Red de radios

Solicitaron Juicio Político a Mauricio Macri

21.12.2010

En la Legislatura, el diputado Parrilli, en el marco del Informe de la Comisión Investigadora Especial, solicitó Juicio Político contra el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ingeniero Mauricio Macri

En ese sentido, el legislador de izquierda, justifica "El juicio político está previsto en nuestro ordenamiento constitucional en el capítulo cuarto de la constitución de la Ciudad de Bs.As. arts. 91 a 94, específicamente, el art. 92 del citado cuerpo legal establece que: “La Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen, a los ministros del Poder Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor del Pueblo y a los demás funcionarios que esta Constitución establece”.
No hay dudas en el suscripto con relación a que el Sr. Jefe de Gobierno, Ingeniero Mauricio Macri ha incurrido en la causal de “mal desempeño” de su cargo y que ese mal desempeño tiene tres puntos centrales:
Primero, la política llevada adelante para la integración de la Policía Metropolitana, centralmente en su cúpula, caracterizada por la conformación de la misma, en su mayor parte, por personal policial proveniente de la Policía Federal Argentina que prestara servicios en lugares claves del aparato represivo durante el período de la dictadura militar, como por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Federal.
Segundo: La creación, y en esto tiene un peso fundamental la circunstancia ya apuntada anteriormente en cuanto a las características personales y profesionales del personal de comando de la fuerza policial porteña, de una fuerza de seguridad que lejos de 206
constituirse en una fuerza que cumpliera con el perfil establecido en la ley 2894 fue diseñada y conformada como cuerpo de inteligencia con un perfil represivo claramente enfocado en la represión social, gremial y política como no otra cosa puede deducirse de los antecedentes de quienes hoy dirigen la fuerza, de la estructura misma de ella y hasta de su equipamiento.
Tercero: La conformación, dentro del esquema antes referido de la Policía Metropolitana, de un aparato ilegal de interceptación de comunicaciones telefónicas de ciudadanos y habitantes que funcionó en el seno mismo del aparato estatal, utilizando sus recursos materiales y humanos y violó gravemente garantías elementales de los ciudadanos.
Es indudable que la designación del personal policial antes referido en la cúpula de la Policía Metropolitana, el perfil dado a la fuerza por esos integrantes y la orientación de la misma hacia tareas de inteligencia y seguridad derivó en la conformación del aparato ilegal que, en cabeza de Ciro Gerardo James está siendo investigado judicialmente y ha generado, respecto del Sr. Jefe de Gobierno, su procesamiento en la esfera judicial y la elevación de las actuaciones judiciales elaboradas a su respecto a juicio oral.
Como es de público y notorio, tanto el Sr. Jefe de Gobierno como sus ministros del área, centralmente el Ministro de Seguridad y Justicia Dr. Guillermo Tristán Montenegro, así como el Sr. Jefe de Policía, Licenciado Eugenio Burzaco, han defendido la conformación de la Policía Metropolitana con personal que, en gran parte y sobre todo en su cúpula y altos mandos, se desempeñó en el aparato represivo de la dictadura militar. Asimismo también han defendido el perfil actual de la fuerza y reivindicado las tareas de inteligencia llevadas adelante por la misma.
Así las cosas, y siendo que estamos en presencia, obviamente, de una decisión política deliberadamente adoptada, deberán hacerse responsables de la misma.
El claro divorcio entre esa decisión política y las más elementales normas vigentes en materia de idoneidad para ocupar cargos públicos así como para la defensa de los derechos y garantías más elementales constituye, a mi juicio, una clara causal de mal desempeño del cargo que debe conducir al responsable de la administración de la ciudad, el Sr. Jefe de Gobierno, a su juicio político.
Es que, como lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Nicosia de estricta aplicación al caso en lo conceptual del objeto a que se apunta en el juicio político “Mal desempeño o mala conducta, no requieren la comisión de un delito, sino que basta para separar a un magistrado la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.
En el caso del Ingeniero Macri estamos en presencia de un mal Jefe de Gobierno que ha puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos y habitantes de la Ciudad de Buenos Aires por la política de seguridad que ha llevado adelante en la conformación, instrumentación y orientación de la Policía Metropolitana
En este orden de ideas recomiendo formar causa por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Mauricio Macri, según el procedimiento de juicio político previsto en los arts. 92 a 94 de la Constitución de esta Ciudad.
b) Inmediata separación de los actuales integrantes de la cúpula de la Policía Metropolitana referidos en el Informe de la Oposición de fecha 4 de agosto de 2010 y suscripto por los diputados Gabriela Patricia Alegre, Juan Pablo Arenaza, Delia Beatriz Bisutti, Rafael Amadeo Gentili, Diego Gabriel Kravetz, Gonzalo Roberto Ruanova, Francisco Nenna, Rocío Sánchez Andía, Claudio Damián Presman, Julio Raffo y Marcelo Parrilli en el marco de la Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana
Nuestro bloque se opuso en su momento a la sanción de la ley que creó la Policía Metropolitana, no porque estuviéramos en desacuerdo con que la Ciudad de Buenos Aires tuviera un cuerpo de seguridad sino porque no estábamos de acuerdo con las características que se pretendía dar a esa fuerza en los proyectos de ley que en definitiva llevaron a la sanción del cuerpo de leyes que dieron nacimiento a la Metropolitana.
Así las cosas, estamos absolutamente convencidos que la actual Policía Metropolitana debe ser disuelta para dar nacimiento a un cuerpo de seguridad en donde se incluyan controles de toda la ciudadanía no solamente en la conformación del mismo y designación de sus autoridades, sino en su funcionamiento cotidiano, con una posibilidad expresa y concreta de lograr la revocación de los nombramientos cuando sus funcionarios se aparten del marco en que tienen que desarrollar sus funciones que no pueden ser otros que la prevención y el cumplimiento de sus tareas con estricto respeto a los derechos, declaraciones y garantías contenidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la CABA y los tratados internacionales incorporados a ellas en materia de derechos humanos.
Ninguna duda tenemos que solamente así podremos lograr una policía de proximidad con los ciudadanos y habitantes de la ciudad y al servicio de los mismos, con reaseguros frente al autoritarismo y la corrupción, elementos centrales en la descomposición de los aparatos de seguridad.
En este marco que dejo brevemente enunciado, mientras se materializa la política que lleve a la disolución de la actual Policía Metropolitana y su reemplazo por otro cuerpo de seguridad, que debe instrumentarse por otra vía, sí creemos que corresponde y así lo recomendamos, atento las verificaciones efectuadas en el marco de esta Comisión y las pruebas reunidas, centralmente el informe de la Oposición de fecha 4 de agosto de 2010 efectuado por la Comisión de evaluación de la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad a la Policía Metropolitana, separar de la fuerza a todos los actuales integrantes de la cúpula policial entendida por tal los 52 altos mandos referidos en dicho informe.

