, el Gobierno porteño no realizó una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (DPIA), una herramienta clave para prevenir abusos y filtraciones. Además, la base de datos solo está registrada a nivel local y no ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) nacional, lo que genera opacidad sobre el almacenamiento y uso de los datos ciudadanos.

La Auditoría concluye que la falta de una política integral de ciberseguridad incrementa los riesgos de robos de identidad, estafas, chantajes y usos indebidos de información personal. “La protección de datos no se declama, se gestiona y se controla. No hacerlo implica una vulneración directa de los derechos civiles digitales”, sostuvo Teszkiewicz.