Red de radios

13.1.2015

LA RETAGUARDIA

La ciudad de Buenos Aires está gobernada por el PRO… qué novedad. Pero las empresas concesionarias parecen tener buena parte de ese poder transferido… qué novedad. El aumento del valor del acarreo por mal estacionamiento sirvió para repasar las ventajas de ser una empresa amiga. El programa radial Otras Voces Otras Propuestas, que se emite por Radio La Retaguardia conducido por Luis Angió junto a Ernestina Arias, dialogó con Eduardo Epszteyn, el auditor general de la ciudad.

-Otras voces… otras propuestas: ¿Podemos decir que es un abuso?

-Eduardo Epszteyn: Más que un abuso, se trata de una situación con una concesionaria (Dakota y BDR), que desde mi punto de vista están en el límite de la legalidad. Son concesiones que datan del año 90, y están vencidas desde 2001. Creo que no hay ningún caso igual en la Ciudad de Buenos Aires de una concesión que haya permanecido tanto tiempo, sin ningún tipo de licitación ni nada y mantenida en el tiempo a través de sucesivas actas acuerdos que el Gobierno está haciendo, sin que esté clara cuál es la autoridad de aplicación, si el Gobierno porteño, si es concesiones o es Tránsito.
Es una situación en la que no solamente se mantiene la vigencia de la concesión, sino que se modifican, además, las condiciones de la concesión y siempre se modifican a favor del concesionario. Por un lado, el aumento del valor del acarreo, que ahora es de $580 y que viene en aumento sucesivo desde hace mucho tiempo; por otro lado, existe un subsidio que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le da a estas empresas, que durante este año ya percibieron una cifra superior a los 50 millones de pesos. Tienen la obligación de pagar un canon irrisorio de 55 mil pesos que casi nunca lo pagan porque siempre están reclamando que tienen quebranto en su ecuación económico-financiera. Estas circunstancias hacen que rozan los niveles de ilegalidad.
Cuando uno mira las actas acuerdo -yo he tenido la posibilidad de ver, el Gobierno no pone todo a disposición-, uno se encuentra con que en muchas de ellas no hay el debido control de legalidad que debe tener. La Ley 4888 establece que este servicio debió haber sido licitado, o debe ser licitado, y adjudicado antes de mediados de enero de este año y en caso contrario debe ser estatizado. Hasta acá no hay ningún acto administrativo tendiente o bien a adjudicar una licitación, o bien a estatizar. Con lo cual, las medidas que el Gobierno toma es, lejos de licitar o estatizar, mantener a estas empresas y mejorarle las ventajas, adjudicarles más cocheras. La playa de estacionamiento provisoria que está detrás de la Facultad de Derecho la construyó el Gobierno de la Ciudad y se la entregó al concesionario.

-OVOP: ¿La Facultad de Derecho le cede sin cargo una cantidad equis de cocheras para que ellos puedan hacer el acopio de los autos que llevan allí?

-EE: Siempre es sin cargo. Y no solo es sin cargo, sino que le da la posibilidad de alquilar cocheras en las playas actuales, incluso en Infractores. Además siempre dice que como compensación por las pérdidas que estas empresas aparentemente tienen, que no se entiende muy bien cuáles son, le da estas ventajas. Se está construyendo en el Centro Municipal de Exposiciones, una obra muy importante, al lado de la Facultad. Tiene prevista la construcción de novecientas cocheras para el público que asista y el Gobierno porteño ha modificado los pliegos dándole ciento cincuenta a estas empresas.

-OVOP: ¿Cómo se divide el norte y el sur en la Capital Federal?

