Red de radios

28.9.2018

Por Luz Ailín Báez

Se cumple una semana del histórico fallo que condena a los prefectos que torturaron a los jóvenes de La Poderosa. Un paso adelante hacia el control popular de las fuerzas represivas.

“Tanto Ivan como Ezequiel sufrieron prácticas que uno piensa que podía encontrar en el libro Nunca Más, en esa época de la historia argentina y, sin embargo, las encontramos a orillas del Riachuelo el 24 de septiembre de 2016, a quince minutos del Obelisco, en la Villa 21-24”, decía Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa, minutos antes de ingresar a la sala Derechos Humanos del Tribunal Oral Federal Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires.

Este 21 de septiembre, los seis prefectos que torturaron y realizaron simulacro de fusilamiento a Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro -dos jóvenes de la Villa 21-24 de Barracas que participan de la organización La Poderosa- fueron sentenciados a entre 8 y 10 años y medio de cárcel. La sentencia -favorable a las víctimas que aquel 24 de septiembre de 2016 contaban con 15 y 18 años respectivamente- fue vista como un éxito por sus abogados Gabriela Carpinetti y Nahuel Berguier, pese a que se habían pedido penas más altas de las que finalmente otorgaron los magistrados.

Entonces, ¿qué implica esta sentencia en un marco de creciente violencia represiva de las fuerzas de seguridad?

“Acá hay algo en lo que coincidimos todos, acusados y acusadores: que estos seis prefectos participaron en carácter de autores de los hechos -ellos mismos lo reconocieron y por eso piden perdón y que el responsable por estos hechos es el Ministerio de Seguridad. Ellos son responsables penalmente por el delito de Torturas más allá de que crean que no hayan sido torturas sino “errores” o “correctivos”. Hubo un pacto de impunidad que se sostuvo desde el principio de los seis prefectos en connivencia y con el apoyo del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de la Prefectura aunque después fueron desplazados y todos los procedimientos legales que debían cumplirse se cumplieron hasta llegar al juicio”, sostuvo Carpinetti. Además, agregó que fue “un fallo histórico” porque las acciones represivas fueron calificadas como “torturas, tal como corresponde” y recalcó que la decisión del Tribunal Oral N° 9 “debe servir para poner freno a un accionar de las fuerzas de seguridad que es sistemático”.

 

Una escuela para la represión

 

Las torturas y el hostigamiento de las fuerzas represivas del Estado a pibes de barrios populares son una práctica corriente y sistematizada desde hace tiempo, sin importar el gobierno que esté de turno. De allí la relevancia de este juicio en el cual media docena de prefectos debieron sentarse frente a un tribunal judicial para responder por sus actos. ¿Por qué es novedad que el fallo haya sido favorable a las víctimas? ¿Por qué nos alegramos con una carátula que deja de lado los eufemismos y llama a las cosas por su nombre? “Tortura”. Eso figura en la carátula de la causa que ha resuelto por una vez que no venciera la doctrina Chocobar: es la primera condena a miembros de fuerzas de seguridad por delitos represivos cometidos en el gobierno de Cambiemos. En todos los casos los imputados fueron declarados culpables por “privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones leves, en concurso real con robo agravado en poblado y en banda, con el agravante de haber sido cometido por miembros de las fuerzas de seguridad”.

Vivimos rodeados de gobernantes que pelean por ver quién tiene el mayor record de cámaras de seguridad y efectivos y patrullas en las calles, ¿Por qué no es novedad que les pibes de barrios marginales tengan sus vidas a merced de la buena voluntad de aquellos que suponen deben cuidarles? El caso puede resultar icónico por su resolución, pero la sobre criminalización de las y los jóvenes de sectores populares no es novedad.

