Contra las inscripciones on-line

26.10.2013

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) se encuentra en estado de alerta, movilizada por una iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien decidió que a partir de noviembre próximo, las inscripciones para los niveles inicial primario y secundario se hagan exclusivamente de manera online. Entrevista con el secretario general de UTE, Eduardo López.

Desde el gremio se manifestaron contra esta medida, por tratarse de una iniciativa excluyente y porque el carácter arbitrario del criterio con el cual se decide a qué escuela mandará una familia a sus hijos. En ese sentido, López explica: “El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió que la única forma de inscribir a nuestro hijo en las escuelas públicas de la ciudad sea de manera online por internet. Frente a eso, nosotros decimos que es una buena opción pero que no debe ser la única”.

¿Qué características tiene esta inscripción online?

Actualmente uno va a una escuela que eligió para sus hijos y los docentes tienen que decir que vaya a su casa, entre en la página web del Gobierno de la Ciudad, que le va a dar cinco opciones para elegir y luego le va a llegar un mail del Gobierno de la Ciudad, que puede respetar esa primer opción o darle la quinta. Con lo cual, deja de existir la primera opción para las escuelas como hasta ahora. El derecho a elegir va a ser sólo para quienes envíen a sus hijos a una escuela privada con subsidio del estado.

¿Qué variables se tienen en cuenta para que una computadora designe una escuela?

Según dicen ellos con variables reglamentadas. La cercanía a la escuela, por ejemplo. Pero yo mando a mi hija a una escuela lejana a mi casa, porque quiero que sea maestra y la mando al Normal Mariano Acosta del barrio de Once, cuando yo vivo en Parque Chacabuco. Eso no se respeta más. Si yo pusiera los datos de mi hija, la máquina la mandaría a una escuela secundaria de Parque Chacabuco, que hay muy buenas, pero no es la elección familiar. Lo mismo pasa con aquellos que mandan a sus hijos a escuelas cercanas al trabajo o a las casas de las abuelas. O familias con mellizos, que no quieren que vayan a la misma escuela para que tengan identidad propia. La máquina los va a mandar a la misma escuela. O familias ensambladas con hermanos con distinto apellido y la máquina los va a mandar a distintas escuelas. O si los chicos hicieron el jardín, los padres se pusieron de acuerdo y quieren que los chicos vayan a la misma escuela. Existen mil abordajes. El derecho de las familias amparado por la Ley de Educación se pierde y la elección va a ser por medio de una computadora.

Frente a esto, ¿qué acciones está llevando adelante UTE?

Nosotros estamos siendo facilitadores de la reunión de los padres y junto a ellos vamos a ir a la Defensoría de la Ciudad y a la Justicia, porque la Ley de Educación Nacional es muy clara y respeta y le da espacio a la decisión de las familias para decidir la orientación educativa de sus hijos. El Gobierno de la Ciudad debe entender que es complejo elegir a dónde van a estudiar nuestros hijos en los próximos siete años. Para hacer algo mucho más fácil como es pagar una boleta de luz, hay tres opciones. Para elegir la educación de tus hijos, no.

Además, deja afuera a todas aquellas familias que no tengan internet en sus casas, como los casos de chicos criados por sus abuelos.

Sí, dejan afuera a las familias que no manejan herramientas informáticas. Además, por ejemplo yo doy clases en Soldati a la noche y vienen mamás a inscribir a sus chicos en el primer año del secundario y cuando les contamos qué tienen que hacer, se van. Algunos no vuelven más y otros van a la Parroquial de enfrente. Que no está mal que vayan a la escuela parroquial, si es la primera opción. Lo que está mal es que vayan a la Parroquial si es que no pueden entrar a la que eligieron, que era la estatal.

