Polémica tras el quite de fondos de coparticipación a Ciudad de Buenos Aires

10.1.2020

Alberto Fernández y Rodríguez Larreta buscaron bajar el tono de la polémica por la reducción de la coparticipación a Ciudad. Aún no se confirmó el monto pero estiman que rondará $ 35.000 millones.

Si se confirma un recorte del 1 % de la coparticipación federal de impuestos por el gobierno nacional, será cerca de $ 35.000 millones el monto afectado. Alberto Fernández buscará realizar la baja de la participación de Ciudad en el reparto de fondos por medio de un decreto.
De ambas partes se intentó mostrar “diálogo” y bajar el nivel de la polémica. El presidente confirmó este viernes que habrá una quita de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires y reveló que Horacio Rodríguez Larreta ya está al tanto.
“Ya lo hablé con el jefe de gobierno de la Ciudad, él lo entiende, vamos a trabajar juntos, no hay por qué sobresaltarse”, dijo Fernández. A su vez, justificó la medida en que “la Ciudad es el único distrito que se llevó coparticipación secundaria, que es la parte que le corresponde a la Nación, ninguna otra provincia se llevó eso”, afirmó el presidente.
El Jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta, por su parte, también buscó bajar decibeles a la polémica por la coparticipación. Tras las duras críticas de legisladores y representantes de Juntos por el Cambio en Ciudad, aclaró: “ratifico mi vocación de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno nacional”.
“Ese camino [el del diálogo] ya lo iniciamos, tanto con el presidente Fernández, su ministro del Interior, de Pedro, y funcionarios de su gobierno, con los que venimos hablando muy positivamente desde el comienzo de su mandato”, dijo Larreta.

De qué se trata la disputa

La Coparticipación Federal (Ley 23.548) es el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido de los tributos impuestos por el Estado Federal. Esta es una delegación efectuada por las Provincias a la Nación, quien debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir el resto entre aquellas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue incorporada al sistema desde la reforma constitucional del año 1994.
En 2016 Mauricio Macri había aumentado de 1,4 % a 3,75 % el porcentaje de coparticipación para la Capital. El 2,35 % de incremento se argumentó en el traspaso de la policía de la Ciudad. De esa porción, más de un 80 % estaría destinado a sueldos de la fuerza. “Esa es la discusión y la vamos a resolver”, sentenció el presidente. No obstante, de ninguna manera está en discusión afectar intereses de la policía de la Ciudad, reducir el presupuesto en Seguridad o cuestionar la función represiva de esa fuerza.
Pero además, Fernández agregó que “en épocas de (Eduardo) Duhalde ya recibieron 1,4 % de coparticipación a cambio de nada, eso algo que tenemos que conversar y seguro lo vamos a resolver”.
Con el Pacto Fiscal de 2018 (con el que se acordó el Presupuesto de ajuste de 2019 que actualmente rige y que fue condición del FMI), el porcentaje que le tocó a CABA se redujo 0,25 puntos a 3,5 %.
El gobierno nacional aún no confirmó cuál será el nivel de la nueva reducción, está en negociación. Pero no descartaron podría ser de un punto, o incluso 2. Hoy la Ciudad percibe $ 126.000 millones anuales por coparticipación. La quita de 1 punto implicaría una reducción cercana a $ 36.000 millones.
Por su parte, desde el gobierno porteño se escudan en que aportan entre el 22 % y el 25 % a la masa coparticipable y recibe actualmente el 3,5 %. Sin embargo, el criterio de reparto no es el aporte que hace cada jurisdicción. Los ingresos por coparticipación representan cerca del 11 % del Presupuesto de CABA.
La negociación con Rodríguez Larreta la lleva adelante el Ministerio del Interior y el tema fue puesto en principio sobre la mesa por el propio Alberto Fernández cuando lo recibió en sus oficinas de Puerto Madero, antes de asumir la Presidencia hace un mes. Según fuentes oficiales, aún “no está definido el monto ni cuándo se efectivizará esa baja”.

Larreta evadió a la Justicia y despidió a los precarizados de Tránsito

8.1.2020

Más de 80 agentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires fueron despedidos. La medida se tomó a pesar del fallo de la Justicia que prohibió la desvinculación de estos trabajadores e instó a mejorar sus condiciones laborales. Los agentes denunciaron persecución política porque buscaron representación sindical.

