Red de radios

7.7.2019

Por Jorge Montero

De los 30 trabajadores empleados en el taller Gaglianone, los ocho sobrevivientes que enfrentaron el desenlace debieron soportar una dura y difícil lucha antes que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires les diera la expropiación temporaria de la empresa el 17 de octubre de 2002. Ya habían recomenzado a trabajar clandestinamente, gracias a la solidaridad de clientes y vecinos. El primer libro impreso bajo gestión obrera fue, seguramente no por casualidad, “¿Qué son las asambleas populares?”, y salió de la planta eludiendo el cerco policial permanente. Ahora Edesur amenaza con cortar el suministro eléctrico y, como consecuencia, que queden más familias en la calle.

“El gremio tipográfico bonaerense no fue nunca una masa inerte,manejada a capricho por los patrones, sino la clase más independiente y levantisca que haya existido en nuestra Capital… Todavía me parece estarlos viendo, a la puerta de las imprentas, bulliciosos, comentando, afirmando, proclamando sus ideas en los días de agitación…” (Roberto Payró y su semblanza de los tipógrafos en los años 1870/80)

Ahora es Edesur la que amenaza con cortar el suministro eléctrico a la Imprenta Chilavert y a otras fábricas recuperadas, que en las últimas semanas recibieron la intimación por falta de pago. Ante el bochorno de tarifazos impagables -con aumentos que superan el 1.500%- la respuesta de la distribuidora eléctrica a las cooperativas autogestionadas por sus trabajadores es el corte del suministro y que queden más familias en la calle.

Ocho carros de asalto de la policía fuera del taller gráfico Gaglianone, ocho obreros adentro de la planta. Decenas de vecinos, asambleístas, trabajadores de otras empresas recuperadas apoyando a los gráficos que cuidaban las máquinas, de la que luego sería la Cooperativa Chilavert Artes Gráficas. Así comienza su historia, con una escena habitual durante la crisis de 2002 y 2003.

Chilavert estuvo ocupada durante ocho meses. El deterioro de la empresa, fundada en el barrio de Pompeya en 1923, por parte de la patronal era constante desde hacía varios años. El proceso fraudulento de vaciamiento estaba en marcha. Las condiciones de trabajo fueron empeorando poco a poco, la inversión y el mantenimiento de la maquinaria se desvaneció; empezaron los atrasos salariales, el pago con vales, los despidos y la precarización permanente. Hasta declarar la quiebra.

De los 30 trabajadores empleados en el antiguo taller Gaglianone, los ocho sobrevivientes que enfrentaron el desenlace debieron soportar una dura y difícil lucha antes que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires les diera la expropiación temporaria de la empresa el 17 de octubre de 2002. Ya habían recomenzado a trabajar clandestinamente, gracias a la solidaridad de clientes y vecinos. El primer libro impreso bajo gestión obrera fue, seguramente no por casualidad, “¿Qué son las asambleas populares?”, y salió de la planta eludiendo el cerco policial permanente que, por orden judicial, tenía como misión impedir la entrada y salida de materiales de la imprenta.

Haciendo un boquete en la pared de Julio, el mecánico vecino, los libros llegaron a la calle sin despertar sospechas. Una experiencia que pasó a formar parte de la épica de Chilavert. Su lema, como el de otras empresas recuperadas por sus trabajadores, fue “Ocupar, Resistir, Producir”. Mientras se adoptaba una forma democrática asamblearia para tomar decisiones.

“Pero los y las trabajadoras de Chilavert no solo recuperamos nuestro trabajo-dice el comunicado que han enviado a los medios de prensa- Desde el año 2007 pusimos en pie junto a un grupo de educadores populares, una escuela para jóvenes y adultos donde cada año estudian un centenar de estudiantes. Nuestro Bachillerato Popular emite títulos oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y es la fuente de trabajo de 35 docentes y talleristas”.

“Además, dentro de nuestra imprenta se reúne el Grupo de Teatro Comunitario de Pompeya donde 45 vecinos actores y actrices disfrutan del arte y la música popular, donde funciona el Centro de Documentación de Empresas Recuperadas impulsado por el Programa Facultad Abierta de la UBA y una consejería de vivienda que ayuda a personas con problemas habitacionales en la ciudad”.

