Red de radios

3.3.2015

LA RETAGUARDIA

La dificultad para acceder a una vivienda digna es una de las problemáticas que más afecta al barrio de La Boca. Los conventillos y los desalojos forman parte de su vida cotidiana y en el último tiempo, a los civiles y penales se han sumado los desalojos administrativos. “Viene una guardia de auxilio del gobierno de la Ciudad, te toca el timbre y te dice ‘me permite pasar, que quiero ver cómo está el estado de su casa, de su conventillo o de su casa tomada’, entran y dicen que se está por caer, que hay que clausurar, y las familias afueras”, así describió la periodista Martina Noailles lo que caracterizó como “el nuevo mecanismo de limpieza de los pobres de La Boca”.

El objetivo es colaborar con el negocio y la especulación inmobiliaria para cambiar el barrio y transformarlo “en otro, para otros”. Martina Noailles, del periódico barrial Sur Capitalino, explicó cómo se extiende esta nueva práctica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Estas guardias de auxilio están visitando familias, nos estamos enterando de a poco, ya tuvimos dos casos en la calle Necochea, por eso creemos que tiene vinculación con un proyecto de remodelación de las cuatro cuadras donde estaban las cantinas, porque justamente estaban en esa zona. Estamos tratando de relevar a través de la Defensoría Tutelar que es a donde suelen llegar los vecinos que quedan en la calle para ver cuáles son los otros casos”, explicó Noailles en diálogo con La Retaguardia.

En este sentido, la trabajadora de prensa del periódico Sur Capitalino señaló que para las familias es muy complejo poder defenderse ante estas situaciones: “tendrías que poner tu propio perito y para eso tendrían que darte tiempo y no entrar y decirte que te ponen la clausura en ese momento y te quedas en la calle. Son como casi automáticos. No hay una notificación como hay en los desalojos judiciales. Son administrativos y es prácticamente nula la oposición que podés hacer, salvo que no los dejes pasar, por eso estamos viendo el mecanismo para ello. Estamos viendo si podemos empezar a advertir a los vecinos que no los dejen entrar y poder poner peritos de parte nosotros, para ver cómo hacemos para frenar esto, o quizás pedir que se puedan remodelar las casas con subsidios, créditos, pero la manera no es dejarlos en la calle porque sabemos que después terminan del otro lado del Riachuelo”.

A su vez, Noailles manifestó que si efectivamente el gobierno porteño se interesara por el estado de las construcciones del barrio de La Boca, haría algo con el 80% de los conventillos que está por derrumbarse: “hay que ver entonces cómo selectivamente van a empezar a entrar en diferentes zonas, o dueños que empezarán a gestionar de esta manera los desalojos, me parece que es una estrategia que se suma a las otras, y por eso estamos nuevamente alertas para ver qué pasa con esto y denunciarlo. El panorama es muy oscuro, no pareciera que nadie lo vaya a frenar, supongo que el gobierno del PRO va a seguir en la ciudad, y me parece que no hay oposición política que pueda frenar este proceso tampoco. No hay de parte ni del gobierno nacional, ni de las fuerzas que lo componen una oposición clara a este proceso, esto lo hace aún más complicado. Somos algunos de grupos de vivienda, algunos movimientos del barrio que estamos saliendo a exigir y a reclamar y a llevar propuestas a la ciudad, pero estamos bastante solos”, agregó.

“Son miles los que tienen problemas de acceso a la vivienda que poco a poco están siendo expulsados del barrio – advirtió además Noailles –, pero en vez de ayudarlos a poder tener una vivienda digna, lo que hace el Estado es habilitar el negocio inmobiliario con sus políticas de distritos que ayudan y dan beneficios impositivos y de otro estilo, y esto lo que hace es que se estén multiplicando los desalojos. Tras la feria judicial, tuvimos el primero de los desalojos de parte de los oficiales de justicia, y por lo que sabemos ya hay unos doce previstos para los próximos meses. Los desalojos están siendo cada vez más rápidos, y los dueños de los conventillos o los que dicen ser dueños, están iniciando estos procedimientos express de desalojo. La justicia penal de la ciudad tarda unos seis meses, en la nacional un poco más, pero están siendo bastante acelerados. Alguna fuente judicial me ha dicho que hay jueces que están comprando terrenos en La Boca, así que estamos muy preocupados porque se están multiplicando (los desalojos), además de los proyectos que tiene la ciudad para el barrio, porque no está solo el Distrito de las Artes, también quieren sacar el asentamiento Lamadrid, que ocupa tres manzanas, ya que por ahí quieren pasar una vía que vaya de Puerto Madero a Caminito, y ahora también quieren ‘remodelar’ la calle Necochea, donde estaban las cantinas, donde hoy vive gente”.