La tragedia que se cobró la vida de Cinthia Choque y puso en riesgo la de Santiago Siciliano dejó al descubierto varias cuestiones sobre el sistema de contratación estatal que se maneja a nivel Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires.
A poco más de un mes del hecho, la Justicia tomó cartas en el asunto y prohibió a Larreta desvincular a los miles de agentes de tránsito que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrató bajo la modalidad de locación de servicios y, por lo tanto, no reconocidos como trabajadores en relación de dependencia. A su vez, instó al Ejecutivo porteño a mejorar las condiciones laborales de estos.
Lo hizo a través de una resolución de la jueza en lo Contencioso Administrativo Patricia López Vergara, a raíz de un amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que encabeza Hugo “Cachorro” Godoy y por intermedio de Matías Cremonte, el titular de su Departamento Jurídico y, a la vez, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
Sin embargo, al comienzo de esta semana, el gobierno de Rodríguez Larreta hizo caso omiso al amparo y despidió a 80 agentes de tránsito de su jurisdicción. La modalidad de contratación extiende contratos por un año, y es allí donde descansa el argumento del jefe de gobierno porteño.
Para los agentes, se trata de una persecución política desatada al momento de hacer visible la precarización y organizarse a nivel sindical. También denunciaron que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) –el cual debe representarlos- les dio la espalda y tomó partido por el Ejecutivo.
Ayer, durante el corte que realizaron en Avenida de Mayo y Perú, ATE acompañó a los despedidos en el reclamo. Rodolfo Arrechea, dirigente del Consejo Nacional, dijo: “Queremos decirle a Larreta que ningún trabajador de la Ciudad de Buenos Aires sale de su casa para perder la vida. Lo hacen para llevar el pan a sus familias. La precarización laboral de los compañeros y compañeras de Tránsito es lo que llevó a la tragedia en la que la compañera Cinthia Choque perdió la vida. No vamos a parar hasta que reincorporen a todos y todas las compañeras despedidas”.
Por su parte, Verónica Báez, trabajadora referente del sector, manifestó: “Los compañeros y compañeras que estamos en planta permanente no fuimos echados, pero vinimos a denunciar y acompañar porque queremos la igualdad de condiciones. Así como tenemos igualdad de funciones, queremos que nuestros compañeros también estén en planta. Cinthia falleció siendo monotributista. Santiago Siciliano tiene que estar en una silla de ruedas donada por Cáritas. No vamos a permitir que echen a nuestros compañeros, sobre todo a aquellos que estaban reclamando justamente por terminar con esta precarización”.

¿Cómo quedaron las comunas porteñas luego de las elecciones de octubre?

7.1.2020

Por Leonardo Farias*

Tras ocho años de presidir las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el PRO pierde territorio con dos presidentes elegidos por la ciudadanía y que son del Frente de Todos (FDT): Ignacio Alvarez y Miguel Eviner al frente de las Comunas 4 y 8 respectivamente. Con Rodríguez Larreta al frente nuevamente del Gobierno porteño, por los próximos cuatro años, la Ciudad adquiere una oposición institucional sin precedentes en la breve historia de funcionamiento descentralizado.

