Red de radios

10.2.2017

A más de 4 meses de las torturas que recibieron Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro por parte de la Prefectura, sus abogados solicitaron la elevación a juicio oral.

Solicitaron la elevación a juicio oral de la causa por torturas a Ezequiel Villanueva Moya (15) e Iván Navarro (18). El hecho tuvo lugar el pasado 24 de septiembre en la Villa 21 y se encuentran procesados seis efectivos de la Prefectura Naval Argentina. “Esperamos un juicio oral y público para este año, que condene a todos los prefectos implicados en el delito de torturas y otros delitos conexos investigados”, sostuvieron los abogados querellantes de Iván, Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier.

Son seis los imputados en la causa por los delitos de imposición de torturas y robo, agravado por su comisión con arma de fuego y por la condición de miembros de una Fuerza de Seguridad. A las once de la noche Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro fueron atacados por una patota de la Prefectura Naval. Los torturaron, insultaron y simularon un fusilamiento.

A más de 4 meses, “Iván y Ezequiel están haciendo justicia con voz propia y en defensa de todos los pibes históricamente torturados, privados ilegítimamente de la libertad, desaparecidos, asesinados, verdugueados y abusados por las Fuerzas de Seguridad y la represión estatal en los barrios de trabajadores”, subrayaron desde la querella.

Por su parte, Ignacio “Nacho” Levy, referente de la organización La Poderosa a la que pertenecen Iván y Ezquiel, sostuvo: “Lejos de ser un hecho aislado, como pretendió señalar Rodríguez Larreta, lo único aislado fue la posibilidad de visibilizar el caso, gracias a la organización popular”.

“Podemos aseverar que tenemos todas las pruebas necesarias, para llevarlos a un juicio oral y público. Además confiamos plenamente en los peritajes pendientes, para sumar un séptimo que fue liberado momentáneamente, cuando prestó declaración”, enfatizó Nacho Levy.

8.2.2017

Comunicado de Prensa:

El ODH alerta por la adquisición de armas "menos letales" para la nueva Policía de la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad abrió una licitación pública para comprar nuevos armamentos antidisturbios.

En el Boletín Oficial salieron publicadas licitaciones para "Adquisición de armas específicas para operaciones especiales" y "Adquisición de equipamiento antidisturbio".

Allí especifican que comprarán: 100 carabinas, 60 mil municiones, fusiles de asalto, fusiles de precisión, fusiles semiautomáticos, pistolas semiautomáticas, 1600 cascos, escudos, protectores de pie, chalecos tácticos, entre otros elementos.

Lo que más preocupa es la compra de 200 "lanzadores less lethal weapon". En el detalle técnico dice: Calibre 68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada.

El ODH (Observatorio de DDHH de la Ciudad) observa con especial atención la compra de estas armas, conociendo el antecedente de intento de uso de armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana y las recomendaciones que en esa oportunidad hizo el Comité de Seguridad.

El ODH presentó un pedido de informe ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad consultando sobre el uso específico para el cual están destinadas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará; cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas, acordes a la Constitución de la Ciudad y los Principios básicos sobre el empleo de armas de fuego de la ONU (Ley 5.688). Se solicita información al GCBA acerca de las consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.

Las protestas sociales vienen en aumento en nuestro país. Y desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también. Mientras tanto, en distintas partes del mundo cada vez más se responde a las protestas sociales con armas "menos letales". La proliferación de estas armas sin las correspondientes regulación, capacitación, supervisión y/o responsabilidad de quienes deben portarlas ha conducido a un uso generalizado y rutinario, y en muchos casos también indebido, que ocasiona lesiones serias, discapacidad e incluso muerte.

La Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO) y Physicians for Human Rights (PHR) han realizado una investigación pormenorizada de estas armas y sus consecuencias en la salud, poco conocidas hasta ahora. El uso indebido de las armas "menos letales" y las preocupaciones que esto genera en materia de derechos humanos son resultado de un conjunto de factores, entre los cuales se destacan: ausencia de normas o procedimientos internacionales acerca de su uso; insuficientes instancias de evaluación, capacitación y procedimientos; una industria que crece aceleradamente; y falta de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de quienes deben portarlas.