Todo este espacio comunitario está hoy bajo amenaza de ser destruido de un solo golpe, si Edesur continúa con su plan tarifario criminal.

La contracara del empobrecimiento generalizado de la población reside en la irrupción de un grupo pequeño de grandes empresas vinculadas al Presidente, su familia, sus amigos y entenados -desde Marcelo Midlin y Rogelio Pagano a Nicolás Caputo-, que con impunidad mafiosa se han apropiado de un recurso de importancia estratégica para el país: la generación, transporte y distribución de energía. Dolarizando este insumo, se han asegurado una renta extraordinaria que hincha sus bolsillos con la apropiación del excedente y los ingresos del conjunto de la población a través de un tarifazo eléctrico que supera el 3000% en la era Macri.

La voracidad sin límites de este pequeño grupo empresario ligado al gobierno queda expuesta en el contraste entre lo recaudado con el tarifazo y la enorme desinversión, falta de mantenimiento y de regulación estatal implicados en el reciente apagón nacional, y en la interrupción eléctrica que sumergió en la oscuridad a miles de vecinos de la Provincia de Buenos Aires. Desde barriadas de La Plata, Gonnet, City Bel y Villa Elisa; hasta Lomas de Zamora donde familiares y estudiantes de escuelas primarias y secundarias se movilizaron a Edesur y al Consejo Escolar, para exigir que reparen el sistema eléctrico que impidió dar clases.

En los últimos 12 meses, 3.570.854 usuarios sufrieron cortes en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. Mientras tanto en el mismo período, y debido a las fuertes subas de tarifas, la demanda residencial cayó un 17%. Todo esto no privó a las compañías encargadas de la distribución eléctrica de multiplicar sus ganancias. En sus balances del año 2018 Edenor reconoce que sus ingresos aumentaron 240%, con una ganancia neta de $3.250 millones; mientras Edesur, con un margen de aumento del 200% en sus ingresos, registra una ganancia de $3.087 millones.

Los trabajadores/as de Chilavert extienden su reclamo: “Ganan millones, no invierten ni un peso, pero tienen la caradurez de amenazarnos con cortarnos el suministro eléctrico a quienes remamos todos los días”.

Es la traducción del despropósito de un modelo energético al borde del colapso, que a los usuarios sólo les genera tarifas dolarizadas impagables y un servicio paupérrimo; mientras las empresas -estrechamente ligadas al gobierno nacional- obtienen recaudaciones millonarias y subsidios inconcebibles.

“Sabemos que esta realidad no nos golpea solo a nosotros, -continúa el comunicado de Chilavert- cientos de fábricas recuperadas están siendo afectadas y llevadas al borde del cierre, cooperativas como la Nueva Unión, Madygraf o Zanon en Neuquén, son acorraladas por los tarifazos y las políticas de ajuste que buscan que los y las trabajadoras paguemos una crisis que no generamos”.

Durante los primeros días de junio los juzgados neuquinos recibieron un pedido de amparo para que la empresa Camuzzi Gas del Sur corte el suministro de gas a las fábricas ceramistas Zanon (hoy Fasinpat), Stefani de Cutral Có y Cerámica Neuquén (sobre la que además pesa un pedido de remate), peligrando los puestos de trabajo de 400 familias. En la Ciudad de Buenos Aires, la sombra del desalojo cierne sobre las cien personas que trabajan en el emblemático Hotel Bauen desde julio de 2007. La cooperativa gráfica Madygraf, ubicada en Garín, enfrenta una difícil situación por impago en las facturas de electricidad que supera el millón de pesos, y pone en riesgo doscientos puestos de trabajo. Cueroflex, fábrica recuperada en 2012 en San Martín que trabaja cuero reciclado, con ochenta trabajadores que hoy pueden quedar desocupados debido a las exorbitantes tarifas eléctricas… y muchas más.

