Red de radios

10.5.2018

Ivana Otero

Docente | Agrupación 9 de Abril

Ocurrió con la lluvia del día miércoles. Se desplomó parte del techo en una escuela. No es la primera vez que la comunidad educativa denuncia pésimas condiciones de infraestructura. Las voces de las familias y una exigencia al Gobierno.

La escuela 18 del distrito escolar 21, conocida como “la escuela granja” del barrio de Lugano, tuvo que agradecer que no haya ningún lesionado luego de las fuertes lluvias. Se derrumbó parte de un techo de un aula (supuestamente impermeabilizado), donde decenas de chicos asisten a diario con el objetivo de aprender.

La comunidad educativa no es la primera vez que denuncia problemas de infraestructura. El año pasado denunciaron cloacas tapadas, aulas sin techo y hay ratas. El gobierno de la Ciudad, luego de que se reclamara por diversas vías, y se hiciera visible la problemática con cortes de calle, comenzó la obra de una escuela para que pudiesen trasladarse. Sin embargo, como denuncia Elizabeth, madre de la escuela y docente del barrio “los tiempos de ellos no son los mismos que los nuestros, parece que falta un muerto para que se haga algo. No quiero que salga el sol, seque todo y se vuelva a la normalidad como si nada”.

No es casual que sea esta escuela la que pone en evidencia la política en educación del gobierno. De las 15 mil vacantes que se estima faltan, ya que el gobierno se ha negado a dar información actualizada a pesar del amparo presentado por el legislador Patricio del Corro del Frente de Izquierda, es la zona sur la más afectada. Así mismo, es el barrio que siente la amenaza de la posible ubicación de la quema de basura, gran foco de contaminación que afectará también a las futuras generaciones.

“Es realmente indignante, parece que hay plata para pagar a organismos internacionales, pero no para que los chicos de los barrios que más lo necesitan puedan estudiar”, agrega Ana madre de la escuela. Las familias ya empezaron a alzar la voz, ahora falta que el gobierno de la Ciudad responda al reclamo y no se tenga que lamentar ninguna víctima.

9.5.2018

Eric Soñis y Lilen Reyes

CeProDH

Fue presentado por los diputados del PTS en el Frente de Izquierda, Bregman y del Corro, patrocinados por un equipo de abogados del CeProDh. El Gobierno de la Ciudad pretendía llevar la tarifa a $11 y a $12,50 en junio.

El aumento que pretendía el Gobierno elevaba la tarifa un 66%, calculada de forma irregular e incluyendo gastos propios de Metrovías, concesionaria del Subte.

En el marco de un extendido descontento popular contra los tarifazos en todo el país, el aumento del Subte se encuentra lejos de lo que invierte Metrovías pero cerca de lo que gana en subsidios. Y aún más lejos de las paritarias que en su mayoría cerraron en un magro 15%.

A minutos de iniciarse el paro que los trabajadores del subte dispusieron para el día de hoy, la jueza Patricia López Vergara resolvió suspender el aumento del subte que debía regir desde hoy. A la par, los trabajadores del subte reclaman por su salario y contra el tarifazo.

Metrovías recibe millones en subsidios del Estado mientras pretende aumentar irregularmente la tarifa, pero el servicio del subte cada vez es peor, afectando a miles de usuarios y trabajadores. Entonces: ¿qué hace la empresa con la plata que recibe?

Esta pregunta aún no tiene respuesta. La información sobre la explotación del subte sigue siendo ocultada por el Gobierno de la Ciudad y Metrovías. Es por eso que los legisladores Myriam Bregman y Patricio del Corro presentaron una acción de amparo para solicitar una auditoria publica integral sobre los costos, ganancias, subsidios y destino de lo que surge de la explotación del servicio del subte. Hasta tanto ello se ordene, se solicitó la suspensión del aumento dispuesto por el GCBA.

El Gobierno de la Ciudad, simula cumplir con los requisitos para aumentar la tarifa del subte y así hacer pasar un tarifazo que afecta a miles de trabajadores que circulan por la Ciudad todos los días. La audiencia pública, obligatoria para definir la tarifa, se transforma en una mera formalidad donde el Gobierno anuncia el tarifazo tras ocultar información del Subte, negando la participación real de usuarios y trabajadores. Recordemos que Dietrich anunció el aumento en enero, bastantes meses antes de la realización de la audiencia, transformándola en un engaño.

La justicia porteña ya había suspendido la audiencia fijada que tenía por fin aumentar la tarifa desde el 1 de abril, en virtud de las irregularidades y vicios comprobados.

