Red de radios

12.2.2021

Los trabajadores denuncian que la patronal tuvo enormes ganancias en esto años. Se trata de 40 familias que quedan en la calle.

Desde el inicio de la pandemia, los trabajadores de la histórica pizzería La Continental vienen reclamando por sus derechos, contra los atropellos de la empresa que no respetaba siquiera los mínimos protocolos.
La Continental cuenta con casi 20 sucursales en Ciudad de Buenos Aires, por estar catalogado entre los esenciales, nunca dejó de vender, durante todo el año pasado amenazó a sus empleados que reclamaban por barbijos y guantes para trabajar seguros, con despedirlos o cerrar sucursales.
Este viernes los trabajadores de la sucursal de Avenida de Mayo, se presentaron como todos los días y se encontraron con el local cerrado. La empresa, luego de un año entero de ventas, poniendo incluso en riesgo la salud de los trabajadores, por negarse a respetar las medidas necesarias para evitar los contagios deja a 40 familias en la calle. Los trabajadores se manifestaron en las puertas de la sucursal, exigiendo la inmediata reincorporación de todos.

12.2.2021

Las Consejerías de Vivienda convocan para este domingo 14 de febrero, a las 13, en la Cooperativa Imprenta Chilavert, ubicada en Chilavert 1136 de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de organizarse contra los desalojos y por la vivienda digna y definitiva. Habrá olla popular por lo que se puede llevar recipiente.

“Hay mucho de qué hablar, desde el balance de las movilizaciones de fin de enero, la prórroga del DNU y qué desafíos trae de cara a su vencimiento el 31/3. Como siempre, repasaremos la situación de las casas colectivas, familias y personas que acompañamos. Tenemos informes para pasar de distintas reuniones con organismos del gobierno nacional y de CABA. Y alternativas de soluciones colectivas para los problemas que creemos que son nuestros, unicos e individvuales. Nunca falta la parte de coyuntura, donde nos informamos y hermanamos con distintas luchas de nuestro pueblo, desde una perspectiva de clase y feminista. Con el dolor del femicidio de Ursula de manos de un efectivo de las fuerzas represivas, transformamos la bronca en lucha y vamos preparándonos para el 8M”, afirmaron desde las Consejerías.
En el encuentro se respetará el distanciamiento, uso de tapabocas y alcohol en gel.

11.2.2021

Por Lourdes Oliverio

A la par que en todo el país las familias y los trabajadores de la educación discuten cómo será la vuelta a clases en los niveles iniciales y medios, la Universidad anuncia que habrá una modalidad mixta para este ciclo lectivo. ¿Están las condiciones dadas para la vuelta a la presencialidad? ¿Quién decide estas medidas en la Universidad de Buenos Aires?

El rectorado y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires están pensando una modalidad mixta entre presencial y virtual para el comienzo de clases. Hace unos meses publicaron un protocolo para el retorno a las actividades académicas prácticas ya que desde final del año pasado se empezaron a dictar de manera presencial algunas materias en las facultades de Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, Veterinaria, Farmacia y Bioquímica, Medicina y Odontología.
Aunque todavía la mayoría de los llamados a exámenes finales del turno de febrero y marzo serán virtuales.
Los estudiantes de los colegios preuniversitarios como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, que dependen de la UBA, se enteraron por un tweet institucional que en marzo volverían a clase también de manera mixta.
Esta semana se realizó una conferencia de prensa entre Trotta, ministro de Educación nacional y Acuña, de la CABA, donde se mostraron muy en sintonía con respecto al inicio de las clases.
Son muchísimos los padres, madres y docentes que vienen expresando su preocupación con respecto a la vuelta a la presencialidad en los colegios. La nueva noticia de modalidad mixta en la UBA ya generó preocupación en algunos gremios docentes como AGD-UBA y nos obliga a hacernos la misma pregunta que esas familias:
¿Están las condiciones dadas para garantizar la seguridad e higiene para los que vuelvan de manera presencial? ¿Están las condiciones dadas para garantizar la conectividad de los que sigan asistiendo a clases de manera virtual? Y sobre todo: ¿Quién está decidiendo todas estas cosas en la universidad de Buenos Aires? ¿Por qué no se consulta a los estudiantes, docentes y no docentes?