Proyecto de Intangibilidad: para evitar que el Gobierno de la Ciudad siga subejecutando el presupuesto de salud, vivienda y educación

26.10.2013
 
El diputado Juan Cabandié y la diputada María Rachid presentaron el proyecto de Ley de Intangibilidad de Partidas Presupuestarias Sociales
 
Ante la constante subejecución del presupuesto por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en áreas como salud, educación y vivienda, entre otras, el legislador Juan Cabandié y la legisladora María Rachid, presentaron el proyecto de Ley de Intangibilidad de Partidas Presupuestarias Sociales. El mismo propone mecanismos para evitar tal subejecución y prohíbe las "modificaciones, reafectaciones y/o restructuraciones presupuestarias en detrimento de tales partidas". 
 
La iniciativa tiene lugar a partir de lo establecido por el artículo 20 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el sentido de que "el gasto público en salud es una inversión social prioritaria", comprendiendo entre las necesidades para garantizar la salud integral a la "alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente". Sin embargo, a pesar de lo dispuesto, frecuentemente se advierte una subejecución importante del presupuesto destinado a áreas sociales, en detrimento de otras áreas qeu la Constitución no señala como prioritarias. 
 
En caso de incumplimiento, el proyecto propone soluciones prácticas, como por ejemplo la citación a la Legislatura para conminar el cumplimiento al/la funcionario/a responsable. 
 
En este sentido, la Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid, expresó: "Presentamos este proyecto porque nos alarma el nivel de subejecución presupuestaria en las áreas sociales que son las que se encuentran orientadas a solucionar los problemas más graves y acuciantes que padecen las personas que habitan o transitan la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de ello, la selectividad en la subejecución de partidas presupuestarias parece postergar a los sectores más vulnerados. Paradójicamente, se termina realizando de manera diametralmente opuesta el mandato constitucional: existen áreas no prioritarias con sobrado desempeño presupuestario como los gastos en publicidad, y otras cuya prioridad se prescribe constitucionalmente como la salud y la educación, con bajo desempeño". Y agregó:"Con este proyecto buscamos evitar esta situación. El gobierno de la Ciudad subejecutó 3734 millones de pesos de los cuales más del 50% entre el 2008 y 2012 correspondían a salud, vivienda y educación. Todo esto frente a la realidad de hospitales con graves problemas de infraestructura y faltantes de materiales indispensables, colegios que se caen a pedazos y una crisis habitacional importante".

Denuncia de La Alameda

25.10.2013

La organización La Alameda denunció al funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño Ignacio Palazuelos por su presunto desempeño como abogado patrocinante de una empresa que gerencia un prostíbulo del barrio de Recoleta.


Palozuelos es director ejecutivo del Comité de Prevención y Seguridad Deportiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, área dependiente del ministerio que encabeza Guillermo Montenegro.

La denuncia por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" fue presentada el último martes ante el juzgado de Instrucción Número 23 de la Ciudad de Buenos Aires, donde La Alameda también solicitó que se le tome "declaración testimonial" a Montenegro.

Según señaló la organización dedicada a la denuncia de la trata de personas, encabezada por el candidato a legislador porteño del frente UNEN Gustavo Vera, Palozuelos es abogado patrocinante de la empresa Linnon SA, que "explota un prostíbulo en Recoleta lindero a la sede de la Comuna 2".

De esta manera se refieren al prostíbulo Zoom, un local que, según La Alameda, está habilitado como "bar-juguetería" pero funciona "en un subsuelo en Uriburu 1018, entre Marcelo T de Alvear y Avenida Santa Fe".

En declaraciones a Noticias Argentinas, fuentes de la organización indicaron que a partir de "una autoconvocatoria de los vecinos del barrio, se detectaron 55 narco-prostíbulos en la zona" que fueron denunciados oportunamente, entre ellos, Zoom.

A partir de esta presentación, Linnon SA denunció a su vez a La Alameda por "injurias", según las fuentes consultadas, y cuando ambas partes debieron concurrir a la audiencia de conciliación obligatoria, apareció el nombre de Palozuelos como abogado patrocinante de la empresa.

