Red de radios

27.9.2014

Comunicado de la Agrupación Trabajadores de Metrovías

El reclamo de los trabajadores de estaciones del subte es, sencillamente, el cumplimiento del acta de hace un año, donde la empresa y SBASE se comprometieron a resolver el problema de la seguridad en estaciones, mediante el blindaje de las boleterías y la vigilancia correspondiente.

Pasado un año, nada se ha hecho, ni se sabe que se hará. Esta falta total de respuesta, llevó lógicas medidas de acción gremial, con apertura de molinetes. La empresa respondió con sanciones y descuento de los días de protesta. Se trata de una acción grave: Uno, la patronal desconoce compromisos asumidos. Dos, la situación de seguridad de boleteros y auxiliares sigue sin solución.

Tres el gobierno porteño y la empresa establecen que los que luchan son sancionados. Si a esto le sumamos el juicio a los compañeros por la acción de AGTSyP contra la condena de los petroleros de Las Heras; los pedidos de desafuero para delegados por lucha; la golpiza por elementos de seguridad a delegados de la AGTSyP durante medidas gremiales. Y la provocación por parte de elementos de la UTA protegidos por la patronal, contra delegados y activistas de AGTSyP.

Entonces está bien claro que la patronal y el macrismo se proponen un virtual “estado de sitio” al accionar gremial y al sindicato. Hay que poner un límite. Se trata del sindicato del subte y no del payaso de las cachetadas. Recobrar nuestra dignidad y fortaleza. Proponemos la urgente reunión del Cuerpo de delegados para evaluar la situación y resolver un plan de acción para: Que se levanten las sanciones de estaciones y se paguen los días – Que se blinden con urgencia las boleterías – Que se levanten la causas a los procesados – Que se expulse a los agresores de los delegados

AGRUPACION TRABAJADORES DE METROVIAS

27.9.2014

El libro “Por ellas. 5 años de informes de Femicidios en Argentina”, finalizado en noviembre de 2013, compila el trabajo realizado por el Observatorio entre 2008 y 2013. Ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre los asesinatos de mujeres producidos en el marco de situaciones de violencia sexista, el Observatorio decidió monitorear los medios de comunicación de todo el país para obtener los datos y plasmarlos en informes anuales. Así, desde 2008 llevó adelante la investigación jurídica, el análisis y el seguimiento de los casos reales emitidos en los medios de prensa nacionales y provinciales, constituyendo un aporte para conocer los detalles de esos femicidios, para visibilizarlos políticamente y correrlos del lugar erróneo en el que se los encuadraba en las secciones policiales de los diarios como crímenes pasionales. Con la elaboración de sus informes anuales, ésta organización de la sociedad civil, surgida en el año 2003, se propuso promover y fomentar la creación de políticas públicas con el objetivo de prevenir y disminuir los asesinatos de mujeres por parte de varones que las consideraban objetos de su propiedad, hasta erradicar toda forma de violencia sexista.

La distinción se llevó a cabo el martes 23 de septiembre en la Legislatura Porteña y la iniciativa surgió de un proyecto presentado por la diputada del PRO María Raquel Herrero, que fue aprobado por unanimidad por todo el cuerpo legislativo. No fue casual la elección de la fecha para realizar el evento, ya que coincidió con el Día Mundial contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. En el Salón Montevideo del Palacio Legislativo, la celebración comenzó pasadas las 18 y contó con la presencia del equipo de profesionales y voluntarias que integran La Casa del Encuentro, que preside Ada Rico y coordina Fabiana Tuñez.

Además de la legisladora impulsora de la iniciativa, estuvieron presentes entre otrxs funcionarixs la titular de la Dirección General de la Mujer del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, Daniela Reich; lxs diputadxs porteñxs Claudia Neira (FPV – Presidenta de la Comisión de la Mujer) y Francisco Quintana (PRO); la presidenta y la vicepresidenta del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Guadalupe Tagliaferri y Lic. Itatí Canido, respectivamente.

