Red de radios

3.10.2016

Así lo afirmó el juez laboral Roberto Pompa en un encuentro organizado entre el Ministerio Público Fiscal y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) de Suterh de Víctor Santa María. Participaron el secretario general de la CGT y el de la CTA,  junto a legisladores, jueces y fiscales.

Durante la jornada del jueves 29 de septiembre se celebró la jornada: "Derechos del Trabajo: coyuntura y desafíos”. El encuentro sindico judicial fue organizado por la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) y el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Participaron dirigentes sindicales, legisladores, especialistas en derecho laboral y magistrados del Poder Judicial. 

El evento contó con tres paneles donde se disertó sobre “el principio protectorio en el derecho del trabajo y la continuidad laboral, la implementación de políticas públicas para generar mejoras en la justicia del trabajo y el traspaso del fuero a la Ciudad desde una óptica legislativa".

El inicio estuvo a cargo de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el secretario general de la CGT, Héctor Daer y el rector de la UMET, Nicolás Trotta. El cierre del día, contó con la participación del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y el Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de la Justicia Nación, Víctor Abramovich.

También participaron entre otras figuras judiciales, sindicales y legislativas: el secretario general del gremio de canillitas, Omar Plaini, el Diputado Nacional Héctor Recalde, la jueza laboral y ex presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez y el senador nacional del FPV-PJ Rodolfo Urtubey.

Gils Carbó abrió la jornada reflexionando sobre la necesidad de recuperar el concepto de  “seguridad jurídica” para los trabajadores en relación a la “asimetría del mercado y de la sociedad que impacta en una redistribución desigual de los derechos”. Al mismo tiempo que se refirió al “fantasma de la precarización y flexibilización laboral” como uno de los elementos determinantes en la vulneración de la justicia del trabajo.

En el primer panel de la tarde los disertantes se mostraron muy críticos con las medidas económicas tomadas por el gobierno en relación a los trabajadores. Plaini arremetió contras las medidas económicas y el intentó de instalar la discusión mediática sobre la “flexibilización y precarización laboral."

En ese sentido los panelistas coincidieron en valorizar la protección de los derechos laborales consagrados constitucionalmente, desde una óptica sindical y judicial. El juez laboral Roberto Pompa afirmó que el proyecto del macrismo de trasladar la Justicia Nacional de Trabajo a la esfera de la ciudad es un intento de “vaciamiento” y “ataque” al fuero.

En el panel legislativo relacionado al traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, Urtubey manifestó “la suspicacia” que generó el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional en el marco de una avanzada contra los derechos de los trabajadores.

1.10.2016

El retroceso de la actividad económica en la ciudad de Buenos Aires fue más pronunciado que el informado por el INDEC para todo el país. El sector productor de bienes cayó 10,6 %.

La actividad económica en la ciudad de Buenos Aires cayó 4,3 % en el segundo trimestre respecto del mismo período de 2015, informó hoy la Dirección General de Estadística y Censos porteña. El sector productor de bienes es el más afectado, con un descenso de 10,6 % en el mismo período.

El organismo precisó además que en el primer semestre la caída interanual fue del 2,6 %. "El resultado final puede explicarse mediante una caída general en todos los rubros, destacándose Industria y Construcción", añadió el informe.

El retroceso de la actividad en la ciudad fue más marcado que en la medición para todo el país que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que informó caídas del 3,4 % en el segundo trimestre y del 1,7 % en el primer semestre.

El 4,3 % de caída se integró con descensos del 10,6 % en Producción de bienes (Industria manufacturera, electricidad, gas, agua y construcción), del 2,8 % en Comercio y servicios (Comercio, hoteles y restaurantes, Transporte y comunicaciones, Intermediación financiera, Servicios inmobiliarios, empresariales, comunitarios, personales y domésticos) y del 1,6 % en Administración pública, salud y educación.

29.9.2016

Dos jóvenes, uno de 15 y otro de 18 años, fueron maltratados e intimidados en un control policial. Luego sometidos a una sesión de torturas, que terminó en un descampado cerca del Riachuelo. Por último, fueron robados. Un prefecto detenido.

Ser joven y caminar por ciertos barrios de Buenos Aires, de noche, puede ser un asunto peligroso. Dos jóvenes, uno de 15 años y el otro de 18, miembros de la revista La Garganta Poderosa denunciaron a la Policía Federal y a la Prefectura Naval por haberlos torturado primero y robado después. En el hecho intervinieron más de veinte prefectos. Uno de ellos, Leandro Antunez fue detenido por orden del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, que además pidió la remoción de los agentes que intervinieron.

El sábado a la noche, en la Villa 21, Ezequiel, el menor de los dos jóvenes, se encontró con Iván, en la esquina de Iriarte y Alegre. En ese momento, uniformados de la Federal los pararon. Les pidieron documentos y los requisaron. Luego los dejaron ir, aunque antes los maltrataron e intimidaron, según relataron los jóvenes.

“Cincuenta pasos después –relató Gabriela Carpineti, la abogada de Ezequiel e Iván–, llegaron al lugar varios móviles de Prefectura, con más de veinte prefectos. Esposados, fueron trasladados hasta la garita que tiene esa fuerza en Osvaldo Cruz e Iguazú”. Ahí, contó la abogada, fueron sometidos a la primera sesión de torturas. Ezequiel fue golpeado adentro de la garita, Iván en el interior del móvil de Prefectura.

“Después fueron trasladados a un descampado al lado del Riachuelo, donde está la fábrica Pepsi, y los volvieron a torturar”, dice Carpineti. Los golpearon en la cara, les dieron palazos en el cuerpo y les hicieron un simulacro de fusilamiento. Finalmente les dijeron que corrieran y que rezaran si querían salvarse; que es lo que hicieron, sin siquiera mirar atrás, relató la abogada. “Antes de liberarlos –agregó– les robaron todas sus pertenencias, hasta las zapatillas.”

