Red de radios

Reportaje a Pino Solanas

23.06.2009

Paradigma del cine militante desde los años 60, con la mítica "La hora de los hornos", Pino Solanas ya aparece, desde Proyecto Sur, como la gran sorpresa electoral que se prepara en la ciudad de Buenos Aires, hasta el punto de que algunos encuestadores le auspician desplazar a la lista de Elisa Carrió, como segunda fuerza en el distrito. Según Solanas, esa performance permitiría plantear desde un lugar de mayor fortaleza la convocatoria a la conformación de un frente plural que encarne "un proyecto nacional y popular" sostenido con el pueblo movilizado.

-Proyecto Sur tiene planteos que coinciden con varias de las demandas de los movimientos sociales. ¿Hay expectativas de prácticas de construcción común con esos movimientos?
-Desde el nacimiento, Proyecto Sur quiere, busca, intenta, ser la expresión de un movimiento amplio, no sólo político partidario. Nosotros decimos que somos un movimiento social, político y cultural. Pretendemos entrar en confluencia con una cantidad de organizaciones sociales, políticas, territoriales que en todo el país se dan de maneras y con características distintas, rescatando un poco el espíritu horizontal y asambleario del 19 y 20 de diciembre de 2001, encontrándonos con los movimientos sociales, movimientos piqueteros, ambientalistas, también con el sector de la CTA de Claudio Lozano que está en Proyecto Sur. Estamos en eso. Ahora, esto es una criatura; el nacimiento fue en agosto de 2007, así que todavía no cumplió 2 años. Pero esa es nuestra vocación. ¿Cómo se va construyendo? Eso es lo más difícil, lo estamos aprendiendo todos los días.

-En su experiencia, ¿los movimientos sociales tienen el objetivo de confluir?
-Ahí hay un debate que no está saldado, entre lo social y la disputa de poder político. La verdad es que desde los 90 se dieron muchísimas experiencias de luchas sociales, movilizaciones y grandes marchas de todo tipo. Cada uno de los sectores a los que Menem le pegaba el zarpazo, resistía. Resistieron los maestros, los ferroviarios, los portuarios, los jubilados… Nosotros creemos que las resistencias sociales tienen un límite. Lo más claro fue lo del 19 y 20 de diciembre. Si no asumen las construcción de poder político, desde ellos y con sus propias representaciones, los movimientos sociales seguirán estando a la saga de los instrumentos o lo partidos políticos tradicionales.

-¿Es un problema que se expresa en los movimientos sociales por un rechazo a la participación electoral o porque en general no construyen política?
-Pasa un poco de todo. En varios sectores que protagonizan luchas particulares, por ejemplo grupos ambientalistas, calaron los planteos del no poder, al estilo de Negri… Pero la experiencia del 2001 y 2002, en ese sentido, tuvo una derivación patética: cuando Duhalde se dio cuenta de que la situación se le escapa, armó rápido unas elecciones y se terminó votando a las distintas variantes que ofrecía el bipartidismo. Pero está por demás claro que la solución no es volcarse a una lucha meramente electoral. Eso no alcanza. Lo electoral, sin un pueblo organizado, que defienda los cambios que hay que hacer movilizado en la calle, en el debate de ideas, en la polémica política cotidiana, no sirve. Los cambios políticos que se dieron en Latinoamérica en los últimos 5 años van a caballo de fuertísimos movimientos culturales y sociales. Yo creo que el camino es el de la movilización y la construcción permanente de poder político. El cómo, insisto, lo vamos haciendo todos los días. Yo creo en un proceso de creación de redes, con reales autonomías, entre las distintas construcciones sociales y políticas en todo el país.

-Y en relación con el 2002, ¿en qué estado está ese proyecto de construcción?
-En términos generales, debilitado. Pero el tema es muy complejo y hay lugares y sectores en los que se avanzó. Por ejemplo, los grupos ambientalistas en tres años ya consiguieron que se prohíba en 7 provincias la minería a cielo abierto con cianuro. La conciencia política contra el capitalismo de exacción, devastador, creció mucho en estos años.

