Red de radios

11.1.2013

La Sala IIde la Cámara Federal confirmó el procesamiento para los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, a quienes agravó las acusaciones, y ratificó la de los empresarios Sergio Claudio y Mario Cirigliano, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once, en la cual murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012.

Asimismo, el Tribunal revocó el sobreseimiento y procesó al maquinista Antonio Córdoba por el delito de "estrago culposo", según el fallo al que accedió Noticias Argentinas, de 62 carillas, y en el cual se urge al juez federal Claudio Bonadío a que remita la causa a instancia de juicio oral y público.

Los jueces agravaron la situación de los ex funcionarios por la expectativa de pena de las figuras penales y en atención a que estrago culposo prevé cinco años de cárcel y el de administración fraudulenta unos seis, con lo cual en caso de ser condenados por la máxima superarían los diez años.

A los ex funcionarios, entre quienes están Pedro Ochoa (titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte entre febrero de 2004 y diciembre de 2007) y Antonio Luna (ex subsecretario de Transporte), la Cámara les equiparó su situación penal a la de los empresarios, y los procesó por estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun en cambio no hicieron lugar al pedido de las querellas y la fiscalía de endilgarles el delito de asociación ilícita.

El tribunal también revocó el sobreseimiento de Antonio Sícaro (ex titular de la CNRT), quien en agosto pasado había sido ascendido a subsecretario de Regulación Normativa del Transporte y debió presentar su renuncia por la causa: al igual que al resto, le impuso embargos de 600 millones de pesos.

"Lo cierto es que el progresivo deterioro de los trenes y, con ello, el incremento de los riesgos, sólo resultó posible por la manifiesta inactividad de los órganos encargados de velar por el correcto y normal desarrollo del servicio, pues ha quedado demostrado que los funcionarios han incumplido sus propios deberes ejerciendo un control meramente formal", recalcó el Tribunal respecto del hombre que durante los últimos años tuvo a su cargo el control de todo el transporte público de la Argentina.

En cuanto a los ex secretarios de Transporte, los jueces señalaron que "no caben dudas" que Jaime y Schiavi "se encontraban en cabal conocimiento de los términos contractuales y de las graves deficiencias que rodeaban la prestación del servicio por parte de TBA, pese a lo cual permitieron su continuidad sin adoptar medida alguna tendiente a modificar la vergonzosa realidad".

También valoraron que ellos sabían del incremento de subsidios que se entregaban: entre marzo de 2006 a abril de 2010 el subsidio por explotación se incrementó un 146 por ciento; en tanto que el monto por pasajero subió un 483,72 por ciento entre 2003 y 2009.

"Ha quedado demostrada, de ese modo, la contribución de Jaime, Schiavi y Luna a los hechos analizados merced al desapego y total ausencia de atención a la forma en que eran mantenidos los bienes concesionados y al modo en que se prestaba el servicio y se velaba por la propia seguridad de los usuarios", remató la Cámara.

Respecto a Ochoa y Sícaro, los jueces evaluaron que como entonces titulares del órgano de control de transporte sólo se limitaron "a la periódica elaboración de informes, sin que ninguna concreta medida se tomara a efectos de que se corrigieran las deficiencias advertidas en relación a la operación del servicio ferroviario de la línea Sarmiento".

A los empresarios de TBA y la firma controlante de ésta, Cometrans, la Cámara los benefició al revocar la figura de asociación ilícita por la cual habían sido procesados en primera instancia y reformular la de estrago doloso por culposo (la cual prevé una menor pena) al considerar que no actuaron con la finalidad que el tren chocara.

La Cámara hizo referencia a los reiterados informes que elaboró la Auditoría General de la Nación dando cuenta de un pésimo estado de los trenes, y al considerar que las preocupaciones por parte del directorio de TBA "pasaban centralmente por lograr mayores reconocimientos económicos por parte del Estado".

"De tal proceder son responsables todos aquellos que, directa o indirectamente, tuvieron capacidad funcional para modificar el escenario adverso existente, pese a lo cual, desarrollando una política empresarial desaprensiva que, lejos de tender a conservar en un umbral mínimo los riesgos propios de la operación, priorizó la atención de asuntos corporativos en desmedro de las específicas funciones asignadas, permitieron y avalaron el paulatino y constante crecimiento de los peligros", agregaron.

