En plena pandemia, el gobierno de Larreta pretende avanzar con la Unicaba y la reforma educativa

11.9.2020

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron que la Unicaba abrirá la carrera de maestro de primaria que actualmente dan los 29 profesorados de formación docente, buscando sacarles matrícula y recursos para avanzar en su vaciamiento y cierre.

En una reunión con el rector designado por el ejecutivo de la universidad local Unicaba, Mariano Palamidessi, se presentó un plan a los rectores de los 29 profesorados de formación docente que alertó nuevamente a toda la comunidad educativa.
En dicha reunión el funcionario de la universidad dejó planteado las carreras de apertura 2021, los ciclos de complementación curricular y hasta profesorados de nivel primario, que actualmente se dictan en los profesorados de CABA con extensa trayectoria académica, denunciaron desde el sindicato docente Ademys.
Las supuestas carreras de Licenciatura en Gerentología, Licenciatura en Terapia Ocupacional, Administración y Servicios de Salud, Datos, Videojuegos y Entretenimiento Digital se combinarían con ciclos de complementación orientada a la adquisición de habilidades “blandas” o capacidades adaptadas a las necesidades del cambiante mercado de trabajo, caracterizado por una fuerte descalificación y precarización, que está inscripta en las reformas denominadas Secundaria 2030 -rebautizadas por los estudiantes como “sin futuro”- y en la destrucción de los profesorados, advirtieron los docentes.
“Reformas que forman parte de una avanzada más amplia, firmadas en el ámbito del Consejo Federal de Educación, es decir, con acuerdo de los gobernadores de diferentes signos políticos y cuyos lineamientos principales emanan desde los organismos internacionales como el Banco Mundial”.
En este sentido, el dato que conmueve a los 29 profesorados y que incluso el propio funcionario había desmentido en su momento, es la apertura de la primera cohorte de profesorado de nivel primaria, “con titulación universitaria de dudosa rigurosidad científica”, indicaron desde Ademys, “toda vez que está inscripta en esta línea de carreras cortas, chatarras, en línea con las reformas al servicio de negocios con plataformas educativas, injerencia de empresas privadas cada vez más creciente en el marco de la pandemia y la suspensión de clases”.
“El marco de la pandemia es aprovechado por el gobierno para avanzar en su línea de reforma educativa y ajuste, mientras no destina los recursos para atender las demandas de los profesorados, los estudiantes y docentes”.
Desde el sindicato agregaron que “esta línea de supuesta ‘coexistencia’ que siempre denunciamos como el primer paso para el vaciamiento lento de las carreras de los 29, además viene con un ataque a la carrera docente. La ‘oferta’ incluye carreras para directivos, digitalización y virtualización de las carreras, postítulos, para seguir limando la carrera docente establecida en el estatuto docente de CABA y el vaciamiento de la propia escuela de capacitación gratuita -Escuela de Maestrxs- de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos profesionales están completamente precarizados por responsabilidad del propio gobierno”, plantearon.
Específicamente en relación a este punto, desde Ademys recordaron que ya han denunciado que “la formulación de la ‘carrera de directivos’ busca amoldar este cargo por fuera de la práctica y la experiencia en el aula, formándolos como gestores de personal o CEO, como si la escuela fuera una empresa”, de forma coherente con el menosprecio que el partido que gobierna la Ciudad, el PRO, ha demostrado históricamente por la educación pública, favoreciendo a la vez al lucro y la exclusión de los emprendimientos privados.
“En su exposición, el funcionario apuntó que las carreras estarán aprobadas por la CONEAU de la Ley de Educación Superior menemista, que nunca fue derogada en el país. Y, agregamos nosotros, en línea con el ajuste que planean los rectores de las Universidades Nacionales que reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el viernes pasado aprobaron pedir un presupuesto ajustado a los futuros requerimientos del FMI, que va a impactar en los recursos que se destinen para la educación superior”, indicaron desde la organización gremial.
“Desde el sindicato docente Ademys, hacemos un llamado a poner en pie nuevamente un reclamo común desde los 29 institutos de formación docentes, entre docentes, estudiantes, no docentes y autoridades de los institutos, para frenar esta avanzada de reforma educativa mercantilista y privatista de la Unicaba y colocar los verdaderos reclamos de la educación pública: por el presupuesto educativo, los recursos, la entrega de dispositivos y digitales y conectividad, infraestructura escolar, los nombramientos docentes, la titularización y la defensa de nuestro estatuto docente en toda la ciudad”.
En este marco, el próximo lunes 14 de septiembre a las 18:00, se realizará una reunión abierta de la Comisión de Terciarios de Ademys, con las consignas:
Atención
Palamidessi y Acuña vienen por los profesorados y sus carreras
No a la aplicación de Unicaba
Defensa de la formación docente y los 29 profesorados
No al ajuste presupuestario en educación del FMI
Para participar, ingresar mediante el siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/j/85025678240?pwd=b2dnQWVKYUpvaEhhdlE5YWJBSG1odz09

Myriam Bregman: “Es muy grave ceder al chantaje armado de la Bonaerense”

10.9.2020

Este jueves la sesión de la legislatura porteña fue el epicentro de un importante debate sobre el chantaje armado de la bonaerense y el cambio de la coparticipación de la Ciudad. Ante esto último, la diputada del FIT, Bregman planteó “no volvamos con la división entre unitarios y federales. La división es de clases sociales, que hay de ambos lados de la Gral. Paz”. Y alertó que “que la sindicalización de la policía es inadmisible, sino vean la sindicalizada policía norteamericana, que solo logra asesinar con impunidad”. A su vez su compañera Barry recordó a todos los pibes asesinados por la Bonaerense.