-¿Cómo se va a expresar ese estado en las elecciones del 28?
-Uno de los modos de expresarse, sin duda, va a ser el avance de sectores de la derecha. Pero yo estoy convencido de que existe un pueblo, o grandes sectores populares, que están latentes, agazapados, mirándola. Sectores que han hecho y acumulado una gran experiencia de lucha, de resistencia, y que están con la expectativa de la reconstrucción de un movimiento nacional. Y empiezan a haber emergentes. Creo que nosotros estamos en camino de ser uno de esos emergentes en Buenos Aires. No somos sólo la izquierda, no somos sólo el peronismo. Somos un punto de reencuentro de gente que viene de distintos naufragios y más descreídos que un zorro. Creo que hoy por hoy nuestro mayor mérito es el de haber rescatado y machacado sobre 6 o 7 temas básicos, ausentes del debate político y que son nucleares para cualquier proyecto nacional. La matriz energética y minera, la distribución, el ataque a la miseria, un gran plan social de salud, la reconstrucción de las industrias básicas. Eso hizo que se acerque mucha gente. En términos electorales hoy estamos peleando el segundo lugar en la Capital. Y en ese sentido, y como un primer objetivo en el plano de la política superestructural, estamos con posibilidades, por así decirlo, de ganarles a pretendidos planteos “progresistas” -por un lado el liberal social demócrata de Lilita Carrió y por el otro el del falso contenido popular peronista de Néstor Kirchner- para enfrentar desde ahí al macrismo.

 

22.6.2009 

¿Por qué una olla de géneros?

En dos oportunidades hicimos ollas dedicadas a género, que nos remite a femenino. Y como hay más de un género, quisimos tratar de agrandar el panorama y mirarnos, a ver si nos identificamos.

Tal vez en esta olla, nos centremos más en los hombres, sin embargo, si otros géneros quieren manifestarse, y hacer uso de la palabra y del espacio, estamos más que contento/as.

Tal vez en esta oportunidad nos centremos más en las contradicciones que tenemos quienes nos decimos y sentimos "abierto/as" a aceptar la cuestión de género como algo a rever, a cuestionar, que nos permita salir del terreno propio de las relaciones de poder, patriarcales, mantenedoras de un orden injusto y pedorro. Y somos sobre todos los hombres, quienes mas hemos tratado de seguir arriba, dirigiendo, y muchas mujeres, desligándose de su fundamental identidad, apoyando este orden, este poder, y por ende su maltrato, su dependencia, sus miserias. 

Hoy, como ayer, muchas mujeres y muchos hombres, y otras personas, desoímos ese mandato impuesto, y a riesgo de quedar expuestos y expuestas, nos mostramos diferentes, nos sabemos diferentes, y por lo tanto mas iguales.

Y como buenos machos y hembras, salimos a defender nuestros territorios, nuestros sueños, nuestras preguntas, nuestras nuevas propuestas, tan viejas como cualquier revolución.

Contamos para ello, con ustedes, nosotras, nosotros, que vienen por primera o milésima vez, para provocar nuevamente esa rotura fundamental en la vieja muralla, y a fuerza de guiso, palabras y encuentro, derribarla por fin, y vernos, y construir, sembrar, formarnos, realizarnos.

Ya está en marcha, podemos sumarnos. Lo único que vamos a perder es la vida conocida y aburrida, la que no quiere cambiar nada.

Hasta el viernes siempre!!!!

En la esquina de Gallardo-Troilo y Corrientes, a las 19.

Entrada libre, y por lo tanto, muy costosa.  