Los jueces refutaron la versión de los hermanos Sergio Claudio y Mario Cirigliano, titular y apoderado de la firma controlante Cometrans, respectivamente, quienes aducían que las decisiones las tomaba el directorio de TBA y no ellos como empresa societaria.

Sobre el maquinista Córdoba, lo procesó al valorar que ingresó a la plataforma con exceso de velocidad, no se comunicó en ese momento con el puesto de control (teniendo un trayecto de 300 metros por cursar), amén de tener desactivado el dispositivo de seguridad denominado "hombre muerto".

"Inexplicables resultan los motivos por los cuales continuó su marcha, aceleró, dirigió el tren a la deriva a una velocidad elevada y con el mecanismo de seguridad hombre muerto desactivado", agregó el fallo.

En un apartado, la Cámara pidió rever el régimen de turnos que cumplen los maquinistas, prevaleciendo los de más experiencia en horarios de mayor cantidad de pasajeros, que el Estado brinde mayor "apoyo y contención" a las víctimas y familiares; así como un replanteo de los mecanismos de control del funcionamiento del servicio.

10.1.2013

La presidenta Cristina Kirchner ensayó hoy una crítica abierta al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y también mandó mensajes a los gobernadores de Córdoba José Manuel de la Sota y Buenos Aires, Daniel Scioli, al anunciar la renovación total de las Líneas de trenes del ámbito metropolitano Sarmiento y Mitre.

Durante un acto transmitido por cadena nacional, reclamó con énfasis a "gobernadores e intendentes" que eviten los aumentos bruscos de tasas e impuestos e hizo foco especialmente en aquellos "que quieren ser presidentes o gobernadores".

En ese sentido, la mandataria pidió "gradualismo" para incrementar aumentos a los ciudadanos y sobre el tema tarifas defendió la política de subsidios que viene implementando el kirchnerismo desde 2003, que -sostuvo- fue "un pilar básico para que la gente pudiera volver al consumo".

"Hay gente con ganas de ser presidente o gobernador, pero si la gente ve esas cosas y dice que si esto hace como gobernador, lo que hará como presidente", manifestó en lo que pudo ser interpretado como un mensaje para Macri pero también para Daniel Scioli, quien asistió al acto en la Casa Rosada y De la Sota.

"Algunos crearon una tasa por combustible, pero ya hay un impuesto por combustible que es de caracter nacional y se coparticipa a las provincias y estas las coparticipan a los municipios", se quejó Cristina Kirchner. Tanto Macri como Scioli intentaron aplicar esas subas para financiar distintos emprendimientos, pero luego dieron marcha atrás, mientra que De la Sota fue pionero y mantuvo la tasa.

"Por ahí se recauda más, pero en el largo plazo impacta negativamente", dijo, y añadió: "Les pido que me ayuden intendentes y gobernadores para seguir trabajando en políticas anticícilicas".

Remarcó que su administración compró "40 vagones" para la Línea A del subte y sostuvo que le hubiera gustado "un guiño de ojo" del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, a modo de agradecimiento.

"El otro día veía al señor jefe de Gobierno sentado en uno de estos vagones. Me hubiera gustado un guiño de ojo como diciendo gracias", afirmó la Presidenta con tono jocoso, en momentos en que Macri critica a la Nación por la presunta "falta de inversiones" en el subte.

Además, en un mensaje transmitido por cadena nacional, la mandataria pidió que las formaciones actuales de la Línea A, sean "refaccionadas y restauradas, porque forman parte del patrimonio cultural".

Durante el acto, Cristina Kirchner la implementación de un plan de "renovación total" de los vagones de los trenes de las líneas Sarmiento y Mitre.

"Será la renovación ferroviaria más importante de los últimos 50 o 60 años", sostuvo la mandataria y agregó que el plan acordado con empresas chinas beneficiará "a más de 8 millones de argentinos que viajan cotidianamente" en estas líneas.

