23.6.2016
Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma organizados en la junta interna de Promoción Social elaboraron un documento sobre las políticas del Programa Buenos Aires Presente y de las direcciones de Mujer, Adicciones, Niñez y Adolescencia. “Declaramos el estado de emergencia de las políticas públicas y en la situación laboral a nivel ministerial”, manifiestan.
“Entendemos que este escenario es consecuencia de un deterioro sistemático que, en nombre de la eficacia y la eficiencia, desgastó, recortó, tercerizó y fragmentó las políticas sociales en la ciudad. La gestión del Pro, en los últimos ocho años, desligó al Estado de sus responsabilidades como empleador y garante de derechos para la población más vulnerable. Se deterioraron, así, el carácter público de las políticas sociales y, también, las condiciones laborales de sus trabajadores”, comienza el informe.
El análisis pormenorizado de los trabajadores del Estado atraviesa diversas aristas. Entre ellas, la situación de los hogares convivenciales donde se albergan menores apartados de su grupo familiar temporal o definitivamente, por orden de la Justicia.
“En estos dispositivos, donde debieran vivir un máximo de 30 bebés, niños o adolescentes según las leyes vigentes, se hacinan hasta 50 chicos. Los edificios están derruidos y con goteras, y sistemáticamente hay plagas de roedores y cucarachas”, precisa la junta interna.
Además, señala que “por momentos” tres operadores sociales deben hacerse cargo de la crianza y cuidado de todos los niños. Y que hay faltante de pañales, medicamentos y alimentos.
Tan alarmante resulta la falta de vacantes en estos refugios y hogares que protegen a niños y adolescentes en situación de explotación sexual, mujeres víctimas de violencia de género y población en situación de calle.
“Para los chicos explotados sexualmente, ingresar a dispositivos convivenciales implica la posibilidad de acceder no sólo a espacios de cuidado y contención, sino también a recursos materiales básicos, como alimentos y vestimenta. La falta de vacantes en dichos espacios provoca que los niños y jóvenes tengan que recurrir a quienes son sus explotadores, al encontrar pocas respuestas desde las políticas públicas”, subrayan los trabajadores.
“Para las mujeres víctimas de violencia, el ingreso a hogares o refugios constituye un recurso fundamental para acceder a condiciones mínimas de seguridad y, también, para romper con la dependencia material, que impide el desarrollo de un proyecto de vida libre de violencia”, acotan también.
Las 17.000 personas en situación de calle (número estimado por organizaciones especializadas) superan ampliamente las vacantes disponibles en paradores que sólo funcionan de 17:00 a 8:00. El único subsidio habitacional que ofrece el gobierno de la ciudad en la actualidad, para familias, es de $1.800 mensuales, por no más de diez meses. El monto es ampliamente superado por el valor de una habitación para tres personas en un hotel familiar de $4.000 mensuales.
Atención fragmentada
A pesar de estar recomendada en los marcos normativos que rigen al ministerio, la atención integral no se lleva a la práctica. “Son varias las políticas que abordan la misma población y/o la misma problemática sin ningún tipo de vinculación; asimismo, se fragmenta a las personas según el aspecto de abordaje de cada política, interviniendo varios equipos en forma disgregada. Fragmentadas y desarticuladas, estas intervenciones producen efectos de revictimización, dado que las personas con las que trabajamos deben exponer sus historias en reiteradas oportunidades, a la espera de una atención de las demandas que, en muchos casos, jamás serán abordadas en la forma que corresponde”, sentencia el documento.
Los trabajadores denuncian que se atienden aspectos urgentes, postergando los acompañamientos con continuidad en el tiempo. El cuadro se agudiza con la ausencia de proyectos institucionales y protocolos de intervención en muchos efectores. En consecuencia, “cada trabajador despliega su quehacer desde la individualidad, sin encontrar indicadores de procedimiento que orienten y ordenen la práctica”, indican.
“En la mayoría de los casos, tampoco contamos con espacios de planificación y evaluación de las intervenciones, que nos permitan reflexionar sobre los procesos, para garantizar la calidad de las políticas públicas. En muchas ocasiones, a su vez, se nos niega la posibilidad de realizar reuniones de equipo o de asistir a espacios de capacitación y supervisión”, agregan.
Estado edilicio
Según los trabajadores, la mayoría de los edificios donde se desarrollan los programas y proyectos del ministerio no cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad e higiene que establecen las normas: cucarachas y ratas conviven con estructuras deterioradas, con problemas eléctricos y peligro de derrumbe.
“Nos vemos sometidos a realizar entrevistas en pasillos, escaleras, en la calle o en oficinas con espacios únicos sin divisiones, donde es una tarea titánica efectuar la atención en el marco de respeto que esto amerita”, advierte también.
Contratos precarios y fraudulentos
En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, cinco trabajadores que hacen la misma tarea en el mismo programa durante las mismas horas por semana, pueden cobrar hasta cinco salarios distintos. Más de 1.200 empleados no tienen estabilidad laboral: 900 se encuentran bajo contrato de locación y alrededor de 300 son tercerizados mediante ONG y universidades.