18.6.2009

Demasiado ocupado está el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en figurar reinaugurando “obras” en plazas de la Ciudad como para responder la cantidad de reclamos que diferentes sectores le hacen llegar. Eso sí, tiempo para aprobar medidas que no hacen más que ratificar su política represiva y excluyente tiene.
Ayer, más de veinte organizaciones sociales y políticas, nucleadas en la Coordinadora de Lucha en la Ciudad, marcharon al Ministerio de Espacio Público de la Ciudad para exigir la eliminación de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) que se dedica a desalojar a familias en situación de calle, cartoneros, casas y asentamientos.
Además se presentó un petitorio, con un centenar de firmas, en el que se reclamaba además de la disolución de la UCEP, que cesen los desalojos, que se declare inmediatamente la emergencia habitacional y respuestas urgentes frente a la crisis de vivienda de la Ciudad.
En este sentido, la Asamblea Permanente contra los Desalojos tiene previsto para el próximo lunes, a las 16.30, una movilización en Belgrano y Balcarce para acompañar la negociación que se llevará adelante en la Dirección General de Administración de Bienes de la Ciudad.
Cabe recordar que mediante la realización de un escrache se logró el pasado 8 de junio el compromiso del director del organismo, Javier Ibañez, de suspender los desalojos de once personas que viven en la calle Pringles, y de dos familias de la calle Constitución, como así también comenzar conversaciones para llegar a una solución definitiva para ambos casos el próximo lunes.
Por su parte, los trabajadores de la Dirección General de la Mujer están preocupados. A través de un decreto, Macri resolvió mudarlos de oficina, reducir al mínimo el personal y directamente desmantelar la línea 0800-66-MUJER, la Central de Llamadas de Violencia Familiar. Aunque aún funciona, será por poco tiempo hasta que los “vecinos” incorporen el número 147, única línea a la que se podrá llamar para cualquier tipo de denuncia, consulta, queja, emergencia sobre cualquier tema relacionado con la Ciudad. Luego de escuchar una larga, larguísima enumeración de opciones quizás se encuentre la que responde a Violencia Familiar.
Quienes tampoco la tienen fácil son los trabajadores de la Dirección General de la Niñez y Adolescencia. Hace dos meses, y junto a los empleados del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, realizaron una campaña para advertir el peligro que corren los servicios sociales dedicados a esta población, ya que se han cerrado y desfinanciado en el último tiempo varios programas de estos organismos.
Además comenzaron a organizarse, a elegir delegados. Javier Ernesto Prat, elegido como representante por una amplia mayoría de sus compañeros del Hogar “Nuestra Señora del Valle” fue despedido cinco días después de la votación.
En tanto, la llegada de Mauricio al poder tampoco fue, ni es, fácil para la Cooperativa Calle de los Títeres. Desde hace nueve años, ellos cobraban un subsidio otorgado por el Gobierno de la Ciudad, pero últimamente algo cambió y esa plata dejó de llegar. Al igual que las explicaciones de los funcionarios. El ministro de Cultura, Hernán Lombardi, de viaje, el Director General de Promoción Social sin tiempo para atenderlos, y quien finalmente se reunió, el 9 de junio pasado, fue una persona que no tenía ningún tipo de poder de decisión, por lo que se limitó a prometer elevar el reclamo.
La cooperativa utiliza el dinero del subsidio para realizar funciones gratuitas en centros culturales barriales, hospitales pediátricos públicos y en el Centro Cultural del Sur.
De hecho, este año la Legislatura había votado una importante ampliación presupuestaria para actividades y cursos, pero es ya conocido el nivel de subejecución que el gobierno porteño lleva adelante desde que asumió.
Por último, el martes pasado la fiscal Claudia Barcia retiró los cargos penales de “violación de domicilio” y “daño agravado” que pesaban sobre ocho activistas de Greenpeace, que en septiembre del año pasado subieron al Obelisco para desplegar una pancarta en la que denunciaban la contaminación que produce la basura de la Ciudad de Buenos Aires y en la que reclamaban la aplicación de la Ley de Basura Cero. De todos modos, fueron penados al considerar que lo que cometieron fue una falta contravencional. Al menos eso consideró la jueza María Laura Martínez Vega, quien les impuso la realización de tareas comunitarias que deberán realizar en centros de gestión y capacitación del Gobierno de la Ciudad, instruyendo a los vecinos sobre cómo debe realizarse la separación en origen de la basura. Es decir, haciendo el trabajo que debería haber efectuado el propio gobierno porteño hace ya demasiado tiempo.
“Nos hacemos cargo de haber ingresado sin autorización a un monumento público, la política de Greenpeace es asumir las consecuencias de sus actos, pero de ninguna manera podíamos convalidar una acusación forzada por delitos inexistentes”, afirmó Martín Prieto, director ejecutivo de la agrupación ambientalista.
 