La crisis abierta en la provincia de Buenos Aires que tuvo en vilo a todo el país, por ser la protesta policial de un enorme “ejército” de 90.000 miembros que armados y hasta yendo a presionar a la quinta de olivos exigían mejoras salariales y una mayor impunidad, llegó a la Legislatura porteña.
Llegó a la legislatura de la mano de un intento de repudio por parte del oficialismo al quite de una parte de la coparticipación federal que recibe la Ciudad. Sin embargo, el debate más profundo y crítico de estos días, que se debatió en la Legislatura, fue el accionar de chantaje armado encarado por los oficiales de la “maldita” bonaerense.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda fueron categóricas sus posiciones, en voz de sus diputadas Myriam Bregman y Alejandrina Barry.
Llegado su turno, Bregman expresó en su intervención sobre la gravedad de los hechos y definió a la policía “La bonaerense armada en la calle pedía salario e impunidad. Una policía que aún no nos dijeron que hicieron con Jorge Julio López, de quien fui su abogada, con Luciano Arruga, Andrés Núñez, Miguel Bru y recientemente con Facundo Astudillo Castro”. Y agregó “nosotros jamás apoyaríamos un levantamiento policial. Porque apenas terminen sus reclamos, van a dar vuelta sus armas e irán a desalojar la toma de Guernica o reprimir la protesta social “.
Al mismo tiempo aclaró que “este chantaje armado de la bonaerense no fue porque sí. Desde que comenzó la pandemia venimos advirtiendo que se empoderó a las fuerzas de seguridad en una crisis que es sanitaria. Y así termina cuando se les da poder y salieron a pedir más. Rápidamente se cedió a este chantaje”.
Por su parte Alejandrina Barry en su intervención, ante la ratificación de la asignación de emergencia sanitaria en la Ciudad, fue categórica que deberíamos estar discutiendo darles respuestas a las demandas de las y los trabajadores de la salud que están llegando a sus límites combatiendo al Covid-19. Contrapuso a esto como se le dio una respuesta inmediata al chantaje policial y hizo un raconto de todos los reclamos y dichos de impunidad dados por los voceros de la bonaerense, que llegaron a reivindicar a Berni por como actuó encubriendo a la policía implicada en el caso de Facundo Astudillo Castro.

*Coparticipación federal: ¿división territorial o división de clases?*

La resolución del Gobierno nacional de reducir la coparticipación de la Ciudad para otorgárselo a la provincia de Bs. As. y así poder ceder al chantaje armado de la policía bonaerense es otro de los debates abiertos y que se expresó en la Legislatura.
El oficialismo trató infructuosamente de que la Legislatura en su conjunto se sume al reclamo del Jefe de Gobierno que está apresto a judicializar el tema, llevando a una nueva falsa grieta entre bonaerenses y porteños. Por su parte los diputados del Frente de Todos argumentaban los equilibrios fiscales de ambos territorios para justificar la medida de Alberto Fernández.
Como decía Bregman: “No nos parece entrar en un debate entre unitarios y federales en estos momentos. No vamos a entrar en esa, para nosotros hay clases sociales de ambos lados de la Gral. Paz”. Y retóricamente pregunto a los diputados “Quién vive peor, uno que vive en un country del gran Buenos Aires o un porteño que vive en la zona sur de la Ciudad donde la desocupación llega al 21 %”.
Y concluyo con una definición “La Gral. Paz no es una barrera, hay barreras de clases, pero no geográficas en este caso. Sino vean que en Guernica existen countries al lado de tierras ocupadas por gente sin vivienda”.
“Siempre fuimos coherentes. Cuando Macri por decreto le aumento la coparticipación a la Ciudad en detrimento de la provincia, nosotros denunciábamos lo mismo que hoy. Y tanto ayer como hoy esa plata la destinaron para la policía. NI ayer ni hoy vamos a acompañar el fortalecimiento del aparato represivo, en este caso por parte de Axel Kiciloff y su ministro mudo Sergio Berni” recordó Bregman.