10.1.2013

Este jueves 10 de enero, a las 11 hs. nos movilizamos al Instituto de la Vivienda (IVC), ubicado en Carlos Pellegrini y Perón, para luego marchar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. Los integrantes del Movimiento Darío Santillán, organización del FPDS Capital, acompañaremos a los vecinos y delegados del Camino de Sirga junto a numerosas organizaciones barriales de la Villa 21/24 para reclamarle a las autoridades que revean la decisión de avanzar sobre cientos de familias. 

Reclamamos que la relocalización de los vecinos del Camino de Sirga de la Villa 21/24 comience por las familias más afectadas, que son las que se encuentran en el sector del Meandro de Brian.

Exigimos que el IVC construya viviendas dignas en terrenos ubicados dentro del perímetro delimitado por los vecinos, que se encuentra entre Avenida Sáenz, Avenida Caseros, Vieytes y el Riachuelo.

A fines de 2012 el Gobierno de la Ciudad y el gobierno Nacional, resolvieron dar cumplimiento a la orden judicial de la Corte (a través del Juzgado Federal de Quilmes) en el llamado fallo Mendoza, y comenzar a desalojar el Camino de Sirga del Riachuelo (35 mts. a cada lado de sus orillas) en lo que se refiere a la Villa 21/24. 

Las familias a relocalizar suman alrededor de 1400 y debían estar ya ubicadas en viviendas dignas para el 1 de enero de 2013, con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca”, según indica la sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo al día de hoy sólo se han comenzado a construir apenas la cuarta parte de las viviendas necesarias y sólo hay terminadas unas pocas en Av. Castañares y Gral. Paz, a más de 12 kms. de la villa.

El cuerpo de Delegados del Camino de Sirga, pidió y acordó el traslado en primer lugar de la los afectados en la Manzana 25, que es la que sanitaria y ediliciamente se encuentra en mayor riesgo y cuyos habitantes están de acuerdo en ser trasladados a varios kilómetros de sus viviendas.

Por alguna razón que desconocemos, el gobierno de la Ciudad (ejecutor de las relocalizaciones) decidió comenzar por los extremos del camino, es decir por las viviendas ubicadas sobre la calle Luna y Orma y las que se encuentran en Iguazú y Orma (los llamados sectores "Tres Rosas" y "San Blas", respectivamente), que son las construcciones más consolidadas: unas por ser uno de los sectores más antiguos (Tres Rosas) y las otras, si bien son recientes, son de mejor calidad y poseen una traza urbana tradicional.

Los vecinos reunidos en asamblea junto al Cuerpo de Delegados del Camino de Sirga y numerosas organizaciones comunitarias del barrio hemos decidido resistir y pedir a las autoridades que revea su decisión que, en principio, comenzaría el 15 de este mes. Desde las 11 Hs protestaremos frente al IVC y luego marcharemos a Jefatura de Gobierno.

Convocan:

 Delegados del Camino de Sirga
Adhiere: Secretaría de Tierra y Vivienda – Junta Vecinal
Mesa x la Urbanización Participativa de Villa 21-24
Frente Popular Darío Santillán – Regional Capital

Conferencia de prensa por Sala Alberdi

6.1.2013
Por Nicolás Fucci

Integrantes de la Toma y Autogestión de la Sala Alberdi realizaron una conferencia de prensa para comentar el estado del conflicto, denunciar que aún se encuentra un grupo de compañeros en el sexto piso a quienes no se les puede alcanzar agua y comida y exigir la apertura del Centro Cultural General San Martín (CCGSM) para poder realizar los talleres que tenían planificados durante este mes para poder ejercer su derecho a generar su propio trabajo y sus propias expresiones artísticas.

Revelaron que el comunicado de la jueza (no tiene carácter de fallo) en que se amparan para tomar la medida fue enviado el 28 de diciembre, justo antes de que comience la feria judicial, y a su vez insistieron en señalar que ellos están en una situación similar a la radio y la televisión, que actualmente están funcionando, pues si bien están en el Centro, no responden a la dirección del mismo, lo que también sucede con la Sala que depende de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEArt), por lo que no debe adecuarse al receso por vacaciones.

Reafirmaron que su intención de no parar durante las vacaciones, sino al contrario realizar una veintena de talleres con la intención de llenar el lugar y poder continuar durante el año denunciando e impidiendo la privatización del Centro.