A partir de una ley aprobada en 2012 en la Legislatura porteña se creó en el barrio de La Boca el Distrito de las Artes. Según explicaba Noailles en una entrevista con La Retaguardia realizada en 2013, en este distrito “se ayuda a los inversores, se los atrae a través la exención de impuestos. Esta es una ley que salió luego de una negociación entre el macrismo y el kirchnerismo, que perjudicó claramente al barrio. Y aunque los vecinos se oponían a su aprobación, fue votada igual en la Legislatura. Es una norma similar a lo que ocurrió en Parque Patricios, con la diferencia de que en Parque Patricios no había que desalojar a nadie, en cambio en La Boca hay que sacar a todos los pobres que no van con el negocio que quieren hacer”.

Respecto a la aprobación de la ley, Noailles sumó en esta última charla nuevos elementos: “el Plan Procrear recién ahora va a empezar a construir en terrenos ubicados atrás de la cancha de Huracán, linderos a la villa 21, eso ya es Barracas. Esto se decidió al mismo tiempo que la Legislatura porteña negoció y aprobó el Distrito de las Artes para La Boca, o sea que fue un intercambio de favores que perjudicó claramente a nuestro barrio. De lo poco que interviene la Nación en nuestro barrio, encima pasa esto de que se devuelven favores y terminan hasta perjudicándonos”.

El negocio de Casa Amarilla

En poco tiempo se entregará el primero de tres edificios que componen las 438 viviendas ubicadas en terrenos de Casa Amarilla. Se trata de un programa de vivienda social que impulsó Aníbal Ibarra en 2005, pero construyó Mauricio Macri. Eso sí, el líder del PRO lo hizo obligado por una orden judicial: “en realidad eran 1200 viviendas, pero la disputa judicial hizo que terminaran siendo menos, en una negociación con algunos vecinos que querían tener estas viviendas y con otros que querían tener terrenos libres, que ahora son terrenos codiciados justamente por el club Boca para su hacer su nueva cancha”, explicó Martina Noailles a La Retaguardia.

Estas tierras siempre fueron del Estado, en un comienzo una parte pertenecía al ferrocarril y otra al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Esta última pasó a manos de la Corporación del Sur, que es la que la administra: “tiene posibilidad de vender terrenos que son de la Ciudad, a diferencia del IVC que en realidad no puede vender, ni negociar. Todos habían sido de la Ciudad, pero allá por los años ’90 una parte pasó a Boca. A cambio, el club tenía que construir ciertos sectores, como la Bombonerita y otras áreas del club y brindarle al barrio espacios deportivos, ese era el acuerdo. Pero desde que comenzó la presidencia de Mauricio Macri (en Boca) esto no ocurrió. Esa apertura que tenían que tener para el barrio, nunca la tuvieron. Más allá de esto, quedaron varias hectáreas libres que es donde se terminó construyendo este programa iniciado por el gobierno de Aníbal Ibarra, que después se truncó por una disputa judicial de un sector de vecinos del barrio que no quería que se construyera ahí porque quería que se conservara como espacio verde, y pedía que la vivienda se diera solamente en los espacios ociosos que tiene el barrio, terrenos y viviendas que no estaban siendo utilizadas. Esto generó una disputa en la justicia, la parte de los que sí se habían anotado en estos programas que eran 5.000 familias lo llevó a la justicia, y finalmente la justicia ordenó construir”, detalló Noailles.

En el medio de la disputa judicial, la cantidad de viviendas a construir se redujo a un tercio, a partir de una negociación que tuvo al club de la ribera en el medio.