Los flamantes presidentes junto a 37 comuneros más arrancan una tercera gestión que promete, al menos, novedades en la correlación de fuerza que se presenta en el territorio. No solo dos comunas son presididas por el FDT sino que en algunas otras el partido de gobierno pierde la mayoría en la composición de las Juntas (son siete miembros en total, cuatro para obtener la mayoría simple).
Desde el minuto cero Larreta deberá digerir los cuestionamientos que los presidentes del FdT vienen realizando en materia de infraestructura, vivienda, salud y educación, hasta ahora impensado por los “ordenados” jefes comunales de PRO – Cambiemos. El Consejo Intercomunal (órgano que reúne a los hombres y mujeres que presiden las comunas) perderá la composición absoluta.
Por otro lado la relación de las Comunas con el “exterior” presenta perspectivas de grandes modificaciones. Tanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires como el de la Nación pueden ser clave en materia de gestión asociada e inter jurisdiccional con las Comunas, que no necesariamente debe homologar el gobierno de la Ciudad. Varios pueden ser los ejemplo pero vale citar a la ex ministra Nilda Garré quien durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ha trabajado sin prisa pero sin pausa con los comuneros, en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana.
También vale decir que las comunas del sur presididas por el FDT son sujeto de acuerdos con la provincia de Buenos Aires por distintas problemáticas linderas. Pero esto sin dudas está sujeto a las iniciativas de los 39 Comuneros del FDT y a la voluntad de Nación y Provincia de presentarle a Rodríguez Larreta una declarada batalla por la Capital Federal. Sin dudas esto estará proporcionalmente ligado a la relación que logren establecer Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño. Por lo pronto, el presidente le pidió al jefe de Bloque de legisladores, Claudio Ferreño: “estar cerca de los comuneros y atender sus demandas”. Todo un mensaje en clave política de un presidente, que antes de serlo, es un buen conocedor del este territorio.
Así las cosas, lo que está en juego en materia institucional, es el funcionamiento de las Comunas. Hasta el momento la descentralización de las competencias es una proclama sin instancias palpables en el territorio. Desde el aspecto terminológico, y dada la interpretación gramatical, la descentralización consiste en la asignación de funciones estatales delegadas a entidades con personería jurídica propia, separadas de la administración central y en cambio, el proceso de desconcentración entraña una relación interorgánica en el marco de la propia entidad estatal.
Y es esto último lo que sucedió: en el día a día de la gestión el sistema de gobierno fue desconcentrado porque los presidentes de Junta nunca dejaron de trabajar de manera dependiente y centralizada con al Gobierno de Larreta. Nunca le dieron lugar al mando de las Juntas Comunales en su conjunto y jamás reclamaron la personería jurídica propia para poder ejercer libremente el mandato popular que los llevo a ese lugar.
Por su parte, y aunque un poco tarde, la justicia tomo nota de esto. El 25 de noviembre de 2019, en una acción de amparo presentada por comuneros, ex comuneros y habitantes de la ciudad con el patrocinio jurídico de Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad) en la causa caratulada “Vayo Miguel Enrique y otros contra GCBA SOBRE AMPARO”, Expte. N° 7770/2014-0, el Juez Francisco Ferres declaró la inconstitucionalidad del decreto 251/GCABA/2014, consideró que se estaba frente a la lesión de un derecho colectivo y otorgó legitimación a los actores para acudir a la justicia enfatizando el derecho de la ciudadanía para defender la Democracia Participativa y la Democracia Comunal.
En definitiva un escenario sin precedentes se abre en la Ciudad de la avenida más ancha del mundo. Y un mundo que cada vez pondera más la descentralización política espera ver los avances que se presenten en estos próximos cuatro años de gestión comunal.

* Ex comunero. Miembro del CEDET, Centro de Estudios de Desarrollo Territorial.