Tarifazos, caída del consumo, apertura de importaciones, insumos dolarizados, falta de crédito, una combinación letal que pone en riesgo cierto la continuidad de las empresas recuperadas. Por ello convocaron a una movilización para el jueves pasado en defensa de las gestiones obreras. Tras concentrar en el obelisco desde las 12 hs, marcharon hacia el Congreso para participar de una audiencia pública.

Las gestiones obreras se apoyan fundamentalmente en sus comunidades. El respaldo vecinal las sostiene en medio de la crisis económica que se profundiza y la aplicación por parte de los gobiernos de turno, de políticas que las asfixian, mientras concentran cada vez más la producción. Es la lógica del capital.

El sábado 13 de julio desde las 13 hs, los/as trabajadoras de la imprenta Chilavert realizarán el “Festival: Chilavert no se apaga”, con bandas en vivo y función del Teatro Comunitario, en Chilavert 1136, Pompeya; bajo la consigna: “Abajo los tarifazos. Defendamos las Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores”.

“No vamos a bajar los brazos, estamos decididos a defender nuestros puestos de trabajo, la escuela y el centro cultural”, es el convencimiento de los trabajadores gráficos de Chilavert, que necesitan de nuestra solidaridad.

7.7.2019

Hace cinco días que los vecinos y vecinas del barrio Ramón Carillo en Villa Soldati están sin luz. Sin ninguna respuesta y ante las temperaturas bajas, decidieron cortar las calles en la intersección de las calles Mariano Acosta y Castañares para visibilizar el reclamo. Al anochecer un automóvil embistió a los manifestantes atropellando a cuatro vecinos. El auto retrocedió a toda velocidad para volver contra las personas. Hay una vecina herida que permanece en estado reservado en el hospital Piñeyro.

En estos momentos el barrio permanece sin servicio eléctrico. Claudia una vecina que fue víctima de la agresión del automovilista cuando a las 16:00 comenzó el corte de calle de la avenida Mariano Acosta y de las vías del Premetro (que ya estaba sin servicio) comentó: «A las 20:00 un auto Toyota de color negro embistió a los vecinos que manifestaban, y se escuchó «atropellá a estos negros de mierda», el auto avanzó y retrocedió a fondo atropellándome a mí. Fue un segundo yo pude pararlo con la mano y que no me dé en la cabeza» (…) «a una vecina le pasó por arriba y le quebró la pelvis y está con un traumatismo que le generó un coágulo cerebral y a su hija le pasó por arriba por el pie y le esguinsó el tobillo» (…) » no pudimos identificar el auto aunque hay fotos de las cámaras de las calles que hay que ver».

Los vecinos explicaron que la policía estaba presente en el lugar mientras protestaban y omitió la situación mientras sucedía esta agresión. La ambulancia se llevó a los heridos que son cinco y lo preocupante es el estado de una mujer que permanece con estado reservado. Claudia comentó que todo derivó de estar cinco días sin suministro eléctrico y que se podría haber evitado esta situación y explicó: «En el barrio el Estado está totalmente ausente. En la escuela n°19 no tienen calefacción. Acá está todo mal. El Estado no existe».

5.7.2019

Tras la decisión de River de abrir sus puertas para que personas en situación de calle pasen las noches más frías del año, hinchas xeneises de la agrupación Boca Antifascista reclaman al presidente del club Daniel Angelici que haga lo mismo: «exigimos que se abran las puertas de nuestro club para albergar a las personas en situación de calle hasta la finalización del invierno, y sea además un centro donde los hinchas y vecinos puedan llevar su solidaridad». «Vivimos en un sistema que genera millones de pobres por año. Las políticas de Estado son las causantes de esta situación – sostienen – Sería una forma de que el tan promocionado ‘superávit’ (obtenido por la sustracción mensual a miles de hinchas) sea devuelto al pueblo trabajador. Boca Juniors es el club más popular del país, no puede permitirse ser espectador de esta realidad», sostienen.

