Red de radios

8.5.2018

Por Carlos Rodríguez

La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20.000 personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.

Una protesta de los recuperadores urbanos contra la ley que habilitó el regreso de la quema de basura en la ciudad. 

La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.

Por su parte, el ingeniero Manuel Matheu, que forma parte del MTE, refutó las afirmaciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sobre la generación de energía que produciría la quema de residuos en la ciudad. “Por un lado, la generación de energía no es tan importante como la que se pregona, pero además es un sistema muy caro que requiere fuertes inversiones que son amortizables a largo plazo, con contratos que se extienden a 25 o 30 años”.

La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.

Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.

Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.

El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.

Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.

La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.

Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.

La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.

En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.

Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.

Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.

8.5.2018

Las medidas de fuerza comienzan hoy en la Línea A, con apertura de molinetes de 17.30 a 20.30 y desde ese horario paro total hasta las 23.30, cuando finaliza el servicio. El plan de lucha continúa el miércoles en la Línea B y el viernes en la C.

Los Metrodelegados comienzan la semana con un renovado plan de lucha que implicará hoy la liberación de molinetes en la estación de Plaza de Mayo, cabecera de la línea A, de 17.30 a 20.30 y continuará con un paro total de esa línea hasta las 23.30, cuando finaliza el servicio. El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Néstor Segovia, volvió a denunciar que la gestión del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se niega a sentarse a la mesa de negociación salarial con el argumento de que el acuerdo paritario se cerró con la UTA, gremio que tiene la personería gremial, pero escasa representatividad.

“El otro gremio no existe. Es lo mismo que yo diga que soy secretario general de los colectiveros. Es una trampa para perjudicarnos y no discutir paritarias”, apuntó Segovia y agregó: “Hay una política del Gobierno para desprestigiar a nuestro cuerpo de delegados y a nuestro sindicatos”.

 La protesta de los trabajadores del subte continuará el miércoles en la línea B, con la misma modalidad que hoy.  Desde las 17.30 y hasta las 20.30 se levantarán los molinetes en la estación terminal Leandro N. Alem y luego comenzará un paro hasta el final del servicio.  En tanto, el viernes, será el turno de la línea C, con el mismo plan de lucha.

“Sube el dólar, sube todo, lo lógico es que el Gobierno se siente a negociar”, insistió Segovia al rechazar el 15 por ciento acordado por el gobierno porteño con la UTA, encabezada por Roberto Fernández.  “El pueblo argentino se está acostumbrando a escuchar mentiras. Nosotros tenemos personería jurídica, así que no podemos firmar, pero podemos discutir”, resaltó el Metrodelegado.

La gestión Larreta se amparó en un fallo judicial reciente de la Corte Suprema que ordenó desconocer la personería gremial de los Metrodelegados, obtenida a fines de 2015 tras años de intentar una compulsa con la UTA. “Es una maniobra dolosa para que la conversación se torne en este discusión y no por lo que nosotros estamos peleando que es nuestro sueldo”, concluyó Segovia, en diálogo con A24.

7.5.2018

Difundimos comunicado

A través de prácticas usureras y arbitrarias, la empresa atenta contra la libertad de expresión y el acceso al agua como un derecho esencial para la vida reconocido internacionalmente

Denunciamos públicamente que la medida adoptada por Edesur es un ataque directo a la libertad de expresión, y al acceso a un bien esencial como el agua. La empresa privada, a través de prácticas usureras y arbitrarias, impidió que una radio comunitaria pueda seguir emitiendo su programación como lo hace 10 años, y restringió el derecho de más de 300 familias al agua potable y al saneamiento, condición reconocida por la ONU como esencial para la realización de todos los derechos humanos.

El viernes 4 de mayo, mientras el programa “Insurgentes” salía al aire como cada mañana, Radio Sur FM 88.3 se quedó sin transmisión por un corte repentino de energía. La primera reacción del equipo fue constatar que el resto del barrio (un complejo de 326 viviendas construidas por el Movimiento Territorial Liberación en Parque Patricios, y del que Radio Sur forma parte) tenía luz, con lo cual se realizó el reclamo correspondiente a la empresa responsable, Edesur.