La Alameda indicó que "Zoom figura en el Mapa del Crimen Organizado de Recoleta que confeccionan los vecinos y la organización, y fue escrachado el 27 de mayo, colocando simbólicas fajas de clausuras".

"A su vez, este Mapa del Crimen Organizado fue presentado a los ministerios de Seguridad nacional y porteño, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Justicia porteña y las autoridades de la Comuna 2", explicó La Alameda en un comunicado.

Por ello, la AGC intentó hacer una inspección en el local el último 24 de abril pero "se les obstruyó el procedimiento", explicó la organización.

El 21 de mayo los inspectores retornaron al local y comprobaron "la desvirtuación del rubro, por lo que el local fue clausurado", pero "pese a la clausura, sigue operando todos los días, las 24 horas".

La Alameda consideró que "resulta por demás sugestivo que un funcionario ordene la clausura de un establecimiento que vulneraría las normas de seguridad, higiene y moralidad y, que otro funcionario de idéntica jerarquía defienda los intereses de esa sociedad patrocinándola en acciones legales contra los que promovieron la intervención del organismo de control".

En el comunicado, la organización sostuvo que "la gestión PRO con su líder a la cabeza, Mauricio Macri, se ríe de las denuncias sobre los prostíbulos en la Ciudad" y recodó aquel video que se filtró hace dos años, en el que el jefe de Gobierno realizó una humorada en torno a las denuncias.

"Vale recordar que Macri fue fotografiado dentro del narco-prostíbulo Mix de Cancún en México, propiedad del exagente de inteligencia Raúl Martins, y a los abrazos con Gabriel Conde, hijo de un alto dirigente del Club Boca Junios y un condenado por explotación sexual de menores en el ya extinguido prostíbulo Shampoo donde lanzó su primer candidatura a jefe de Gobierno", agregaron.

Denuncian a funcionario porteño

24.10.2013

La organización La Alameda denunció al funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño Ignacio Palazuelos por su presunto desempeño como abogado patrocinante de una empresa que gerencia un prostíbulo del barrio de Recoleta.


Palozuelos es director ejecutivo del Comité de Prevención y Seguridad Deportiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, área dependiente del ministerio que encabeza Guillermo Montenegro.

La denuncia por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" fue presentada el último martes ante el juzgado de Instrucción Número 23 de la Ciudad de Buenos Aires, donde La Alameda también solicitó que se le tome "declaración testimonial" a Montenegro.

Según señaló la organización dedicada a la denuncia de la trata de personas, encabezada por el candidato a legislador porteño del frente UNEN Gustavo Vera, Palozuelos es abogado patrocinante de la empresa Linnon SA, que "explota un prostíbulo en Recoleta lindero a la sede de la Comuna 2".

De esta manera se refieren al prostíbulo Zoom, un local que, según La Alameda, está habilitado como "bar-juguetería" pero funciona "en un subsuelo en Uriburu 1018, entre Marcelo T de Alvear y Avenida Santa Fe".

En declaraciones a Noticias Argentinas, fuentes de la organización indicaron que a partir de "una autoconvocatoria de los vecinos del barrio, se detectaron 55 narco-prostíbulos en la zona" que fueron denunciados oportunamente, entre ellos, Zoom.

A partir de esta presentación, Linnon SA denunció a su vez a La Alameda por "injurias", según las fuentes consultadas, y cuando ambas partes debieron concurrir a la audiencia de conciliación obligatoria, apareció el nombre de Palozuelos como abogado patrocinante de la empresa.

La Alameda indicó que "Zoom figura en el Mapa del Crimen Organizado de Recoleta que confeccionan los vecinos y la organización, y fue escrachado el 27 de mayo, colocando simbólicas fajas de clausuras".

"A su vez, este Mapa del Crimen Organizado fue presentado a los ministerios de Seguridad nacional y porteño, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Justicia porteña y las autoridades de la Comuna 2", explicó La Alameda en un comunicado.

Por ello, la AGC intentó hacer una inspección en el local el último 24 de abril pero "se les obstruyó el procedimiento", explicó la organización.

