Red de radios

27.3.2014

Pasadas las 18 horas, en Manuel García 370, del barrio porteño de Parque Patricios, dio comienzo la conferencia de prensa impulsada por diputados de la ciudad, en la puerta de la Escuela Carlos Fuentealba, recuperada hace 30 días, por la comunidad docente, organizaciones sociales y vecinos.

Ante más de 100 personas se presentaron los legisladores Lorena Pokoik, del Frente Para la Victoria, Pablo Bergel de Proyecto Sur, Alejandro Bodart del MST, Marcelo Ramal del FIT, Laura García Tuñón de Buenos Aires para todos, Pablo Ferreyra de Alternativa Popular y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, más el secretario general de ADEMYS Jorge Adaro y el Secretario adjunto de UTE Guillermo Parodi.

Primero dieron la palabra a Lorena Pokoik, impulsora de la iniciativa de expropiación del inmueble.

“Gracias por la invitación la verdad que dentro de la grave situación que está viviendo la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires creo que es un alegría ver una comunidad organizada no sólo defendiendo la escuela pública sino relevando las propiedades así como esta escuela en lucha hace más de 30 días.

Hoy presentaron un grupo de padres una lista extendida de varias propiedades en diferentes comunas de las cuales tomamos nota para empezar hacer las averiguaciones pertinentes.

Creo que es muy importante nosotros desde la Legislatura recoger esta demanda pero que en realidad el mérito está en la capacidad de lucha que tuvieron las organizaciones sociales, la comunidad de docentes, padres que se ha nucleado en los últimos 30 días y que han estado permanentemente a la altura del conflicto que muchos esperaban sobre todo el ejecutivo de la ciudad que una vez que comienza el ciclo lectivo que baje y que todos volvamos calladitos a nuestras casas hasta el año siguiente ir realmente habla de una madurez que todos estemos no sólo en estado de alerta sino siendo parte de la solución.

En mi caso me tocó ser parte, recogiendo esta demanda, que es el proyecto de ley que pide la expropiación, la declaración de utilidad pública a esta propiedad, con un fin específico que es para ser destinado a una escuela de nivel inicial.

Tengo mucha esperanza que esto puede votarse el jueves de la semana que viene, la semana pasada se votó en la sesión de preferencia para ser tratada en el día de hoy y por cuestiones de procedimientos tenía que pasar por la Comisión de Educación y eventualmente por presupuesto no se hizo a tiempo, pero creo que están las condiciones dadas y es muy inteligente por parte del PRO recoger esa demanda y saber que la comunidad está siendo parte del principio solución, qué es lo que siempre sucedió y que uno de los errores que cometió la ciudad sobre todo por el sistema de inscripción online, fue no haber escuchado a la comunidad educativa, en este caso entendemos que la comunidad es la que está por el sendero correcto a la altura de las circunstancias aportando a la solución y no a profundizar el conflicto esto es una solución dónde perfectamente puede cubrirse la vacante de 150 chicos y hasta tiene la posibilidad de ampliarse. También contar que estamos dentro de la comuna 4 que está peleando por la construcción de otra escuela de nivel inicial dónde esta Casa Amarilla y son junto con la 8 que concentran gran parte del déficit que hoy tenemos de vacantes estamos hablando de 400 lugares entre los dos escuelas, Donde la ciudad no invirtió en infraestructura no construyó escuelas, no sólo que no invirtió, si no vemos también cómo se va achicando el presupuesto año tras año y como del resto que queda se subejecutan las partidas y se desinvierte permanentemente, entonces dentro de la situación que se está viviendo es una alegría”.

Luego fue el turno del Viceministro de Educación Superior del Estado Plurinacional de Bolivia, Giovanni Samanamud Ávila, quien expresó:

“Buenas a todas y a todos, esto no es nada protocolar, vengo con unos compañeros que siempre me invitan que son del Movimiento La Dignidad y me pidieron que acompañará este acto. Creo en nombre de las bolivianas y los bolivianos es un orgullo porque se nota que hay una lucha fuerte y potente contra el neoliberalismo y en eso nosotros los bolivianos estamos hermanados con todos ustedes acompañamos su lucha y queremos que siga así porque nosotros ya hemos intentado dar y hemos dado pasos importantes contra el neoliberalismo. La educación es un derecho de todos, todas y todos debemos educarnos y debemos luchar porque la educación no esté manos privadas y que muchas felicidades por lo que hacen y cuenten con nuestro apoyo muchas gracias”.

