Red de radios

12.8.2014

La intención del PRO de sancionar una ley de evaluación y de creación de un Instituto evaluador autárquico en la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires daría paso a una nueva avanzada en la política de fragmentación-privatización y recolonización de la educación que viene desarrollando el PRO en nuestra Ciudad.

Las políticas de evaluación, externas, censales, empezaron a implementarse en Estados Unidos durante la presidencia de Bush en la década del 90 y se han extendido a varios países de América Latina y de Europa como parte de las reformas educativas neoliberales.

Estos modelos de evaluación son fomentados desde los organismos internacionales como el Banco Mundial con créditos prioritarios para los países que los apliquen. Con la creación de un instituto autárquico, el PRO pretende obtener parte de esos fondos ya que no requeriría la aprobación de la Ley de Presupuesto de la Ciudad para habilitar su endeudamiento, que, sin embargo, deberá pagarse con fondos públicos.

Las evaluaciones externas censales se han demostrado una notable pérdida de tiempo y recursos allí donde se aplicaron. No mejoraron la educación sino que, al contrario, la empeoraron. Al crear rankings públicos de escuelas, provocaron el corrimiento de matrícula a las escuelas con mejores resultados, profundizando así las desventajas de aquellas que presentaban dificultades. La consecuente distribución diferenciada de presupuestos y salarios docentes, como supuesto premio al mérito o fracaso escolar, agudizó esta fragmentación y provocó el empobrecimiento del currículo escolar ya que se fue, progresivamente, reduciendo al entrenamiento para responder a las pruebas de evaluación, obviamente de tipo “multiple choice” de valoración por planillas de cómputos.

Sin embargo, las propias pruebas P.I.S.A. (Programa Internacional de logros de los estudiantes de 15 años, que realiza la O.C.D.E. – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la Unión Europea), a la que nuestro país se somete desde el 2000, de carácter muestral, dan cuenta, en su enfoque metodológico, que las variables que pesan centralmente en los resultados de los logros de los alumnos son exógenas al propio sistema educativo. Son las llamadas E.S.C. de los grupos familiares de origen de los estudiantes: nivel Económico, estabilidad laboral (Stability) y nivel Cultural. En cuanto a las variables internas al sistema educativo, P.I.S.A. también demuestra que los modelos de rankings y competitividad interna entre escuelas son contraproducentes. Países con igual inversión en educación y parecido E.S.C., como Inglaterra y Finlandia, tienen resultados con diferente varianza o sea diferencia entre las escuelas con mejores y las de peores resultados. Finlandia posee una varianza de apenas 5%. El 98% de su sistema es público, con condiciones comunes de ingreso y funcionamiento, y no posee evaluación externa censal ni ranking de escuelas y docentes, lo que ha evitado la fragmentación del sistema. Inglaterra, en cambio, con un modelo avanzado de autonomía escolar, con rankings competitivos públicos en base a evaluaciones externas, posee una varianza de casi el 30%. A propósito, según PISA, la Ciudad de Buenos Aires, es la de mayor varianza del país, y tiene, no causalmente, el más alto índice de privatización.

Curiosamente, el PRO, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace 7 años, no ha sido capaz a la fecha, de realizar una evaluación de los resultados de 22 años de evaluaciones externas muestrales en esta Ciudad: 13 nacionales, 4 internacionales y 13 jurisdiccionales. Tal evaluación daría la inevitable conclusión que lo que falta en ciudad no son nuevas evaluaciones. La actual Dirección de evaluación ha más que duplicado su presupuesto en el último año: 41 millones de pesos. Independizada de la Dirección de Planeamiento desde hace dos años, ahora pretendería serlo del propio ministerio, en un proceso que desvirtúa lo que significa evaluar, ya que ésta es una tarea que constituye el proceso educativo y requiere tener un carácter integrado, procesual y contextualizado en el marco de clases y escuelas.

Recientemente esta Dirección ha comenzado a implementar evaluaciones censales a los alumnos del nivel medio, lo que le permitiría arribar en pocos años a la implementación de títulos diferenciados de egreso de ese nivel, tal como ya se aprobó en España con la Ley de Mejora de la calidad educativa del 2013 y con ello cercenar el derecho a ingresar en los niveles superiores de la educación.

La política de evaluación del PRO suma otro componente regresivo a nuestro sistema escolar. El sometimiento de nuestro sistema educativo a evaluaciones de agencias externas privadas incluso extranjeras, conduce al progresivo control de la selección de contenidos y valores por parte de las mismas y con ello a un peligroso proceso de recolonización cultural de la educación de nuestra ciudad. Señalemos además una paradoja: se sancionaría una ley de evaluación de una educación que nunca definió con una ley propia en esta ciudad, que establezca, por ejemplo, sus lineamientos generales, el carácter de su sistema, entre otros aspectos.