Escuchas ilegales

21.12.2010

En la Legislatura porteña, la Comisión Investigadora Especial terminó de investigar al Jefe de Gobierno por la causa judicial N° 12.466/2009 autos caratulados "James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos" que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7. 

En el Informe afirman "Estamos en condiciones de afirmar que los hechos materia de nuestra consideración no integran un conjunto de sucesos aislados, no son simples errores administrativos o políticos surgidos de una tramitación rigurosa y seria de las cuestiones públicas, ni son el resultado de contingencias adversas que impactaron sobre un proceso de formulación y gestión de las decisiones políticas.
Se trata, por el contrario, de un sistema diseñado, propuesto y ejecutado por el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea del gobierno trasmitido como rutina organizativa a todos los estamentos de la administración.
Dicho sistema, que incluye el proceso de formulación y gestión de las decisiones políticas, atraviesa horizontalmente todo el aparato del Poder Ejecutivo y sobrevivió y hasta se vió fortalecido, contrariamente a lo que indicaría un razonamiento anclado en una visión republicana y democrática, a partir del estallido de la crisis".

Presidida por el legislador Hourest exponen "Donde había opacidad aumentó la oscuridad, donde se reclamaba asunción de responsabilidades se precipitó la fuga de las mismas, donde resultaba imprescindible aumentar los mecanismos de cooperación institucional, abrirse a la consideración social y legislativa la respuesta fue el abroquelamiento, el desconocimiento, el desprecio institucional y las prácticas crecientes de insinceridad pública acompañadas de estrategias de difusión que en lugar de informar a la sociedad solo traían confusión y manipulación.
Es por eso que la consideración de las responsabilidades políticas del titular del Poder Ejecutivo y de los funcionarios de primera línea no pueden estar mediadas por una percepción que, manteniendo a rajatabla la vigencia del principio de presunción de inocencia, suponga que los hechos que precipitan la crisis y las posteriores reacciones se explican por un acontecimiento, el impacto de la misma y una desorientación pasajera surgida de la conmoción".