*Otro debate serio: ¿Sindicalización de la policía?*

En varios medios se comenzó a naturalizar que es necesaria la sindicalización de la policía como si fueran trabajadores, ante este serio debate Bregman expresó los peligros de esta medida y alertó: “Miren Estados Unidos qué paso con la sindicalización de la policía. Jóvenes y trabajadores exigen que se vayan los policías de sus sindicatos”, como respuesta a una policía racista y asesina, porque esos sindicatos policiales “exigen garantizar la impunidad de sus miembros. Por ejemplo, que no sufran represalias luego de asesinatos o torturas, que no los puedan interrogar, que se achique la prescripción de sus delitos”.
Sobre el reclamo de la juventud norteamericana fue retomado por Bregman “igual que ellos nosotros no creemos que son trabajadores, no son servidores públicos, no son un árbitro neutral de la paz y el orden. Sino es como dice esa canción, no es un policía es toda la institución. Esto significa que no se analiza al individuo sino el rol de esta institución en el estado capitalista, que no es otro más que el del control social y la represión a los que luchan y protesta”.
Todos estos debates serios y profundos deben recorrer todas las organizaciones sindicales y sociales. La izquierda fue categórica y seria en este debate. Mientras, la sesión legislativa terminó en una rosca entre el oficialismo de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sobre qué tabla y cómo es el reglamento legislativo para poder sacar una declaración pública que ante semejante situación de crisis económica, social y sanitaria nada cambiará para los trabajadores y el pueblo de la Ciudad, mientras ya se le cedió al chantaje armado de la maldita Bonaerense.

La culpa no es del wifi

10.9.2020

Por Laura Litvinoff

La pandemia visibilizó la falta de conectividad en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Estudiantes sin clases virtuales ni cuadernillos; y docentes, madres y padres sin respuestas del Estado.

En un atardecer de invierno en la Villa 21-24 de los barrios de Barracas y Nueva Pompeya, Nelson Santacruz, estudiante de periodismo e integrante de La Garganta Poderosa, se sube al techo de su casa para poder tener un poco de señal en su celular. Necesita hacer una monografía para la facultad, pero en su hogar no solo no hay señal estable, tampoco hay computadora, y mucho menos wifi.
Nelson se sienta sobre una bolsa de piedras que hay sobre la losa y, una vez que la señal aparece, continúa con el libro de 200 páginas que tiene que leer para poder hacer el trabajo. Todo, absolutamente todo, lo hace desde el celular, mientras espera que, esta vez, no se vuelva a cortar la luz ni se prendan fuego los postes eléctricos de las calles, como viene ocurriendo casi todos los días desde que empezó el invierno en las villas porteñas.
El joven reflexiona: “La falta de conectividad viene perjudicando la posibilidad de estudiar en los barrios desde hace tiempo, y además de ese derecho ahora con la pandemia también se están vulnerando otros como, por ejemplo, el de la alimentación, al no poder realizar trámites como la IFE; o el de la salud, al no poder sacar turnos médicos. En los barrios populares estamos pasándola absolutamente mal, y en eso también se perjudica la continuidad pedagógica, porque de repente nos falta la luz por tres días seguidos, o tenemos solamente dos horas por día. A eso hay que sumarle el frío, el hambre, ¿cómo hacés para seguir estudiando así? Los chicos de la primaria están perdidos, y los padres y los docentes colapsan porque ya no saben qué hacer”.
Junto al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el 20 de marzo entró en vigencia la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos del país. En consecuencia, todo el primer cuatrimestre del año se desarrolló de manera virtual mediante el Plan de Educación a Distancia que impulsó el Estado Nacional.
En los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, la llegada de la pandemia agravó la pobreza estructural y con ello el conflicto por la conectividad y el acompañamiento integral educativo: “Los padres y madres están con mucha angustia porque sus hijos no pueden seguir estudiando o porque sienten que perdieron seis meses de clases al no poder contar con las herramientas informáticas básicas para realizar la educación a distancia”, dice Jonatan Baldiviezo, abogado en Derechos Humanos y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El Gobierno porteño al mando de Horacio Rodríguez Larreta, en un nuevo capítulo de su historial de incumplimientos, se ganó una causa judicial en su contra por el tema de la conectividad. Recién por estos días, a casi seis meses de las medidas sanitarias adoptadas, las autoridades empezaron a abordar la complejidad de la problemática educativa, pero sus propuestas son siempre insuficientes cuando están en juego las necesidades de los sectores más empobrecidos. Mientras tanto, más de 10.000 estudiantes que ya empezaron el segundo cuatrimestre escolar todavía siguen completamente desconectadxs.
«Todos estos meses dejaron muy en evidencia la falta de respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad ante los recursos que la comunidad necesita», dice Pamela, madre de dos niñxs y vecina de la Villa 31.