Luego de una breve introducción, se proyectó un video que enfatiza en la importancia de pedir ayuda para salir de una situación de violencia de género en el ámbito familiar. En él, se describen las dificultades que afrontan las víctimas a la hora de efectuar sus denuncias y los malos modos de atención por parte de efectivos policiales, médicos y funcionarios del poder judicial, y se explicitan los derechos fundamentales que tienen todas las víctimas de violencia de género. Fabiana Tuñez, directora ejecutiva de la Asociación Civil, inició su exposición pidiendo a todas las compañeras que conforman La Casa del Encuentro que se pusieran de pie, agradeciéndoles a esas mujeres que se levantaban con los ojos húmedos por su trabajo y dedicación en la atención integral y el continuo fortalecimiento de las víctimas de la violencia machista. Destacó la necesidad de continuar uniendo distintas fuerzas y voluntades para erradicar la violencia de género, a la que calificó como una “pandemia en el mundo y un grave problema en la Argentina”.

Luego llegó el turno de Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, que muy emocionada relató brevemente la historia de Adriana “Lili” Marisel Zambrano, asesinada en 2008 en Palpalá, Jujuy, por su ex pareja que hoy está en libertad. Reclamó la necesidad de contar con estadísticas oficiales para que se puedan diseñar políticas públicas de protección de las víctimas. Y dio detalles de aquello que había adelantado Fabiana: “Ya estamos trabajando en el segundo libro que presentaremos en 2015 y tendrá un análisis detallado de las diferentes formas de violencia de género y sus modos de prevención”.

El libro “Por Ellas…” fue editado gracias al apoyo económico de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, de la Fundación Avón y del Centro de Información de las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay. Nunca se comercializó y está disponible para su descarga en forma libre y gratuita ingresando en la página web www.porellaslibro.com.

Con este libro, no sólo se proponen hacer visibles las historias de violencia que vivieron 1236 mujeres sino que además se plantea como una herramienta que provee de información a los entes gubernamentales, instituciones y otras organizaciones para que puedan orientar sus acciones en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es fuente de consulta para diversas publicaciones y un instrumento que propicia el debate para el diseño de políticas públicas.

Gracias al trabajo del Observatorio de Femicidios, hoy contamos con cifras sobre estos crímenes sexistas en nuestro país, y sabemos que en 2013 fueron asesinadas 295 mujeres en el contexto de una situación de violencia machista, lo que se traduce en un femicidio cada 30 horas.

La Casa del Encuentro brinda asesoramiento y atención psicológica en forma gratuita a familiares y víctimas de violencia de género y trata de personas; dicta talleres, charlas y seminarios de apoyo para personas y organizaciones que trabajan la problemática de las violencias hacia las mujeres.

Compartimos la alegría del reconocimiento que se le da a esta organización de la sociedad civil por su dedicación y compromiso, y celebramos que se considere de interés social a “Por Ellas. 5 años de informes de Femicidios en Argentina”, un material fundamental para avanzar en el camino a una sociedad libre de violencia sexista y con igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y varones.

24.9.2014

CARTA PÚBLICA 

Un ataque a la participación democrática

Las personas y organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo y preocupación en relación a la demanda judicial por “daños y perjuicios” que iniciara el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conjuntamente con Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado), contra la asociación civil “Basta de Demoler”, Santiago Pusso (vicepresidente de BdD) y Sonia Berjman (historiadora con reconocimiento internacional).

 

La demanda, en la que se exige una indemnización por 24 millones de pesos, fue iniciada contra quienes fueron amparistas en una causa judicial que se inició para proteger la Plaza Intendente Alvear (Área de Protección Histórica N°14 – ámbito Recoleta) ante la construcción de una estación de subte, en el marco de la cual el Poder Judicial dictó la suspensión de la obra -suspensión que luego diera lugar a la decisión de reubicar la estación-.

 

Este hecho inédito, promovido por el propio Estado de la Ciudad y del cual no se recuerdan precedentes, se convierte en un peligrosísimo ataque contra el derecho de acceso a la justicia, al control de la ciudadanía sobre la administración pública y a la participación ciudadana en las decisiones públicas, pilar de nuestro modelo democrático. Asimismo, esconde una concepción que limita gravemente el rol del Poder Judicial en la defensa y protección de los derechos individuales y colectivos de la sociedad.

 

La sola presentación de esta demanda podría, en la práctica, amedrentar a individuos y organizaciones de la sociedad civil para que eviten defender judicialmente sus derechos e involucrarse en las cuestiones de gobierno. 

 

En suma, el avance de esta causa implicaría poner en crisis derechos y garantías constitucionales, afectando tanto el derecho de acceso a la justicia, como el propio principio de democracia participativa que prevé la Constitución de la Ciudad.