El texto completo puntualiza "Estamos en presencia de una concepción del estado donde se repudian los avances republicanos y democráticos en materia de control y jerarquización de lo público como común, colectivo, universal, accesible y hospitalario. Una concepción que se empeña en no dejar “huellas” de su sistema de decisiones, que incentiva el funcionamiento de un doble estándar moral, que importa “grupos de solucionadotes de problemas “ llave en mano y no tiembla en ocultarlos de la consideración pública mediante artificios legales o el uso sistemático de la mentira.
De allí que consideramos que el titular del Poder Ejecutivo es el principal responsable del diseño, instalación y gestión de este sistema de decisiones políticas y con el que son solidariamente responsables sus funcionarios de primera línea.
El titular del Poder Ejecutivo es quien ha quebrantado permanentemente los pactos de verdad y responsabilidad y el principio de prudencia que por su jerarquía y responsabilidad estaba más obligado que nadie a cumplir. Ninguna consideración en torno a su situación personal, privada o procesal, puede ser antepuesta para consentir la vulneración de la salvaguarda de dichos pactos y la puesta en acto de dicho principio.
El Poder Ejecutivo no puede y no debe mentir sistemáticamente, no puede ni debe actuar de manera irresponsable ni gestionar cuestiones centrales de la convivencia ciudadana haciendo gala de imprudencia.
Dichas actitudes temerarias no dañan, como pretende asumir una concepción no republicana del poder a quien las lleva adelante y su costo se medirá en el resultado electoral inmediato, impactan sobre el sistema institucional en su conjunto y sobre las reglas de convivencia social con efectos que pueden desarrollarse y agravarse con el tiempo.
La visión decisionista de la democracia que pretende liberar de responsabilidades colectivas a quien toma las decisiones para situar a las mismas, en su legalidad y legitimidad, a partir de una convalidación electoral posterior ha traído un sinfín de desgracias y sinsabores e incubado profundas regresiones sociales y políticas en nuestra sociedad.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han consentido fenómenos de corrupción en la utilización de cargos públicos para fines privados y en beneficiar con decisiones de política pública a actores privados perjudicando el interés público.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han realizado encubrimiento negando accesibilidad integral, oportuna y universal a la información sobre cuestiones relevantes antes, durante el estallido de la crisis y en el marco del proceso de investigación.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han sido negligentes han descuidado aspectos centrales de la formulación y gestión de las políticas públicas, han omitido concientemente deberes que les son propios y que ninguna delegación de facultades les exime de cumplir, se han demostrado inhábiles, carentes de experiencia para seleccionar recursos humanos y establecer políticas, y reacios al diálogo institucional para enmendar errores cometidos.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea se han empeñado en omitir deberes, rutinas y salvaguardas que la ley les impone desarrollar y ello en el marco de una estolidez sin límite.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han resultado ineptos para llevar adelante las tareas que las leyes y reglamentos vigentes establecían tanto en materia administrativa, presupuestaria, de formulación de programas y de control de gestión.
Entendemos que el titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios de primera línea han resultado ineficaces ya que el sistema de decisiones adoptado y sus consecuencias lejos está de haber satisfecho las expectativas acerca de los resultados esperados tanto en materia de cumplimiento de la ley cuanto de los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Por todo lo expuesto esta Comisión remite a los tres poderes del estado de la Ciudad Autónoma estas conclusiones y recomendaciones.
Pero lo que es mas importante aun, ya que el objetivo de la misma no era la activación de los remedios institucionales incorporados en la Constitución y cuyo camino queda expedito a partir del procedimiento que pueda arbitrarse con la investigación aquí desarrollada y las que siguen su suerte en sede judicial, ponemos en consideración de la ciudadanía, titular inapelable de la soberanía y el poder constituyente, la formulación de un juicio público acerca del sistema y hechos aquí considerados. Ello independientemente de que consideramos que el titular del Poder Ejecutivo y sus ministros pudieran estar incursos en las causalidades establecidas en el artículo 92 de nuestra Constitución.
Reivindicamos la necesidad de un debate social extendido y denso sobre las cuestiones aquí planteadas; un trámite institucional (el juicio político) remite a cuestiones de factibilidad parlamentaria que pueden acompañar o no el ensanchamiento de la concepción de ciudadanía. Pero una tramitación social de este debate acerca del poder , sus capacidades y sus límites es el aporte mas valioso que puede realizarse mas allá de circunstanciales alineamientos en el Poder Legislativo.
Para quienes afirmamos convicciones republicanas, democráticas, deliberativas y participativas es en el seno de la sociedad y a lo largo del tiempo donde se dirimen las cuestiones mas profundas acerca del qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Es a ese espacio de controversia, conflicto y eventuales consensos hacia donde está dirigido el empeño de este dictamen".