Desde 2010, el ODH y la Agrupación HIJOS se opusieron al uso de las pistolas eléctricas Taser por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad. Tanto el Comité contra la Tortura de la ONU como Amnistía Internacional, entro otros organismos, reconocen a las pistolas Taser como elementos de tortura. Luego de la Corte Suprema de Justicia cerrara la discusión a nivel nacional (2015), el ODH presentó ante la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH).

Esperamos que las "nuevas" fuerzas de seguridad de la ciudad conozcan y respeten los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas.

7.2.2017

A principios de este año, el local ubicado en Avenida Corrientes al 3500 de la Ciudad de Buenos Aires había cerrado sus puertas. Así lo encontró el personal al volver de sus vacaciones. Los dueños alegaron “no tener plata”, sin notificar formalmente a los empleados, ni pagarles indemnización o compensación. Desde ese momento los trabajadores mantuvieron ocupado el local y ahora decidieron reabrirlo y comenzar a gestionarlo como cooperativa.Contacto: Vilma (trabajadora de La Casa del Queso) 11-3233-8457.

Desde el cierre del local gastronómico a comienzos de este año, los 20 trabajadores que forman parte de la planta estable de La Casa del Queso no recibieron comunicación alguna de parte de los dueños que decidieron cerrar el local adeudando en algunos casos, salarios atrasados. "Decidimos poner a trabajar el lugar porque necesitamos conservar nuestra fuente de trabajo" declaró Vilma, una de las empleadas del local. "Algunos proveedores de queso, fiambre y bebidas nos están facilitando mercadería pero no podemos cocinar porque el dueño nos cortó el servicio de gas" agregó. Los empleados afirman que, si bien la recesión económica que está atravesando el país se sintió, el local estaba funcionando bien ya que es un restaurante reconocido en la zona.
La Seccional del Sindicato de Gastronómicos pidió una conciliación voluntaria en el marco de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires pero el dueño no se presentó, por lo que se fijó una nueva audiencia para el 9 de febrero, pero que al ser voluntaria, no genera mucha expectativa en los trabajadores.
"Tenemos el apoyo de los vecinos y los clientes habituales que se acercan a brindarnos su solidaridad y nos ofrecen su ayuda" declaró Vilma. "Seguiremos trabajando porque eso es lo que queremos: mantener nuestra fuente de trabajo para subsistir" concluyó.

7.2.2017

Lo hizo el Observatorio de Derecho Humanos luego de que el Gobierno porteño abriera una licitación pública para comprar nuevos armamentos antidisturbios. La información surge de la publicación en el Boletín Oficial de licitaciones para “Adquisición de armas específicas para operaciones especiales” y “Adquisición de equipamiento antidisturbio”.

