CABA: docentes movilizan a la Legislatura porteña contra el cese de cargos durante la pandemia

10.8.2020

Trabajadores y trabajadoras de la educación se movilizarán este lunes a las 13:00 desde el Obelisco a la Legislatura porteña en bicis y automóviles en reclamo del fin del cese de los cargos docentes mientras dura la cuarentena, por concursos públicos transparentes y que se garantice un salario mínimo de $32.800 en el marco de la pandemia para todos los docentes sin cargo y para aquellos que tienen algún cargo y horas con un salario inferior a ese monto. “La semana pasada el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó sin efecto la resolución que impedía el cese en los cargos de los docentes mientras dura la cuarentena, lo que deja a cientos de docentes de primaria y de media sin trabajo, sin salario y sin obra social en el medio de la pandemia. Esto, frente a una crisis económica que se agrava, con congelamiento de los salarios y pago del aguinaldo en cuotas”, denunció Sebastián Copello, docente y vocero del Colectivo de Docentes Sin Trabajo, que encabezará la protesta, acompañado por otros gremios docentes.

La movilización es convocada Colectivo de Docentes Sin Trabajo, y contará con el acompañamiento de otros gremios docentes porteños, como el de Ademys, y consistirá en una movilización en bicis y autos desde el Obelisco hasta el frente a las puertas de la Legislatura porteño, ubicada en Perú al 100.
“Desde el 30 de junio cientos de docentes de las distintas áreas del Ministerio de Educación del GCBA estamos siendo despedidos sin previo aviso – denunció el Colectivo de Docentes Sin Trabajo, que encabeza la convocatoria, en un comunicado – Esto se suma quienes están sin trabajo desde marzo. El Gobierno de la Ciudad decidió dar de baja la resolución 2020-11163089-SSSDOC, que nos permitía preservar nuestro puesto de trabajo, en esta situación de emergencia económica, y sin posibilidad real de conseguir otro cargo hasta no sabemos cuándo. Los actos públicos que realiza de manera virtual tienen irregularidades y son totalmente insuficientes”, denuncia el colectivo, y agrega: “por ejemplo, en el último realizado, para 22 puestos de trabajo hubo 222 postulantes. De este modo, el Gobierno dejó, en medio de una pandemia, a muchísimos alumnos y alumnas sin docentes que los y las acompañaron durante todos estos meses de encierro y a muchísimos docentes sin trabajo, incumpliendo con el DNU 329/2020 que prohíbe realizar despidos en el marco de la emergencia sanitaria”.
“La semana pasada el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó sin efecto la resolución que impedía el cese en los cargos de los docentes mientras dura la cuarentena, lo que deja a cientos de docentes de primaria y de media sin trabajo, sin salario y sin obra social en el medio de la pandemia – expresó, por su parte, Sebastián Copello, docente y vocero del colectivo – Esto, frente a una crisis económica que se agrava, con congelamiento de los salarios y pago del aguinaldo en cuotas. Nos movilizamos con la exigencia de rechazo a los ceses, un salario mínimo de $32.800 para todos los docentes sin cargo y a aquellos que tuvieran algún cargo u horas con un salario inferior a este monto“, finalizó Copello.
Amanda Martín, del sindicato docente Ademys, que también se pliega a la medida de lucha, al igual que otros gremios, agregó: “venimos planteando ante el Gobierno de la Ciudad desde el primer día de suspensión de clases la necesidad de atender esta situación de los docentes suplentes. Para ello se organizó reclamos y un relevamiento de docentes sin cargo que fue entregado en el Ministerio de Educación. Este lunes acompañaremos a los docentes cesados y sin cargo”.