El pedido de la agrupación xeneixe Boca Antifascista se da luego de que esta semana el presidente del Club Atlético River Plate, Rodolfo D’Onofrio, decidiera – en acuerdo con Juan Carr de la ong Red Solidaria – abrir sus puertas para que las personas en situación de calle pasen dentro de sus instalaciones los días más fríos del año, en el marco del programa «Frío Cero», ocupando así el lugar ausente del Estado en cuanto a políticas que solucionen definitivamente la situación de ese sector de la población argentina.

En un comunicado titulado «Exigimos que Boca abra sus puertas al pueblo en situación de calle», la agrupación Boca Antifascista le exige a Daniel Angelici – empresario del juego, actual presidente del Club Atlético Boca Juniors y vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) – que replique la medida.

«Vivimos en un sistema que genera millones de pobres por año. Las políticas de Estado son las causantes de esta situación – sostienen – Es simple: unos pocos se llevan la riqueza de millones y entre esos pocos está la clase social que gobierna, mientras que el resto somos los que vivimos de nuestro trabajo. Por ello consideramos que no se trata de ‘excluidos’ (como informan de manera cómplice los defensores del sistema), sino que son trabajadores expulsados conscientemente por la perversidad que encierra el capitalismo».

«Boca Juniors es el club más popular del país, no puede permitirse ser espectador de esta realidad«, remarcan los hinchas, y reclaman: «exigimos que se abran las puertas de nuestro Club para albergar a las personas en situación de calle hasta la finalización del invierno y sea además un centro donde los hinchas y vecinos puedan llevar su solidaridad».

Consideran que la medida «sería una forma de que el tan promocionado «superávit», (obtenido mediante la sustracción mensual a miles de hinchas) sea devuelto al pueblo trabajador. Además de fomentar la solidaridad de clase, necesaria para enfrentar el ajuste del Gobierno».

Al final del comunicado resumen sus exigencias: «apertura del CABJ para albergar a los laburantes en situación de calle», «que se reciban donaciones en La Bombonera», «abajo el ajuste de Macri y los Gobernadores» y «por un Boca de los trabajadores».

5.7.2019

En total 7.251 personas viven en las calles de la ciudad de Buenos Aires, cinco veces más de las que reconoce la alcaldía de la capital argentina, que contabilizó 1.146 habitantes, afirmaron en rueda de prensa numerosas entidades sociales que elaboraron el segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle 2019.

«El total de personas en situación de calle efectiva es 7.251», sostuvo el defensor general de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Corti, en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El Ministerio Público de la Defensa es un órgano estatal independiente y una de las entidades que elaboraron este censo popular tras recorrer minuciosamente los barrios de la capital argentina junto con una decena de organizaciones civiles y de derechos humanos.

En el contexto de una ola de frío polar que está generando temperaturas cercanas a cero en la ciudad de Buenos Aires, las entidades constataron que el 73% de los habitantes que se encuentran en situación de calle, 5.270 personas, viven a la intemperie.

Sin techo bajo el que cobijarse se encuentran 860 niños y 40 mujeres embarazadas.

El 52% de los consultados, 1.600 personas, afirmaron que era la primera vez que debían dormir en la calle.

«Este relevamiento muestra, en primer lugar, que las personas en situación de calle no son una prioridad para el Gobierno desde hace ya muchos años, lo que convierte esta situación en un problema estructural», manifestó el titular del Ministerio Público de la Defensa.

Las 10 instituciones que conformaron el segundo censo popular desmintieron, de esta manera, que vivan en la calle 1.146 personas, según sostuvo a finales de abril la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

El defensor general de Buenos Aires afirmó que las respuestas de la alcaldía que dirige Horacio Rodríguez Larreta, del mismo signo político que el presidente Mauricio Macri, «son pocas e insuficientes», y que además «no alcanzan a toda la población».

«El Gobierno tampoco cumple la ley y no hace los relevamientos que tiene que hacer de forma adecuada, entonces no tiene la información, no tiene el conocimiento y es claro que a partir de ahí no puede construir una política pública», constató Corti.

Desamparo

El 19% de las personas en situación de calle se reconocieron mujeres, el 1% dijeron ser trans y el 80% restante afirmaron ser varones.