Madres-maestras

Dentro de la Villa 31 de Retiro hay dos colegios: el Polo Educativo María Elena Walsh, que fue inaugurado el año pasado y que cuenta con 180 estudiantes en el nivel primario, y el Polo Educativo Mugica, que tiene más de 1.300 alumnxs entre el nivel primario y secundario. Según datos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), hay aproximadamente 2.400 estudiantes de la Villa 31 que asisten a otras escuelas que quedan fuera del barrio.
Pamela Gallardo, vecina de la 31, es Promotora de Salud, estudiante de Enfermería y madre de dos hijxs de 9 y 12 años que asisten a la Escuela Primaria Nº 13 General San Martín, ubicada en el barrio de San Nicolás. Pamela vuelve a su casa después de una jornada intensa de trabajo, se cambia la ropa, se prepara unos mates y comienza a ayudar a su hija a hacer la tarea de Matemática que le encargaron para el colegio.
Como la niña tiene dificultades para aprender las tablas, Pamela intenta enseñarle con su propia técnica, pero su hija protesta: el método de su madre no es el mismo que le enseñaron en la escuela. Pamela respira profundo; está agotada, pero de todos modos lo vuelve a intentar.
Cuando se hace la hora de la cena, desinfecta su computadora, la guarda en una bolsa y, con las últimas energías del día, la lleva a la casa de una vecina para que ella también pueda ayudar a sus hijxs con los deberes del colegio, ya que en su hogar no cuenta con ningún dispositivo para poder hacerlo.
Pamela recuerda lo vivido: “Además de ayudar a mis hijos con las tareas, tenía que ir a trabajar y estudiar para la facultad. Ocuparme de los chicos a veces me llevaba hasta cuatro horas por día, y había veces que sentía que no podía más. Todo lo que pasó me hizo dar cuenta de lo importante que es la función del maestro, del trabajo enorme que hacen para poder tener la atención de un niño y también de la red que se tiene que formar para poder contener a un pibe en el colegio, porque la educación es mucho más que sentarse a explicar una materia y listo”.
Con relación a la falta de conectividad, agrega: “Todos estos meses también dejaron muy en evidencia la falta de respuesta por parte del Gobierno ante los recursos que la comunidad necesita. La falta de dispositivos electrónicos se sintió mucho en el barrio, y todavía creo falta pensar mejor cuál es la forma más adecuada de educar en este contexto, porque si bien desde el colegio se exigía bastante, no había una planificación muy clara de cómo hacer para poder contener todo eso”.
«Cuando a las familias se les cortan los datos del celular se quedan sin whatsapp, por eso capaz pasan varios días sin responder hasta que logran conectarse de nuevo”, relata Florencia, maestra en la Villa 1-11-14.

Magia educativa

Marisa Guidolin es directora de la Escuela Primaria Nº 11 del Distrito 5º, que está ubicada en la Villa 21-24. Cuenta que una encuesta realizada en la escuela, a la que asisten más de 600 estudiantes, dio como resultado que un 80% se maneja solamente con los datos del celular porque no tienen wifi, mientras que el otro 20% tiene una red de internet que “es trucha y cada dos por tres se cae o se satura”.
−¿Cómo se hace para mantener la cursada en esas condiciones?
−La verdad es que estamos haciendo magia, porque hoy las clases no terminan de ser ni virtuales ni a distancia. Son más bien encuentros personalizados entre maestros y estudiantes a través de un llamado telefónico, lo que genera un desgaste enorme en las y los docentes, que se encuentran dando clases a cualquier hora, cuando muchos también viven en barrios carenciados, no tienen buena conexión y terminan gastando un montón de plata en datos. Además de la falta de agua y de luz, generalmente también hay un solo celular por familia, que colapsa porque la poca memoria se llena enseguida con todas las cosas que reciben. Los chicos terminan viendo a la noche recién la tarea porque ahora los padres volvieron a trabajar y la modalidad les cuesta un montón, porque no están acostumbrados a eso sino al pizarrón y a las clases presenciales.
−¿Sirven los cuadernillos que envía el Gobierno?
−No, porque tampoco terminan respondiendo a los contenidos de las escuelas y, al ser todos iguales, el mismo cuadernillo que va a una escuela de Caballito también va a una de la villa… si es que va, porque a veces ni siquiera llegan. Esto genera una educación que favorece la desigualdad, porque no se particulariza en las necesidades de cada territorio. Además, muchos padres apenas conocen al maestro o la maestra porque este año no hubo tiempo de nada, y a eso también se le suma la dificultad del idioma: en los barrios muchos padres hablan poco castellano porque hablan otras lenguas como el guaraní, por ejemplo.
Una encuesta realizada en Bajo Flores dio como resultado que un 80% de lxs estudiantes se manejan solamente con los datos del celular porque no tienen wifi.