Según el Informe sobre hostigamiento policial y de fuerzas de seguridad en su interacción con jóvenes de sectores populares en la ciudad de Rosario, de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, las principales víctimas de hostigamiento policial y de fuerzas de seguridad y malos tratos son jóvenes -mayores y menores de edad- varones de sectores populares. “Basta con leer atentamente las crónicas policiales para advertir que en aquellos barrios en los que los efectos de la inseguridad se expresan con mayor crudeza tienen, más allá de obvias diferencias, dos características en común. Los varones jóvenes son presa fácil de la policía y de la selectividad del sistema penal”, escribe Enrique Font, criminólogo y ex Secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia de Santa Fe, en un artículo de

Rosario/12

 

Según Font, la sobre-criminalización consiste en la “focalización policial selectiva, discriminatoria y violenta sobre jóvenes varones de los barrios”. Se trata de la “sobrevigilancia”, que es la manera en la que la policía interactúa con los grupos percibidos como de propiedad policial. Esto ocurre “cuando los poderes dominantes de una sociedad abandonan los problemas de control de esa categoría a la policía”.

Desde La Garganta Poderosa, Levy agrega que “el 99% de los casos de tortura, amedrentamiento, asesinatos que hay en el barrio a manos de las fuerzas de seguridad no aparecen en los medios de comunicación. Son pibes que no tienen la contundencia de poder equiparar la cantidad de trolls de televisión. Construyen un sentido común que después acompaña una doctrina mucho más grave que un caso particular”. El ojo social dominante los ve como grupo “problemático” o “desagradable”, de bajo status -los tan aborrecibles “negros de mierda”-  y acepta que sea la policía quien trate con ellos, de la manera que desee. En paralelo, “las victimizaciones de quienes viven en el barrio son desatendidas por las políticas de seguridad”, sostiene Font. El criminólogo llama a esto último infra-protección, producto de la distribución diferencial tanto de la victimización como de las reacciones institucionales y sociales a la misma. La desprotección viene de la mano de la desatención policial, judicial, política y social de las victimizaciones de quienes viven en barrios populares. En otras palabras, los jóvenes de barrios marginales se encuentran desamparados y con pocas respuestas por parte del Estado que debería cuidarlos como ciudadanos.

Mientras la respuesta de la Gobernadora Vidal, de la Ministra Bullrich y hasta del propio Presidente Mauricio Macri frente a los problemas de “inseguridad” consiste en aumentar el número de efectivos en las calles, darles pase libre y poner más cámaras, el Informe Regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre  Violencia, niñez y crimen organizado de 2015 es taxativo al decir que “los casos de uso excesivo o arbitrario e ilegal de la fuerza por la policía además de suponer graves vulneraciones a los derechos humanos, comprometen la capacidad misma del Estado para reducir la inseguridad y la violencia”.

En relación a esto, Nacho Levy expresó que “es un momento histórico, cargado de angustia, de bronca, de impotencia pero también del orgullo y la esperanza que nos da haber llegado hasta acá fruto de la organización y la lucha popular. No contábamos nosotros con el apoyo inicial del Poder Judicial ni comunicacional. Hubo que fabricarlo desde el barrio. Eso costó muchos momentos de sufrimiento pero hoy hay seis subordinados de Patricia Bullrich sentados en el banquillo que ya han reconocido los hechos. Que intentaron pedir disculpas y que van a pagar una condena por haber torturado a los pibes que tuvieron el valor de ponerse al hombro la sentencia que Luciano Arruga y Ezequiel Demonty no pudieron presenciar”.

Y agregó: “El control popular de las fuerzas se de seguridad es urgente, no lo decimos nosotros solamente, lo dice la ONU, Nils Melzer el relator contra tortura de la ONU estuvo en mi casa, estuvo en el barrio, estuvo acompañando a los vecinos que ejercen el control popular a las fuerzas de seguridad. Estuvo constatando en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) cómo había asentadas 8 denuncias de 8 familias que no se atreven, que tienen miedo y tienen razón de denunciarlo públicamente pero sufrieron en un mes las mismas prácticas como el  “levantamuerto” o el gas pimienta en los ojos con las manos atadas. Frente a ese nivel coercitivo que intentan perpetrar cuando utilizan el poder judicial para perseguir opositores, cuando utilizan el poder policial para generar amedrentamiento, cuando utilizan su poder comunicacional para generar silenciamiento, nosotros entendemos que un control popular de las fuerzas de seguridad es una solución a doble vía. No es una policía comunitaria. No le agrega una sola bala al conflicto. Es una comisión de vecinos que regula la acción de las fuerzas de seguridad en comunicación directa con el Ministerio Público Fiscal, con la Fiscalía y los organismos de Derechos Humanos sin pasar por las comisarías, que administran el delito en nuestro barrio. Les daría a nuestros vecinos y vecinas la posibilidad de denunciar el accionar de las fuerzas sin pasar por la centralidad de las fuerzas sino que además le daría al Poder Judicial la posibilidad de acceder al barrio sin estar acompañados de la manito por aquellos a los que están investigando. Necesitamos una entidad autárquica que no responda ni esté subordinada al poder ejecutivo que administra las propias fuerzas de seguridad. En este nivel creciente de hostigamiento de las fuerzas de seguridad en el territorio en los barrios donde hemos podido darle visibilidad al control popular, se ha reducido inmensamente el nivel de inseguridad que sufrimos a manos de las fuerzas de seguridad”.