12.06.2009

 

Será al Ministerio de Espacio Público para volver a denunciar -como ya lo hicieran el 21/05- el accionar de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP). Ese día entregarán un petitorio -que adjuntamos-  exigiendo la disolución de ese grupo parapolicial y que se ponga fin a los desalojos que lleva adelante el gobierno de Macri.

 

Solicitan adhesión a: ladignidadnoseprivatiza@yahoo.com.ar

Estarán recibiendo firmas hasta el martes 16/06 por la noche.

 

Asimismo invitan a participar de la actividad el miércoles 17/06 a las 16:30. Concentran en el Obelisco y marchan al Ministerio de Espacio Público (Diagonal Norte y Florida)

 

Convocan: Coordinadora de Lucha en la Ciudad La Dignidad no se Privatiza,MTR La Dignidad , MTL Rebelde – FOPP, Frente Popular Darío Santillán, FOL, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Asoc. Docente Ademys, C.I.B.A., Corriente Julio Antonio Mella, La Juve (Prisma+FCRG) , Lobo Suelto, Gallo Rojo, Un Solo Grito en TER, Colectivo La Trifulca-Frente Territorial y Cultural, Asamblea de Villa Urquiza, La Pulpería , Comisión de Justicia y Paz (Parroquia de Constitución) , CCC, Agrupación Gastón Riva (S.I.Me.Ca.) , Agrupación La Llamarada , Los Necios (Fiolosfía y Letras), El Andamio (Sociales), El Estallido (Psicología).

Adhieren: MTR,  Asamblea Poder Popular, FEG, Otro Camino para Superar la Crisis Regional Capital, Corriente Estudiantil Plan B, ISTLyR, OLN Fogoneros, Diputada Liliana Parada Bloque Igualdad Social, Huerta Orgazmika, CC LaSala, Asamblea Permanente Contra los Desalojos, Juventud CTA Capital, Espacio Cultural Bonpland. 

 

PETITORIO:

 

Basta de desalojos. Declaración de la emergencia habitacional ya

Exigimos la disolución del grupo parapolicial de la UCEP y Reclamamos respuestas frente a la crisis de vivienda de la Ciudad

 

            Las organizaciones sociales, políticas, sindicales, organismos de derechos humanos, organizaciones culturales, estudiantiles y barriales, así como personalidades, diputados y vecinos abajo firmantes, denunciamos la política represiva y excluyente que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri quien frente a la terrible crisis habitacional de la ciudad, se responde con una patota parapolicial que amenaza, golpea y desaloja brutalmente a miles de familias que habitan viviendas precarios o en la calle, violando así uno de los derechos humanos más elementales.

En la ciudad de Buenos Aires, miles de familias sobreviven en viviendas precarias o en la calle por la falta de respuesta que hay por parte del gobierno de Macri a la crisis habitacional.

              Si bien nunca se impulsó una política que modificara estructuralmente la falta de vivienda en la Capital, en el último año, con el PRO en el gobierno, se agravaron y multiplicaron los desalojos violentos, sin orden judicial y sin respuesta posterior para quienes no tienen otro lugar donde vivir. Además, denunciamos el veto del oficialismo en la Legislatura porteña, de un proyecto de ley para declarar la emergencia habitacional y suspender los desalojos.

              Más grave aún, desde fines del año pasado, comenzó a funcionar un grupo parapolicial, creado con el nombre “Unidad de Control del Espacio Público (UCEP)”, que depende del Ministro Juan Pablo Piccardo y cuya tarea es mantener “el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión”.

              Para esto, un grupo civil que actúa de noche en autos sin identificación, intimida y golpea a hombres, mujeres y niños que ante la precariedad habitacional de la Ciudad terminan viviendo en la calle y, por otro lado, interviene en desalojos administrativos, sin orden judicial, con una brutalidad y metodología propia de la última dictadura militar.