 

Por lo tanto, solicitamos públicamente que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desista de la acción judicial retirando la demanda en forma urgente, y se abstenga en el futuro de nuevas acciones de este tipo contra quienes legítimamente acuden al Poder Judicial buscando reparar aquellos derechos que consideran conculcados.-

23.9.2014

La nueva inquisición: con  las actuales restricciones se facilita la tarea de los proxenetas y se restringen los derechos  de  las trabajadoras sexuales

 
Esta mañana, durante una conferencia de prensa en la sede de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires y Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad, María Rachid, junto con AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), presentaron el proyecto de Ley de Habilitación de Establecimientos donde se Brindan Servicios Sexuales. 
 
La pérdida de cada vez más derechos de las trabajadoras sexuales es hoy una realidad evidente en nuestro país. Lo normado en algunos artículos de la ley Antitrata  ha llegado a criminalizar el trabajo sexual generando que las trabajadoras sean objeto de una  constante persecución y criminalización que las pone en riesgo y obstaculiza el trabajo contra la explotación y trata.

Con la criminalización de las trabajadoras sexuales lo que se favorece es la violencia, la corrupción policial y el crecimiento de la explotación sexual, ya que en un ámbito de clandestinidad  muchas trabajadoras terminan siendo explotadas por las redes de trata. Por eso, y a raíz  del trabajo que venimos realizando con AMMAR desde hace años, entendemos que la única forma de luchar de verdad contra la trata y la explotación sexual, es legalizando el trabajo sexual.  

Frente a esta realidad y ante la urgencia por sacar de la clandestinidad y visibilizar a todos/as los/as actores involucrados, impulsamos esta iniciativa legislativa que, teniendo como antecedente el proyecto de Ley de Trabajo Sexual Autónomo en el ámbito de la Nación y que fue presentada junto con el senador  Osvaldo López (MC),  propone no sólo acabar con la criminalización del Trabajo Sexual, sino también legalizar la actividad y así terminar con las persecuciones de las que son objeto las trabajadoras.

La norma permitirá el ejercicio del trabajo sexual de manera independiente, ya sea individualmente o como cooperativas conformadas por trabajadoras/es que prestan servicios sexuales en casas o locales. Además, visibiliza a los/as actores/as que intervienen en la actividad,  las zonas y condiciones para poder ejercerla  y los requisitos de seguridad e higiene.  

En la conferencia estuvieron presentes la Secretaria General de AMMAR, Georgina Orellano, la presidenta de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) Marcela Romero; el Secretario de Organización de la Central de Trabajadores de Argentina  (CTA) Gustavo Rolandi; el Secretario Gremial de CTA Claudio Morín; el Coordinador de País de ONUSIDA para Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, Dr. Alberto Stella; y la legisladora porteña e impulsora del proyecto María Rachid.  

Al respecto, Georgina Orellano expresó que “desde hace mucho tiempo venimos luchando con las compañeras para que nuestro trabajo sea regulado, tenga un marco legal como cualquier otro y por supuesto, no se nos criminalice. Este es un gran paso que daremos, y se da en una fecha muy especial, al conmemorarse el Día Internacional en Contra de la Explotación y Tráfico de Mujeres y Niños”, aseguró.

Por su parte la legisladora María Rachid adelantó que mantendrán “nuestro firme compromiso de acompañar a las compañeras de AMMAR y a lxs trabajadorxs sexuales que hoy ven peligrar su fuentes laborales debido a la persecución institucional por la falta de un marco legal que las proteja de este y otros tipos de abuso. Estamos convencidas/os de que el único camino para resguardar los derechos de las mujeres y luchar contra la explotación y la trata no es a través del sistema punitivo y la criminalización de la actividad, sino mediante el reconocimiento de su tarea, ofreciendo alternativas para evitar la clandestinidad y garantizar sus derechos y su seguridad, sin afectar la convivencia, tal como pretende esta iniciativa”.

"El argumento de que el trabajo sexual no es elegido por nadie y que es siempre una explotación parece ignorar por completo la esencia de un sistema capitalista que genera explotación laboral y la realidad de muchos trabajos en nuestras sociedades. Contra esto generalmente proponemos más garantías y derechos para esos/as trabajadores/as y no la persecución y criminalización que siempre tiene como trasfondo la imposición de una moral determinada y una mirada sobre la sexualidad y los cuerpos que no todos tenemos la obligación de compartir. En definitiva, nadie tiene el derecho de decirnos a las mujeres qué podemos hacer o no con nuestros cuerpos y esto incluye la posibilidad de ofrecer servicios sexuales cuando así lo decidimos y nadie tiene derecho, ni siquiera un sector del feminismo, a "tutelar" esa voluntad describiéndola como legitima o ilegitima de acuerdo se adapte a los parámetros morales de un sector o una época determinada. Así las consignas "mi cuerpo es mío" y "la libertad de decidir sobre el propio cuerpo", deberían incluir la posibilidad de ejercer el trabajo sexual".  