Se requieren medidas urgentes en materia de política educativa, en ciudad y en el país. Pero no son las propuestas por el PRO. Entre ellas señalemos algunas de las 12 del pliego elevado por Ademys al Ministro Bullrich: 1) un plan de formación docente continua en servicio, con relevo de tareas y sin pérdida de días de clase para los alumnos 2) la reformulación de la jornada laboral docente, de modo de incluir en la misma el tiempo de preparación de clases, de formación, ateneos, estudio de casos con problemas de aprendizaje, el trabajo colaborativo institucional. 3) la reunificación en un sistema educativo público único, mediante la supresión de los subsidios a la educación privada y la progresiva incorporación de las escuelas privadas al sistema estatal con reconocimiento de derechos laborales a sus docentes. 4) Un urgente plan de construcción de escuelas en la zona sur, la Boca y Retiro así como de escuelas de nivel inicial en toda la ciudad tal como se ha reclamado desde el proyecto de Ley 2030-D-2014.

Todo esto supone que, la jurisdicción con mayores recursos del país y con menor esfuerzo presupuestario para educación (21%), aumente el presupuesto educativo y abra un debate con docentes, estudiantes y padres para otra política educativa que termine con el curso e fragmentación privatista y recolonizador de la política actual. En lo inmediato, se debe rechazar este proyecto regresivo para la educación en nuestra ciudad.

Laura Marrone es Licenciada en Ciencias de la Educación. Profesora de Institutos Superiores de Formación Docente. Fue Secretaria de Asuntos Pedagógicos de Ademys, actualmente integra su Comisión de Educación. Asesora de la Comisión de Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista en el Bloque del FIT.

11.8.2014

Con la presencia de más de 70 docentes de educación del adulto (Cens, Fines, Bachilleratos populares, etc.)  de la CABA, provincia de Bs. As. (Lanús, Lomas de Zamora, Bahía Blanca, entre otros) y Neuquén, se realizó el encuentro donde se debatió sobre la problemática de la educación del adulto y el adolescente, el progresivo desmantelamiento del área del adulto y el adolescente y su reconversión en precarios planes a término (Fines 2, “Terminá el secundario” de la CABA)  que, limitándose a facilitar  una titulación, precarizan y degradan el trabajo docente y la educación.

Con las consignas “por más escuelas, mejor educación” y contra la precarización laboral y del conocimiento que implican estos planes, se avanzará en la construcción de una coordinadora “En defensa de la Educación de Adultos y contra la degradación de la educación pública” cuyo documento convocante reproducimos:

“La educación argentina se encuentra inmersa en una profunda crisis. Los programas que pretenden mejorarla,  solo profundizan su descomposición.

Las distintas reformas implementadas en la educación de adultos constituyen la punta del iceberg de una tendencia que de consolidarse afectará y degradará al conjunto del sistema educativo. Por ese motivo, distintas organizaciones convocamos a una jornada nacional de debate sobre el estado actual de la educación de adultos. Docentes, organizaciones sindicales, estudiantiles y políticas y la sociedad en su conjunto nos reunimos para debatir cómo frenamos el ataque a la educación de adultos y qué tipo de educación queremos.

Porque distintos programas  “alternativos” implementados en los últimos años (como Plan Fines 2 o “Terminá el secundario” de la CABA), atentan contra la modalidad de adultos avanzando hacia su desmantelamiento.

Porque defendemos la escuela y el aula como espacios de intercambio entre pares, esenciales en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Porque nos oponemos a que la escuela se reduzca a un espacio de titulación.

Porque nos oponemos a planes que deterioran la educación de los trabajadores, destinatarios mayoritarios de la educación del adulto, quienes pueden recuperar en las aulas su voz y protagonismo.

Porque nos oponemos a la precarización y descalificación del trabajo docente

Porque la precarización laboral precariza el conocimiento".

11.8.2014

En un paso más por la igualdad y la defensa de todo tipo de violencia de género, la Directora de Coordinación Comunitaria, Laura García Tuñón, junto a la Secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de CTA Capital, Jorgelina Sosa, presentaron este martes un Proyecto de ley para establecer la licencia por violencia de género. Este proyecto tiene el acompañamiento de José “Pepe” Paralta, Secretario General de la CTA-Capital, José Luis Matasa, Secretario General de ATE-Capital.