Buenos Aires, la ciudad del gatillo fácil permanente

6.1.2020

Por Carlos Rodríguez

En 26 meses, la Policía porteña causó 43 muertes por violencia institucional

Un informe de la Legislatura reveló que casi dos personas mueren por mes en la ciudad en hechos vinculados a la brutalidad policial. Los casos de represión social.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, una fuerza que todavía está integrada por 282 oficiales que cumplieron funciones en la dictadura cívico-militar, fue responsable de la muerte de 43 personas, en hechos clásicos de violencia institucional, a lo largo de 26 meses, sumando casos ocurridos en 2017, 2018 y 2019. El dato figura en el informe dado a conocer por la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional de la Legislatura porteña, que corroboró los datos con los últimos registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El informe legislativo denunció también una larga serie de hechos de represión y persecución policial contra trabajadores, organizaciones políticas y sociales, vecinos y estudiantes de la Ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio).
El informe anual, presentado por segundo año consecutivo por la Comisión Especial, puso el eje en “la criminalización de la protesta social, la persecución a dirigentes y militantes políticos, sindicales, barriales y estudiantiles, el hostigamiento a los trabajadores y trabajadoras informales (vendedores ambulantes, entre otros), y el gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad a los y las jóvenes en los barrios y asentamientos de la CABA”. Otro de los aspectos analizados fue “el acoso policial a jóvenes en las escuelas y sus inmediaciones”.
El informe completo fue presentado en diciembre por la titular de la Comisión Especial, Myriam Bregman (PTS-FIT), junto con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro (Frente de Todos) y la directora de la Comisión Especial, la diputada del PTS-FIT Alejandrina Barry.
Sobre los casos de gatillo fácil, se precisó que las 43 muertes provocadas por la Policía de la Ciudad en 26 meses representan casi “dos personas fallecidas cada 30 días”. A nivel nacional, durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri hubo “un muerto por responsabilidad de las fuerzas represivas cada 21 horas”, de acuerdo con el citado registro de Correpi. Las cifras, tanto a nivel de la Ciudad como de la Nación, marcaron “un imponente salto represivo” sobre las cifras registradas desde el retorno de la democracia en el año 1983, dado que “se batieron todos los records” en materia de violencia institucional. Datos parciales indican que desde el 10 de diciembre de 2015 hasta los primeros meses de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, las fuerzas de seguridad todo el país produjeron 1303 muertes en 1159 días, a razón de un caso cada 21 horas.
El caso emblemático de la violencia policial en la Ciudad fue el protagonizado por el policía porteño Esteban Ramírez, de 42 años, quien mató de una patada en el pecho a Jorge Martín Gómez, de 41, porque la víctima “obstruía el tránsito” en Carlos Calvo al 2600, en el barrio de San Cristóbal. El policía, que sigue bajo proceso, fue excarcelado. El abogado de la familia, Ignacio Trimarco, además de apelar la excarcelación, pidió que se investigue a Ramírez por el crimen y por haber “entorpecido el proceso judicial y adulterado pruebas”.
Por esa razón, en una causa paralela se investiga si hubo encubrimiento policial en el caso, por parte de agentes y oficiales de la fuerza. Alejandrina Barry le dijo a este diario que el gobierno de Rodríguez Larreta “nunca respondió al pedido de informe que presentamos desde la Legislatura”, a través de la Comisión Especial, integrada por diputados de diferentes bancadas.
Uno de los primeros casos de violencia institucional en 2019 se produjo el 15 de febrero, cuando la Policía de la Ciudad reprimió con gas pimienta y balazos de goma a los Feriantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que habían convocado a “un feriazo” en Plaza Constitución y Plaza Miserere. La represión fue para impedir que instalaran sus puestos de venta.
Cinco días después ocurrió otro tanto con trabajadores y trabajadoras de la cooperativa MadyGraf cuando repartían gratuitamente cuadernos en Congreso como denuncia de las irregularidades en la licitación de materiales escolares del Ministerio de Educación de la Ciudad. Hubo cuatro detenidos. Fueron golpeados trabajadores de prensa que cubrían la manifestación.
Otros casos similares fueron citados en el informe:
* Represión con gases y golpes contra trabajadoras y trabajadores de Coca-Cola.
* El lunes 11 de marzo, la represión llegó al barrio de San Telmo, sobre los artesanos y artesanas de la calle Defensa. La violencia policial recayó también sobre turistas y transeúntes que recorrían la feria.
* El 22 de marzo, decenas de policías amedrentaron a niños, niñas y maestras que realizaban una actividad por el Día de la Memoria. Se alegó que hubo “una denuncia anónima”, sin otra explicación.
* El sábado 23 con similares excusas, la policía de la Ciudad irrumpió en un local céntrico del PTS -FIT.
* En varias oportunidades fueron reprimidos y perseguidos los trabajadores de la agencia de noticias Télam, movilizados contra los despidos. Lo mismo ocurrió en otras movilizaciones protagonizadas por trabajadores del Hotel Bauen, Clarín, Centro Gallego, Línea 60, feriantes de la UTT, movimientos sociales y de trabajadores y trabajadoras desocupadas, vecinos del barrio Carlos Mugica, y estudiantes terciarios del Normal 1.
* En una conferencia de prensa conjunta, los gremios docentes UTE y Ademys denunciaron ataques y persecución a docentes por parte de la ministra de Educación Soledad Acuña y del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Un total de 24 docentes relataron la persecución recibida.
* La Defensoría General de la Ciudad denunció casos de discriminación racial contra extranjeros que trabajan en la vía pública. En más de la mitad de los hecho, las víctimas (el 57,5 por ciento) fueron senegaleses que trabajan como vendedores ambulantes. Las denuncias comenzaron en 2018 y siguieron durante 2019.
* El periodista Martín Rodríguez fue detenido por la Policía de la Ciudad por intentar mediar ante la detención violenta de un joven por parte de ocho agentes que lo acusaban de un supuesto hurto. Este tipo de situaciones se repitió muchas veces a lo largo del período analizado.
La Comisión Especial denunció la persecución y el maltrato sufrido por vecinas y vecinos de la Villa 31 de Retiro que se opusieron a la aprobación del proyecto oficialista que dispuso la venta de terrenos en el barrio Carlos Mugica, como paso inicial de lo que fue denunciado como “un negocio inmobiliario” promovido por el gobierno porteño.
Como parte del accionar represivo y persecutorio de los grupos más vulnerables, se mencionó el intento del gobierno de Rodríguez Larreta de desalojar a 106 familias que desde hace diez años viven en el emblemático edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque Patricios. El intento fue fallido por la resistencia de los vecinos, con el apoyo de legisladores de la Ciudad y organizaciones sociales.
La Comisión se reunió con personalidades locales, de Chile y de Bolivia, para denunciar el golpe de Estado y los asesinatos y desapariciones ocurridos en el país del Altiplano. Del mismo modo se repudiaron los hechos de violencia cometidos en contra de los pueblos de Chile y Ecuador, en el marco de una política global impulsada por Estados Unidos en la región. Se consideró que el panorama general es coincidente con los casos de violencia institucional cometidos por los agentes de la Policía en la Ciudad de Buenos Aires.