Es de destacar que la persecución que sufren las trabajadoras sexuales  trasciende todas las jurisdicciones de nuestro país, de hecho días atrás en la ciudad de Rosario la policía detuvo al dueño de un portal web donde se promocionaban servicios sexuales, siendo hoy en día junto a los volantes que se reparten en la vía pública, los únicos medios para difundir los servicios de las trabajadoras, como una alternativa al proceso de clandestinización que se inició  producto de algunos artículos de las Leyes Antitrata, que paradójicamente las hizo objeto de persecución.
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), denunció las consecuencias de los hechos sucedidos en Rosario, que no solo afectarían los derechos de las trabajadoras sexuales sino los de todas aquellas personas cuyos derechos laborales son indirectamente atravesados por esta actividad como la de los taxistas, vendedorxs de lencería, personal de limpieza y lavanderías, y hasta los propios “volanteros” contratados por las trabajadoras que publicitan los servicios y que muchas veces son acusados de facilitadores o proxenetas, siendo procesados por ese delito tipificado en la Ley Antitrata.  De esta manera se criminaliza a estos trabajadores y se profundiza el aislamiento de los trabajadores.

De esta forma, como una alternativa para promocionar sus servicios, organizaciones sociales y de derechos humanos manifestaron su solidaridad con AMMAR, evaluando la posibilidad de incluir en sus páginas web institucionales un espacio donde lxs trabajadorxs sexuales puedan publicar sus avisos sin sufrir ningún tipo de persecución.

22.9.2014

Estimado amigo,

En las últimas semanas hemos recibido la notificación que el Gobierno de la Ciudad ha iniciado una demanda por “daños y perjuicios” contra Basta de Demoler, Santiago Pusso y Sonia Berjman, todos ellos amparistas en la causa que se inició para detener la destrucción de la Plaza Intendente Alvear en Recoleta (Av. Pueyrredón y Libertador), cuando se pretendía construir la estación de subte “Plaza Francia” de la Línea H en ese terreno.

La noticia, que nos sorprende, evidencia la intención de neutralizar la acción de Basta de Demoler, que, entre sus acciones en defensa del patrimonio de nuestra ciudad, ha denunciado reiteradamente irregularidades por parte del Gobierno de la Ciudad en lo que refiere a permisos de obra y protección del patrimonio.

 

Por la presente convocamos a todos los amigos de Basta de Demoler y a quienes nos apoyan en la causa, a reunirnos en un acto de repudio a esta demanda que será el día miércoles 24 de 18 a 19 hs. en la Plaza Intendente Alvear.

Esperamos contar con su apoyo en esta oportunidad tan difícil para todos nosotros.

 

Ma. Carmen Arias Usandivaras, presidente

 

Santiago Pusso, vicepresidente

 

Adjuntamos comunicado de prensa difundido a los medios.

 

 

COMUNICADO DE PRENSA DE BASTA DE DEMOLER

El Gobierno de la Ciudad demanda por 24 millones de pesos a Basta de Demoler

El GCABA presentó una demanda por “daños y perjuicios” por las obras detenidas de la Estación Plaza Francia, que se comenzó a construir en la Plaza Intendente Alvear; actualmente, la plaza está restaurada y la estación se relocalizará.

 

Buenos Aires, 17 de septiembre 2014. El GCABA presentó una demanda por “daños y perjuicios” con inhibición general de bienes contra la asociación civil “Basta de Demoler”, Santiago Pusso (vicepresidente de la ONG) y Sonia Berjman, todos ellos amparistas en la causa que se inició para detener la destrucción de la Plaza Intendente Alvear en Recoleta (Av. Pueyrredón y Libertador), cuando se pretendía construir una estación de subte de la Línea H en ese terreno.

Según el Gobierno, la intención de los amparistas fue “con el solo propósito de obliterar una obra pública destinada a la prestación de un servicio público”; se agrega que estos procesos obstruccionistas “sólo pueden concebirse en el marco de una acción política que, so pretexto de proteger el medio ambiente, se dirigiera a impedir o entorpecer la gestión de gobierno y las obras dentro de la Plaza Alvear”.