La UCEP ha sido denunciada por diversos organismos de Derechos Humanos, legisladores/as y medios de comunicación por realizar operativos violentos de desalojo en la vía pública, por participar en desalojos administrativos de edificios ocupados y por expulsar y agredir a personas en situación de calle y a cartoneros.

                 La creación de este grupo parapolicial y las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri no sólo vulneran los Derechos Humanos más elementales, como también desvirtúan el papel del Estado en su rol de principal garante de ellos. Es decir, en lugar de presentar soluciones viables a la problemática de emergencia habitacional que padecen aproximadamente 600 mil personas en la Ciudad, el gobierno porteño aparece como el principal responsable por agravarla.

  El derecho a la vivienda de todo ser humano se ampara en la legislación porteña, nacional e internacional a la que Argentina suscribe, pero es violado cotidianamente por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, al llevar adelante desalojos forzosos, incluso sin orden legal y dejando en la calle a miles de familias. Con estas acciones, el gobierno viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que no sólo garantiza el derecho a la vivienda de forma declamativa sino que marca la obligación del Estado a procurar mediante políticas diversas que todos los hombres puedan obtener un ámbito donde vivir decorosamente, sean o no propietarios de él.

  Además, viola el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce en su artículo 11 el derecho a una alimentación, vestido y vivienda adecuados y que asegura que “los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”. También se viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Eliminación de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer , la Convención sobre los Derechos del Niño, todos ellos incorporados asimismo a la Constitución Nacional.

El Comité que controla el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace hincapié en que los Estados deben dar una protección legal a las personas, con el objetivo de que no sufran amenazas ni hostigamientos, sin importar la situación de tenencia de vivienda en la que se encuentren.

               Exactamente lo opuesto a lo que impulsa el gobierno de Macri, quien se ufana del aumento de desalojos durante su gestión y crea grupos parapoliciales que desalojan violentamente a niños, mujeres y hombres de sus viviendas.

 

Por todo esto, exigimos que no se viole más el derecho humano a tener una vivienda digna.

Basta de accionar parapolicial

Disolución de la UCEP

No al avance represivo

Basta de desalojos

Declaración de la emergencia habitacional

Construcción de viviendas sociales

 

El espacio público nos pertenece a todos/as los/as que habitamos y transitamos la Ciudad

 

Coordinadora de Lucha en la Ciudad

La Dignidad no se Privatiza

11.06.2009

Mauricio Macri no sólo cuenta con su grupo parapolicial UCEP (Unidad de Control del Espacio Público) que actúa de noche intimidando y golpeando a hombres, mujeres y niños que viven en la calle (producto de la precariedad habitacional de la Ciudad). Este grupo civil que interviene además en desalojos administrativos, sin orden judicial, con una brutalidad y metodología propia de la última dictadura militar, tiene ahora quién lo acompañe.
Se conoció recientemente el nombre (y currículum) del flamante director de la academia de la futura policía de la ciudad, que tanto reclamaba Mauricio Macri: Daniel Pastor, abogado y académico, pero además conocido cuestionador de la intervención de organismos de Derechos Humanos en las causas por el atentado a la AMIA, el crimen de José Luis Cabezas y la represión y asesinatos del 20 de diciembre de 2001.
Por si esto fuera poco, en julio de ese año, Pastor era asesor del Procurador del Tesoro e intervino en el caso por el asesinato de Walter Bulacio. Su estudio jurídico fue contratado por el gobierno de Fernando de la Rúa para que contestara la demanda de CORREPI contra el Estado argentino. A partir de la respuesta elaborada por Pastor, el gobierno de De la Rúa negó que Walter fuera torturado y que su muerte fuese responsabilidad del Estado, y defendió al comisario Miguel Ángel Espósito con los mismos argumentos de su defensa técnica en la causa interna.
Justamente la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) emitió un comunicado en el que afirmaban: “Si cualquier nueva fuerza siempre significará más represión para el pueblo, no cabe duda de la forma en que actuarán los futuros funcionales ejecutores de la represión del Estado que salgan de una escuela dirigida por una persona que avala tales crímenes”.