De toda la población en situación de calle, el 56% vivieron siempre en la capital.

La titular de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura Rattagan, afirmó que la alcaldía tiene presupuesto suficiente para amparar a las personas en esta situación de vulnerabilidad, pero que no tiene la voluntad de hacerlo.

Los refugios nocturnos de la capital argentina, en paralelo, deberían estar abiertos durante 24 horas pero eso no se cumple, y «tampoco se garantiza que todos puedan entrar», añadió Segura Rattagan, cuya organización también participó en el censo.

El 9% de las personas que pueden dormir resguardadas, 641, lo hacen en refugios del Gobierno capitalino, mientras que otro 18%, 1.340, lo hacen en otro tipo de establecimientos.

«En estos días les ofrecen hoteles, plata y hasta por poco caviar a las personas de la calle, pero no porque les importen sino porque no quieren que se mueran delante de sus ojos», denunció por su parte el dirigente de la entidad Proyecto 7, Horacio Ávila.

Para elaborar el censo popular se dividieron los 48 barrios de la ciudad más rica de Argentina en cinco zonas que fueron recorridas a distintas horas durante varios días.

La primera encuesta de esta naturaleza, elaborada en 2017, detectó por entonces 4.394 personas en las calles de Buenos Aires, por lo que en la actualidad 2.857 personas más se encuentran en esta situación.

También contribuyeron a realizar este censo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Defensoría del Pueblo de la ciudad, Abrigar Derechos, la Asamblea Popular de Plaza Dorrego, La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, el Movimiento Popular la Dignidad y No Tan Distintas, quienes a su vez recibieron la adhesión de decenas de instituciones más.

4.7.2019

La mayoría automática del macrismo y sus aliados habilitó la medida que además permitirá vender el Mercado de Hacienda. Quejas de los vecinos, quienes tienen miedo de ser desplazados para favorecer a negociados inmobiliarios.

Unos seis predios de la ciudad de Buenos Aires, situados en la Villa 31 de Retiro, podrán ser vendidos por el Gobierno porteño para financiar obras de infraestructura social y amortizar deuda, de acuerdo a una ley aprobada este jueves en la Legislatura, en una sesión en la que vecinos rechazaron la iniciativa por considerar que no garantiza que puedan adquirir esos terrenos que habitan.

En rigor, la norma recibió 41 votos afirmativos del interbloque oficialista, que reúne a Vamos Juntos y Evolución, y 17 en contra y abarcó unos 12 terrenos distribuidos en la Ciudad, incluidos los del barrio Carlos Mugica, conocido como Villa 31, y uno ubicado donde funciona el Mercado de Hacienda de Liniers, en el barrio de Mataderos, que se mudará al partido bonaerense de Cañuelas.

La iniciativa fue remitida en marzo por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura y debatida por la Comisión de Presupuesto, desde donde se realizaron modificaciones.

La Comisión de Presupuesto de la Legislatura había aprobado la venta del 35% del Mercado de Hacienda en Mataderos, y de otros 12 predios, para saldar la deuda de 175 millones de dólares, parte de los 400 millones que Nación le pidió a la Corporación Andina de Fomento para realizar el Paseo del Bajo (aunque terminó costando U$S 650 millones), y que luego transfirió a la Ciudad. De esos predios, uno se encuentra dentro del barrio, y otros seis en terrenos linderos. El proyecto no asegura que los futuros dueños vayan a ser los vecinos que deben ser relocalizados, y deja abierta la puerta para el ingreso de desarrolladores inmobiliarios.

De acuerdo a la Ley 6129 de reurbanización del barrio, todas las decisiones deben tratarse primero en el Consejo de Gestión Participativa (CGP), integrado por representantes del barrio, organismos públicos, y por el propio gobierno. Sin embargo, este proyecto avanzó sin ser propuesto en esa instancia. A diferencia de las otras villas de la Ciudad, en la 31 y 31 Bis las tareas de urbanización están a cargo de la Secretaría de Integración Social y Urbana, creada por Larreta para tal fin. Son las que tienen más reclamos de todos los asentamientos porteños.