Enseñando con el ejemplo

En la Villa 1-11-14 del Bajo Flores hay casi 2.000 estudiantes y siete escuelas, entre primarias y secundarias, ubicadas tanto dentro del barrio como en los alrededores.
Florencia Alarcón, maestra de quinto grado de la Escuela Primaria Nº12 que funciona en el interior de la villa, cuenta que si bien en su grado tiene 18 estudiantes, desde que empezó la pandemia solamente 6 han podido conectarse a las clases: “El otro día hicimos una encuesta y la mayoría dijo que tiene un solo dispositivo móvil para hacer las tareas y que es un celular. Casi todas las familias usan datos porque no tienen prepago y cuando se les corta eso se quedan sin whatsapp, por eso capaz pasan varios días sin responder hasta que logran conectarse de nuevo”.
Además de dar clases, Florencia reparte las canastas de alimentos que el Gobierno de la Ciudad envía a las escuelas: “No hay una organización clara con respecto a las familias que van quedando aisladas por casos positivos, entonces nosotres tenemos que hacer los repartos. No lo hacemos como una obligación, sino como una forma de ayudar en este contexto tan difícil que estamos viviendo. Yo aprovecho también esos momentos para ponerme en contacto con les chiques que no tienen ningún dispositivo móvil”.
Junto a sus compañerxs, Florencia organizó una colecta para poder mejorar esas canastas que, según explica, son incompletas y además no cuentan con ningún elemento de higiene, ni siquiera para las personas que se ocupan de hacer los repartos: “No mandan ni alcohol ni lavandina, lo único que envían para cada estudiante es un jaboncito chiquito, de esos que dan en los hoteles. Otra de las cosas que empezaron a faltar es aceite, y eso se necesita muchísimo porque la mayoría de las familias no tienen horno, entonces para cocinar usan mucho las hornallas”.
¿Y el menú que se les ofrece a lxs chicxs? “Usan productos de muy mala calidad y te indican raciones muy pequeñas. Por ejemplo, te dicen que pongas media zanahoria, entre otras medidas parecidas, en el plato de comida de un niñe. Es indignante”.
Al conversar sobre educación y conectividad, la maestra asegura que no se está garantizando el acceso a ninguna de las dos cosas: “El otro día una madre me contó que estudia Arquitectura desde un celular, sin dispositivos ni conectividad. Y también tiene niñes en edad escolar. Además, en muchas casas hay computadoras que no funcionan porque se les rompió el cargador y como no hay plata para comprar otro, la dejan ahí. Son cosas que se podrían resolver fácil si desde el Gobierno hubiera una mínima voluntad política”.
El problema no solo afecta a lxs estudiantes, sino también a quienes enseñan: “Una de las maestras que vive en el barrio Ramón Carrillo, cada vez que hacemos una reunión virtual para organizar cuestiones de la cursada, nos pide que saquemos la cámara para poder conectarse, porque si no se le tilda el cableado, donde vive hay muy mala señal”.
Para Florencia, el acceso a la conectividad debería ser una política pública: “Además del acompañamiento adecuado, se les tiene que poder dar un dispositivo a cada pibe, a cada piba, son cosas que sabemos que se pueden hacer pero no se hacen, y mientras eso no suceda estudiar se vuelve algo imposible”.
«El Gobierno de la Ciudad resuelve citar a los chicos para que tomen clases en gabinetes tecnológicos que no existen en las escuelas, arriesgándolos también a exponerse al virus”, opina Angélica Graciano, de UTE.

Un Gobierno desconectado

A partir de la suspensión de las clases presenciales, toda la comunidad educativa porteña empezó a detectar los problemas que generaba la educación virtual a distancia. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de la Ciudad fue desligarse del problema.
En mayo, la Asesoría Tutelar Nº 2, encargada de defender los derechos de la niñez en el Ministerio Público; el Observatorio de la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), el Frente Salvador Herrera, la Unión de Trabajadores de la Educación y varias familias afectadas, decidieron iniciar una causa judicial.
El objetivo era que el Gobierno se hiciera cargo de brindar computadoras y conexión a lxs estudiantes de escuelas públicas o de gestión privada con cuota cero que sufren la llamada “brecha digital”, término que se utiliza para caracterizar la desigualdad entre grupos sociales en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.
Desafortunadamente para las autoridades, la demanda le tocó al Juzgado Nº 2, a cargo de Roberto Andrés Gallardo, uno de los pocos jueces de la Ciudad que no hace alianzas con el macrismo y cuyo trabajo es reconocido por proteger los derechos de la ciudadanía. A partir de entonces, fueron casi dos meses de disputas judiciales y planteos procesales del Gobierno para no cumplir con las acciones ordenadas por el juez para garantizar internet y computadoras a quienes más las necesitan. Finalmente, Larreta y compañía lograron su objetivo: que la Cámara de Apelaciones revirtiera las medidas cautelares que habían sido dictadas antes por Gallardo.
Con la Justicia nuevamente de su lado, Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, propusieron reabrir las escuelas para que lxs estudiantes de los barrios vulnerados con problemas de conectividad vayan a los establecimientos y utilicen las computadoras disponibles. Un planteo que no soluciona el problema de fondo y que, además, atenta contra la salud comunitaria.
Angélica Graciano, secretaria general de UTE, explica: “Sabemos que mientras un alto número de estudiantes se comunica a través de celulares, otro porcentaje también importante tiene el soporte papel, que incluye la dificultad de que se entrega cada 15 días y que en este momento en las escuelas ya se agotó el tóner, los papeles y las resmas. Por lo tanto, tenemos alrededor de 12.000 chicos sin acceso a internet que necesitarían que la conectividad sea efectiva. Sin embargo, vemos cómo el Gobierno de la Ciudad resuelve, de una forma completamente antojadiza y sin ninguna lógica, citar a esos chicos para que tomen clases en gabinetes informáticos o tecnológicos que no existen en las escuelas, arriesgándolos también a exponerse al virus”.
Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, también manifiesta su crítica hacia esta nueva estrategia política: “Habilitar las escuelas como cibers implica que la gestión gaste en adecuar estas escuelas a espacios digitales el mismo monto necesario para garantizar internet y computadoras a los estudiantes. En vez de hacer gastos innecesarios, lo que correspondería es destinar ese dinero para garantizar la continuidad pedagógica en igualdad de condiciones. Además, los turnos deberían pedirse vía online, cuando justamente estas familias lo que no tienen es acceso a internet o dispositivos informáticos, lo cual implica un contrasentido bastante grave”.
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, comunicó que la propuesta del Gobierno de la Ciudad de convertir las escuelas en gabinetes informáticos, no se llevará adelante por ser una medida inviable en medio de la pandemia: “Debe ser la escuela la que se acerque a los estudiantes y no los estudiantes a la escuela”.
Para tapar el agujero de la política, La Poderosa lanzó la campaña #ContagiáConectividad con la intención de llevar conectividad a cien barrios populares del país.
Como contrapropuesta, a comienzos de septiembre Trotta comunicó la implementación conjunta con Ciudad de una serie de medidas socioeducativas y soluciones de conectividad que eviten poner en riesgo la salud comunitaria. Entre ellas, proveer hasta 6.500 netbooks y tablets a estudiantes de primaria y secundaria, la conectividad a internet por 4 meses mediante cargas mensuales para consumo de datos y la disposición de plataformas, programas educativos y promotorxs territoriales.
Mientras tanto, para tapar una vez más el agujero que deja la política, La Poderosa lanzó una campaña solidaria llamada #ContagiáConectividad, que consiste en la recaudación de fondos a través de donaciones voluntarias para poder instalar internet de banda ancha con material de fibra óptica y wifi en aproximadamente cien barrios populares de la Argentina.
Más de 10.000 chicxs esperan poder llegar al final de un ciclo lectivo tan atípico como caótico para estudiantes, docentes y familias. Como sucede con la vivienda, la alimentación o el trabajo, en los barrios donde habitan los sectores más postergados, la educación, más que una garantía constitucional, parece un privilegio que nunca llega.

«Los salarios en CABA están congelados desde octubre»

10.9.2020

Agustín Lecchi en diálogo con Enfoque Sindical repasó entre otros temas los inicios del SiPreBA, la declaración de servicio público a las telecomunicaciones, el blindaje mediático de Larreta y la propuesta política de Metrodelegados, ATE y UTE.

Hagamos un poco de historia, como surge el SIPREBA, como fue el proceso de conformación y como conviven en unidad las distintas expresiones políticas que lo integran?
El SiPreBA nace el 7 de junio de 2015 tras el abandono total que les trabajadores de prensa de la Ciudad de Buenos Aires sufrimos de parte de la UTPBA, el gremio que si bien no cuenta con ninguna representatividad entre les trabajadores en las empresas pero firma paritarias a la baja año a año. En 2014, tras años de entrega, fraude en los padrones e incluso un abandono a tal punto que no se renovaban las Comisiones Internas y llegaron a despedir delegados por no tener más fueros gremiales, en un plebiscito con una participación enorme tomamos la decisión de fundar el nuevo sindicato. Al plebiscito lo convocaron las comisiones internas de todas las empresas de la ciudad, es decir el sindicato se organizó desde la base.
Si bien SiPreBA es un sindicato joven, íbamos a renovar conducción por primera vez en abril de este año, y la nueva conducción también está compuesta por muchos compañeros y compañeras jóvenes, nos apoyamos en toda la historia de lucha de nuestro gremio que es riquísima, en los referentes que protagonizaron esas peleas ejemplares y de quienes aprendimos a defender nuestro derechos y a organizarnos sindicalmente.
Las expresiones políticas son diversas, con un gran componente de compañeres que se identifican con el peronismo y con la izquierda, pero sobre todo, en todos los casos nos une una enorme consciencia de clase y convicción de que los problemas de les trabajadores los resolvemos les trabajadores. Y para eso la unidad es fundamental.
¿Dónde sitúas ideológicamente a la UTPBA y qué opinas de su accionar gremial, en especial en los últimos años?
La UTPBA desapareció de las empresas periodísticas, de todo conflicto de la clase trabajadora y de cualquier disputa en el ámbito de la comunicación. Durante el macrismo, por ejemplo, no participó de ningún paro general ni de ninguna movilización. Hoy las empresas saben que si resuelven algo con la UTPBA eso no se traduce en una «negociación» o diálogo con les trabajadores y que si no hay contacto con SiPreBA o con las comisiones internas (que son parte fundamental de SiPreBA) no pueden destrabar ningún conflicto, por más que la UTPBA siga firmando la paritaria y con eso avalando el ajuste de los empresarios.
¿Han tenido alguna paritaria reciente? ¿Cómo está el sector en esta situación de crisis sanitaria?
Acaba de firmar una paritaria la nueva conducción de FATPREN que como SiPreBA integramos. Sumado al 9% de enero en lo que lleva del año se consiguió un 27% de recomposición, un bono de 10.000$ en cuotas y en noviembre se reabre la discusión. Además se puso en la mesa de discusión la regulación inmediata del teletrabajo, el aumento de la zona patagónica y las licencias por violencia de género y paternidad. Esa paritaria alcanza a la prensa escrita de muchas provincias del país y si bien no resuelve el atraso salarial enorme que tenemos es un contraste terrible con lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires en donde las cámaras sólo discuten la paritaria con la UTPBA, y desde octubre del año pasado los salarios están congelados.
El ejemplo de la Fatpren sirve muchísimo para que, quienes trabajamos en las empresas de comunicación en la Ciudad de Buenos Aires donde están los medios más importantes del país, hagamos todos los esfuerzos para que SiPreBA discuta los salarios y las condiciones laborales. Que esté SIPreBA va a implicar que estén las y los trabajadores, ya que nosotros tomamos todas las decisiones mediante asambleas y plenarios de delegados. Y hay comisiones internas de SiPreBA en más de quince medios de la Ciudad, canales de TV, diarios, revistas, radios, portales y agencias. Esa es la virtud y la fortaleza de nuestro sindicato.
Y en relación a lo sanitario tenemos a una gran parte de la actividad, casi el 80% realizando teletrabajo, con los problemas que eso conlleva: muchas empresas no se hacen cargo de costear los servicios como internet ni el mobiliario necesario. Hemos elaborado un pliego de demandas para estos casos en donde también incorporamos el derecho a la desconectividad y muchas cuestiones que están en la ley que apoyamos pero aun no entró en vigencia. Si bien la misma ley indica que comenzará a regir 90 días terminado el aislamiento necesitamos que el teletrabajo se regule de manera urgente. Y en los lugares en donde hay trabajo presencial, además de exigir que licencien con todos los derechos y sin afectación salarial a quienes tienen más de sesenta años, o por cuestiones de salud están más expuestos, hemos planteado protocolos que en muchas empresas se cumplen y en donde no, tuvimos conflictos que nos permitieron abrir instancias de diálogo para avanzar en eso.
¿Cómo recibieron el decreto 690/20 que declara como servicio público las Telecomunicaciones y el desarrollo de las tecnológicas de la información entre otros?
Es muy importante por varios motivos. El primero porque impacta en los bolsillos de toda la población al congelar tarifas. Pero además es importante porque retoma aspectos de la ley argentina digital con la que el macrismo había arrasado, plantea las telecomunicaciones como servicio público esencial y vuelve a mostrar que el debate sobre la comunicación, para nosotros un derecho humano, es un debate vigente y necesario. Para algunos es un debate tabú porque afecta intereses importantes, particularmente de los medios, que de hecho junto a los empresarios de AEA, la asociación empresaria argentina que lidera Clarín, ya salieron a cuestionar el decreto. Es paradójico porque los medios viven gracias al Estado ya sea a través de la pauta como ahora de los ATP, pero después son los primeros en poner el grito en el cielo si el Estado regula. El Estado tiene que regular mucho más aún porque el mapa de medios es injusto, porque además es injusta la ayuda estatal a los grandes medios comerciales en relación a la que perciben los medios comunitarios y autogestivos que tienen un rol social fundamental. Esto hay que discutirlo, el estado tiene que intervenir y les trabajadores tenemos que tener un lugar. En ese sentido el espíritu del decreto 690 genera mejores condiciones para esa discusión.
Se abrió un debate acerca de la reducción de la jornada laboral. Uds son parte de los sindicatos que acompañan está iniciativa, ¿Qué podes detallar de la propuesta? ¿Por qué considerás que es un buen momento para plantearla?
El Estatuto del Periodista y nuestros convenios colectivos consagran las seis horas. Pero lo cierto es que nuestros compañeres trabajan muchas más horas porque los salarios son tan bajos que nadie tiene un sólo empleo. Para tener un buen sueldo o nos matamos haciendo horas extras o tenemos varios trabajos, que no nos permiten ejercer el periodismo como se debería. No son un capricho las seis horas en prensa sino que tiene que ver con cómo se produce la noticia y cómo se cuenta, más allá del formato.
Pero esta propuesta de varios gremios y organizaciones es muy importante más allá de la situación puntual de nuestra actividad: los efectos de la crisis que genera la pandemia van a ser enormes, y en todo el mundo se discutirá quién paga esa crisis. No alcanza sólo con discutir paritarias, salario y las cuestiones urgentes que sin dudas son muy importantes. Ni en prensa ni en ningún sector. Iniciativas como éstas son imprescindibles para instalar una agenda propia y no la de los empresarios que van a insistir con las viejas recetas que no llevan a ningún lado o que sólo traen más desocupación y miseria, como vimos los últimos cuatro años, en donde sus caballitos de batalla son la reforma laboral para flexibilizar las condiciones de trabajo, o sea más precarización y explotación. Trabajar menos para trabajar todos: mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos de las grandes mayorías de la población es la única manera de enfrentar los efectos de la crisis, lógicamente será una disputa con los sectores que no quieren ganar menos.
Por otro lado necesitamos también tener trabajos que nos permitan realizarnos y desarrollarnos más allá del trabajo, no vivir absolutamente enajenados y atados a nuestro empleo, poder estudiar, formarnos, distraernos, tener tiempo para otras actividades sociales y recreativas. Por eso este planteo de la reducción de la jornada laboral impacta en todos los aspectos de la clase trabajadora.
¿Como ves la situación económica y social en la ciudad de Bs As, siendo éste de los distritos más ricos del país?
La ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos más ricos del país pero no puso un peso para salir de la crisis. La campaña de la CTA de la Ciudad en donde se planteó la necesidad de un IFE y un ATP porteño me parece muy interesante.
¿Por qué ante esta situación, Larreta mantiene un blindaje mediático y político sin precedentes?
Posiblemente una de las razones sea la pauta, porque muchos medios se sostienen con pauta y la ciudad al ser uno de los distritos con más capacidad, invierte mucho en pauta. Y de esto tampoco se habla. Nosotros necesitamos fortalecer sindicatos que puedan dar estos debates también. No es cierto que Larreta sea moderado o dialoguista, sus políticas sociales, laborales y económicas son las mismas que las que llevó adelante Macri los últimos cuatro años.
Los Metrodelegados, junto a ATE y UTE están avanzando en una propuesta político sindical para ganar la ciudad, ¿Como ves la iniciativa? Se sienten convocados? ¿Están pensando en integrarse?
Hay diferentes ámbitos y espacios. Los tres sindicatos que mencionaste sin dudas para nosotros son referencias porque son sindicatos con un gran recorrido y desarrollo y con quienes siempre nos hemos encontrado en la lucha, que nos han acompañado en los conflictos más importantes que tuvimos que atravesar, como en Télam o en Clarín. Siempre sabemos que podemos contar con ellos porque se solidarizaron con nosotros de manera desinteresada cada vez que lo necesitamos. En el movimiento obrero nosotros tenemos la certeza de que así como a Macri se lo enfrentó con una enorme unidad en las calles, los paros y las movilizaciones, que incluía sindicatos de CGT y de CTA, también en la pospandemia vamos a necesitar esa unidad. En SiPreBA nuestro marco de alianzas es súper amplio pero en primer lugar están los sindicatos de prensa de todo el país con quienes construimos la Fatpren, que es una Federación que está estructurada en la CGT, donde nos apoyamos sobre todo en el Frente Sindical y en gremios de la Corriente.
Con respecto a la Ciudad, no hablamos de participar en un espacio político como sindicato pero sí algunos de nosotros a título personal y vamos a acompañar esta iniciativa que vos mencionas. Personalmente creo que es muy importante que se construyan fuerzas que estén encabezadas por referentes sindicales y sociales, con lo cual es muy importante este espacio que se está construyendo y seguramente muchos de quienes somos parte de SiPreBA estaremos ahí acompañando.