Al revisar el tablero eléctrico correspondiente, la escena fue tan sorprendente como violenta: habían arrancado los fusibles que alimentan de electricidad no sólo a la radio, sino también, a la bomba de agua que da suministro a las 326 viviendas del barrio. En cuestión de horas, además de la interrupción de la señal radiofónica, toda la vecindad se quedó sin agua.

Después de reiteradas gestiones con el sector de atención comercial de Edesur -que durante todo el día abordó el problema como si fuera un inconveniente técnico-, la empresa dilató deliberadamente nuestra capacidad de reclamo, informando que se debería esperar la llegada de una cuadrilla técnica que nunca llegó para finalmente, pasadas las 20 hs, admitir que el corte de energía había sido realizado por ellos.

La empresa reconocía abiertamente que había interrumpido la señal de una radio comunitaria y, además, cortado el suministro de agua a más de 300 familias por un supuesto incumplimiento de pago. Un argumento mentiroso que encubre una política de ahogamiento hacia los sectores populares, fruto de subas indiscriminadas e intereses usureros, en un momento de depreciación del salario real de lxs trabajadores. En este sentido, cabe aclarar que las familias afectadas representan al sector más vulnerable del mundo laboral -sub ocupados, ultra precarizados, a través de contratos basura en empresas de limpieza, vendedores ambulantes, etc.-, que hoy encuentran coartados sus derechos esenciales por políticas económicas asfixiantes.

Vale resaltar que Edesur tiene pleno conocimiento de que el tablero eléctrico al que le quitaron los fusibles, sin previo aviso, es el que alimenta a la radio y a la bomba que suministra agua a esas mismas familias que, de esta manera, se ven obligadas a soportar un nuevo abuso.

Por todo esto, denunciamos públicamente que la medida adoptada por Edesur es un ataque directo a la libertad de expresión, y al acceso a un bien esencial como el agua. Una empresa privada, a través de prácticas usureras y arbitrarias, impidió que Radio Sur pueda seguir emitiendo su programación como lo hace diariamente desde septiembre de 2008, y restringió el derecho de más de 300 familias al agua potable y al saneamiento, condición reconocida por la ONU como esencial para la realización de todos los derechos humanos.

Nuestra emisora, una experiencia de comunicación comunitaria, alternativa y popular, se ha sostenido siempre en la convicción de que los medios sin fines de lucro son vitales para el fortalecimiento de la democracia. Una necesidad que se hace más evidente en un contexto donde el afán de lucro de una empresa prevalece sobre derechos consagrados internacionalmente.

Es a través de medios como Radio Sur que la ciudadanía puede hacer escuchar su voz y denunciar la precarización de las condiciones de vida y los abusos a los que son sometidos por empresas como Edesur, algo que no sucede en los medios que responden a intereses comerciales o gubernamentales.

Todo lo expresado hasta aquí se suma a la situación de acoso económico que representa para los proyectos comunitarios la seguidilla de aumentos tarifarios en los servicios públicos, un hecho que también viene sufriendo la población en general. Una medida antipopular que tiene entre sus claros beneficiarios a empresas como Edesur, que engrosan sus capitales en el exterior a costa del sacrificio de la clase trabajadora argentina.

En la otra vereda, los perjudicados son los clubes de barrio, las cooperativas, los pequeños comerciantes, las organizaciones sociales, los medios comunitarios y todas las personas que en distintos puntos del país padecen en silencio la presión económica ejercida desde arriba.

En nuestro compromiso de trabajar diariamente para que las voces invisibilizadas de la sociedad se expandan y se amplifiquen, repudiamos esta maniobra violenta por parte de Edesur, que consideramos un ataque directo a la libertad de expresión y a los derechos humanos.