Caracterizaron la medida de cerrar el San Martín durante 40 días impidiendo el ingreso a la Sala como la avanzada más fuerte que realizó el gobierno en estos casi dos años y medio de toma y autogestión.

Sobre los hechos de la noche del viernes, contaron que luego de que en el marco de un festival de entre 150 y 200 personas y sin manera de comunicarse o pasarle alimentos a quienes estaban dentro, decidieran romper la cadena que cierra la reja de entrada e ingresar a la Plaza Seca se instalaron dos espacios de resistencia: los que ya estaba dentro se atrincheraron en la Sala, mientras que quienes ingresaron instalaron un acampe frente al hall de entrada.

Denunciaron que mientras esto sucedía seguridad privada del lugar golpeó a los jóvenes que estaban dentro y arrastró a algunos por las escaleras. Desde entonces, constantemente vienen hostigando a quieres realizan el acampe durante la noche sobre todo, cuando eran entre 50 y 70 personas, pero también a quienes están en el sexto piso, subiendo cada tanto y gritándoles cosas.

Eso noche alrededor de 50 efectivos de la Metropolitana ingresaron al Centro o varios móviles rodeaban la zona.

Pero la situación más grave es que prohíben el ingreso de comida y agua para quienes están arriba, que en definitiva están atrapados, pues si llegan a dejar el lugar éste quedará desprotegido y, según ellos mismos, va a entrar la seguridad privada y se perderá la Sala Alberdi. A esto hay que sumarle que les cortaron la luz del piso y les impidieron el acceso a los baños.

Es por estas situaciones de violencia y lo angustiante de la falta de agua y comida que ellos entienden que la política de la administración es apuntar al desgaste, al cual habría que sumar un acampe que está comenzando su cuarto día.

Actualmente la puerta de ingreso al Centro (no a la Plaza Seca) se encuentra custodiada por un grupo de seguridad privada y trabada con un gran caño de hierro, lo que desde la Sala ven como una gran metáfora de la privatización del Centro a la que vienen resistiendo: “Se adueñan del espacio público, se adueñan poniendo patovicas que nos hostigan, que nos  golpean, y una barra que cubre todo, tienen miedo a que entremos y hagamos los talleres.Si esto no es privatización qué es la privatización”, se preguntaba Agustín durante la conferencia.

Sobre este punto, Amelia, también de la Sala, reveló que actualmente un taller en el Centro puede costar 130, 140, 400 e incluso 800 pesos y comentó su experiencia personal, cuando hace un par de años estaba tomando un curso, que entonces sólo costaba $40 y ya en aquel momento aumentó, por lo que debió abandonarlo.

Frente a esto, desde la asamblea apuntan a reforzar el acampe cultural, en el cual constantemente se hacen actividades culturales y comenzaron a realizarse algunos talleres improvisados como malabares, rondas de cuentos para niños, guitarra y una olla popular. Reafirmaron su intención de realizar los talleres que tenían planificados en la Plaza Seca.

Para reforzarla, están convocando a artistas, músicos, a todos aquéllos que han realizaron actividades de o en la sala y a cualquiera que se interese por su lucha a acercarse al acampe sea con una carpa o a realizar alguna actividad artística o taller.

Además realizaron un pedido de donaciones, sobre todo de alimentos y elementos para higienizarse.

Convocatorias y pedidos que están siendo respondidos, algo en lo que ven una legitimación de su lucha.

Luego de la conferencia, intentaron presentar un petitorio y pidieron una reunión con algún funcionario con algunos representantes de la Sala y referentes de las organizaciones que se acercaron a solidarizarse.

No lograron nada, ni siquiera hablar con un funcionario pues la negativa la dio un agente miembro de la seguridad, pese a que el centro se encontraba Diego Fernández, figura administrativa que cumple las funciones de  la directora del Centro, Gabriela Ricardes y que el día anterior se había presentado junto a un escribano exigiendo que se retiren del lugar.

Durante la conferencia de prensa, señalaron:“Tienen miedo de que pensemos, de que nos juntemos y que nosotros mismos tomemos los medios para autogestionarnos. Tienen mucho miedo y lo están demostrando hoy, que cuando iban a comenzar los talleres nos encontramos con una medida que ni los trabajadores del centro cultural conocían”.