El periódico barrial Sur Capitalino inició una investigación para determinar quiénes eran los destinatarios de estas viviendas que comenzaban a construirse: “todo estaba muy hermético y cerrado, lo que obviamente nos hizo sospechar que algo pasaba. ¿Quiénes son? ¿Cómo se van a elegir los adjudicatarios? De aquellos 5.000 iniciales pasaron a ser 1200 para terminar siendo 438, queríamos saber cómo se dio eso, sobre todo porque había vecinos que se habían anotado en el programa y que nos venían a contar que se estaban quedando afuera sin ningún motivo. Esto no era como el Procrear que se sortea u otros planes de vivienda que quizás hay un puntaje, que tiene en cuenta que cuanto más vulnerable es tu situación más posibilidades tenés de tener tu casa, o ciertas condiciones para poder pagarla a treinta años a poco costo. En este caso, como se judicializó, turbiamente una ‘asociación civil’ liderada por una persona, Diego Basualdo, que estaba muy ligada al PRO y a (Daniel) Angelici (presidente de Boca), es la que termina decidiendo quiénes son las 438 familias que iban a ingresar allí. Esta persona es quien había hecho la demanda contra el Estado porteño para que esas viviendas se construyeran, por lo que la justicia le otorga extrañamente, porque son viviendas sociales que construye el Estado, a su asociación civil, es decir a un privado, la posibilidad de elegir a las familias”, detalló Noailles.

Finalmente, Sur Capitalino consiguió las listas de los beneficiarios. Solo el 20% eran vecinos de La Boca, es decir, alrededor de 80 familias que, según señaló Noailles, implica más o menos la población de cuatro conventillos del barrio: “nos dimos cuenta que esas listas estaban plagadas de irregularidades, con muchos barras de Boca dentro del listado, incluso había uno que estaba en ese momento preso por una causa de carnet truchos, vinculado a la barrabrava, y otros tantos. También encontramos irregularidades como que una familia tenía tres departamentos, uno el padre, otro la madre y otro un hijo, muchas cosas que sonaban extrañas. En aquel momento, la denuncia pública no fue tomada por la justicia, ni por ningún político opositor al gobierno de la ciudad y quedó flotando en la nada hasta que finalmente el año pasado Iván Kerr, que es uno de los directores del IVC, nos dio un reportaje después de pelearla un año y medio porque no querían hablar. Allí intentó aclarar, oscureciendo aún más la situación. Dijo que ellos iban a chequear quiénes eran esas 438 personas, que no nos podían decir, pero que iban a chequear y ver si estaban en el programa original, pedimos los listados del programa original pero no nos los dieron. La semana pasada volví a hablar por teléfono con él, me explicó que las viviendas ya estaban por entregarse y que había habido una limpieza en esas listas, pero hay otro ingrediente que es quién decide quiénes entran por las personas que se dieron de baja. Es decir, la asociación civil vinculada al PRO pone 438 familias, se supone que algunas de ahí no cumplían con los requisitos, entonces se tienen que meter nuevas familias, pero quién define de las 800 familias que quedaban qué familias entran ahí, es también la asociación civil de Diego Basualdo. Cuando esta persona tuvo que elegir, empezaron a circular los pedidos de plata. Muchos vecinos se acercaron a contarnos que estaban pidiendo 30.000, 50.000 pesos para estar en la lista e ingresar en esos huecos limpiados por el IVC”, agregó la periodista.

Riachuelo

Todas las viviendas sociales que construyó Mauricio Macri en sus ya más de siete años de gestión fueron por orden judicial. Al ejemplo de Casa Amarilla se suma la causa Mendoza, que afecta a los vecinos de Villa 21 y Villa 26 que debieron abandonar sus casas para liberar el camino de sirga del Riachuelo.

En 2004 un grupo de vecinos presentó una demanda para reclamar la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar su saneamiento. En 2008, la Corte Suprema determinó que la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, además de 14 municipios, debían llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento. Así fue como Macri se vio nuevamente obligado por la justicia a dar una respuesta social a los vecinos.

28.2.2015

A lo largo de sus dos mandatos, para Cristina, los siempre extensos y complejos discursos de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso han sido un lugar de balance de la gestión de gobierno pero también de anuncios de políticas futuras y de envío de proyectos de leyes. Aquí, un resumen año a año de los principales temas tratados en cada uno de esos discursos.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará este domingo su octavo acto de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y pronunciará así el último discurso de su segundo mandato en un ámbito desde el cual la jefa del Estado siempre adelantó parte de los movimientos políticos que haría su Gobierno, sobre todo en materia legislativa.