La Ley propone que las víctimas de violencia de género puedan ausentarse de sus puestos de trabajo, presentando justificación emitida por asistencia a las víctimas y asimismo tendrán derecho a la reducción horaria y o cambio de lugar de trabajo. En la fundamentación del proyecto presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se plantea la importancia de la inclusión de este artículo en el régimen de licencias de los trabajadores municipales, “El hecho de que la licencia sea entregada de forma inespecífica, por enfermedad o psiquiatría revictimiza y pone en un lugar difícil a la violencia de género y no en el plano cultural o social, como se desprende de la ley nacional.” Como dice la Directora Laura García Tuñón, “con la incorporación de este derecho laboral se puede generar un observatorio de estadísticas oficiales e índices oficiales, posibilitando el conocimiento más completo de la problemática, que permite a su vez, el correcto diseño de políticas públicas focalizadas en resolver la problemática”.
Actualmente, la ley Nacional 26.485 regula sobre la problemática de violencia de género, pero al día de hoy las victimas deben pedir licencia por enfermedad o salud mental ante esta situación. Precisamente, el planteo es "Nada de licencias por enfermedad” ni mucho menos “licencia psiquiátrica”. Nada de maquillar lo que debe ser dicho para encontrar su lugar. La licencia por violencia de género era un derecho hasta ahora (casi) inexistente, pero empieza a abrirse paso. Luego de la presentación en la Cámara de Diputados santafesina para trabajadoras/os provinciales, la construcción de este marco legal para modificar la actual forma de entender la violencia de género viene desarrollando proyectos en todo el país, principalmente de la mano de la CTA y de ATE.
En este marco, el diputado nacional de Unidad Popular, Víctor De Gennaro, presentará un proyecto de ley nacional para que todas las trabajadoras/os, tengan ese derecho cuando los golpes, o cualquier otro tipo de violencia, les impidan concurrir a sus trabajos.
Ya lo consiguieron en Chubut. La fecha quedó marcada en la historia de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech): el 12 de abril, en la paritaria provincial, lograron establecer un artículo específico del Reglamento de Licencias, el 5E, que no sólo permite a la docente tomarse los días que indique su médico, sino además facilita el inmediato traslado ya sea a otra ciudad o a otra provincia, si la situación lo requiere. Esto hizo que los sindicatos docentes de Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa la incluyeran este pedido en sus paritarias en marcha.
“El desafío es llamar a las cosas por su nombre, la importancia es poder visibilizar la problemática y politizar este tema para plantearlo como un problema social, para tener un abordaje más integral. Es una deuda que tenemos con aquellas víctimas de violencia de género, que luego de hacer la denuncia, recorren este camino en soledad”, comentó Jorgelina Sosa, Secretaria de Género de la CTA-Capital.
“Esperamos que los legisladores de todos los bloques apoyen esta iniciativa y pueda llegar a ser ley”, apuntó la ex legisladora de UP García Tuñón, quien presidió 4 años la Comisión de Legislación de Trabajo en la Legislatura, llevando iniciativas de mejoras de las condiciones laborales. “Aquella persona que ha pasado por situaciones de violencia necesita tiempo para recuperarse de las agresiones, iniciar acciones legales, recurrir a atención psicológica y jurídica o acceder a contención afectiva. Esas licencias inespecíficas, como por ejemplo la psiquiátrica, terminan resultando una pesada carga para los propios trabajadores. Queremos construir un marco de protección que permita defender todos los derechos, y los relacionados al género siempre son los más postergados, esto pretendemos modificarlo”, concluyó Laura García Tuñón.

10.8.2014

Durante las vacaciones de invierno se realizó una reunión entre la Directora de Planeamiento Educativo Mercedes Miguel, las jefas técnico-pedagógicas de Cepa, Mabel Novellino y Noemí Doublier y la coordinación del núcleo Currículum, Saberes y Conocimiento Escolar. En ese encuentro Mercedes Miguel comunicó las intenciones de realizar un recorte de 39 cursos , sobre la oferta inicial de cursos regulares del segundo cuatrimestre, que contaba con un total de 201 propuestas.

Dichas propuestas habían sido confirmadas con antelación por los respectivos coordinadores a los capacitadores, enviando el borrador de cartilla como se hace habitualmente y confirmando día y sede asignadas.

La determinación se basó en un recorte de gastos y en ningún caso se brindaron argumentos sosteniendo tan arbitraria medida. Esto obviamente ha generado el desempleo de todos aquellos capacitadores cuya propuesta ya presentada y aprobada en primera instancia, no será ofrecida. Además de generar una disminución de gran cantidad de cursos a los que los docentes ya no podrán acceder. 

Estas medidas van acompañadas de una desidia intenimocionada en la falta de difusión de los cursos de cartilla que por primera vez comenzarán recién en setiembre y de la inscripción online de los docentes en los mismos, con los inconvenientes que eso genera en la inscripción.