Empecemos por el principio: las condiciones sanitarias, de trabajo y de estudio

Tanto la virtualidad como ahora una “vuelta mixta” a la presencialidad, se decidieron a espaldas de docentes y estudiantes y sin garantizar las condiciones necesarias para llevarlas a cabo.
La virtualidad forzosa que decidieron las autoridades al principio de la cuarentena y que luego se fue extendiendo con cambios en las modalidades, cronogramas y condiciones de trabajo que reprodujo el método inconsulto por parte de las autoridades universitarias, perjudicó a muchísimos estudiantes y docentes de las distintas universidades y colegios en todo el país.
La situación se agrava aún más a medida que crece la crisis que estamos viviendo. Las cifras de diciembre datan que hay 20 millones de pobres en nuestro país (casi la mitad de la población), mientras la inflación sigue subiendo no así el salario. Además no podemos olvidarnos que Alberto Fernández priorizó votar un presupuesto para el 2021 a medida del Fondo Monetario Internacional, que no contempla la inflación que se pronostica para este año y que recorta un 9% el fondo de las Universidades, otro 9,4 % en salud y un 15% en salario docente. Cosas un poquito importantes. ¿Qué prioridades tiene el Gobierno Nacional?
¿Qué implica esto para les que estudiamos? Tener que decidir entre estudiar y laburar, dejar materias, no llegar a fin de mes y hasta no tener un techo donde vivir.
La situación de los docentes no es muy diferente, teniendo que tomar varios cargos, trabajar horas extras o buscar otros ingresos mientras cuidan a sus hijos o familiares, por salarios que no alcanzan (muchos incluso sin cobrar como los mal llamados “ad honorem”, que directamente trabajan gratis). En 2020 la inflación fue de 36,1 % y a los docentes universitarios les aumentaron un magro 7 %, ¡recién en octubre!, sin bono como percibieron otros estatales y lejos, desde ya, de cubrir los gastos de conectividad.

¿Quiénes decidieron y cómo se decidió todo esto?

Durante el 2020 la mayoría de los Consejos Directivos de las facultades no funcionaron o lo hicieron dos veces, como es el caso de la facultad de Arquitectura y Urbanismo. Los consejos que sí sesionaron con algún tipo de regularidad, como el de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), no discutieron ninguna medida para poder llegar al 2021 garantizando que ningún estudiante se quede afuera de la universidad por problemas de conectividad, ni garantizando condiciones de higiene y seguridad en cada facultad para una vuelta segura de docentes, no docentes y estudiantes.
Pero se pone peor. Algunos funcionaron pero con el objetivo de aprobar el avance del modelo privatizador en la UBA: como pasó en la Facultad de Ciencias Exactas con el convenio con la contaminante Shell al que la comunidad educativa se opuso.
También vimos cómo las autoridades le dieron la espalda en sus reclamos a los docentes que vienen oponiéndose al recorte de salarios y exigiendo la reapertura de la paritaria y el reconocimiento de los gastos por conectividad.
O cómo le dan la espalda a los estudiantes, como es el caso de lxs graduados sin papeles de la Facultad de Ciencias Sociales, que le exigen a la decana Mera que les den de una vez por todas sus títulos a la par de garantizar las condiciones para los trabajadores no docentes, o los reclamos por los problemas con las inscripciones, que en FADU dejaron sin cupos a estudiantes para los cursos de verano y en el CBC, como las fechas de inscripciones a algunas carreras cierran antes que las fechas de algunos finales es imposible inscribirse para empezar las carreras.
Aunque parezca un chiste, la mayoría de las cosas no cambiaron en este año de “nueva normalidad”: no cambió el ajuste a la educación que los gobiernos mantienen año tras año y tampoco quien decide en la universidad. El rectorado, las autoridades y las agrupaciones ligadas a ellas de cambiemos, el peronismo y el kirchnerismo, son las que discuten en secreto y dejan afuera al conjunto de la comunidad educativa.
Por su parte los centros de estudiantes y la FUBA cerraron la “ventanilla” y se auto extendieron el mandato sin el aval de ninguno de los más de 300 mil estudiantes.
¿Escucharon hablar de alguna asamblea estudiantil para decidir cómo hacerle frente a la deserción? No existieron.
Eso es porque son dirigidos por estas mismas agrupaciones. Se quedaron callados, inmóviles porque responden a las autoridades e hicieron lo imposible para que no se exprese la organización estudiantil.
Esos espacios podrían ser verdaderas herramientas para pensar la vuelta a clases y para enfrentar la estructura antidemocrática de la Universidad.