Se reunieron Fernández y Larreta para discutir cómo sigue la cuarentena

10.8.2020

Lo hacen en el medio de acusaciones cruzadas entre los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia acerca de las respectivas responsabilidades frente al aumento de casos de coronavirus

Ante el vencimiento el próximo domingo de la actual fase de la cuarentena, el Presidente y el Jefe de Gobierno porteño se reunieron en la Quinta de Olivos y discutieron los pasos a seguir acerca de las posibles reaperturas de nuevas actividades económicas y sociales.
Larreta habría acercado a la reunión un plan de próximas aperturas para la ciudad, a ser evaluadas el jueves en conjunto con Axel Kicillof, de acuerdo a la evolución de la pandemia en los próximos días.
Según trascendió, dentro de las pretensiones del Jefe de Gobierno estaría la de reanudar actividades deportivas individuales desde el próximo lunes. También buscaban avanzar con habilitar restaurantes y bares para el consumo sobre la calle, pero esto habría quedado descartado.
Lo hicieron en un día marcado por declaraciones cruzadas. Daniel Gollán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires declaró ante los medios que “mientras en Capital Federal siguen creciendo los casos, en el Conurbano vamos detrás de ese número”. Para respaldar su afirmación, aclaró que se debe a que en la Ciudad siguen haciendo pocos contagios: “Capital hace entre 2.200 y 2.900 testeos de residentes. Nosotros estábamos haciendo 2.000 y ahora 10.000″.
“Si uno no hace muchos más testeos, no va a encontrar más casos”, definió. También expresó que en las próximas semanas podrían seguir subiendo los casos y agravándose la situación hospitalaria en la zona del AMBA. Su par de la Ciudad, Fernán Quirós, a tono con un discurso que busca ampliar la reapertura de las actividades, afirmó que “la curva está madura y es cuestión de semanas para que empiece a descender”.
La idea de que la curva tienda a bajar parece dudosa en momentos en que la suba de los contagios viene tocando nuevos récords. Incluso la Secretaria de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que los casos de contagios confirmados pueden aumentar fuertemente, al haberse modificado la forma de considerar a los casos como positivos.
Los entredichos entre los funcionarios toman lugar en momentos en que los fallecimientos vienen superando los 100 casos diarios en promedio, contándose entre los países que más muertes viene contabilizando en las últimas jornadas, y donde en varias provincias donde la situación era relativamente estable vienen creciendo importantes focos de contagios, como Jujuy (donde el sistema de salud se encuentra al borde del colapso), Córdoba o Mendoza.
Además, la situación de los lugares de trabajo es cada vez más crítica. La empresa Ledesma cuenta con el triste récord de 9 trabajadores fallecidos, siendo la empresa con más empleados muertos por esta enfermedad. También preocupa la situación en el ferrocarril Sarmiento donde se vienen multiplicando los casos, así como en supermercados y otros comercios, donde los trabajadores se enferman cotidianamente ante la falta de medidas de seguridad adecuadas.

Sin trabajo y despedidos

9.8.2020

Desde el 30 de junio, cientxs de docentes de las distintas áreas del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están siendo despedidxs sin previo aviso. Esto se suma a muchísimxs otrxs compañerxs que están sin trabajo desde marzo.

Según denuncian desde el Colectivo Docentes Sin Trabajo, el Gobierno de la Ciudad decidió dar de baja la resolución 2020-11163089-SSSDOC que les permitía a los maestros preservar sus puestos de trabajo, en esta situación de emergencia económica, y sin posibilidad real de conseguir otro cargo.
“Los actos públicos que realiza de manera virtual tienen irregularidades y son totalmente insuficientes. Por ejemplo, en el último realizado, para 22 puestos de trabajo hubo 222 postulantes. De este modo, el Gobierno dejó, en medio de una pandemia, a muchísimxs alumnxs sin lxs docentes que lxs acompañaron durante todos estos meses de encierro y a muchísimxs docentes sin trabajo, incumpliendo con el DNU 329/2020 que prohíbe realizar despidos en el marco de la emergencia sanitaria”, expresaron.