Por último la CIE detalló "Queremos destacar, a riesgo de parecer anacrónicos, el papel central que cumple la ejemplaridad en la vida democrática. Fue Saint -Just quien señaló ante la Convención que “se promulgan demasiadas leyes, se dan pocos ejemplos” en esa línea argumentativa es que el reclamo sobre las conductas de los funcionarios públicos de mayor jerarquía adquiere dimensiones centrales. Hay que reclamar hasta el hartazgo que el comportamiento de los mismos pueda ser imitable y generalizable ; si por el contrario ,sus conductas resultan solo explicables por la posición de poder o notoriedad que ocupan circunstancialmente, si no pueden ser replicables sin ser reprochadas por los las débiles e indefensos, la democracia claudica en su pretensión igualitaria cediendo paso a la impunidad".

Huelga de hambre en el barrio de Pompeya

16.12.2010

Desde el lunes, seis delegados echados por la empresa Artes Gráficas Rioplatense (AGR) del Grupo Clarín, realizan una huelga de hambre, en reclamo de su reincorporación.

Además, se han encadenado a los portones de los talleres que la empresa tiene en Perito Moreno y Centenera, en el barrio porteño de Pompeya.
El conflicto no es nuevo, comenzó en 2004, cuando los seis delegados, que llevan adelante esta medida, fueron despedidos junto a un total de 119 trabajadores gráficos por AGR, subsidiaria del Grupo Clarín.
En el transcurso de estos seis años, la Justicia falló de forma favorable a los trabajadores, pero la empresa incumplió las resoluciones.
“Hace poco menos de un año se le terminó el último recurso legal a la empresa para poder patear la reinstalación (de los despedidos), se le impuso una multa pero la pagó porque en realidad no le interesa”, afirmó Luis Siri, uno de los trabajadores que reclama su reincorporación.
Siri explicó además que el reclamo no es solamente por la reincorporación, sino también para denunciar la continua violación de la empresa a la libertad sindical, el derecho a peticionar y a reunirse de los trabajadores.
A esta situación se suman dos nuevos despidos que se generaron después del 19 de setiembre de 2010 cuando la empresa impidió la realización de las elecciones de delegados. Los dos trabajadores se manifestaron en contra de la posición empresarial y a favor de la comisión interna y fueron despedidos.
“Así que se tomó la decisión de hacer esta medida, complicada, pero necesaria para no poner en riesgo más puestos de trabajo, y poder llevar tranquilidad de que en esta lucha lo único que iba a estar en juego era el lomo, como decimos nosotros, de los delegados. La gente lo entendió, se sumó, hoy la planta está parada, tenemos el apoyo de gremios amigos”, manifestó Siri.
El delegado despedido criticó también la postura del Ministerio del Trabajo de la Nación, cuya intervención calificó como tibia: “En las últimas cuatro audiencias que tuvimos, el Ministerio se mostró muy endeble y muy proclive a entender la postura de la empresa e incluso a avalar algunas de sus actitudes, así que nosotros por lo menos, en este caso, no solicitamos ni nos interesa la intervención, por ejemplo, con una conciliación obligatoria que beneficiaría a la empresa. Nosotros queremos que (la cartera laboral) sancione a la empresa en todos los expedientes que son muchísimos, más de seis mil fojas, que la sancione y que la cite y le aplique las multas que corresponden, además de hacer valer las resoluciones que ya se dictaron”.
Este tipo de prácticas en el Grupo Clarín es sistemático. Según relata Siri existen dos tipos de comisiones internas en la empresa: las pro-patronales que conviven permanentemente con ella y no atienden las necesidades y derechos de los trabajadores. “Después están las comisiones internas como nosotros que cuando se plantan se eliminan, como ocurrió con la comisión de prensa en el 2000 en Tacuarí, o con los dos delegados de TN y Canal 13 hace dos años, o los de Multicanal en 2002. Esta es una cuestión básica de las políticas de Clarín, se enriquecen mucho a costillas de los trabajadores, les roban plata, a nosotros en los últimos seis años no nos dieron ni siquiera un aumento paritario, nos han robado 140 por ciento del salario. Son 27 millones de dólares que Clarín le robó a los trabajadores y que después reinvierte en otras empresas”.
Mientras tanto, los seis delegados confirmaron que se quedarán en la puerta de la planta hasta que la empresa dé alguna respuesta que resuelva el conflicto.
 