Trabajadores de Cepa

8.8.2014

Días después de la conmemoración en nuestra Ciudad el Día de la Mujer Afrodescendiente, el ataque a una joven perpetrado el pasado 31 de julio, en pleno barrio de Once, pone en evidencia una vez más la falta de una ley antidiscriminatoria que se hace esperar, mientras que las mujeres afro siguen padeciendo la violencia institucional y el ataque de una sociedad que no respeta los derechos humanos.

 
La Mesa Nacional por la Igualdad, a través de su Secretaria General y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura Porteña, María Rachid, lamenta y alerta a la comunidad política y a toda la ciudadanía sobre el hecho ocurrido el pasado 31 de julio a las 14.30 en Rivadavia a la altura de Avenida Jujuy, en ocasión que el encargado de un edificio atacó verbal y físicamente a mujer senegalesa de 21 años, cuya identidad preservamos por seguridad-, quien se encontraba en ese momento, trabajando en la vía pública.
 
Al grito de “no quiero ver una negra cuando salgo a la puerta del edificio”, rompió los juguetes que ella comercializaba y, no conforme con eso, comenzó a patearla en el estómago, antes de escabullirse dentro del edificio. Inmediatamente se acercó un policía, que ante el pedido de ayuda de la hermana mayor de la víctima, respondió que “en este país es común pegarle a las mujeres”.
 
Mientras eso sucedía, y para afirmar lo que el policía estaba diciendo, el encargado salió nuevamente y la agredió con dos golpes de puño cerrado en el cuello. Su hermana, al intervenir, también fue golpeada, y finalmente, el hombre, esgrimiendo “Váyanse a su país NEGRAS DE MIERDA”, volvió a esconderse.
 
Frente a esto, organizaciones afrodescendientes y de Derechos Humanos, realizarán, el jueves próximo, una manifestación pública en repudio a este y otros casos de violencia de género y discriminatoria en nuestro país.
 
Por su parte, María, además de manifestar su profundo repudio, expresó que “nos solidarizamos con las víctimas de este terrible hecho que increíblemente  ha sucedido en un país que no deja de otorgar derechos ni de abrir las puertas a la comunidad migrante y afrodescendiente. El  caso ya está en manos de los representantes legales de la Mesa Nacional por la Igualdad, aunque llamamos a todos/as los/as legisladores/as y la sociedad entera a reflexionar sobre este acto de violencia que una vez más expone, la urgencia de una ley antidiscriminatoria que no puede seguir postergada”.  
 
La Profesora Miriam V. Gomes, presidenta de la Sociedad Caboverdeana de Dock Sud, declaró: "La semana pasada, supimos la lamentable noticia de que una joven ciudadana senegalesa había sido agredida en la vía pública por un individuo que no sólo la insultó con epítetos racistas, sino que también la golpeó salvajemente en el estómago y el cuello. Cuando creíamos que hechos como éste irían quedando atrás, como parte de un pasado intolerante y violento, nuevamente la realidad nos despierta y nos pone en alerta para redoblar nuestros esfuerzos para luchar contra el racismo, la xenofobia y la violencia de género. Porque de eso se trata este hecho: una situación en que un individuo abusa de su 'autoridad' como 'macho' dominante y más fuerte, ante el silencio/complicidad general y, lo que es más grave, de un agente policial. Estamos acompañando a la joven en esta situación y lucharemos para que no se repita."
 
Asimismo, el Presidente de la Asociación de Senegaleses Residentes en la Argentina, Moustafá Sene, manifestó que “la violencia es un hecho que tenemos que combatir entre todas y todos. Durante los últimos años, los miembros de la comunidad senegalesa han sufrido varias agresiones relacionadas con la policía  en allanamientos violentos e irregulares, citando el ejemplo del compatriota asesinado en la matanza en noviembre de 2011, pero también con el racismo y la xenofobia,  tomando como ejemplo el ataque con soda caustica de una mujer argentina a un joven senegalés en diciembre de 2013.
Este 31 de julio, una vez más el racismo y la xenofobia despertaron los nervios de un argentino que golpeó a una joven senegalesa por el único motivo de que ella esté vendiendo regalitos para niños frente a su casa. Esta joven de tan sólo 21 años que llegó al país hace un mes y medio para reencontrarse con su hermana mayor que tuvo que abandonar a su familia durante cuatro años para ganarse la vida y poder ayudar a sus hermanos y hermanas, necesita todo nuestro apoyo para superar estos momentos. Asimismo, juntos, pedimos que la justicia haga su trabajo para que esto nunca se vuelva a repetir.  La Argentina es un país de derecho cuyas instituciones son reconocidas al nivel internacional; por lo tanto, los actos racistas y xenófobos de los unos y otros deben ser castigados con el fin de preservar todos los derechos otorgados a todas todos por la Constitución Nacional”.