Cuando culminó la exposición del funcionario boliviano, la lluvia aceleró el final de la conferencia.

Quienes participan de la recuperación del establecimiento educativo invitaron para diversas actividades que se desarrollarán en el lugar.

27.3.2014

COMUNICADO DE PRENSA

Al Juzgado Contravencional Nº21, ubicado en Tacuarí 138.

Acompañados por la presencia y la adhesión de  numerosas personalidades de la lucha por los derechos humanos y la cultura  como el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y Osvaldo Bayer; sindicales, organizaciones sociales, políticas y gremiales, nos estaremos movilizando el próximo jueves 27 de marzo para exigir la nulidad de la causa judicial que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició contra el Secretario General Adjunto de ATE Capital, Humberto Rodríguez y el Delegado General de  la Junta Interna de ATE de Promoción Social de  la Ciudad y militante del Frente popular Darío Santillán, Mariano Skliar, simplemente por ser los referentes de una protesta enmarcada en el legítimo derecho a huelga, defendiendo los intereses de los  trabajadores y trabajadoras a quienes representan.

A partir de la pelea que se viene dando contra las condiciones de precarización laboral que padecemos quienes trabajamos en el GCBA con la población más vulnerada, el PRO quiere cercenar nuestros derechos. Lejos de dar respuesta a las necesidades más acuciantes que tenemos los trabajadores/as de la Ciudad, el Gobierno de la Ciudad intenta acallar nuestras voces judicializando los reclamos.

Al igual que con los episodios de represión en el Hospital Borda en el contexto del desalojo ilegal, el gobierno de Mauricio Macri avanza con su política de vulneración, precarización y criminalización a los/as trabajadores/as que luchamos organizados en ATE por nuestras justas reivindicaciones, por la defensa y construcción de lo público y por los derechos de los sectores más vulnerados de la Ciudad.

Nunca los derechos de los trabajadores y las trabajadoras pueden constituir un delito

BASTA DE PERSECUCIÓN GREMIAL Y CRIMINALIZACIÓN  DE LA PROTESTA SOCIAL EN LA CIUDAD

Por una Ciudad inclusiva, democrática, con empleo público digno para todos y todas

EXIGIMOS:

LA NULIDAD INMEDIATA DE LA CAUSA DEL “PRO”  CONTRA

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE ATE CAPITAL HUMBERTO RODRIGUEZ Y EL DELEGADO GENERAL DE LA JUNTA INTERNA DE ATE PROMOCIÓN SOCIAL MARIANO SKLIAR

27.3.2014

¡Que la Dirección de Adultos cumpla con la Resolución 2090!

Los trabajadores de Contexto de encierro exigimos que se cumpla de manera efectiva la Resolución 2090 que habilita a cubrir los cargos de coordinación con Trabajadores del Programa.
La misma plantea que “la designación en carácter interino en las funciones de Coordinación de los diferentes programas – que se homologan con cargos de ascenso existentes en el Estatuto del Docente- se han cubierto hasta la fecha, con aquellos docentes que alcanzados en la Ley 3623 los venían desempeñando”.
La elección a “dedo” de orientadores institucionales externos al Programa lesiona el espíritu de la ley 3623 y de la Resolución ministerial 2090. Sería de esperar que las autoridades del Ministerio cumplan con la reglamentación que de ellos mismos emana.
Estas acciones fijan un terrible precedente para toda el Área socioeducativa, ya que es un retroceso importante en el proceso de formalización de nuestros programas, además de ser una grave falta de confianza por parte del Área de Adultos para con aquellos profesores que hace ya casi 10 años vienen dando clases en las peores condiciones en cárceles, casas terapéuticas e institutos de menores.
Por todo esto, los trabajadores de Contexto de encierro exigimos:
Reconocimiento pleno de la Resolución 2090.
La marcha atrás de todos los nombramientos a dedo posteriores a la sanción de la Ley 3623, sancionada en 2010.
La inmediata realización de concursos internos para cubrir los cargos que sean necesarios.
Confiamos en que la Resolución forma parte del espíritu con el cual venimos llevando adelante la creación del Área Socioeducativa y que la legalidad exige que los funcionarios del GCBA cumplan con la reglamentación emanada por su propio Ministerio. De no ocurrir esto, comenzaremos un plan de lucha acompañados por UTE.