Protocolos grises, vacunas que no llegan, y muchas dudas

El protocolo que armaron las autoridades de la universidad para la vuelta a actividades académicas prácticas, es un anticipo de cómo piensan la bimodalidad.
Menciona algunas pautas como que se tome la fiebre al ingresar, el aislamiento de los casos estrechos y positivos, que se debe usar tapabocas de manera obligatoria, que la capacidad máxima para espacios cerrados se regirá a razón de una persona cada 15 metros cuadrados y para espacios abiertos y/o semicerrados, el aforo será de una persona cada 4 metros cuadrados, que se realice desinfección de los espacios utilizados, la exceptuación de personal grupo de riesgo (que no sea esencial) a ir a trabajar, que los sanitarios tengan elementos de higiene, etc.
Pero hay varias cuestiones que no menciona: no habla de la vacunación, ni de las nuevas variedades del virus, las condiciones que favorece su mutabilidad; no habla de qué pasa con los estudiantes y docentes que tienen que tomarse más de un colectivo para llegar a la facultad; no habla de burbujas para evitar el esparcimiento del virus, y menos aún de la inversión en infraestructura necesaria, especialmente en facultades que están venidas a menos o con aulas sin suficiente ventilación.
Tampoco dice si se piensan aumentar los cargos docentes para cubrir la sobrecarga de tareas docentes que implicará cursos presenciales y virtuales en simultáneo, lo que implica aumentar el presupuesto.
Algo que no es mencionado por las autoridades para este nuevo inicio al ciclo lectivo es cómo se va a garantizar la conectividad para quienes no puedan cursar de manera presencial o para los mismos docentes. ¿No hay condiciones para garantizar libre acceso a la red de internet? ¿Se le van a afectar realmente las inmensas ganancias a las empresas telefónicas para obligar a que den servicio? No hay que perder de vista además que a principios de 2021 subieron los servicios de telecomunicaciones, ya en enero aumentaron un 15 % los precios según el Indec.
También están ausentes las medidas para evitar que 3 de cada 4 estudiantes no logren recibirse. Ni dan respuesta a por qué hay recortes en los salarios docentes que ya eran de miseria, siendo que apenas les ofrecieron un 10 % de aumento (¡y en cuotas!) para 2021 y si se va a rentar a todos los docentes que hoy trabajan sin cobrar como “ad honorem”
Todas estas inquietudes, y muchas otras que vienen de larga data, estarían contempladas si fuéramos los estudiantes, junto con los docentes, que nos organizáramos para debatir si es posible o no una cursada mixta, en qué condiciones sanitarias y de trabajo y estudio, y cómo pelear para conquistarlas.

9.2.2021

Por Maricruz Gareca

La propuesta, impulsada por la Comisión del barrio, tiene como objetivo no solo promover la igualdad y levantar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, sino también rendir homenaje a la militante detenida-desaparecida durante la última dictadura cívico-militar.
Por decisión de la entrevistada, el artículo contiene lenguaje inclusivo.