Ante el plenario de diputados y senadores que se reúne cada primero de marzo, la jefa de Estado anunció, por ejemplo, que el poder Ejecutivo enviaría al Congreso iniciativas trascendentales para su proyecto de gobierno como el de la reforma de la carta orgánica del Banco Central o el de unificación del Código Civil y Comercial, cosas que finalmente ocurrieron.

La Presidenta decidió sobrepasar los limites del mero acto protocolar y aprovechar esa tribuna para reafirmar, por medio de discursos que siempre superaron los 100 minutos de duración, los lineamientos políticos y económicos de su gestión, arengar a los legisladores propios, desafiar a los ajenos y exponer hacía donde movería sus piezas dentro del tablero político legislativo.

El año pasado, por caso, la mandataria avisó que enviaría al congreso un paquete de proyectos de ley “que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos”. En septiembre, esos proyectos se convirtieron en ley.

En cada oportunidad, la Presidenta mechó el repaso de cada uno de los logros alcanzados desde los distintos ministerios con proyectos que a veces fueron propuestos por ministros o secretarios de estado y otras fueron elaborados a partir de ideas surgidas en el seno del Poder Ejecutivo.

Desde el atril montado en el Senado, Cristina anunció que enviaría proyectos que marcaron el pulso kirchnerista como los proyectos de reunificación del Código Civil y Comercial o la reforma del Código Penal, para la cual se creó una comisión de trabajo conformada por juristas de distintos sectores.

También desde allí anunció en 2013 el envío de otro proyecto que afectaría los intereses del poder judicial cuando afirmó que impulsaría uno para que “la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo” porque “ni los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos”.

Entre tantos proyectos, la mandataria aprovechó la apertura de sesiones ordinarias de 2012 para advertirle al plenario de legisladores que ese mismo día había enviado un proyecto de ley para avanzar en la “modificación de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central 24.144 y de la ley de Convertibilidad 23.928”.

En sus extensos discursos, la Presidenta intercaló el anuncio de envío de proyectos con pedidos al plenario para que se avanzara en temas que consideraba primordiales pero que veía que no estaban siendo tratados, quizás, por falta de voluntad política.

“Le voy a pedir al Parlamento argentino, al Parlamento de mi pueblo, que por favor traten la Ley Penal Tributaria, que envié, para que quienes evadan vayan presos”, le dijo la jefa de Estado a los legisladores de todas las fuerzas políticas en 2011 y luego aclaró que el Poder Ejecutivo ya había hecho “todos los esfuerzos y tomado todas las medidas disponibles”.

En su mensaje del 2012 la mandataria agradeció a los legisladores nacionales por haber sancionado la Ley de Tierras que había reclamado, justo un año antes, desde el mismo escenario.

Además de los anuncios de envío de leyes, la jefa de Estado siempre aprovechó el acto del 1 de marzo para referirse a iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo y convertidas en ley por el Parlamento como la estatización de Aerolíneas Argentinas (2008), la reforma del sistema previsional (2008) y la expropiación de YPF (2012).

“Quiero acordarme de este país real junto al país virtual y mediático que tan duramente nos criticó cuando enviamos el proyecto y sancionamos en este Congreso el traspaso de la administración de los recursos de los trabajadores del sector privado al sector público”, recordó la mandataria en su mensaje del 2010, en referencia a la reforma del sistema previsonal.

El discurso que Cristina Fernández de Kirchner brinde este domingo en el Congreso será el último de este mandato, dejará sentadas las bases de su gobierno para el año electoral y permitirá a las demás fuerzas y al público en general comenzar a divisar cual son los debates que la mandataria planea dar hasta que le toque entregar la banda presidencial.

28.2.2015

Se trata de Federico Ugo, quien además es jefe del bloque de concejales de ese espacio político.También fueron detenidos un cooperativistas y militantes. Estaban organizando una una actividad en un barrio.

 El jefe de bloque de concejales del Frente para la Victoria y precandidato a intendente de Tigre, Federico Ugo, fue detenido hoy mientras realizaba una protesta por el aumento del transporte fluvial por agentes del Centro de Operaciones de Tigre (COT) y denunció "maltratos y amedrentamiento" por parte de los funcionarios de seguridad.