El Gobierno logró su cometido y pasando por alto todas las exposiciones y denuncias recibidas en la audiencia, resolvió aumentar la tarifa. El cálculo utilizado resulta ilegitimo, la tarifa surge de dividir el “costo de prestación del servicio” por la “cantidad de pasajeros”. El “costo” que considera el Gobierno implica gastos que no corresponde pagar al usuario, entre ellos indemnizaciones a cargos jerárquicos por un futuro cambio de empresa concesionaria. Además la cantidad de pasajeros utilizada es menor al dato real emitido por la CNRT. Pero con este cálculo a gusto de los empresarios, se afecta el bolsillo de miles.

Además cabe destacar que los usuarios pagan dos veces, por un lado a través de sus impuestos que se transforman en los subsidios del Estado a Metrovías y luego en la tarifa.

La Auditoría General de la Ciudad, participó de la audiencia pública celebrada el 19 de abril y explico que el informe sobre el cálculo de la tarifa correspondía a ellos, pero SBASE solicitó la realización de aquel informe a un equipo de la Facultad de Ingeniera de la UBA a la que le pago la módica suma de $540.000, generando muchas dudas sobre su contenido y demostrando el derroche.

El Gobierno, se tomó el atrevimiento de solicitar que no sea suspendido el aumento del subte, alegando que ello afectaría en interés público generando un desfinanciamiento que tendrían que solucionar reacomodando partidas presupuestarias relativas a salud y educación. Tema aparte es el estado de aquellas cuestiones en la Ciudad más rica del país. Y del mismo modo explica que se vería afectado el servicio reduciéndose su frecuencia. Pero nada dice de afectar las ganancias de Metrovías que se lleva de a millones.

La jueza López Vergara, decidió que para determinar si el aumento ha seguido los parámetros de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad necesita tener a la vista toda la información que respalda tal resolución de aumento. Reconoce que el Gobierno está en mejor posición porque es quien dispone de toda la información y documentación, y por ello ordenó que se remita al expediente, toda la información relativa a la explotación del subte. Hasta tanto ello ocurra, suspendió el aumento. Ello en un contexto de descontento con los tarifazos a nivel nacional y con una convocatoria para una manifestación el día miércoles en el centro político del país, algo que la justicia no puede desoír.

En su fallo reconoció que: “La entrada en vigencia de las nuevas tarifas podría causar un perjuicio de imposible reparación ulterior a los usuarios del servicio público de SUBTE, especialmente a aquellos que menos recursos tienen, que exceden los beneficiarios de la tarifa social. El incremento tarifario expulsaría a aquellos que no pueden afrontar el costo del pasaje so pena de disminuirse considerablemente su salario. Máxime en un contexto inflacionario generalizado en el cual el aumento de tarifas no resulta ajeno a los restantes servicios públicos lo que traduce una disminución del poder adquisitivo del colectivo de la sociedad que no resulta posible soslayar”.

Ante la idea de un choque de intereses entre el planteo del Gobierno de afectación al interés público que generaría el retraso en el aumento y los derechos y afectación a los usuarios y trabajadores por el aumento, consideró a esto último más importante y justificó la suspensión del incremento tarifario.

El transporte público es un derecho para los usuarios y no puede ser un negocio entre el Estado y una empresa, es inadmisible que se genere ganancia con un servicio público. El Subte tiene la capacidad de evitar la contaminación y accidentes que implica el transporte automotor, por lo que debería fomentarse su uso. En otras partes del mundo se considera la posibilidad de convertirlo en un servicio gratuito, pero la Ciudad va para el lado contrario, encareciendo el servicio y generando ganancias para la empresa concesionaria.

Abogados del Ceprodh junto a Myriam Bregman y Patricio Del Corro lograron frenar el tarifazo en la justicia, poniendo sus conocimientos y las bancas del PTS al servicio de los usuarios y trabajadores que sufren la peor parte porque sobre ellos se descarga el ajuste. Pero es necesario seguir esta la pelea en las calles, exigiendo que se anulen los aumentos y se estaticen los servicios, como el del subte, bajo control de trabajadores y usuarios.

9.5.2018

Una movilización que este miércoles irá a las 17:00 desde el Ministerio de Educación Nacional hasta la Legislatura porteña, mostrará un amplio marco de gremios docentes y estudiantiles, así como organizaciones políticas en rechazo a las políticas educativas del gobierno de Cambiemos. La movilización terminará con un acto en la legislatura porteña a las 20Hs. El eje principal es el rechazo al proyecto de la UniCABA y el cierre de los profesorados porteños, pero también se reclamará contra el techo paritario del 15% para docentes de niveles medio y universitario, contra la reforma de la “escuela secundaria del futuro”, por un boleto educativo nacional y la plena aplicación de la ESI. Convocan a la movilización el CESGE, CET, FUBA, CEB, FUNA, UTE, Ademys, FEDUBA y AGD.