Desde el CELS sostienen que “la falta de democratización de las estructuras de seguridad posibilita, en primer lugar, la persistencia de hechos graves y reiterados de violencia institucional, y el sostenimiento de redes de ilegalidad y corrupción insertas en las estructuras policiales y penitenciarias” y esto, en proyección, erosiona los cimientos de la gobernabilidad a nivel provincial y nacional.

Font, por su parte, indica que “no existen en Argentina ejemplos de reformas policiales profundas que no hayan sido resultado de ´crisis´ catalizadas a través de eventos con efectos dominó sobre la coyuntura de gobierno. Como ejemplos de reformas en provincias sobresalen las dos lideradas por Carlos Arslanián en Buenos Aires. Ambas fueron precedidas, respectivamente, por el asesinato de José Luis Cabezas y por incrementos de delitos ´no tolerables´ socialmente con evidencias de involucramiento policial”.

Lo que queda claro es que las distintas fuerzas de seguridad y los servicios penitenciarios actuales son un obstáculo insalvable para la inclusión social. Levy da una pista sobre este tema: “Si se pudiera legislar ese punto, los sectores populares estaríamos más al resguardo de lo que estamos. Que dejen de discutir en televisión, ahora que empieza la carrera electoral, quién ofrece más chalecos, más patrulleros y más presupuesto para la policía. Que nos digan cuál es el plan para necesitar menos policía. Y que nos digan, todo el tiempo que dure ese plan cómo nos vamos a cuidar en los barrio pobres que nuestro principal factor de inseguridad no sean los tipos que mandan para cuidarnos”.

28.9.2018

Por ANRed

En un comunicado emitido ayer, el referente de Vendedores Libres, Omar Guaraz, denunció que dos trabajadores ambulantes, un venezolano llamado Jofer y un senegalés de 75 años, fueron “golpeados salvajemente y detenidos sin intervención judicial durante horas, y luego liberados” por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Flores. El hecho, denunció, ocurrió “mientras nuestro presidente se solidarizaba con el pueblo venezolano y cuestionaba el ‘autoritarismo del Estado represor de Nicolás Maduro’. Jofer nunca fue reprimido en su país de origen y desea volver. Tuvo que emigrar producto del bloqueo perverso contra nuestro hermano país. Pero la violencia estatal, el autoritarismo y las faltas de garantías mínimas y la violación de sus derechos humanos los sufrió hoy en la Argentina de Mauricio Macri”, denunció Guaraz.

 

La denuncia fue realizada ayer por el referente de la organización Vendedores Libres (nucleada en la CTA de los Trabajadores), Omar Guaraz, en un comunicado titulado “Venezolano traído por Macri por ‘crisis humanitaria’ golpeado, preso y robado por policía hoy en Flores”, donde denuncia que ayer “Jofer, venezolano que sobrevive como vendedor ambulante, mientras caminaba en Flores, sin vender, fue detenido junto a un senegalés de 75 años”. Además, sostuvo que fueron “reducidos, golpeados salvajemente y detenidos sin intervención judicial durante horas y luego liberados”.

El referente aseguró que el nuevo episodio de represión policial a vendedores ambulantes extranjeros se dio mientras Macri daba su conferencia de prensa tras el nuevo acuerdo con el FMI: “mientras nuestro presidente ayer se solidarizaba con el pueblo venezolano y cuestionaba el ‘autoritarismo del Estado represor de Nicolás Maduro’y aseguraba que ‘Argentina encabezará la denuncia para garantizar los derechos humanos del Pueblo Venezolano’.