27.3.2014

En la mañana del viernes 26 de abril del 2013, los trabajadores se movilizaron para defender el Hospital Público, la salud mental, el patrimonio histórico de la ciudad, las fuentes de trabajo y la preservación de los pacientes psiquiátricos, ante la irrupción ilegal y prepotente del gobierno de Macri que envió a la Policía Metropolitana a ocupar el predio del Hospital Borda para garantizar, a sangre y fuego, la demolición del Taller 19, violando una cautelar dispuesta por la justicia, con el objetivo de ejecutar en ese mismo lugar, la construcción del Centro Cívico.

Dicha situación -violenta en sí misma- generó la reacción angustiante y desesperante de los trabajadores del hospital, médicos, enfermeras, pacientes y sus familiares (que al enterarse de la noticia se fueron acercando al lugar), así como trabajadores de prensa, diputados y representantes de distintos gremios, vecinos y organizaciones sociales, que ante la insistente pregunta sobre quien era el responsable del operativo, solicitando ver la orden judicial que autorizara el hecho (la cual nunca apareció), tratando de generar, en definitiva, diversas instancias de dialogo, recibieron como única respuesta: empujones, gases, palazos y balas de goma de la  policía metropolitana que utilizó además, escopetas marca “Mossberg” modelo 500T y 590T calibre 12/70 y marca “Benelli” calibre 12/70, disparadas a menos de 2 metros y por arriba de la cintura, dejando un saldo de 50 heridos, incluidos pacientes del hospital, cuyas secuelas son más que físicas.

Ese día, la Policía Metropolitana detuvo a siete personas. El 17 de septiembre, cinco de ellas fueron llamadas a indagatoria por el Juzgado Nacional de 1era Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 30 a cargo del Juez Jorge Adolfo López.

Una semana después la justicia citaba a rueda de reconocimiento al Secretario de Organización de ATE Capital, Daniel Catalano para ser señalado por la oficial de la Policía Metropolitana Erica Daniela Fernández, quién lo acusa de haberle ocasionado una lesión en su mano derecha en el momento en que ésta fue a golpearlo con la “tonfa”. El compañero Catalano se encontraba, junto con los demás manifestantes, tratando de impedir el desalojo violento de la Metropolitana desplegado al interior del Hospital Borda por orden del Ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, para llevar a cabo la demolición ilegal dispuesta por el Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Gustavo Chain.

En octubre ingresaron como querellantes 8 compañeros de ATE, heridos por la Metropolitana.

El  9 de diciembre el juez Jorge López resuelve:

El procesamiento de los 5 indagados detenidos el mismo 26 de abril: Susana Beatriz Bejarano (enfermera, del Hospital Borda); Horacio Adolfo Melnik (trabajador de Talleres Protegidos)y Karina Valeria Maloberti (delegada de ATE- SENASA y miembros del Consejo Directivo de ATE Nacional) por los “delitos de atentado a la autoridad agravado en concurso ideal con desobediencia”; Angela Cristina Díaz Alem (enfermera, delegada de ATE del Hospital Garraham) por “delitos de atentado a la autoridad en concurso ideal con resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves” y María Belén Revollo (periodista de “En Movimiento TV” – Movimiento Popular la Dignidad) por “resistencia a la autoridad.

El procesamiento del Secretario de Organización de ATE Capital, Daniel Catalano, por los delitos de“atentado a la autoridad” agregando, -llegando al paroxismo del absurdo- el delito de“robo en grado de tentativa”, que además contradice los propios testimonios acusatorios.

Por parte de la Policía Metropolitana quedó UN SOLO imputado: el comisionado Martín Jorge Roth (retirado de la Policía Federal Argentina) por los “delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves –treinta y dos damnificados- en concurso ideal con lesión grave sufrida por Jacinto Cañete (arts. 45, 54, 89, 90, 248 del C.P., 306 y 310 del C.P.P.)”

Finalmente, el juez determina el sobreseimiento de todos los funcionarios macristas: desde el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, la vice jefa María Eugenia Vidal; el jefe de gabinete Horacio Rodriguez Larreta;el Ministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Daniel Chain; el Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro hasta la Ministra de Salud Graciela Reybaud.

De esta manera, la parcialidad del juez quedó en evidencia, ya que, no se hace cargo de la orden de no innovar que impedía al Gobierno de la Ciudad la demolición del Taller 19, desestimando por completo tanto la disposición de la justicia al respecto, como el valor histórico del predio aseverado por la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y lugares Históricos (04/10/2012). Al mismo tiempo desconoce la responsabilidad política sobre la cadena de mandos de los funcionarios del gobierno porteño que dieron la orden tanto para la demolición, como para la irrupción violenta de unos 200 efectivos de la policía metropolitana al interior de un Hospital neuropsiquiátrico, sin previo aviso, sin ningún representante que se hiciera cargo del operativo, ni que inste al dialogo para evitar el desmadre al que condujeron, aquel nefasto 26 de abril, cuyas consecuencias sobre pacientes y familiares, trabajadores del hospital y manifestantes heridos aun continúa, sin contar el peligroso impacto medioambiental del asbesto (sustancia cancerígena) liberado por la demolición apresurada que no tomo las medidas de seguridad pertinentes.

Por último, no podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por el retroceso histórico que representa para nuestro país, que la justicia decida procesar a los trabajadores que fueron a impedir que se consuma un delito (la demolición del Taller 19 sobre el que regía una cautelar) en defensa de los bienes públicos, del patrimonio histórico de la ciudad y de las fuentes de trabajo, dando a su vez lugar -para mayor azoramiento- a la acusación que realizan los efectivos de la metropolitana por las lesiones sufridas en el acto de reprimir y violentar a los manifestantes que veían con desesperación e impotencia como se destruía su lugar de trabajo ante sus narices, sin que nadie diera explicaciones.

Por eso, repudiamos las resoluciones del juez Jorge Adolfo López que ampara y ubica a los represores de la metropolitana en situación de victimas de una violencia que ellos mismos generaron y ejecutaron a sangre y fuego sobre trabajadores, pacientes, reporteros, diputados, y manifestantes; así como el hecho de desligar a los funcionarios macristas de su responsabilidad política por haber dado la orden ilegal para demoler el Taller 19, ponderando negociados inmobiliarios por sobre los derechos ciudadanos.

Al mismo tiempo reivindicamos la actitud de nuestro Secretario de Organización de ATE Capital, Daniel Catalano, así como la de todos aquellos compañeros y compañeras que en una actitud eminentemente solidaria no dudaron en salir a poner el cuerpo por la defensa del hospital público, porque ellos son el más claro y contundente ejemplo de coherencia y responsabilidad política y moral de la lucha histórica que representa nuestro sindicato.

22.3.2014

El cadáver momificado de una mujer aparentemente fallecida hace más de una década fue hallado en su casa del barrio porteño de Flores por una vecina que pretendía ocupar la vivienda. De acuerdo con las primeras estimaciones, el cuerpo llevaba en el lugar alrededor unos 13 años y se fue momificando por el paso del tiempo.

La mujer al parecer no tenía familiares ni herederos, y nadie pagaba las expensas desde hacía muchos años. Los servicios, además, estaban cortados por falta de pago.

Pese a que no se hallaron signos de violencia en la vivienda, los investigadores esperan los resultados de la autopsia para confirmar si la mujer murió por causas naturales. El cuerpo se encontraba en un PH situado en la calle Pumacahua 161 departamento "C", entre Juan B. Alberdi y Ramón L. Falcón, de Flores, que se pensaba que estaba abandonado.

Una vecina, identificada como Marcela Calvete, que vive en el departamento "A" desde 2001, relató que hacía más de 10 años que no veía a la dueña de casa. Según le comentó a la policía, decidió entrar a la vivienda luego de que un abogado amigo le recomendara que iniciara un trámite por "sucesión vacante" para así quedarse con la propiedad, que de lo contrario, al no haber herederos, pasaría a manos del Estado.