Mariano Romano, presidente del Centro de Estudiantes del Joaquín V. González, referente de la CET y de La Martí, dijo: “luego de numerosas instancias como las marchas del 12/4 y el 24/4, las jornadas de clases públicas en la legislatura y un sinfín de actividades en los institutos, logramos poner en evidencia que el proyecto de la ministra Acuña no tiene ningún apoyo en la comunidad educativa. Con esta nueva movilización queremos resaltar que esta no es una lucha aislada, sino que se trata de la punta de lanza del conjunto de las luchas educativas que tanto docentes como estudiantes de secundarios, terciarios y universidades venimos desarrollando contra las políticas del macrismo. La unidad que se expresa en esta convocatoria es el camino que necesitamos profundizar para conquistar nuestras reivindicaciones”
Adrián Lutvak, presidente de la FUBA y referente de La Mella, dijo: “desde que asumió, Cambiemos demostró el poco interés que tiene en la construcción de una educación pública de calidad. La anunciada vuelta al FMI no puede significar otra cosa que más ajuste para la educación, como lo fue durante los ‘90. Por eso la universidad sale a la calle, no sólo en solidaridad con los terciarios, sino planteando nuestras reivindicaciones a 100 años de la reforma universitaria. Lamentamos que la FUA, presidida por Franja Morada-UCR le dé la espalda a estas luchas”
Iñaki García Ribas, presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, referente de la CEB y de Lobo Suelto, dijo: “así como pasó con la UniCABA, el año pasado los secundarios nos desayunamos con el proyecto de la “secundaria del futuro”, una reforma educativa que profundiza la concepción mercantilista e individualista de la educación pública que promueve el PRO. Parece que es un método recurrente del gobierno imponer reformas inconsultas y que despiertan gran rechazo de la comunidad educativa. El miércoles los secundarios salimos a las calles para defender nuestro derecho a una educación pública masiva y de calidad.”

8.5.2018

“Nuestros pacientes están inmunodeprimidos. Están más propensos a contagiarse cualquier cosa. Si los juntan con pacientes infecciosos, van a perjudicar su salud”, advirtió una de las trabajadoras del área de radioterapia del hospital oncológico, uno de los cuatro que el Gobierno planea cerrar para integrar en un único edificio.

Semanas atrás se conoció que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, planea retomar un plan fallido de su antecesor y actual presidente, Mauricio Macri: unir 5 hospitales en el predio del Muñiz, cerrando las instalaciones del Udaondo, Ferrer, Marie Curie y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. La noticia encendió la alarma en las comunidades de los distintos hospitales. En el instituto oncológico Marie Curie, por caso, trabajadores y pacientes se organizaron para rechazar el traslado y convocan a un abrazo simbólico para este miércoles.

“Nuestros pacientes están inmuno-deprimidos. Están más propensos a contagiarse cualquier cosa. Si los van a juntar con pacientes infecciosos, van a perjudicar su salud”, advirtió una de las trabajadoras del área de radioterapia del Marie Curie, en diálogo con Nueva Ciudad. Para repudiar el proyecto del Gobierno, convocan a un abrazo mañana miércoles a las 10, en la entrada principal de Patricias Argentinas 150.

“Ellos dicen que nos trasladarían para poner equipos nuevos, pero acá teniendo las condiciones nunca los trajeron. Por ejemplo, aceleradores lineales para tratamientos de radioterapia”, señaló la profesional. En el abrazo se espera presencia de delegaciones de otros hospitales, así como apoyo de vecinos y familiares de pacientes. En tanto, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica estarían preparando una movida similar para mediados de mes.
La medida en el hospital oncológico se resolvió en una asamblea de trabajadores, de la que también participaron pacientes. “Juntamos arriba de 10 mil firmas en Caballito y todos estamos con un solo objetivo: no al desabastecimiento y no al traslado”, remarcó uno de los delegados de Sutecba en el hospital. “Acá no hay inversión y lo están dejando caer. No tenemos acelerador, no tenemos tomógrafo. Tenemos una bomba de cobalto del año 50. Lo que ellos dicen es que allá (en el predio del Muñiz) van a poner la última tecnología, pero pensamos que es un vaciamiento encubierto para trasladar al hospital”, advirtió. Y agregó: “Tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud en su momento, donde dijeron que no iba a pasar nada. A los tres días mandan un comunicado oficial para hacer el traslado en 2023. A partir de ahí tomamos esta iniciativa. Esperamos que a partir de mañana nos convoquen”.

La unificación de hospitales porteños es un viejo plan del macrismo. En 2010 Macri recibió fuertes cuestionamientos al anunciar un proyecto para cerrar los edificios de los hospitales Udaondo y María Ferrer, unificando sus servicios en el predio del Muñiz. Larreta retomó aquel plan para la integración de cinco hospitales en uno. Así se desprende de un documento del mes pasado que lleva la firma del subsecretario de Planificación sanitaria de la Ciudad, Daniel Ferrante.