Una de las ONG que integran el CGP es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que a través de un comunicado pidió la suspensión de la iniciativa. «Creemos que el objetivo es vender esas tierras a terceros, a pesar de que podrían resolver problemas habitacionales, porque la cantidad de viviendas nuevas pautadas de ninguna manera alcanzará a satisfacer la necesidad habitacional del barrio. Si quisieran destinarlas a los habitantes, lo explicitarían en el texto», expresó a Tiempo Pablo Vitale, codirector de ACIJ.

Amalia Aima tiene 54 años. Desde bebita habita el barrio, cuando su madre llegó desde Jujuy con ella y otros seis hermanos. Junto a sus cuatro hijos, nietos y sobrinos, vive en «la parte más histórica», lindera a la Terminal de Retiro: «La venta de tierras es muy preocupante porque no figura que sea en beneficio de los vecinos. Ya con la Ley 6129 habilitaron a que después de cinco años la gente pueda vender su lugar, o que un tercero abone el valor de tres hipotecas y se quede con la casa. No estuvimos de acuerdo pero salió igual».

Amalia dice que el actual proyecto «salió entre gallos y medianoche», y se lamenta porque «mientras se demora la urbanización, y no se debate con los vecinos qué hacer, la villa crece en cantidad de familias, que no son censadas».

La crisis pega fuerte en la ciudad, pero en estos barrios explota: «Llega gente de clase media que nunca pisó una villa, diciendo que alquilaba en otro barrio y ya no puede seguir». Arrastran otro temor: «Hay miedo de que hagan negocios inmobiliarios y aumente el valor de la tierra. Es otra forma de expulsarnos».

Los que esperan ser re-urbanizados aún desconocen a cuánto ascenderán las cuotas. «El sistema constructivo steel framing adoptado para las viviendas nuevas no fue consensuado con los habitantes. Señalan que están acostumbrados a lidiar con plagas, y es común que las ratas se instalen dentro de las cocinas, por el material interno aislante», acota Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y enumera: «Las viviendas del Conjunto Habitacional Containera Azul presentan graves problemas de filtraciones. En algunas hubo desprendimientos de cielorrasos, y no cuentan con red de gas natural. La capacidad de la instalación eléctrica fue mal calculada y colapsa al encender más de un artefacto».

Una urbanización cuestionada por los vecinos

Mientras avanza la venta de tierras en el barrio Carlos Mugica, la urbanización encarada por el gobierno permanece envuelta en dudas y denuncias. A principios de junio, legisladores, vecinos y representantes de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), recorrieron la villa y escucharon las demandas, especialmente en el sector Bajo Autopista, el más próximo a ser mudado, en el que viven más de 800 familias, un 10% del total de las villas 31 y 31 Bis.

Hay habitantes que no fueron censados y otros directamente no fueron considerados como grupo familiar. Los vecinos apuntaron que los modelos de escritura son imprecisos y se contradicen con puntos que les habían informado verbalmente. A menos de un mes de la fecha probable de relocalización, no saben el valor de la vivienda que les adjudicarán ni el precio de las cuotas que deberán pagar. Las casas aún no cuentan con accesos para ambulancias, ni asfalto, ni veredas.
En la Mesa de Urbanización Participativa aseguraron que con la mudanza a las nuevas casas en el sector del predio YPF, las condiciones de vida son peores: «Fueron hechas con paredes de Durlock. Allí no hay posibilidad ni siquiera de usar gas». Desde la Secretaría de Integración Urbana respondieron que los 26 edificios son «viviendas sustentables y de calidad. Se trata de un sistema de construcción en seco, que dentro de sus beneficios presenta la facilidad y rapidez a la hora de realizar reparaciones, sin necesidad de romper paredes ni generar suciedad». Los vecinos firmaron un pedido de acceso a la información pública exigiendo conocer cuáles fueron los criterios para seleccionar las familias beneficiarias, las previsiones ambientales que se tomaron, el precio del metro cuadrado y las fechas previstas para las etapas de la relocalización. Aún no fue respondido.