Contra expresiones xenófobas del jefe de Gobierno

13.12.2010

En una comunicado de prensa la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) advierte y repudia las "conductas, expresiones y coberturas mediáticas xenófobas" del jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, realizadas en "relación a lo ocurrido en Villa Soldati". Es por ello que advierte al "conjunto de los trabajadores de prensa y comunicadores que no se presten a tratamientos periodísticos de carácter racista, discriminatorios y xenófobos que alienten un clima de violencia contra las distintas comunidades latinoamericanas o inmigrantes de cualquier país".

La advertencia y repudio de la UTPBA, esta firmada por las nuevas autoridades de la gremial de prensa, Lidia Fagale, Secretaria General de UTPBA y Raul Dellatorre el Secretario Adjunto de UTPBA. "La creciente aparición de actitudes racistas en estos momentos es un hecho penoso y grave. Y más grave aún es que se manifieste públicamente a través de testimonios inducidos, deliberadamente seleccionados para su difusión mediática intentando justificar su peculiar y repudiable visión del mundo" sostienen y puntualizan "la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires exhorta a su colectivo de trabajadores, también integrado por compañeros de distintas nacionalidades latinoamericanas, a rechazar todo tipo de directivas editoriales que colaboren con un modelo de periodismo que fomente la discriminación y la xenofobia".

Sancionan emergencia habitacional en la Legislatura

13.12.2010

En la Legislatura porteña se sancionó la Emergencia Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires hasta el año 2013. Prorrogando así la Ley N° 1.408, sancionada en 2004, y ya fue prorrogada por Ley Nº 2.472 de 2007, por un plazo de tres años a partir de su vencimiento. Entre los argumentos expresa "La situación de emergencia habitacional no ha variado desde la sanción de la ley 1.408, sino que ha empeorado. Analizando los números de la Ciudad, de su población total que asciende a 3 millones de habitantes, el 12% vive en situación de emergencia habitacional, padeciendo graves problemas relacionados con el acceso a la vivienda y condiciones de habitabilidad en general" y agrega "A partir de es cifra y de acuerdo a proyecciones realizadas tomando como base los últimos censos efectuados por el Gobierno de la Ciudad, unas 210.000 personas viven en Villas y 30.000 aproximadamente en Asentamientos".

Sobre los hechos del Parque Indoamericano todo el arco político salió a opinar. Desde el Frente Cultural Raymundo Gleyzer expresaron "Sin posibilidades, los vecinos de Soldati ocuparon el Parque Indoamericano desesperados en la búsqueda de una solución habitacional. Como respuesta recibieron cuatro muertos. Luego de tres días, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue sin hacerse cargo de ser responsable de las causas y las consecuencias de esta situación.
Mauricio Macri sub-ejecutó el presupuesto y no garantizó la construcción de las 1600 viviendas exigidas por Ley. Su política de abandono, silencio y represión hacia los más pobres –sobre todo en el sur de la ciudad- llegó al límite: los asentamientos crecen sin parar y su única respuesta fue pedirle al Estado Nacional el desalojo y la represión. La Policía Federal y la Metropolitana ejecutaron esa política de forma conjunta.
Esta problemática se extiende y profundiza más allá de la General Paz, bajo un modelo de acumulación arraigado en la concentración y extranjerización de la tierra que condena a los pequeños campesinos a abandonar sus tierras, su producción y migrar a la ciudad. No se garantiza el derecho al campo y cada día llega más gente expulsada en condiciones de miseria.
El Gobierno Nacional se sumo a denunciar la política nefasta del Gobierno Porteño, sin embargo es responsable del modelo de desarrollo basado en los agro negocios -extractivo y concentrado- que no puede sostenerse sin que las fuerzas de seguridad, nacionales provinciales o municipales actúen para defenderlo reprimiendo a quienes hacen lo que sea necesario para sobrevivir. Esta realidad se extiende desde Jujuy hasta Tierra del fuego.
Desde el Frente Cultural Raymundo Gleyzer repudiamos las actitudes xenófobas contra las comunidades de los hermanos pueblos latinoamericanos que viven en esta ciudad y cuyos derechos son tanto o más vulnerados cada día; y exigimos, junto a las demás organizaciones populares, que el Gobierno de la ciudad se haga cargo de resolver el problema habitacional de todos y cada uno de los ocupantes del predio, aunque no podemos dejar de resaltar que es imposible que la administración macrista con su plan de gobierno orquestado desde la ultraderecha, pueda resolver los problemas sociales de habitantes de las villas miseria de la ciudad".