En el Boletín se especifica que comprarán: 100 carabinas, 60 mil municiones, fusiles de asalto, fusiles de precisión, fusiles semiautomáticos, pistolas semiautomáticas, 1600 cascos, escudos, protectores de pie, chalecos tácticos, entre otros elementos.
Lo que más preocupa a la ODH es la compra de 200 “lanzadores less lethal weapon”. En el detalle técnico dice: Calibre 68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos, sistema de aire comprimido, sistema de alimentación por cargador removible, 50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 100 metros, munición frangible estabilizada y sistema de mira holográfica graduada.
El ODH observó con especial atención la compra de estas armas, conociendo el antecedente de intento de uso de armas eléctricas Taser por parte de la Policía Metropolitana y las recomendaciones que en esa oportunidad hizo el Comité de Seguridad.
En este marco, el organismo presentó un pedido de informe ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad consultando sobre el uso específico para el cual están destinadas, qué grupo dentro de la fuerza las utilizará; cuál es el plan de actuaciones al que está sujeta la compra de estas armas, acordes a la Constitución de la Ciudad y los Principios básicos sobre el empleo de armas de fuego de la ONU (Ley 5.688). Se solicita información al GCBA acerca de las consultas previas a organismos de control y seguimiento de la implementación de la Ley de Seguridad integral de la CABA.
“Las protestas sociales vienen en aumento en nuestro país. Y desde el cambio de gestión del Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, la represión policial también. Mientras tanto, en distintas partes del mundo cada vez más se responde a las protestas sociales con armas ‘menos letales’. La proliferación de estas armas sin las correspondientes regulación, capacitación, supervisión y/o responsabilidad de quienes deben portarlas ha conducido a un uso generalizado y rutinario, y en muchos casos también indebido, que ocasiona lesiones serias, discapacidad e incluso muerte. La Red Internacional de Organizaciones por los Derechos Civiles (INCLO) y Physicians for Human Rights (PHR) han realizado una investigación pormenorizada de estas armas y sus consecuencias en la salud, poco conocidas hasta ahora. El uso indebido de las armas ‘menos letales’ y las preocupaciones que esto genera en materia de derechos humanos son resultado de un conjunto de factores, entre los cuales se destacan: ausencia de normas o procedimientos internacionales acerca de su uso; insuficientes instancias de evaluación, capacitación y procedimientos; una industria que crece aceleradamente; y falta de responsabilidad y rendición de cuentas por parte de quienes deben portarlas.
Desde 2010, el ODH y la Agrupación HIJOS se opusieron al uso de las pistolas eléctricas Taser por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad. Tanto el Comité contra la Tortura de la ONU como Amnistía Internacional, entro otros organismos, reconocen a las pistolas Taser como elementos de tortura. Luego de la Corte Suprema de Justicia cerrara la discusión a nivel nacional (2015), el ODH presentó ante la CIDH (Comisión Interamericana de DDHH).
Esperamos que las ‘nuevas’ fuerzas de seguridad de la ciudad conozcan y respeten los principios básicos sobre el empleo de fuerza y armas”, afirmaron desde el Observatorio a través de un comunicado.

6.2.2017

El canal del Grupo Clarín tuvo que disculparse públicamente ante la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Por ACiFaD familiares de detenidos en cárceles federales

El día viernes 13 de enero de 2017, se difundió en el programa “Nosotros a la mañana”, emitido por canal 13 un informe en el que durante media hora se exhibieron fotografías de niños, niñas y adolescentes pertenecientes al  barrio porteño Bajo Flores. Los jóvenes, quienes ni siquiera se conocían entre sí, fueron señalados falsamente como integrantes de una supuesta banda responsable de distintos delitos, cuyos  perfiles de Facebook y nombres fueron difundidos masivamente.

El 20 de enero la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD), junto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) acompañados por la Comisión Provincial por la Memoria, presentaron un reclamo contra  el Grupo Clarín  para que se abstenga de continuar emitiendo imágenes que afecten la intimidad y la dignidad de personas menores de edad.

El reclamo fue presentado ante la Procuración General de la Nación, la Defensoría del Público, la Asesoría General Tutelar, la Defensoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) para que se realicen las acciones necesarias tendientes a restablecer los derechos y garantías vulnerados, y se tomen los recaudos pertinentes para que “hechos como el denunciado no se repitan con ningún niño, niña o adolescente de ningún barrio” de todo el país.

A raíz de la intervención de la Defensoría del Público, en el programa del pasado 26 de enero, la periodista que presentó el informe debió disculparse públicamente.

Sin embargo, la emisión del programa aún se encuentra en youtube, por lo que toda vez que las imágenes sigan circulando la violación de los derechos persiste y el peligro al que fueron expuestos los jóvenes también, por lo tanto, hemos solicitado que el informe sea eliminado de dicho sitio.

Un hecho similar ocurrió en otro programa emitido por canal 13 en el 2016, esa vez respecto de jóvenes del barrio Carlos Gardel y, tras ser denunciado por la Comisión Nacional por la Memoria, la Jueza a cargo del Juzgado de Familia nº 6 de Morón, reconoció en su fallo que la difusión de imágenes que permitan revelar la identidad de NNyA es contraria a la legislación vigente y resolvió que deben tomarse medidas necesarias para resguardar la intimidad y dignidad de los involucrados.
No debemos dejar que estas cosas sucedan, hagamos la denuncia.