-EE: Si se miran los fundamentos del aumento del acarreo y, en general, los fundamentos para darle continuidad a esos contratos, se platea la necesidad de desalentar el uso del automóvil y mejorar la circulación en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, tal como está la redacción con los concesionarios, estos están premiados cuantos más autos acarrean. Si el ingreso principal que tiene, aparte del subsidio, es el valor del acarreo, que se lo apropia absolutamente -los 580 pesos van para el concesionario-, lo que va a buscar es multiplicar esos 580 pesos por la mayor cantidad de autos posibles, con lo cual lo que va a tratar de hacer es el viaje más corto posible; cuanto más corto con relación a la plata de estacionamiento sea el viaje de la grúa, más alta será la cantidad de autos que trae para optimizar el uso de la grúa. En realidad, más que mejorar el tránsito vehicular en el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, lo mejoran seguramente en las cercanías de las playas de infractores. Se ven muchas grúas en Recoleta, por Corrientes (sobre todo la noche cuando hay cines), en Barrio Norte. A medida que uno se aleja de las playas de estacionamiento, prácticamente no hay grúas porque no le conviene al concesionario, no porque la Ciudad mejorar la circulación.
En un programa de televisión veía a un perjudicado que decía que había ido a dejar a un familiar, tardó dos minutos, y ya no estaba el auto. Él no decía cuál era el hospital, pero yo estoy seguro de que era el Sanatorio Anchorena, porque está cerca de Pueyrredón, donde se abre Ecuador; está muy cerca de la playa. Siempre están merodeando en esos alrededores donde saben que se van a producir estas situaciones. Son verdaderos cazabobos, pescan en la pecera.

-OVOP: El Gobierno de la Ciudad ha proyectado incluir más parquímetros en otros barrios, como Almagro, San Cristóbal, Boedo, Villa Crespo. ¿Dónde va a dejar una persona su auto si no tiene donde ponerlo y tiene que pagar por dejarlo en la puerta de su casa?

-EE: Seguramente los frentistas van a tener algún tipo de excepción, tendrán la posibilidad de tener alguna tarjeta identificadora. No me parece mal penalizar el estacionamiento en general. En las grandes urbes, el auto es el principal enemigo del espacio público; el espacio público por excelencia es la calle y cuantos más autos tenemos menos podemos gozar del espacio público. Cada vez es más difícil circular por las ciudades. No es solamente un problema de Buenos Aires, es un problema general de las grandes ciudades del mundo. Si uno pone en fila la cantidad de autos que se pusieron en el mercado, llegan hasta Ushuaia. Entonces, esa parte ya no me parece tan mal, siempre y cuando se les den los derechos a los frentistas y mientras los valores sean razonables. En principio, 4 pesos no me parece que sea una locura, comparado con lo que están cobrando los estacionamientos privados.

-OVOP: Planteó el caos de automóviles que hay en otras ciudades del mundo. Macri y sus funcionarios siempre dicen que quieren copiar lo que ven afuera. Pero en otras ciudades está planificado el estacionamiento. Personalmente, días pasados dejé el auto en un parquímetro…

-EE (interrumpiendo): No me cuente; no andaba la tiquetera…

-OVOP: No andaba la tiquetera; no había fichas. Donde supuestamente las venden dicen que no pasó el que las entrega; monedas no hay. Los nuevos parquímetros que van a poner, ¿van a ser como los de otras ciudades, en los que con tarjeta de crédito o de débito uno puede pagar?

-EE: Aparentemente están discutiendo eso, incluso alguna metodología vía teléfonos celulares, etc., como en el resto del mundo.

-OVOP: En La Plata también es así.

-EE: Hace poco hubo un congreso en Barcelona sobre lo que se llaman las smart cities, ciudades inteligentes. Se trata la incorporación de la tecnología a nuestra vía cotidiana, que, por cierto, debiera mejorar bastante la vida. Supongo que se va a implementar algo que tenga que ver con esto. Pero en la medida que no que sea solamente anuncios marketineros, porque yo que estuve corriendo ciudades como Curitiba, Medellín -ciudades que el propio macrismo plantea como modelo-, cuando uno compara lo que hicieron y lo compara con lo que se hace acá, se da cuenta de que acá (Metrobús, control del tránsito, etc.) es más que nada títulos de prensa, mediáticos, pero que en su desarrollo son muy diferentes.

-OVOP: Con respecto al Metrobús, en Madrid o Barcelona hay carriles exclusivos, pero no hubo que gastar tanta plata ni poner grandes paradas, y sin embargo el tránsito funciona igual y los ómnibus, con tránsito fluido.

-EE: Además el transporte debe estar integrado, y esa es una tarea pendiente con el área metropolitana. Mientras tanto, si el Gobierno de la Ciudad no se hace cargo de la regulación de aquellas líneas de colectivos que empiezan y terminan en la Ciudad, es muy difícil.

-OVOP: ¿La Auditoría General tiene alguna atribución como para ver cómo se corrige esto?