Tras la corrida, ayer se presentaron en la Fiscalía de Pompeya, para prestar declaración. No supieron si volver a correr o declarar: ahí reconocieron a uno de los prefectos, Leandro Antúnez, que luego de la denuncia fue detenido por orden del fiscal Marcelo Munilla Lacasa.

“Esto sucede –advirtió Carpineti–, en el marco de un conjunto de políticas de control de cierto sector poblacional, totalmente discriminatorio. Son dispositivos que desde el Ministerio de Seguridad alientan las detenciones arbitrarias, sin orden judicial”. “Me estoy refiriendo –señaló– a los protocolos que habilitan requisas sin órdenes de la justicia, pero que esta avala, como el caso del fallo Vera ( en referencia al dictamen que dice que la policía tiene la facultad de pedir documentos para identificar a personas sin motivos de sospecha).”

En este mismo sentido, el CELS denunció la gravedad del caso de Ezequiel e Iván. En un documento, detalló que “luego de que este Protocolo se pusiera en vigencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que en los primeros dos meses de los ‘Operativos de Control Poblacional Conjunto’ 85 445 personas fueron interceptadas en el área metropolitana de Buenos Aires. Según el Ministerio, solo 312 fueron detenidas, es decir que el 99,64 por ciento de las interceptaciones y posibles requisas tuvieron un resultado negativo. Estos procedimientos vulneran derechos constitucionales como la libertad y la privacidad de las personas interceptadas y requisadas”.

El CELS agregó que “en los últimos meses, se han conocido casos a través de videos y denuncias públicas que muestran cómo funciona la discrecionalidad policial amparada en las llamadas ‘detenciones por averiguación de identidad’. Lo que ocurrió ahora muestra las consecuencias más graves de estas políticas”.

29.9.2016

Marcelo Ramal, legislador del FIT, señaló que la ley de eventos masivos votada por la Legislatura “es una operación de impunidad a favor del gobierno de la Ciudad, en relación a Time Warp”.

“La ley es un refrito de normas que ya existen y que han sido violadas por empresarios y funcionarios. Apunta a presentar ante la opinión popular -y ante la propia justicia- la idea de que Time Warp ocurrió porque no había normas para prevenirlo. Es un planteo que absuelve de responsabilidad a los funcionarios, comenzando por el Jefe de Gobierno”, continuó.

“Apoyar este refrito, de nuestra parte, sería sumarnos a un gigantesco engaño. Llamamos a la juventud y a los familiares de las víctimas a luchar contra este engaño, y contra un Estado y gobiernos que, de Cromañón para acá, han avalado un gigantesco negocio a costa de la vida de nuestros jóvenes”, finalizó Ramal.

29.9.2016

A través de las redes sociales, la organización informó que dos niños fueron torturados por agentes de la Prefectura. Cuando se presentaron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional identificaron al prefecto Leandro Adolfo Antúnez. 

Por La Garganta Poderosa

Cuando la impotencia no te deja pensar, cuando la rabia no te deja escribir, cuando el dolor no te deja llorar, las fotos se vuelven gritos, ante los dedos estúpidos que balbucean unas líneas, mientras los ojos escupen sobre el teclado. ¿Saben cuántos años tiene, Ezequiel Villanueva Moya? No hay razones, ni a derecha, ni a izquierda, ¡15 años tiene, cagones de mierda!

Atrevido, tuvo el tremendo tupé de salir la noche del sábado para visitar a su abuela Beti, que también vive en la Villa 21. De regreso, lo paró la Policía Federal para revisarlo y, aprovechando que justo lo saludaba su amigo Iván Navarro, los denigraron un rato a los dos, entre amenazas y chicanas sobre el supuesto origen espurio de sus prendas. “Yo me acerqué para darle un abrazo a Eze y un oficial, así, de la nada, directamente vino y me pegó una trompada”.

Negativa la requisa, los dejaron ir, pero apenas 30 pasos, donde volvieron a ser interceptados por tres móviles de Prefectura, con cuatro uniformados cada uno. “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú”. ¿Para qué? “Para cagarnos a palos”. ¿Y los largaron? “No, nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”. De ahí, se los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”.

Trompadas en la cara y palazos en las piernas, como tantas otras veces a tantos otros villeros, esta vez no fueron suficientes. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”. Pero no, todavía no termina. “Alterados, como sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire, mientras nos quitaban las camperas que supuestamente habíamos robado”. Pero no, robar, robaron ellos, “que se reían cuando nos ponían un cuchillo en el cuello y nos decían que también les parecían lindas nuestras zapatillas, nuestras cadenitas… Nos sacaron todo”. Justo ahí, a pocas cuadras de la Parroquia Caacupé, uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván, para obligarlo a rezar. “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”. Y al final, cuando por fin accedieron a soltarles las manos, los encañonaron por la espalda, con una escopeta: “Corran bien rápido, o van a ser boleta”.

Corrieron, corrieron a sus casas, corrieron a nuestra redacción, corrieron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y ayer se presentaron en la fiscalía de Pompeya, para prestar declaración. ¿Y adivinen qué? Sí, estaba ahí, uno de ellos estaba ahí, el prefecto Leandro Adolfo Antúnez estaba ahí. Lo vieron, lo señalaron y lo denunciaron. Acto seguido, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que integraban el móvil. Pero ahora, nuestros compañeros tienen miedo. Sus familias tienen miedo. Nosotros tenemos miedo.

Basta de silencio y basta de impunidad:
¡Control Popular a las Fuerzas de Seguridad!