A 15 años de la Masacre de Cromañón

2.1.2020

El lunes 30 de diciembre se realizaron distintos actos, misas, marchas y homenajes ante un nuevo aniversario de la masacre que terminó con la vida de 194 personas y afectó de muchas formas a miles de sobrevivientes y familiares. Reproducimos a continuación el documento unificado del Movimiento Cromañón, leído en el Santuario de Once, bajo el título: “La memoria no se negocia, se defiende”.

¡Las pibas y los pibes de Cromañón presentes! ¡Ahora y siempre!
El 30 de diciembre de 2004, un humo tóxico en el boliche Cromañón, terminó con la vida de 194 personas y afectó de muchas formas a miles de sobrevivientes y familiares. Intuimos en ese momento y lo fuimos comprobando paso a paso, que no fue un hecho accidental, sino la conjugación de habilitaciones truchas, sobreventa criminal de entradas, matafuegos inexistentes, salidas de emergencia con candado, falta de ventilación por presencia no autorizada de canchas de paddle y fútbol en la terraza, falta de criterio en el operativo de la emergencia. El poder político, ayudado por la mayoría de los medios de comunicación, quiso culpabilizar a las propias víctimas de la masacre, haciéndolo pasar por un accidente o un exceso indeseable producto de una supuesta juventud perdida. Pero defendimos y defendemos que no fue una tragedia, fue una masacre con responsables concretos y con participación clara del estado.
Un estado cuyo máximo responsable, en ese momento, fue Aníbal Ibarra, el justamente destituido jefe de gobierno de la Ciudad mediante juicio político. En las instancias públicas del juicio político quedó claramente expuesto que Ibarra sabía lo que podía pasar, y desoyó decenas de alertas de diferentes organismos además de poner en cargos públicos que requerían de técnicos idóneos gente no preparada e ineficiente. A pesar de la innumerable cantidad de evidencia sobre su nefasto desempeño no fue llamado a indagatoria y en el juicio político las y los legisladores no lo inhabilitaron para ocupar cargos públicos. Y si de apoyos hablamos, no debemos dejar de mencionar que a horas de la masacre se reunió con la Cámara de Empresarios de Discotecas ¿A qué intereses respondía que tanto apoyo tenía del empresariado de la noche? Esa protección político – judicial – empresarial ha permitido que siga intentando reciclar su carrera política.
El Movimiento Cromañón defiende los Derechos Humanos, por este motivo, hoy cargamos con la indignación de encontrarlo en marchas por los derechos humanos u ofreciéndose como abogado para las y los presos que la represión provoca. Lo seguiremos denunciando, lo seguiremos escrachando, con la memoria intacta. NO a los políticos responsables de masacres que quieren reciclarse electoral, política o socialmente. SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE
La lucha de muchos años logró 21 condenas efectivas, totalmente insuficientes, a algunas y algunos de las y los responsables, entre estas personas se encuentran altos funcionarios y funcionarias de la Ciudad como Fabiana Fizbin, Gustavo Torres y Ana María Fernández, y policías como el subcomisario Carlos Díaz, además del empresario y gerenciador de Cromañón Omar Chabán, su mano derecha Villarreal, los músicos-empresarios y Rafael Levy, dueño del boliche, de talleres clandestinos y prostíbulos de la zona.
Como si lo padecido y luchado estos 15 años fuera poco, a fines del año pasado el TOC 24 ordenó la devolución de las llaves del inmueble a Rafael Levy, quien fue condenado a 4 años y medio de prisión por su responsabilidad en la Masacre. Dentro del espacio se encontraban las pertenencias de las víctimas y de los y las sobrevivientes –zapatillas, banderas, celulares y hasta una bicicleta- objetos de un gran valor simbólico que fueron oportunamente reclamados al tribunal el cual, en ese entonces, había ordenado la judicialización del inmueble. No sólo no se resguardaron las pertenencias, en tanto objetos personales, sino que tampoco huellas de memoria que relataban el horror vivido esa noche.