-EE: No. Este año estamos haciendo informes de auditorías tanto de la Dirección de Concesiones como de la Dirección de Tránsito que van a estar listos el año que viene. Lo que le estoy comentando no es tanto una tarea de la Auditoría desde el punto de vista institucional como un trabajo de investigación que hizo mi propio equipo, porque hace mucho tiempo que venimos siguiendo la cuestión del acarreo.

12.1.2015

En el día de hoy la congestión de público, agregado a averías en las formaciones, puertas trabadas, etc. creó un clima insostenible en la línea C del subte. Una trabajadora, absolutamente ajena a la responsabilidad de estas anomalías, fue agredida por el público, con insultos y escupidas, provocándole un colapso nervioso, ante lo cual, los trabajadores detuvieron el servicio por falta de garantías y peligro para la integridad física del personal.

Como vienen denunciando los trabajadores de la Línea C, las obras iniciadas en estación Constitución por el gobierno de la Ciudad de manera improvisada y precaria, han creado un verdadero caos. Se ha anulado una de las vías y se han instalado obradores y estructuras en andenes y zonas de circulación de pasajeros. Junto con ello, se han retirado formaciones del servicio, provocando serios retrasos, que aumentan el lógico fastidio, previo y permanente, de los pasajeros.

Los trabajadores de la AGTSyP, que no son responsables, sino víctimas de esta situación insostenible, han solicitado, en sede ministerial, soluciones alternativas, como el trabajo nocturno y en feriados, realizar servicios cortos entre Av. de Mayo y Retiro y un servicio especial de ómnibus gratuitos entre Constitución y Av. De Mayo. La negativa del gobierno (SBASE) a modificar su actitud, está llevando las cosas al límite de un conflicto incontrolable. Los trabajadores están en permanente deliberación para decidir la actitud a tomar.

10.1.2015

Al igual que en el verano de 2014, los cortes de luz son moneda corriente en los diferentes barrios porteños. En este caso, los vecinos de Villa Crespo los sufrieron por más de 8 horas en un día en el que la sensación térmica llegó a los 40°C.

Tanto la empresa Edesur como los gobiernos siguen sin dar respuestas a los reclamos, pese al gran negocio que son los millonarios subsidios que reciben las empresas que tienen la concesión del suministro.

El jueves vecinos de Parque Avellaneda cortaron la autopista Dellepiane por falta de luz en el barrio Cildañez. Finalmente las Policías Metropolitana y Federal, actuaron en conjunto para reprimir y desalojar el corte.

8.1.2015

El mismo Estado que viene ninguneando la urbanización del Barrio Cildañez durante años, no vaciló en reprimir brutalmente a los vecinos que protestaban por falta de luz.

Como en todas las villas de la Ciudad, sus habitantes sufren con intensidad el colapso eléctrico. El gobierno de Macri los acusa de “colgarse” al servicio eléctrico: pero esa condición es el resultado de la falta de urbanización de la villa, negando a sus habitantes la posibilidad de contar con servicios y de titularizar sus viviendas. En el curso de este año, los vecinos de Cildañez concurrieron a la legislatura, una vez más, a impulsar un proyecto de urbanización. Pero su tratamiento fue bloqueado por el macrismo.

Repudiamos la represión, que incluyó a mujeres y niños, reclamamos medidas inmediatas para restituir la luz y terminar con los cortes sistemáticos y planteamos la urbanización del Barrio Cildañez, con un plan debatido y controlado por sus propios vecinos.

 Denunciamos, además, que la situación de Cildañez se extiende a muchos otros barrios de la Capital, donde la crisis eléctrica se está descargando una vez más sobre la población.