"La detención se realizó de forma deliberada cuando Ugo organizaba junto a un grupo de cooperativistas una actividad para realizar en el barrio El Garrote, momento en que fueron increpados por los agentes del Centro de Operaciones de Tigre (COT), quienes con insultos comenzaron a palpar de armas a dos trabajadores cooperativistas que se encontraban en el grupo", afirmaron desde el FPV.

Ante esa situación, Ugo y el militante Walter Diaz pidieron explicaciones del hecho: "Terminaron esposados, con gas pimienta en sus ojos, y detenidos por más de media hora en la Comisaría 1era de Tigre", apuntaron.

"Hoy vivimos en primera persona el abuso policial de la policía de Massa, eso mismo que todos los días denuncian los pibes de los barrios de Tigre, que los detienen sin justificación alguna y sin tener la autoridad de hacerlo", aseguró Ugo a la prensa una vez liberado.

Del operativo habrían participado al menos tres patrulleros del COT: "El primero en llegar fue el móvil número 183, patente OJV 120; luego el móvil 180 y unos minutos más tarde otros que nadie alcanzó a identificar".

"Los agentes del COT no pueden portar armas, no pueden detener ciudadanos ni increpar a cualquier persona que se cruza por la calle a su antojo. Así se manejan las patotas policiales de Tigre y eso es lo que venimos denunciando desde hace años", agregó el concejal.

Finalmente el concejal indicó que "la seguridad de Tigre es la seguridad del ocultamiento y el abuso porque así es como piensa la seguridad Massa, que se dedica a detener a cualquier ciudadano por portación de rostro y no se preocupa por esclarecer los casos de femicidios, narcotráfico y trata en el distrito".

El episodio sucede a dos días de que el Concejal acompañara a los familiares de víctimas asesinadas en Tigre, dando una conferencia de prensa en la explanada de la estación de tren.

Ante lo ocurrido, el diputado provincial bonaerense y referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro repudió la detención al concejal Federico Ugo.

En diálogo telefónico con Télam, Navarro explicó que la detención fue realizada "por la Policía Comunal con la colaboración de un efectivo de la bonaerense que realizaba horas extras" en esa fuerza y subrayó que ese accionar se dio durante una actividad política.

Si bien Ugo fue trasladado a una dependencia de la Policía Bonaerense, según Navarro "la iniciativa la tuvo en todo momento el personal del COT" y se preguntó "por qué se molesta y se detiene, no a un concejal, sino a un ciudadano por participar de una actividad política".

"La autoridades de Tigre niegan el hecho, lo que habla de su hipocresía", cuestinó el legislador.

Además, apuntó contra la política de seguridad que impulsa el massismo y que, según entiende, sólo "busca impactar en ciertos espacios sociales o que obtiene grabaciones para que pasen los canales de televisión" ya que no hay una "decisión efectiva para buscar soluciones".

En el mismo sentido "todos los referentes de las organizaciones que conforman el FPV Tigre expresaron hoy su más enérgico repudio al accionar de las fuerzas de seguridad municipales contra un concejal, militantes y vecinos en la Estación Fluvial de Tigre", indicaron desde ese espacio a través de un comunicado de prensa.

El Secretario General del FPV Tigre, Martín Gianella, afirmó: “Desde nuestro espacio político vamos a exigir respuestas. Responsabilizamos al COT y al municipio por estos hechos. El municipio ha llevado adelante esta práctica de acoso y discriminación a los sectores más vulnerables y ha ocultado todo tipo de protestas que ocurren en el distrito durante mucho tiempo".

Y concluyó: "El intendente (Julio) Zamora no es ajeno a todo esto, le exigimos que esta situación se aclare a la brevedad y que los responsables sean investigados como demanda la ley. Este tipo de atropellos injustificados no pueden volver a ocurrir a ningún vecino de Tigre”.