Tenemos el derecho a contar nuestra historia como nosotres deseamos, no queremos la cultura de la “lavada de cara” como política pública, queremos una cultura construida por y para nosotres y para el conjunto del pueblo de la Ciudad. Aquello que sea significativo, es nuestra decisión. No vamos a permitir que les nieguen a las futuras generaciones, el derecho a entender qué lógicas llevaron a la muerte de 194 personas. Por esa razón, presentamos de manera independiente, dos proyectos de ley a la legislatura porteña, uno de expropiación y otro de patrimonialización para el resguardo del inmueble. El proyecto de un espacio para la memoria incluye la integración de este Santuario que hoy estamos habitando, embellecido por la actividad independiente de familiares y sobrevivientes, sin presupuesto, a puro corazón. El santuario YA ES un espacio de memoria, ahora falta la decisión política de expropiar el boliche.
El oficialismo porteño encabezado por Vamos Juntos, que cuenta con mayoría en la legislatura, nos ha respondido, a través de la legisladora Victoria Roldán Méndez y el legislador Claudio Romero no contar con presupuesto para expropiar Cromañón, mientras vemos cómo gastan fortuna en obras de dudoso interés público. Un monumento inerte de mármol no salda la deuda que tienen con la masacre.
En cuanto al Jefe de Gobierno, Larreta, nunca nos recibió, nos ninguneó e inclusive ante nuestra presencia en la Jefatura a principio de este año, cerró las puertas y envió a las fuerzas represivas. Queda claro, más que nunca, que al Pro no le importa las políticas públicas para la memoria.
Como parte de esa lógica de desidia y maltrato recibidos, denunciamos la ausencia del Estado en la asistencia a familiares y sobrevivientes. A un año de su promulgación, el Ejecutivo porteño no reglamentó los artículos de la Ley de Reparación Integral que se encargan del acceso a salud, educación y trabajo, tan necesarios en los tiempos que corren, para familiares y sobrevivientes. Como muestra del desinterés nos enteramos que fue recientemente disuelta la Dirección de Asistencia a la Víctima, cartera encargada de la implementación de la Ley. Repudiamos la reducción del presupuesto no sólo para el acompañamiento de familiares y sobrevivientes de Cromañón sino también para veteranos de Malvinas.
En sus años de gobierno, el macrismo desplegó su peor cara anti-jóvenes y antipueblo. Recortó el presupuesto de educación y salud, reforzó el de seguridad, es decir el de represión a las protestas, cerró escuelas para hacer “inversiones en otro lado” como planteó Larreta. Los planes de ajuste nos encierran en particular a jóvenes y mujeres, en callejones sin trabajo, sin vivienda, sin salud, sin educación de calidad. Tarifazos, robo a los jubilados, son también atentados contra los derechos humanos. Por ese desfinanciamiento institucional recordamos, a un año, a Sandra y a Rubén quienes murieron por la explosión de una garrafa en una escuela pública de Moreno.
La violencia ejercida a través del gatillo fácil y la represión, no ha cesado de cobrarse vidas, particularmente jóvenes, en democracia. Sería imposible mencionar todos los casos, hoy rendimos homenaje a quienes fallecieron en la masacre de San Miguel del Monte (Gonzalo, Camila, Danilo y Aníbal), ocurrida en este año, que también quisieron hacer aparecer primero como un accidente, luego muerte dudosa, hasta que los familiares y el pueblo se organizaron y quedó al descubierto la lógica policial donde la vida no vale nada.
Las fuerzas de seguridad estatales, sólo durante este año asesinaron a una persona cada 19 horas. El 85% de estas personas eran jóvenes y pobres. Estos datos junto con el recuerdo del asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, los 7 chicos muertos en la Masacre de Pergamino y la injusta prisión domiciliaria a los responsables de este hecho, demuestran cómo las lógicas de la precarización de la vida y la impunidad de las fuerzas de seguridad en relación con gran parte del sector político y judicial de este país perpetúan muertes que pueden ser evitadas.
Durante los últimos 4 años, se produjo un femicidio cada 29 horas, arrojando un total de más de 1200 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Durante la gestión Macri se disminuyó el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres incumpliendo con la responsabilidad de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la lucha contra el sistema patriarcal. Como mujeres familiares y sobrevivientes apoyamos la lucha de mujeres, lesbianas, de las compañeras travestis y trans y repudiamos toda forma de violencia por razones de género.