8.1.2015

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) observamos con preocupación la colocación de obradores por parte de SBASE en los andenes de la Estación Constitución – Línea C que generan inconvenientes en el servicio.-

Si bien vemos como un hecho positivo las mejoras que se implementan y que servirán para una mayor calidad en el servicio, consideramos que las mismas deben respetar las normas de higiene y seguridad vigentes para todo tipo de construcción y no representar peligro ni hacinamiento para quienes circulan por ese lugar.-

Exigimos a los organismos responsables que tomen las medidas necesarias para garantizar las condiciones laborales y la integridad física de trabajadores y usuarios del subte.-

ASOCIACION GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

Los dichos del Jefe de gobierno porteño sobre las políticas de memoria, verdad y justicia
Macri, derechos humanos y revanchismo
Por Eduardo Jozami *

Desde el comienzo de su gestión en la ciudad de Buenos Aires hasta hace pocas semanas, Mauricio Macri prefirió callar sus discrepancias con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que impulsa el gobierno nacional. Sus resistencias eran evidentes por omisión: nunca se preocupó por la marcha de los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado y, en cuanto a los espacios de memoria que se habían generado en la Ciudad –posteriormente transferidos al Ejecutivo nacional– fue notable el abandono en su gestión y mantenimiento. A pesar de esto, Macri mantenía silencio y evitaba la confrontación en torno de un tema en el que las opiniones aprobatorias constituían una clara mayoría. De todos modos, cuán difícil resultaba mantener ese silencio se hizo evidente cuando el macrismo en la Cámara de Diputados fue el único bloque que se abstuvo en la votación que ratificó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Tras esa actitud prudente del jefe de Gobierno porteño se escondía, sin embargo, una debilidad. Las propuestas sobre derechos humanos no constituyen sólo un aspecto relevante de la gestión iniciada en el 2003: son algo así como su reaseguro ético, una definición ideológica fundamental. ¿Cómo constituirse entonces en alternativa frente al kirchnerismo, en líder de una oposición que cuestiona duramente al gobierno nacional, sin atreverse a enfrentar uno de los temas centrales de esa gestión?

La cuestión aparecía, en principio, como imposible de resolver, porque las encuestas seguían mostrando que una holgada mayoría apoya las políticas de Memoria, Verdad y Justicia –60 por ciento, contra un 36 que tiene opinión negativa, según una medición de Ricardo Rouvier para la ciudad de Buenos Aires, a comienzos de diciembre– y, naturalmente, no aumentarían las chances presidenciales de nadie que arremetiera contra esa mayoría. En ese punto, en el que ambas posturas polares –aprobar o condenar– resultaban malas para fortalecer la identidad y las perspectivas electorales del macrismo, apareció una solución que no pudo salir sino de la imaginación de Jaime Duran Barba, el asesor talentoso y de- saprensivo, el mismo que sorprendió a propios y extraños cuando señaló a la inteligencia como el rasgo más saliente de la personalidad de Adolfo Hitler.

La nueva orientación que se advierte desde hace unas semanas supone cuestionar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pero evitando condenar los aspectos centrales que la mayoría de los argentinos atesora como logros: la promoción de los juicios, la recuperación de la ex ESMA y de otros Espacios de Memoria. Tres han sido, hasta ahora, las argumentaciones del macrismo en esta ofensiva que avanza por los márgenes: condenar los curros que se habrían cometido al amparo de las políticas de derechos humanos, haciendo referencia al caso de Sergio Schoklender; señalar –como también lo hizo Sergio Massa– que una atención excesiva por los temas del pasado podía llevar a desatender los derechos humanos del presente, y finalmente que esas políticas se estaban llevando a cabo con un ánimo de venganza que tendría más peso que el afán de justicia.

La actuación de Schoklender en la Asociación Madres de Plaza de Mayo dejó un saldo negativo para el Movimiento de Derechos Humanos. Aunque aún falta un pronunciamiento judicial, es evidente que el modo de gestionar la entidad como ejecutivo de una gran empresa, los gastos desmesurados y los perjuicios que finalmente resultaron para la asociación permiten hacer un balance claramente negativo. La propia titular de las Madres ha criticado la conducta del administrador y ha deslindado responsabilidades. Seguramente fue equivocado dar a Schoklender la confianza absoluta que se le dispensó, pero pretender extender el cuestionamiento sobre la acción del administrador –que compartimos– a la entidad de Madres y al movimiento de derechos humanos, en general, es un despropósito que no encuentra razones en que sustentarse. También se aprende de los errores y por eso debe conocerse mejor lo ocurrido para que comprender cómo fue posible el encumbramiento de quien nunca debió alcanzar tales funciones. Pero el necesario reconocimiento de este negativo episodio permite resaltar más su carácter excepcional en relación con la trayectoria de Madres, Abuelas y el activismo de derechos humanos que –en tiempos en que la política acumulara un merecido desprestigio– dieron al país una lección de ética y firmeza de convicciones.