27.2.2015

El sábado 28 comienzan los trabajos

El “Barrio Saldías” se encuentra ubicado detrás de Barrio Parque, enfrente del Circuito KDT en Salguero y Av. Padre Mugica; y sus orígenes se remontan a la década del ’30, cuando la empresa del FFCC Belgrano Norte dispuso para los trabajadores y sus familias viviendas ubicadas dentro de los terrenos ferroviarios.  
Este sábado 28, luego de varias jornadas de capacitación para los vecinos y vecinas comienza la obra “Red de agua Potable Barrio Saldías” para brindar los servicios de agua potable en este barrio ubicado en la Comuna 2, barrio de Recoleta. Obra que es posible a partir de la firma del convenio entre AYSA y la Comuna 2 para la ejecución de la obra, siendo el mismo, el primer convenio de esa envergadura que firma una Comuna en uso de sus atribuciones y competencias. Un convenio cuya firma ha sido posible a partir del diálogo y la convivencia democrática dentro de la Comuna 2.
“Entre todos y todas apelamos al compromiso y al trabajo solidario, ya que para que ésta obra sea posible necesitamos de todos, la organización de los vecinos y vecinas, nuestra empresa recuperada por el Estado Nacional, AySA, todos UNIDOS por SALDÍAS”, sostuvo la Comunera de Recoleta,Gabriela Castillo. Los vecinos y vecinas se organizaron y se capacitaron en el Instituto de AySA.
"Entendemos la gestión como compromiso, militancia y convicción. Por eso,  con todo el esfuerzo de nuestra gestión como Comunera, junto a la decisión política del gobierno nacional en recuperar AySA como empresa pública, llegó el momento de dar respuesta a una demanda histórica del Barrio Saldías", afirmó la Comunera de Recoleta, Gabriela Castillo.
Los vecinos y vecinas, junto a trabajadores de AySA comenzarán las tareas a partir de las 8 hs. del próximo sábado 28 de febrero.

25.2.2015

Comisión Vecinal Parque Lezama

La diputada del Frente para la Victoria Claudia Neira presentó un pedido de informes al Ejecutivo Porteño sobre el “Servicio público de Higiene Urbana en Zonas Vulnerables (S.P.H.U.V.) y zonas de difícil acceso y transitabilidad”

Desde octubre de 2014 rige en la Ciudad un nuevo contrato para el servicio de higiene urbana. En el pliego adjudicado se ha contemplado la necesidad de proveer un servicio de calidad para las zonas vulnerables de nuestra Ciudad. Entre otras cosas, recolección dos veces por día y 6 veces por semana, cestos papeleros en las aceras e higienización de contenedores.

Neira expresó que “en las Villas y asentamientos no se cumple el contrato de basura que entró en vigencia el año pasado”, y agregó que:

 “En la Villa 1-11-14 y en el barrio Rivadavia los vecinos denuncian permanentemente el abandono: la baja frecuencia en el retiro de los contenedores, y una ausencia de limpieza general de pasillos y calles laterales que generan una acumulación de residuos en los pocos espacios reservados a este fin. Esto se acrecienta en fines de semanas y feriados.”

“En la Villa 20 se encuentran únicamente 4 contenedores de gran porte y 10 pequeños, a lo largo de un radio de 20 cuadras.”

El contrato que se firmó en octubre de 2014 estipula un Plan de Relaciones con la Comunidad (PRC) donde el contratista debe elaborar un programa específico con los habitantes de las villas que ejecutarán la tarea de limpieza y mantenimiento, a través de las cooperativas designadas

La diputada del Frente para la Victoria remarcó que “no vemos ningún avance en la consolidación del PRC” y agregó: “En algunos lugares no sabemos cuáles son las cooperativas que van a trabajar y en otros lugares, como en la Villa 31, están asignadas las cooperativas pero aún no se formalizaron  los planes de ejecución”.

Otra dificultad que se observa es la desjerarquización del Ente de Higiene Urbana, la empresa pública que presta el servicio en la zona 5 y que en la ley está pensado como “Zona Testigo” para evaluar el costo del servicio”

Neira manifestó que “en esta zona, en donde se encuentra la Comuna 8 y por tanto todos los asentamientos de Lugano y Soldati, se observa una notable diferenciación en el dinero que recibe esta empresa en relación a las otras, a saber $258 millones de pesos, frente a los $5700 millones que se reparten las 6 empresas privadas”

“Este desmantelamiento del Ente ha sido denunciado por los trabajadores quienes temen que sea la antesala de una privatización”