La Boca: Madres en Lucha convocó a una colecta para el día de la niñez

8.8.2020

El espacio encabezado por las referentas en la lucha contra la violencia policial, Roxana Cainzos y Carolina Vila, realizará una entrega de juguetes para los chicos y las chicas del barrio el próximo 17 de agosto.

El Merendero Madres en Lucha, ubicado en el barrio porteño de la Boca, encabezado por Roxana Cainzos, madre de Nehuen Rodríguez y Carolina Vila, madre de Lucas Cabello, convocó a participar en una colecta para realizar una entrega de juguetes por el día de la niñez. De esta manera, las referentas en la lucha contra la violencia institucional convocaron: “Estamos recibiendo donaciones de juguetes y golosinas en el merendero para entregarles a los chicos en su día el 17 de agosto. Agradecemos a todos los que buenas colaborar”
Es de destacar que ambas madres se convirtieron en referentes barriales en la lucha por Justicia por los ataques policiales contra sus hijos. Nehuen Rodríguez falleció tras ser atropellado por un patrullero de la entonces Policía Metropolitana. El hecho ocurrió en diciembre del 2014, en el cruce de Brandsen y la Avenida Ramón Carrillo en Barracas. Lucas Cabello sufrió el gatillo fácil del entonces agente de la Policía Metropolitana Ricardo Ayala en noviembre del 2015, en la Boca. Con severas heridas y dificultades de salud que aún persisten, sobrevivió al ataque y encabezó junto su madre y familia la lucha por Justicia. Actualmente realiza columnas deportivas en FM Riachuelo.
Ambos policías vinculados a los hechos fueron condenados por los hechos de violencia institucional. En diciembre del 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 impuso una pena de 16 años de prisión al agente Ayala por el intento de homicidio agravado de Cabello. Resta que el tribunal de alzada ratifique la prisión y se haga efectiva. En relación al caso de Nehuen, en abril del 2018, el Tribunal Oral Criminal N° 4, Castagnasso recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo por el homicidio culposo del joven del barrio de la Boca. En aquella oportunidad, Roxana habló a la salida de los tribunales: “Desde un principio supe que la justicia que iba a tener era social, con ustedes compañeros”, explicó Roxana ante los militantes, familiares y vecinos del barrio de la Boca. Además, habló siempre de lograr la “condena social” y a partir de esa base aglutinó a más de una decena de espacios populares en la búsqueda de justicia. Al terminar el juicio fue recibida por el canto militante: amigos, vecinos y jóvenes del barrio dejaban bien en claro: “Todos somos Nehuen Rodríguez, buscamos justicia. Queremos que se haga cargo la policía”.

CABA: reclaman que Ciudad garantice las interrupciones legales del embarazo

8.8.2020

El 16 de julio la Legislatura de Buenos Aires aprobó adherir al Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, “una serie de resoluciones podrían suponer barreras de acceso a ese derecho”, advirtieron en un comunicado conjunto el CELS, Amnistía Internacional Argentina, ELA, la Fundación Huésped, FUSA y REDI. “La Ciudad de Buenos Aires debe garantizar las interrupciones legales del embarazo”, plantearon.