Por su parte, desde la Mesa Nacional del Peronismo 26 de Julio exponen que "La Agrupación Peronismo 26 de Julio se suma al enérgico repudio ante la brutal represión policial en la madrugada del miércoles 8 en Villa Soldati, que costó la vida de Bernardo Salgueiro y Rosemary Puña, decenas de heridos y una cincuentena de presos. Y también lo asociamos a lo ocurrido en la Provincia de Formosa el pasado 23 de noviembre, que costó la vida de Roberto López , y con el asesinato de Mariano Ferreira a manos de civiles armados relacionados con la Unión Ferroviaria del Ferrocarril Roca.
En menos de dos meses, reivindicaciones legítimas, como el trabajo digno, la tierra para producir alimentos y la vivienda resultaron en el asesinato de compañeros del campo popular. 
NO existen las casualidades y debemos reflexionar sobre las causas que produjeron estos lamentables hechos.
El gobierno nacional, primero de Néstor y hoy de Cristina, están en contra de reprimir las manifestaciones, incluso aquéllas contrarias como las realizadas por la patronal campestre.
Entonces ¿por qué tantos asesinatos en tan poco tiempo?
Sin dudas, la intención es desestabilizar al gobierno actual. Los responsables máximos son los grupos concentrados del poder económico y sus actores políticos, que intentan frenar el avance del proyecto nacional, popular y latinoamericano reiniciado el 25 de Mayo del 2003 con el gobierno del compañero Néstor Kirchner y continuado por la actual Presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Estos sectores manejan a fuerzas policiales y civiles que aprovechan debilidades relativas en contextos de reclamos justos para atacar con sus balas asesinas.
Por ello no alcanza, aunque es necesario, repudiar, exigir el esclarecimiento y castigar a los responsables materiales e intelectuales de cada uno de estos hechos. Es imprescindible fortalecernos, ir por más, pero con unidad y organización.
El imperativo de esta hora es defender este gobierno y luchar por su continuidad en el 2011. Así contribuiremos a construir el poder popular necesario que rompa definitivamente con nuestra dependencia.
El peronismo revolucionario, y nosotros como parte de su gloriosa historia, tuvo que aprender con mucho dolor y sangre derramada que el único héroe válido es el héroe colectivo porque unidos somos fuertes pero organizados seremos invencibles".

Por su lado, Julio Raffo diputado de Proyecto sur sostuvo "Los gravísimos hechos que generaron muertos por la violencia y el descontrol policial en Villa Soldati ponen, una vez más, en evidencia la política macrista en connivencia con la Policía Federal y las autoridades que deben conducirla.
La instrumentalización política de la pobreza y la negación de la realidad social de nuestra Ciudad conducen a estos resultados: dos muertos, heridos graves, lesionados y abandono de los ciudadanos en uno de sus derechos humanos básicos: el derecho a la vivienda.
No basta hoy con pedir el ineludible juicio y castigo a los responsables del crimen y la violencia. No basta con señalar a sus responsables políticos, no alcanza con denunciar una política en la ciudad insensible a los graves problemas sociales que castigan, como siempre a los más necesitados y desamparados.
Es URGENTE la implementación de un PLAN DE EMERGENCIA para atender a las necesidades de vivienda de los habitantes de la Ciudad. Esta cuestión, debe ser entendida por el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional, no puede resolverse mediante la represión policial".