Alberto Fernández financiará el aumento a la Policía bajando la coparticipación de CABA

9.9.2020

El presidente anunció que por decreto reducirá los fondos de coparticipación de CABA, alrededor de 1 %. Será para financiar las subas salariales a la Policía bonaerense. Desde la Ciudad podrían presentar un reclamo ante la Corte Suprema.

En conferencia de prensa y rodeado por funcionarios, por el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y los intendentes del conurbano, Alberto Fernández confirmó que cederá a las exigencias monetarias de la policía.
El presidente Alberto Fernández anunció la creación de un fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires.
“Aspiramos a que con ese fondo podamos recomponer la escala salarial de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires”, aseguró Fernández, y sentenció: “Ahora debemos atender la suerte de los bonaerenses y parte de sus necesidades es tener garantizada la seguridad.”
De acuerdo con lo comunicado por el mandatario los recursos saldrían de un recorte de 1 punto porcentual en el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, actualmente de 3,5 %. Esta reducción que rondaría los $ 35 mil millones, se destinaría a financiar las subas salariales exigidas por la policía bonaerense, tras días de amotinamiento.
Restará esperar a la publicación del decreto en el Boletín Oficial para saber la letra chica de la medida y sus alcances.
Esta decisión anunciada por Alberto Fernández eliminaría una parte de la suba de los fondos que Nación le cedió a la Ciudad en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri. En aquel momento Macri aumentó por decretó de 1,4 a 3,75% el porcentaje de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires justificados por el traspaso de la policía. Al tratarse de fondos que la Nación envía directamente a la Ciudad, no hace falta modificar la Ley de Coparticipación Federal.
Aunque algunas versiones dicen que Larreta estaba al tanto de la decisión, no se descarta que el Jefe de Gobierno porteño, intente realizar un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la medida presidencial.

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