El 16 de julio, por amplia mayoría, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votó la Ley de Adhesión al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del Ministerio de Salud de la Nación.
No se trata de una ley que consagra nuevos derechos, sino que garantiza los que ya están vigentes desde hace 100 años. En este sentido, el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación tiene como objetivo asegurar la accesibilidad de la práctica y dar lineamientos para una atención médica de calidad a las y los profesionales de la salud que atienden casos de embarazos producto de violación, o situaciones en las que el embarazo pone en riesgo la salud integral de la persona gestante o su vida.
El Ejecutivo porteño promulgó la adhesión a la Ley 6312, pero “adoptó una serie de medidas que podrían operar como obstáculos para su ejercicio o demoras para su acceso”, advirtieron en un comunicado conjunto desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Huésped, la Fundación para la Salud del Adolescente (FUSA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Específicamente, los organismos de derechos humanos y sanitarios firmantes apuntan que uno de esos obstáculos es “la creación de ‘equipos interdisciplinarios’, a pesar de que la Corte Suprema dejó en claro que para la atención de abortos legales no se puede exigir la intervención de más de un profesional o la implementación de consultas o derivaciones que no tengan razones terapéuticas”.
Asimismo, si bien resulta conveniente estructurar la prestación de servicios en distintos niveles de atención en función de la etapa gestacional, “es sumamente alarmante establecer una limitación temporal en el acceso a la ILE y la incorporación de requisitos no contemplados en la ley, sumamente regresivos”, señalaron.
Las personas con discapacidad, además, tienen derecho a contar con sistemas de apoyo para tomar decisiones en forma autónoma. Tal como señaló la Corte Suprema en el fallo FAL, los supuestos de ILE no pueden ser interpretados restrictivamente.
La lectura conjunta de las resoluciones 841 -Programa A la par– y la 1722 del Ministerio de Salud “podría suponer un interés en disuadir a las mujeres, niñas y varones trans para acceder a la ILE”, indicaron los organismos.
“Las normas imponen a los equipos de salud que ofrezcan alternativas a quienes ya decidieron acceder a una ILE, lo que implica cuestionar la autonomía de quienes transitaron por la consejería, evaluaron sus opciones y optaron por una ILE”, señalaron, apuntando el carácter potencialmente disuasorio de la normativa.
En el mismo sentido, el Programa A la par tiene como “población objetivo” a “las personas gestantes que tendrían derecho a acceder a una ILE, como las embarazadas en situación de riesgo de salud, y no a todas las personas que estén transitando un embarazo. Como política pública, debe estar disponible para quienes requieran ese acompañamiento del Estado durante el embarazo y también con posterioridad”.
El Programa A la par, además,establece que los equipos técnicos “serán los encargados de generar estrategias en pos de ir al encuentro de las personas embarazadas y sus familias”.
Los organismos se detienen en este punto y señalan: “Nos preocupa el proceso de identificación de las mujeres que necesitan acompañamiento, y la potencialidad de que impacte en el derecho a la privacidad y en la confidencialidad médico-paciente. En ningún caso terceras personas, ni siquiera agentes estatales, pueden acceder a información confidencial -como lo es la historia clínica-, ya que esto vulneraría la privacidad de las personas que el Estado debe proteger.”
Entre las estrategias mencionadas para prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia no aparece mencionada la educación sexual integral, una política que debe garantizar el derecho a recibir información científicamente validada acerca de la sexualidad en los tres niveles de escolaridad y en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. Es, además, una herramienta que ya tiene la ciudad a través de la Ley 2.110.
Por último, la creación del Programa Derivación Garantizada a la persona embarazada para instituciones con ideario confesional y/o ético “le otorga conciencia a las instituciones y limita, nuevamente el acceso a la salud”, señalan los organismos.
“La objeción de conciencia es individual ya que son las personas que trabajan en estas instituciones de salud quienes gozan del derecho a la libertad de conciencia. Su objetivo es resguardar las íntimas convicciones morales de la persona que objeta, pero no puede funcionar como una barrera para el acceso a la salud de las personas que necesitan cuidados médicos. Los servicios de salud, sean de gestión pública o privada, deben asegurar que cuentan con personal suficiente para garantizar el acceso a las prácticas de ILE, tal como indicó el Comité CEDAW”.
“En síntesis, la Ley votada por los y las representantes de la Ciudad es clara y responde a un reclamo largamente postergado”, establecen los organismos firmantes. “Tal como lo señaló el Jefe de Gobierno en su comunicación pública, se deben armonizar convicciones personales con realidades que nos interpelan y ponen a prueba nuestro sentido de comunidad. Es por ello que entendemos que se deberían revisar las medidas regresivas que pueden suponer una limitación en el acceso a la salud para las personas gestantes, y consolidar una política pública que ponga el acento en proteger los derechos humanos”, concluyen.

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