 

La demanda recayó en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, secretaría 12, a cargo de la jueza Patricia López Vergara. La inhibición de bienes fue rechazada, siendo apelada por el GCABA y encontrándose a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones.

 

La polémica por la ubicación de la Estación Plaza Francia

En febrero de 2012 comenzaron trabajos de excavación en la Plaza Intendente Alvear para la construcción de la Estación “Plaza Francia” de la extensión de la Línea H del subte; simultáneamente, comenzaron a talarse añosos árboles y destruirse la histórica barranca. Basta de Demoler, junto con Sonia Berjman, historiadora especializada en paisajismo y con una larga trayectoria en el estudio, difusión y defensa de los parques históricos, presentaron un amparo para detener las obras, que fue concedido primeramente como una medida pre-cautelar por el  Juez Scheiber. Posteriormente la medida fue confirmada por el juez Zuleta.

 

Los fundamentos presentados por los amparistas se basan en que la Plaza Alvear está declarada Área de Protección Histórica (APH 14 – Ámbito Recoleta), que prohíbe la extracción de árboles y especies vegetales y la modificación del diseño, caminos y senderos. También se argumentó que la Ley 317, que establece la traza de la Línea H, determina que “la línea continúa hasta Recoleta, donde se encuentra la estación Plaza Francia, en la plaza homónima, en inmediaciones de Av. Del Libertador y la Facultad de Derecho”; es decir, en frente de la ubicación donde comenzaron las obras a cargo de SBASE.

 

Basta de Demoler cuestionó además que las bocas de acceso, además del daño ambiental a la plaza, no se ubicaban en la zona de mayor afluencia de pasajeros (hacia la Facultad de Derecho y el Centro Municipal de Exposiciones), sino hacia la plaza, lo que generaría un importante aumento en el flujo de pasajeros que desvirtuaría el carácter de esparcimiento de la plaza para transformarla en un nudo peatonal.

 

Mientras la obra estaba paralizada, la Legislatura comenzó a tratar un proyecto para relocalizar la estación en las cercanías de la Facultad de Derecho y el Centro Municipal de Exposiciones bajo el nombre de “Estación Facultad de Derecho”, integrando a las paradas de colectivos existente, y con conectividad a futuras estaciones de las líneas del ferrocarril Mitre, Belgrano Norte y San Martín, para continuar por debajo de la Villa 31 y conectar con la Línea C en Retiro.

Finalmente, en julio de 2013, SBASE decidió hacer lugar al reclamo: relocalizar la estación y recuperar la Plaza Intendente Alvear. Hoy en día, la plaza está recuperada y es Ley el proyecto que proponía un diseño superador con conectividad a la Línea C en Retiro.

 

Gracias a este amparo, la plaza hoy está restaurada y accesible a todos los ciudadanos, y la estación se construirá en el lugar que determina la ley respectiva, tal cual fue la pretensión de nuestra organización que motivó el amparo.

 

El responsable de los gastos por la obra detenida no es más ni menos que el propio Gobierno, que por error o negligencia, decidió modificar la ubicación de la estación establecida por la ley, y ubicarla además dentro de un Área de Protección Histórica que impide ese tipo de obra de manera categórica

 

La opinión de Basta de Demoler

 

Basta de Demoler es una asociación civil sin fines de lucro, apartidaría y con probada trayectoria en la defensa del patrimonio de la ciudad, que ha contribuido de manera determinante a la protección de numerosos edificios, parques y monumentos históricos de Buenos Aires.

 

Esta demanda es insólita por la gravedad de sus implicancias: no conocemos precedentes de un ataque semejante de un Gobierno contra una ONG cuyo objetivo es el bien común y el bienestar de los habitantes.

 

Consideramos que es inconstitucional porque como ciudadanos estamos legitimados a interponer recursos de amparo en defensa del medio ambiente y el patrimonio natural y cultural: la Constitución establece esta acción "expedita, rápida y gratuita", que la podrá interponer cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos de incidencia colectiva.

 

Esta demanda constituye además un ataque a la democracia, porque busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia.

 

Agradecimiento

 

Queremos agradecer las numerosas muestras de adhesión de ciudadanos y organizaciones llegadas por distintas vías en estas últimas horas.