Todas estas formas de violencia, entre las cuales se encuentra la masacre de Cromañón, son violencias ejercidas por el estado, ya sea por su accionar o por sus omisiones. Con la consigna de que EL ESTADO ES RESPONSABLE marchamos tratando de acompañar a otros familiares y amigos, organizados para lograr que no se olviden y que los culpables se hagan cargo.
Las responsabilidades y complicidades tienen nombres y apellidos. Lo sabemos porque hemos marchado con los y las familiares de Luciano Arruga, quienes nuevamente denuncian que es la policía del intendente Espinoza de la Matanza, que tortura, asesina y desaparece, pero a él parece no interesarle. Lo sabemos porque estamos con la lucha de las y los familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados por el Estado en el 2002, con clara responsabilidad política del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá quien en su momento felicitó al comisario asesino Fanchiotti y ahora acepta que cuando la policía reprime, la decisión es política, no de la misma policía. Hoy, en un nuevo atentado contra la memoria, Felipe Solá ha sido designado Ministro de Relaciones Exteriores. Con indignación vemos también, la designación de Vilma Ibarra, hermana -e histórica cómplice- de Aníbal, como Secretaria de Legal y Técnica frente a la posibilidad de que dicho cargo refuerce el poder político del destituido Jefe de Gobierno y/o facilite su acceso a un cargo público. Asimismo, indignadas e indignados, asistimos este año al accionar de la llamada justicia porteña que devolvió a Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler la posesión del inmueble de Luis Viale 1296, donde funcionaba el taller textil clandestino que se incendió en 2006, en el que murieron una joven de 25 años embarazada, dos adolescentes y tres niños. Apoyamos el reclamo de sobrevivientes y familiares, para que se funde en el lugar, un espacio de memoria
Todos estos motivos nos llevan a seguir en alerta ya que, evidentemente, la lógica contra la vida se repite constantemente, teniendo que lamentar nuevas muertes anunciadas que el poder encubre tratando de desviar la atención según le convenga: “había una guardería”, “fue el rock and roll” dijeron; “hubo un enfrentamiento entre piqueteros” dijeron; “tenía la pollera corta” o “con 16 años no es tan chica” dijeron; “fue un motín”, “no sabía nadar y se metió en el río”, dijeron.
Todos argumentos para quitar legitimidad a nuestros reclamos, y encubrir las responsabilidades empresariales y estatales.
Quisiéramos en fin, en un día como este, hablar sólo de nuestras hijas e hijos, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Abrazar a los y las sobrevivientes, abrazarnos entre sobrevivientes. Pero la realidad nos obliga a denunciar y acompañar otras tantas luchas, abrazar a otras y otros familiares y sobrevivientes, levantar sus banderas, sus consignas.
La memoria, la verdad y la justicia NO SE NEGOCIAN. Seguiremos firmes en este Santuario, y en donde haga falta, por eso somos un Movimiento. No vamos a permitir que ninguna falta de política ni ninguna injusticia nos vuelvan a paralizar.
Tenemos 194 razones para luchar contra la impunidad, más todas aquellas que se suman permanentemente. Hace 15 años Cromañón interrumpió nuestras vidas, haciéndonos dar un giro de 180 grados. Hace 15 años que lo miramos de frente y que aprendimos, con nuestros aciertos y desaciertos, a tomar la calle, a decidir, articular y exigir, con independencia de cualquier gobierno, aquello que nos corresponde. Gobierne quien gobierne, vamos a seguir luchando.
Por ustedes, queridas hijas e hijos, hermanas, hermanos, amigos y amigas. Por nosotros y nosotras sobrevivientes, por quienes que no están, por quienes están y por quienes que vendrán: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
Familiares, amigas y amigos en lucha, presentes!
Sobrevivientes de Cromañón, presentes!
¡Las pibas y los pibes de Cromañón presentes! ¡Ahora y siempre!

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