Con ese mismo compromiso seguimos adelante, construyendo solidaria y colectivamente otra comunicación para otra sociedad.

7.5.2018

Comunicado

VECINOS DE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA BOCA DENUNCIAN VIOLENTO ACCIONAR POLICIAL

En la mañana de hoy, personal de la brigada de robos y hurtos de la Policía de la Ciudad ingresó violentamente, causando el destrozo de las puertas de acceso, al edificio de la Cooperativa de Vivienda “Los Pibes” por un allanamiento a uno de los domicilios particulares del complejo de 33 viviendas.

Los vecinos de la Cooperativa de Vivienda “Los Pibes” denuncian que la Policía entró al edificio amedrentando y amenazando a un vecino que salía a pasear a su perro y no tenía ninguna relación con el allanamiento. Ante la exigencia del vecino de que se identificaran y mostraran la orden de allanamiento, la policía lo arrinconó y rompió las dos puertas de acceso en Lamadrid 210.

Cuando se acercaron más vecinos de la Cooperativa a enterarse de la situación la policía persistió en su negativa a mostrar la identificación aduciendo que la inscripción “POLICIA DE LA CIUDAD” en los chalecos era suficiente. La orden de allanamiento la exhibieron recién cuando ya habían ingresado al domicilio en cuestión. También sorprendió a los vecinos que de los más de 20 efectivos que participaron del allanamiento ninguno se movilizó en un patrullero identificable.

Preocupa a los habitantes de La Boca la recurrencia de estas formas violentas y abusivas de accionar policial que indudablemente persiguen fines de intimidación, amedrentamiento y represión de la población. En este caso además se trata de vecinos identificados con la organización popular y las luchas sociales del barrio de La Boca, y otra vez en la esquina donde hace poco más de un año la violencia y negligencia policial causaba la muerte de Claudia Ovejero, una vecina que tomaba mate en la puerta de su casa.

5.5.2018

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA ALIANZA GLOBAL PARA ALTERNATIVAS A LA INCINERACIÓN EN REPUDIO A LA BRUTAL REFORMA A LA LEY DE BASURA CERO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

La Ley Basura Cero de la Ciudad de Buenos Aires fue aprobada en el 2005, fruto de un proceso largo de reflexión y participación de los más diversos sectores. Gracias a su gestación era una ley respetada y querida por muchos, a pesar de la falta de voluntad política que sufrió para su implementación. La ley no solo prohibía la incineración de residuos urbanos, también consideraba la minimización, la separación en origen, educación, metas de reducción  y la construcción de sistemas de recuperación y reciclaje donde el rol de las cooperativas de recicladores era protagónico.

El segundo capítulo de esta larga historia comenzó el 3 de mayo, cuando tras un proceso que evadió por completo la participación ciudadana, rápido, desinformado y con nulo debate, una reforma a la Ley aprobada borró dramáticamente el espíritu de la Ley de Basura Cero original, al remover la cláusula que actualmente impide incinerar residuos sólidos urbanos. La reforma nunca fue presentada en la comisión multisectorial de seguimiento de la propia Ley de Basura Cero, cuerpo creado por la propia ley donde se discuten las cuestiones referidas a la implementación de la misma.

El gobierno permite la valorización energética como tecnología posible para la aplicación de la ley y el gobierno afirma que priorizará el reciclaje. Es más, en el texto se señala que solo se incinerará lo que no se recupere a través de la recolección diferenciada. ¿No es aquello precisamente a lo que aspira el espíritu de la ley que acaban de hacer desaparecer?

La Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA y todos sus miembros en el mundo hacemos manifiesta nuestra decepción y preocupación por este proceso y sus resultados. Al remover la cláusula que impedía la incineración ésta ya no es una Ley de Basura Cero, pues el concepto Basura Cero excluye esa tecnología y sus variantes.