El 21 de mayo los inspectores retornaron al local y comprobaron "la desvirtuación del rubro, por lo que el local fue clausurado", pero "pese a la clausura, sigue operando todos los días, las 24 horas".

La Alameda consideró que "resulta por demás sugestivo que un funcionario ordene la clausura de un establecimiento que vulneraría las normas de seguridad, higiene y moralidad y, que otro funcionario de idéntica jerarquía defienda los intereses de esa sociedad patrocinándola en acciones legales contra los que promovieron la intervención del organismo de control".

En el comunicado, la organización sostuvo que "la gestión PRO con su líder a la cabeza, Mauricio Macri, se ríe de las denuncias sobre los prostíbulos en la Ciudad" y recodó aquel video que se filtró hace dos años, en el que el jefe de Gobierno realizó una humorada en torno a las denuncias.

"Vale recordar que Macri fue fotografiado dentro del narco-prostíbulo Mix de Cancún en México, propiedad del exagente de inteligencia Raúl Martins, y a los abrazos con Gabriel Conde, hijo de un alto dirigente del Club Boca Junios y un condenado por explotación sexual de menores en el ya extinguido prostíbulo Shampoo donde lanzó su primer candidatura a jefe de Gobierno", agregaron.

DENUNCIA DE LOS TRABAJADORES DE UNA FABRICA RECUPERADA

21.10.2013

La planta de la Industria Metalúrgica Plástica Argentina (IMPA), ubicada en el barrio de Almagro, donde ex empleados formaron una cooperativa e instalaron un centro cultural, podría ser desalojada de manera inminente, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara un recurso impugnando un fallo en ese sentido.

La decisión fue tomada por la Corte el 17 de septiembre pero recién se conoció ahora en el predio del barrio de Almagro y movilizó a los ocupantes de la fábrica. “De acá no nos vamos a mover. Hace años que venimos defendiendo este lugar y no nos vamos. Ahora le estamos pidiendo a la Legislatura que nos den la expropiación definitiva”, dijo una de las encargadas del lugar.

La planta, ubicada en Querandíes 4290, es un caso pionero en el movimiento de fábricas recuperadas tras la crisis de 2001 y se convirtió en un centro cultural que cuenta con una escuela secundaria para jóvenes y adultos y con una sala de atención médica gratuita.

La fábrica producía aluminio hasta que en 1998 entró en quiebra y los trabajadores se quedaron sin sustento ni indemnización. Tomaron el lugar y armaron la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo, que consiguió que le otorgaran en forma provisoria el predio de la fábrica el 4 de diciembre de 2008 a través de la Ley 2969 en la ciudad de Buenos Aires.

Pero en 2009 un juez declaró inconstitucional esa expropiación y en 2010 la Cámara en lo Civil y Comercial lo ratificó. Incluso, aquella decisión trajo consigo un escándalo descubierto por un taxista, cuando una de las camaristas que tenía que resolver la cuestión visitó el lugar sin identificarse.

La Cámara en lo Civil y Comercial dijo que la expropiación no tenía una “utilidad pública” o de “bien común” porque había sido dispuesta en favor de un grupo de trabajadores en “particular” y sentenció: “Bajo la apariencia de un uso público, los bienes expropiados han de ser destinados a un mero uso privado”. Para los jueces, si los trabajadores se quedaron sin trabajo por una crisis económica y social hay que darles planes sociales y no afectar el derecho de propiedad.

En aquella causa intervino como fiscal la hoy procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien defendió los argumentos de los trabajadores.

La cooperativa llegó a la Corte con un recurso de queja, pero el tribunal no analizó el fondo de la cuestión, sino que rechazó el recurso extraordinario por entender que no había “agravio federal”.

Al quedar firme aquel fallo, unas 130 familias “que encuentran allí su fuente de sustento serán desalojadas y serán clausurados el bachiller popular, el centro de salud y el centro cultural instalados en el predio por la cooperativa”, denunciaron los trabajadores.

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