El segundo argumento que busca afectar las políticas de derechos humanos con algún rodeo se refiere a la despreocupación del gobierno nacional por lo que Macri llama los derechos humanos del siglo XXI. Es decir, no se cuestiona directamente esas políticas, pero se lamenta que no se dedique el mismo esfuerzo a las situaciones actuales que puedan implicar violaciones a los derechos humanos. Esta argumentación se manifestó en los comienzos del kirchnerismo, aprovechando una coyuntura en la que la gravedad de la crisis social impedía mostrar rápidos resultados de las políticas dirigidas a mejorar la situación de los sectores populares. Mientras los gestos simbólicos de Néstor Kirchner –la bajada del cuadro de Videla o la recuperación de la ESMA– tenían efectos políticos muy contundentes, las propuestas orientadas a paliar la crisis social tardaban en mostrar sus resultados. Pero luego de la adopción de medidas como la Asignación
Universal por Hijo y el matrimonio igualitario, hoy las políticas de inclusión y de expansión de derechos –aunque quede mucho por hacer– muestran logros no menos importantes que los que tienen que ver con la historia argentina de los ’70.

En consecuencia, el panorama político argentino no presenta una polarización entre partidarios de los derechos humanos del presente y del pasado sino la confrontación entre quienes –con Cristina– quieren avanzar en las transformaciones y quienes se oponen al cambio. No es casual que el mismo gobierno que desde el 2003 inició un profundo proceso de reformas sea también el que promueve justicia y reparación para los males del pasado. Quienes carecen de sensibilidad social y decisión política para enfrentar a las corporaciones seguirán en deuda con los reclamos de ayer y de hoy.

Finalmente, Macri ha señalado que la venganza mueve las acciones contra los responsables del terrorismo de Estado. Lo hizo con la suficiente imprecisión como para que no se dijera que reclama el fin de los juicios, del mismo modo que Massa habló del cierre de la etapa de los derechos humanos sin mencionar indultos ni amnistías. El jefe de Gobierno porteño pudo apoyarse en la sorprendente irrupción del ex fiscal del juicio a las Juntas Militares, Julio César Strassera, quien calificó muy duramente –usando el término venganza– que se negara la prisión domiciliaria a algunos condenados por delitos aberrantes. El ex fiscal no recordó en su declaración cuántas veces algunos de los procesados en estas causas violaron las normas de la prisión domiciliaria, lo que por sí solo justificaría la adopción de normas de máxima seguridad.

Resulta irritante que se considere la venganza como motivación de las políticas de derechos humanos y de la acción de la Justicia, si recordamos que ningún familiar de desaparecido ni ningún militante de la causa de los derechos humanos recurrió a la violencia contra los responsables del golpe militar y de los crímenes de lesa humanidad. Probablemente es esa misma magnitud del agravio lo que excluyó el recurso a la venganza: sólo la Justicia en esta circunstancia podría encontrar reparación adecuada para toda la sociedad. En momentos de escribir esto, viene a mi memoria una experiencia juvenil. En 1963, luego del triunfo de la revolución de independencia en Argelia, asistía a una conferencia de prensa en la que se referían los horrendos crímenes cometidos por las tropas francesas de ocupación. Abrumado por el relato, el corresponsal del diario del Partido Comunista Francés dijo, como para sí mismo: “No podrán sino odiarnos después de esto que hemos hecho los franceses”. La respuesta provino de una joven militante cuyos grandes ojos negros albergaron, de pronto, una mirada serena: “Hemos sufrido demasiado como para poder odiar”.

No me animaría a decir que no exista un resto de odio en los familiares que han perdido a sus hijos o en quienes seguimos añorando a nuestros compañeros queridos, pero ese sentimiento individual deja paso a otro más poderoso que nos convoca a todos y que se expresa en la consigna de Memoria, Verdad y Justicia. Verdad porque sin ella será muy difícil comprender lo ocurrido en el pasado y su perduración en el presente, Memoria porque es en el recuerdo de las luchas populares que encontramos fuerza e inspiración hoy para construir un país mejor y Justicia porque –más allá de su función reparadora– sólo en ella puede fundarse un orden que permita avanzar hacia formas más avanzadas de convivencia social.

* Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.