Reafirmamos nuestra convicción sobre lo nefasta que es la incineración como tecnología para el manejo de los residuos. No solo es una fuente de emisiones nocivas para la salud y el ambiente, sino que es altamente costosa e incompatible con la recuperación y el reciclaje pues para generar energía requiere de un flujo permanente de materiales con alto poder calorífico, entre los que se encuentran precisamente los que tienen como destino el mercado del reciclado. De esa forma, en este modelo insustentable, la población recicladora queda excluida también.

Reafirmamos nuestro compromiso y trabajo por la protección de la salud de las personas y el ambiente, con las comunidades y con los recicladores y recicladoras que se verán afectados por esta decisión.

Nos sumamos a las variadas manifestaciones de repudio a esta reforma, desde los más diversos sectores, y nos preguntamos ¿quién estaba a favor de ella?.

Si prácticamente todos los sectores de la sociedad manifestaron su oposición a este proyecto, ¿a quién realmente están representando los legisladores?

Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo(cerca de 50 organizaciones y un número similar de personas comprometidas): “La prohibición a incinerar garantiza que los recursos destinados al manejo de residuos se inviertan precisamente en los circuitos de recuperación, y no en tecnologías que permitirían reducir las toneladas dispuestas más rápidamente, pero por un camino equivocado y contrario a la jerarquía de manejo de residuos”

Facultad de Agronomía de la UBA: “Invitar al Gobierno de la CABA a invertir recursos en políticas públicas sostenidas en etiempo, consistentes con lso objetivos de la ley, para reducir la generación de residuos diferenciada, fortalecer el trabajo de los recuperadores urbanos y fomentar la industria del reciclado…”

Cooperativas de Cartoneros:“este es un atropello que tiene consecuencias nocivas para el ambiente y la salud de los ciudadanos, y que pone en riesgo el trabajo de todos los cartoneros y cartoneras de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.”

Curas Villeros:“Es preocupante si se quema el material reciclable, ya que muchos cartoneros lo necesitan para ganarse su medio de vida, su sustento”, dice el documento, enviado a los legisladores porteños y difundido a toda la comunidad. “Las iniciativas de organización comunitaria de cartoneros y otros rubros, por el compromiso que tienen, logran incluir a muchas personas y familias que una empresa privada no podría contener”

Cámara de la Industria de Reciclados Plásticos:“la promoción de la combustión de residuos sólidos promueve la extracción de recursos renovables y no renovables, generando un mayor consumo energético”

Investigadores de universidades nacionales“Es deber de la política pública respetar el orden de jerarquía en las acciones a emprender en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y en los presupuestos asignados a cada tipo de tratamiento.”

Insistir en imitar recetas contaminantes como la incineración, que ni siquiera han dado resultados alentadores en cuanto a controlar la generación y disposición de residuos en los países “ejemplo” no tienen sentido. Es el caso de Dinamarca, el país donde en porcentaje más se incinera en Europa, y el país que más residuos per capita genera en Europa también. ¿Es eso lo que buscamos?

Mientras Europa inicia una etapa de autocrítica y reparación, como el reciente voto del Parlamento Europeo a favor de detener los subsidiospara la quema de residuos mezclados que se ha venido entregando y con ello corregir los incentivos que han llevado a los residuos reciclables a ser incinerados, las autoridades nos hacen suponer que este es el salvavidas final al desafío que nos imponen los residuos. Ya desde el año 2012, Europa cuenta con un Mapa de Eficiencia de los Recursos de la UE que, “considerando la jerarquía de los residuos y la necesidad de traer los residuos no aprovechables a cero”, llama a la Comisión a hacer propuestas con el objetivo de “introducir gradualmente la prohibición a rellenos sanitarios en Europa, y la desaparición para el final de la década de incineración de reciclables y compostables”.

Enfrentamos crecientes desafíos cuando de la generación y disposición de residuos se trata, y reafirmamos que basura cero es el único camino posible para la construcción de una relación de respeto y gratitud activos frente a lo que nos ofrece el planeta.

Coordinación para América Latina

Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA