Red de radios

30.8.2014

Desde el Frente Popular Darío Santillán denunciamos una vez más el ensañamiento y la violencia contra los pobres por parte de la Policía Metropolitana y el Gobierno de la Ciudad. A partir de un enfrentamiento entre mafias organizadas y los policías que custodiaban el predio desalojado el sábado 23 de agosto pasado, el gobierno porteño aprovechó para terminar de desalojar definitivamente el lugar y llevándose detenidos a inocentes, entre ellos el vecino César Fabián García. Reclamamos la libertad inmediata de todos los detenidos que nada tienen que ver con el crimen organizado. 

Seguimos exigiendo urbanización de la Villa 20 y soluciones para todos los desalojados del Barrio Papa Francisco y decimos: para acabar con las mafias del narcotráfico hay que terminar con una realidad inocultable: las fuerzas de seguridad, ya sea Metropolitana, Federal, Gendarmería, Prefectura o policías provinciales, son parte activa de los delitos que dicen combatir. Exigimos que se investigue el accionar violento de la Metropolitana.

El tiroteo se produjo alrededor de las 22 hs del día viernes 29 de agosto. El operativo se realizó en plena madrugada del sábado. El desalojo y las detenciones se realizaron con una violencia descontrolada. No hubo ninguna presencia civil. Otra vez, las topadoras contra las humildes viviendas que los ocupantes habían podido levantar. No hubo ningún tipo de asistencia ni resguardo por parte del Estado para las familias desplazadas, que no pudieron más que ver desde un costado como las topadoras se llevaban lo poco que tenían. Esto se suma a que las familias desalojados en la última oportunidad que fueron ubicadas en paradores denuncian malos tratos y pésimas condiciones de alojamiento.

En el desalojo anterior ninguno de los detenidos tenía que ver con el asesinato de la Melina López. Esta vez la historia se repite: las personas detenidas nada tienen que ver con el tiroteo previo. Uno de los detenidos, César Fabián García, ni siquiera participaba de la toma. Vive en la Manzana 30 de la Villa 20, en una casilla lindera al predio tomado, junto su mujer y sus cinco hijos. Al escuchar las corridas y los tiros salió de su casa. Salió con los brazos en alto, solicitando a los policías que dejen de disparar ya que temía por la integridad de sus hijos. Se encontró con un pelotón de la Metropolitana que lo detuvo sin que César se resistiera. Lo pusieron boca abajo en el piso, le pegaron culatazos y patadas en el cuerpo y en la cabeza. Luego, la Policía ingresó en su casa sin contar con orden de allanamiento, apuntando con armas largas a todos los presentes, inclusive a los hijos de César. Los chicos tienen entre 6 meses y 11 años. El más chico sufre asma. El perro de la familia recibió tres perdigonazos. Los chicos todavía no pueden dormir ya que quedaron muy asustados. .

Al menos otros dos vecinos quedaron también detenidos. Están detenidos en la comisaría de la Metropolitana en la Comuna 4, bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción N° 17 a cargo del Dr. Javier Ríos, Secretaría N° 153 a cargo del Dr. Pablo Cina. El juzgado no respondió a los llamados de los abogados de Liberpueblo, que se hicieron cargo de la defensa de César. Además de Liberpueblo, otros organismos de derechos humanos, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y el Centro de Estudios Legales y Sociales se solidarizaron ante este nuevo atropello. El legislador Marcelo Ramal (PO-FIT) se hizo presente en la comisaría, junto a los familiares de César, a integrantes de nuestra organización y de Liberpueblo. Martín Hourest (GEN), Rocío Sánchez Andía (CC), Gustavo Vera (Bien Común) también actuaron en resguardo de la integridad de los detenidos.

Aprovechando el cima xenófobo y represivo instalado por el secretario de Seguridad de Nación, Sergio Berni, las autoridades del gobierno macrista golpearon una vez más a los más pobres. En lugar de realizar una investigación eficiente y desmantelar a los traficantes que se aprovechan de los vecinos humildes, eligieron apañarlos con un operativo mediático destinado sólo a conformar a quienes piden “mano dura” y se sienten cómodos criminalizando a los pobres. Es preciso señalar que los vendedores de droga que se hacen presentes en las villas cuentan con protección policial. Y que los jefes de estos grupos no viven en ningún barrio postergado: habría que allanar los lujosos countries y zonas como las de Puerto Madero para detener a los peces gordos: No es en las villas donde deben buscarse a los grandes narcotraficantes. Para que los delincuentes no se enquisten también en las villas, es urgente la urbanización y la provisión de servicios básicos. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad apañadas por el poder político de la ciudad y de la nación seguirán descargando su violencia contra los más pobres, como en los casos de en la Villa 20 y Villa 21. El 7 de agosto pasado, Jonathan Mareco y Brian Ayaviri, de 17 y 19 años fueron ejecutados por la PFA en la Villa 20. Cuando las familias y vecinos salieron a protestar fueron reprimidas por la Gendarmería. El viernes 22 de agosto, quienes sufrieron de la violencia de la PFA fueron los vecinos de la Villa 21. Sergio Gabriel Vaca y su hermano Mario fueron ejecutados por dos policías de civil. 

BASTA DE CRIMINALIZAR LA POBREZA

BASTA DE DESALOJOS Y REPRESIÓN

URBANIZACIÓN CON RADICACIÓN Y PLAN INTEGRAL DE VIVIENDA

LIBERTAD INMEDIATA DE CESAR FABIÁN GARCÍA Y TODOS LOS DETENIDOS INJUSTAMENTE DURANTE EL DESALOJO

29.8.2014

La Federación lanzó un comunicando denunciando que en “las últimas semanas el Gobierno de la Ciudad decidió frenar la implementación del Servicio Público de Gestión Social para la Recolección Diferenciada de los Residuos Secos vigente conforme al contrato emergente del Concurso Público N° 1-SIGAF/2010.”

El comunicado afirma que las consecuencias de esta medida son: Poner en riesgo sanitario a la ciudad, seguir elevando el enterramiento de residuos en los ya colapsados rellenos sanitarios, romper con uno de los modelos de gestión social de reciclado más exitosos de Argentina y América Latina.
Las cooperativas, hace más de 10 años, han recogido más del 10% de los residuos que se entierran y, a través de esta función, han logrado avances que les permitieron generar mejores condiciones para la limpieza de la ciudad y la situación laboral de los cartoneros, como disminuir el trabajo infantil y garantizar un piso de dignidad para los excluidos. Con esta iniciativa, El Ministro a de Ambiente y Espacio Público podría deteriorar lo conseguido. El comunicado especula con un intento de reprivatización del servicio para hacer así negocios con la fuente de trabajo de los trabajadores y el medio ambiente.
A su vez, los cartoneros rechazan cualquier intento de vaciar la DGREC (Dirección General de Reciclado) y manifiestan su apoyo a los trabajadores de dicha repartición. El comunicado continúa: “Los problemas del sistema se basan en el constante incumplimiento por parte de la DGREC de las cláusulas del contrato que establecen claramente que es sus responsabilidades”.
Ante esta situación, las exigencias de la Federación son: La incorporación de compañeros a la modalidad de recolección por cuadrículas para seguir mejorando las condiciones laborales; mejorar las condiciones de comercialización tal como establece el contrato y las actas complementarias posteriores, evitando la explotación por parte de galponeros privados, muchas veces favorecidos por las políticas de la DGREC; y que se implemente el ajuste previsto por el contrato porque no es posible prestar correctamente el servicio sin una adecuación razonable de los montos asignados para logística e incentivos.

29.8.2014

Los hechos de violencia institucional de los últimos días nos convocan a expresarnos públicamente en defensa de la garantía de los derechos humanos.

Como militantes, repudiamos categóricamente la represión y criminalización de la protesta social como respuesta a los reclamos de los sectores más vulnerados de nuestro pueblo, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires.

El pasado 7 de agosto, en Villa Lugano fueron asesinados Jonathan Mareco y Brian Ayaviri, en un "operativo" de la Policía Federal Argentina. El 22, en Zavaleta, fueron asesinados Gabriel Vaca y Mario Gustavo Ruíz, por dos policías de civil. El 23, en Lugano, la Gendarmería y la Policía Metropolitana desalojaron a las familias cuyo derecho a la vivienda digna es sistemáticamente vulnerado por el Gobierno de Mauricio Macri y reprimieron salvajemente a vecinos, militantes de derechos humanos y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que fueron al lugar a apoyar a los vecinos, quienes, desesperados, tuvieron que salir a defender la dignidad de sus barrios, ante la represión policial y mediática. En estos días vuelven a la carga las escuelas de periodismo que privilegian a la fuente policial.

Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia institucional cometidos por la Gendarmería, Fuerza a cargo de Sergio Berni, Secretario de Seguridad de la Nación, y por la Policía Metropolitana, a cargo de Guillermo Montenegro, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, rechazamos los discursos estigmatizadores de los migrantes, expresados por el Secretario de Seguridad de la Nación, que desconoce los avances de nuestro país en materia de integración de los pueblos, como la Ley de Migraciones (25.871), promulgada en el año 2004.

El conflicto habitacional no es una demanda exagerada de ningún vecino: es la deuda pendiente de una democracia de 30 años. Exigimos que el Gobierno de Mauricio Macri resuelva de una vez por todas la situación de miles de vecinos y garantice su derecho a una vivienda digna. Los sectores más vulnerados de nuestro pueblo son la palanca de cambio de los tiempos electorales. Por eso se reprime a quienes protestan: así se pretende sumar votos de quienes piden “mano dura” en nombre de una supuesta desigualdad de derechos.