Un relevamiento realizado de manera reciente por la Comisión del barrio de Boedo, integrada por vecinas, vecinos y diversas organizaciones, dio cuenta de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 60% de las calles llevan nombre de varones, mientras que solo un 3% tiene nombre de mujeres y disidencias. Dentro de este acotado número, hasta ahora solo una de ellas rinde homenaje a una víctima del terrorismo de Estado: el boulevard, Azucena Villaflor, en Puerto Madero. Es en este marco que surgió la propuesta de presentar un proyecto en la Legislatura porteña para promover la igualdad y levantar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
Fernanda Figueroa, miembro de la Biblioteca Popular Arturo Jauretche, una de las organizaciones nucleadas en la Comisión del barrio de Boedo, contó sobre la propuesta que se presentará en marzo de 2021: “A fines del año 2019 un grupo de mujeres integrantes de la Biblioteca Popular Arturo Jauretche iniciamos dos investigaciones: una sobre las mujeres detenidas desaparecidas de la Comuna 5 y otra sobre la nomenclatura urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con especial foco en los nombres de las calles. Descubrimos que el 60% de las calles llevan nombres de varones y solo el 3% son de mujeres, el resto es para batallas, ciudades y países. De ese 3%, sólo el boulevard Azucena Villaflor en Puerto Madero recuerda a una víctima del terrorismo de Estado. En Boedo, nuestro barrio, no hay calles con nombres de mujeres ni tampoco relacionadas con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, al igual que en toda la Comuna 5, esto incluye el barrio de Almagro. En este marco, el proyecto busca reemplazar el nombre del actual Pasaje Bathurst del barrio de Boedo por el de Patricia Roisinblit”.
Frente a la pregunta de por qué se decidió elegir el nombre de Patricia Roisinblit, Figueroa cuenta: “Cuando analizamos los nombres de calles de mujeres, observamos que había solo una para una mujer referente en la lucha por los derechos humanos y víctima del terrorismo de Estado: Azucena Villaflor –fundadora de Madres de Plaza de Mayo– cuyo nombre se encuentra en el barrio de Puerto Madero. Patricia Roisinblit, una joven estudiante de medicina, creció en el barrio de Boedo. Tenía 25 años cuando fue secuestrada el 6 de octubre de 1978 por la dictadura cívico-militar. Patricia estaba embarazada de 8 meses al momento de su secuestro y dio a luz a un varón en la Ex ESMA. Su madre, Rosa Roisinblit, es la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Tras 21 años de búsqueda, Abuelas pudo restituirle la identidad al hijo de Patricia. A través de la figura de Patricia consideramos que, además de recordar a lxs 30.000, podemos honrar a todas esas mujeres militantes que nunca bajaron los brazos para construir una sociedad más justa y también recordar que la búsqueda de lxs nietxs, que es al fin y al cabo la búsqueda de memoria, verdad y justicia, es tarea de todxs. En suma, a través de Patricia Roisinblit levantamos sus ideales, su amor, compromiso y principalmente los pilares de Memoria, Verdad y Justicia”.
El proyecto, que tuvo mucha aceptación y está respaldado por vecinas/os y diversas organizaciones, será presentado en marzo de 2021 en la Legislatura porteña. Para esa oportunidad, la Comisión del barrio de Boedo tiene planeado “realizar piezas audiovisuales para redes sociales y material gráfico como volantes para entregar en el barrio. También se había pensado en realizar alguna intervención urbana en el pasaje, respetando el protocolo sanitario”.
Los/as ciudadanos/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deseen sumar su firma de adhesión al proyecto, pueden hacerlo en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/yc6vxl6c

9.2.2021

Los gobiernos nacional, provinciales y el de CABA impulsan una vuelta a la escolaridad presencial masiva en el medio de la pandemia. Con el actual nivel de casos “resulta altamente peligrosa la vuelta a las aulas”, señalaron desde el sindicato docente Ademys, porque generará en un corto plazo el “incremento brutal” de los contagios, cierre de las escuelas y medidas más restrictivas para el conjunto de la población, con el saldo de miles de muertes que podrían, y deberían, evitarse.

El sindicato docente indicó que son las presiones empresariales las que empujan a que, en lugar de priorizarse la salud, se prioricen los intereses económicos, con una política de reapertura que les permita ahorrarse las licencias y que expone a los trabajadores.
“Con un presupuesto de ajuste en línea con su orientación fondomonetarista, los gobiernos descargan la crisis sobre el conjunto de los trabajadores. En ese contexto, se promueve la presencialidad en las escuelas no por una preocupación educativa sino por una necesidad de ‘cuidado’ de menores”, denunciaron.
En ese marco, desde Ademys plantearon una serie de medidas que deben ser cumplidas para garantizar la salud de la comunidad educativa y de toda la población. Compartimos su comunicado:

10 condiciones para el retorno seguro

Los gobiernos deben garantizar las condiciones educativas y sanitarias

El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires impulsan una vuelta a la escolaridad presencial masiva en el medio de la pandemia, aun cuando los casos diarios no ceden. Todas las recomendaciones internacionales y nacionales de organismos de la Salud, como la citada Sociedad Argentina de Pediatría, recomiendan que con el actual nivel de casos y circulación comunitaria del virus Covid 19, resulta altamente peligrosa la vuelta a las aulas, que involucraría en la Ciudad el movimiento de 1 millón 200 mil personas. Esto generará, como lo demostraron todas las experiencias internacionales, que -en un corto plazo- el incremento brutal de los contagios derive en un cierre de las escuelas y a que deban tomarse medidas más restrictivas para el conjunto de la población generando el efecto contrario al que una parte de la comunidad reclama. Así lo han admitido las autoridades, van a un esquema de aperturas y cierres bruscos. En el medio, miles de contagios y muertes que podrían evitarse.
Lxs docentes somos quienes desde un primer momento hemos planteado que nada reemplaza la presencialidad. El proceso colectivo de enseñanza y aprendizaje que realizamos presencialmente en las escuelas, no puede ser sustituido por la virtualidad. Tampoco la socialización, el juego, todo lo que desarrollamos en la escuela. Claro que queremos volver a las escuelas, pero en un contexto en el que esto no signifique poner en juego nuestra salud, la de lxs estudiantes y familias de la comunidad educativa.
Claramente, las presiones empresariales son las que empujan a que, en lugar de priorizarse la salud, se prioricen los intereses económicos. La política de reapertura sin restricciones expone a todxs lxs trabajadores, presionándolos al reintegro a los lugares de trabajo. Las patronales y empresarios apuntan a aumentar la productividad de los trabajadores, ahorrarse las licencias y dispensas, en un cuadro de crisis económica inédita que es descargado con rebajas salariales, inflación y tarifazos sobre las espaldas del conjunto de los trabajadores. Con un presupuesto de ajuste en línea con su orientación fondomonetarista, los gobiernos descargan la crisis sobre el conjunto de los trabajadores. En ese contexto, se promueve la presencialidad en las escuelas no por una preocupación educativa sino por una necesidad de “cuidado” de menores.
Esto es evidente dado que los gobiernos que promueven esta política, lejos de tener como prioridad la educación han ajustado a la baja el presupuesto educativo a niveles históricos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ha recortado el presupuesto educativo, en rubros claves como infraestructura y tecnología educativa- recientemente se recortó en 371 millones el presupuesto del Plan Sarmiento, por poner solo un ejemplo.
¿Qué han hecho durante estos meses los gobiernos para preparar una eventual presencialidad escolar cuando estén dadas las condiciones? El gobierno de Larreta y la ministra Acuña encabezan una campaña de desprestigio al gremio docente, cuando fuimos junto a las familias y estudiantes los que sostuvimos el acompañamiento pedagógico durante todo el 2020 casi sin recursos. Su propósito es omitir su propia responsabilidad en el sostenimiento educativo y regimentar a la docencia que denuncia las precarias condiciones en las que se encuentran la educación y las escuelas. Venimos de un año en el que no se han garantizado los recursos para un marco de virtualidad, que no remplaza la presencialidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje como siempre hemos planteado, miles de estudiantes se han quedado sin el acompañamiento e incluso se les recortó la alimentación escolar. El protocolo, improvisado y de ajuste, descarga sobre los equipos directivos, docentes y auxiliares toda la responsabilidad, que deberán adaptar el inviable marco de supuestas clases cuando no se construyó ni un aula, no está garantizado el espacio para el distanciamiento social, ni la adecuada ventilación, ni los cargos docentes y no docentes necesarios para encarar la tarea educativa en un marco de emergencia, entre otras cuestiones.
Además, avanzan contra el derecho a las dispensas de cuidado para trabajadoras a cargo de menores de 14 años, convivientes con personas de riesgo y mayores de 60 años, amparándose en las resoluciones nacionales del Ministerio de Trabajo que tampoco se respetan en otros sectores de trabajadores, como el subte, lo cual motivó incluso medidas de fuerza.
Tampoco hay un calendario de vacunación, para establecer prioridades comenzando por las personas de riesgo.
Finalmente, no se ha planteado la actualización salarial, cuando venimos de perder al menos un 10% el año pasado, mientras los precios siguen en aumento.
Ademys plantea organizar las escuelas, a partir de pronunciamientos por escuelas, promoviendo la deliberación en asambleas para impulsar acciones si el gobierno no escucha las preocupaciones y demandas de toda la comunidad educativa. Convocamos a todos los sindicatos, colectivos en defensa de la educación pública como el colectivo de Familias por un Retorno Seguro, centros de estudiantes y organizaciones de la comunidad educativa, a ponernos de pie, y coordinar en instancias democráticas, frente a esta avanzada que nos expone a todxs, en nuestra salud:

10 Condiciones para un retorno seguro:

1. CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO APTO: Las actividades de escolaridad masiva deben guiarse por un índice epidemiológico que indique con datos objetivos de los números para determinar el riesgo de aperturas: Índice Center for Disease Control, por ejemplo, que analiza los nuevos contagios de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes (Fuente: ASP). Indica que, si este coeficiente da por encima de 200, el semáforo es «rojo», indicando riesgo máximo para mantener escuelas abiertas. En CABA este índice actualmente está por encima de 400.
2. Plan de VACUNACIÓN respetando los tiempos de inmunización
 Partidas presupuestarias extraordinaria (que puede salir, por ejemplo de la quita de subsidios a las escuelas privadas y el no pago de la deuda externa, entre otros) para:
3. TRANSPORTE ESCOLAR: Una red de transporte escolar gratuita para estudiantes, docentes y auxiliares, bajo normas y protocolo de la actividad.
4. COMITÉS DE BIOSEGURIDAD: Condiciones de bioseguridad dentro de los establecimientos educativos bajo control de la comunidad, en el marco de una lucha común de todas las escuelas para imponer las condiciones en todos los distritos y establecimientos. Insumos de limpieza e incorporación de personal auxiliar bajo convenio. Distribución gratuita de alcohol en gel, barbijos y todo elemento de protección e higiene personal para estudiantes, docentes y no docentes.
Testeos gratuitos, sistemáticos para todo el personal y seguimiento de casos en las escuelas tanto de docentes como de estudiantes.
5. INFRAESTRUCTURA: Atención y arreglos de infraestructura escolar. Culminación de obras y refacción de escuelas. Mobiliario escolar adecuado. Plan de construcción de escuelas. ADECUACIÓN DE LAS AULAS: Cumplimiento de distanciamiento en las aulas y en todos los espacios de permanencia de estudiantes. Construcción de aulas y/o utilización de espacios ociosos con fines educativos. Ventilación de aulas e instalación de detectores de dióxido de carbono.
6. BURBUJAS: Esquema de trabajo con grupos reducidos, contemplando los metros cuadrados, cantidad de docentes por estudiante, distanciamiento social y ventilación. Que se contemple un plan de clases virtuales que garanticen los aprendizajes de manera remota, creando cargos docentes de emergencia para parejas pedagógicas que garanticen clases si hay modalidad mixta virtual y presencial.
7. AMPLIACIÓN DE PERSONAL: Nombramiento de cargos docentes para el trabajo en los grupos reducidos. Nombramiento de profesionales para el acompañamiento de las trayectorias escolares y seguimiento académico de estudiantes del ciclo 2020/21.
8. CONDICIONES LABORALES: RESPETO DEL ESTATUTO, DISPENSAS Y LICENCIAS:
Plena vigencia del estatuto docente, licencias, dispensas (por razones de salud y cuidado de menores a cargo y de personas de riesgo).
Aumento salarial de emergencia del 50%, en el camino a la recomposición salarial, acorde a costo de la canasta familiar. Por un inicial de $55.000 para todas las escalas y cargos. Cláusula de actualización automática. Todas las sumas al básico. Actualización del salario familiar. No al impuesto a las ganancias sobre salarios.
Incorporación al estatuto de trabajadores de la educación de Escuela de Verano, Jornada Extendida, Plan FinEs y todas las formas de precarización docente.
Derecho a licencias y teletrabajo para las familias con personas de riesgo o que lo soliciten.
9. CONECTIVIDAD: Entrega de dispositivos y conectividad gratuita. Entrega de libros, kits escolares, cuadernillos, que sean consultados con la docencia. Universalización de las becas estudiantiles y su actualización.
10. ALIMENTACIÓN: Universalización de la alimentación escolar. Canastas saludables nutritivas y de calidad. Tarjeta alimentaria.
Dado que la docencia está siendo citada para concurrir a los establecimientos el día lunes 8 de febrero, desde Ademys promovemos que en cada escuela la docencia realice relevamientos que demuestren que no están dadas las condiciones edilicias y de infraestructura en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Proponemos dejar constancia en actas si al ingresar no se cuenta con los elementos de seguridad e higiene garantizados por el gobierno (barbijos, mascarilla, alcohol en gel), que se tomen fotos y vídeos como registro y que se realicen encuentros (reuniones o asambleas de personal) para elaborar mandatos que nos permitan resolver en Asamblea abierta del JUEVES 11/02 – 18 hs. las acciones de lucha a desarrollar.