Esta historia viene desde lejos. La impunidad para los genocidas, vigente durante décadas, fue la peor escuela para la violencia institucional de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Por eso siempre dijimos que los casos como el de Luciano Arruga, Andrea Viera, Walter Bulacio, Alan Tapia, Facundo Rivera Alegre, Lautaro Bugatto, Sebastián Bordón y tantos otros están enmarcados en una práctica con órdenes y responsabilidades. Ninguno de ellos fue víctima de una bala policial perdida: fueron víctimas de la violencia institucional de la democracia.

No podemos permitir que se intente justificar la violencia de la Policía Metropolitana y la Gendarmería en el recorte reproducido por una parte la prensa, hecho por las fuentes oficiales de las Fuerzas represivas. Mientras hay un proyecto nacional de inclusión social que recupera y amplía derechos, y una convocatoria a la participación política, cuyo principal destinatario es la juventud, la Metropolitana y la Gendarmería tienen como principales víctimas a esos mismos jóvenes.

Basta de violencia institucional. Ni un paso atrás: ni deportación ni represión; derechos humanos para todos y todas.

29.8.2014

La diputada del Frente para la Victoria Claudia Neira acusó a la Metropolitana de ser permisiva con el delito y cruzó a las autoridades del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, quienes en el día de ayer detuvieron un procedimiento en el sector del asentamiento Barrio Papa Francisco que no fue desalojado a pesar de ser señalado como la zona más conflictiva.

La Vicepresidenta de la comisión de Seguridad de la Legislatura Porteña, Claudia Neira manifestó que: "se desplazaron familias de la noche a la mañana sin siquiera garantizar las necesidades más elementales; y sin embargo, quedaron indemnes los sectores más problemáticos, justamente los que más conflictos tenían con los vecinos de la Villa 20"

El desalojo del predio de Lugano que se llevó a cabo el sábado pasado excluyó en su procedimiento la intervención sobre un sector del asentamiento donde se ubicaban los focos delincuenciales más conflictivos. Esta omisión originó un pedido de explicaciones de la Jueza López Iñiguez.

Neira expresó que: "La Metropolitana es implacable con los vulnerables pero permisiva con los Narcos. Arollan las heladeras de los pobres pero no se animan a intervenir para desarticular las mafias"y agregó: 

"Es un doble estándar lamentable que impone mano dura y topadora a los más pobres pero le deja el camino libre a los delincuentes más peligrosos. Desalojo para los pobres y vía libre para los Narcos".

27.8.2014

Desde el comienzo del desalojo del Barrio Papa Francisco en Villa 20 de Lugano, el sábado 23, la Policía Metropolitana y Federal prohibió el acceso y expulsó de la zona a los medios de comunicación y periodistas alternativos, escondiendo su accionar en el violento desalojo de 800 familias.

COMUNICADO DE PRENSA

En un operativo conjunto de Gendarmería, Policía Federal y Policía Metropolitana, a las 7 de la mañana del día sábado, topadoras, camiones hidrantes y helicópteros realizaron el desalojo y procedieron inmediatamente a la demolición de las viviendas. El predio, destinado hace años a la incumplida urbanización de Villa 20, era habitado por cientos de personas entre las que se incluían numerosos ancianos y mujeres jóvenes con niños que terminaron en las inmediaciones con las pertenencias que pudieron rescatar. El desalojo movilizó a antimotines armados con balas de goma y gases lacrimógenos y terminó con un saldo de 8 detenidos y numerosos heridos entre los que se encontraban legisladores porteños.

Sin embargo, pocas imágenes pudieron verse de esta situación dado que las Fuerzas Policiales impidieron el paso de medios de comunicación a la zona. Incluso periodistas y fotógrafos que consiguieron acercarse fueron expulsados e intimidados por personal policial.

Es el caso de una fotógrafa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy miércoles 27 consiguió ingresar a la zona por la Avenida Cruz. Al intentar fotografiar el acampe de los vecinos, fue abordada por personal policial que la increpó, diciéndole que no podía estar ahí. Pese a mostrar su credencial de prensa e intentar hacer valer su derecho a comunicar, agentes de la Metropolitana le dijeron que estaba prohibido realizar sus tareas de prensa, la expulsaron de la zona y la intimidaron pidiéndole sus datos.

Desde la RNMA denunciamos el intento de las Fuerzas Policiales de invisibilizar el megaoperativo represivo montado en conjunto por los Gobiernos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. La expulsión de la zona de los medios alternativos, comunitarios y populares así como todos los trabajadores de prensa a los que se les impidió el acceso a la zona, implica un serio ataque a la libertad de prensa y al derecho a comunicar. Pese a los intentos de callarnos, los integrantes de la RNMA vamos a seguir estando presentes para sacar a la luz cada vez que la violencia de las fuerzas represivas vulnere los derechos y las luchas del pueblo.