Asimismo, Guaraz remarcó:“Jofer nunca fue reprimido en su país de origen y desea volver a su país. Tuvo que emigrar producto del bloqueo perverso contra nuestro hermano país. Pero la violencia estatal, los golpes por las fuerzas de seguridad del Estado, la privación de la libertad y el robo de sus escasas pertenencias, en fin, el autoritarismo y las faltas de garantías mínimas y la violación de sus derechos humanos, lo sufrió hoy en la Argentina de Mauricio Macri”, sentenció.

 

Un hecho que no es aislado: violencia y represión policial xenófoba y racista

 

El episodio no es un hecho aislado, y se suma a otros donde la Policía de la Ciudad atacó o reprimió a trabajadores y trabajadoras de la venta ambulante extranjeros afro o latinoamericanas, por vender o transitar por las calles.

En abril de este año Radio Gráfica daba cuenta de que por tercera vez en una semana se habían registrado operativos contra la comunidad senegalesa en el Barrio de Flores. Esa vez, el inmenso operativo se desplegó sobre la calle Avellaneda e involucró a más de 300 efectivos policiales que reprimieron a las más de quinientas personas se manifestaban contra la detención arbitraria a cinco vendedores de ese origen. Uno de ellos fue atropellado por un auto. Debido al operativo, habían sido detenidas 19 personas (12 senegalesas, 5 argentinas y 2 peruanas) y trasladados a la Alcaldía N°13, dando intervención directamente el Juzgado Correccional y Criminal N°52.

En junio, también en el barrio de Flores, oficiales de la Policía de la Ciudad junto a Policías de Infantería atacaron a golpes a Kane Serigne Dame,de 30 años, un vendedor oriundo de Senegal, mientras circulaba por la calle, que fue detenido y luego tuvo que ser internadoen el Hospital Álvarez por una fractura expuesta, corte de tendones y complicaciones en una arteria, generadas por los golpes policiales.

Hace 10 días atrás, Rafael Klejzer (secretario general de la CTEP Capital), Juan Grabois y Jacky Flores (referentes de la CTEP) fueron detenidos frente a la comisaría 18 cuando exigían la liberación de dos militantes del MTE y de cinco trabajadores de la vía pública que fueron encarceladospor estar realizando venta ambulante.

En el Día Mundial de los Refugiados, Amnistía Internacional había manifestado “preocupación por la escalada de violencia hacia vendedores ambulantes senegaleses en la Ciudad de Buenos Aires”.

27.9.2018

Trabajadores y trabajadoras pasaron la noche en la puerta del laboratorio, ubicado en el barrio porteño de Villa Luro. Como forma de protesta realizan una permanencia pacífica para evitar el vaciamiento de la empresa.

En el contexto de crisis, frenazo y caída de la actividad económica que se registra y las consecuencias que trae aparejada la megadevaluación e inflación que continúa escalando, comienza a notarse el deterioro laboral.

En este caso, trabajadoras y trabajadores del laboratorio Roux Ocefa denuncian que el día lunes terminaron de echar a las últimas personas que trabajaban en la empresa, llegando a un total de 420 despidos. Por ese motivo, se encuentran en estos momentos protestando frente a las puertas del establecimiento ubicado en Villa Luro, luego de pasar la noche ahí para evitar el desmantelamiento y vaciamiento de las instalaciones.

“El lunes terminaron de echar a las personas que trabajaban acá. Son alrededor de 420 familias. No queda nadie adentro y nos quedamos en la puerta del laboratorio para pedir una respuesta”, indicaron los empleados.

26.9.2018

Roberto Andrés

Proyecto oficialista prohíbe la realización de audiencias públicas para la evaluación de obras previas a 1998. La Legislatura porteña subsana las ilegalidades del negocio inmobiliario de la Ciudad.

El pasado jueves 20 de septiembre, la Legislatura porteña aprobó la modificación de la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, que establece que “están exceptuadas de cumplir con la convocatoria a audiencia pública temática todas aquella actividades en funcionamiento y preexistentes al 10 de diciembre de 1998” (cuando se aprobó la ley).

Será el caso, por ejemplo, de la evaluación de impacto ambiental de los estadios o shoppings ubicados en la ciudad que existían antes de la fecha señalada, en donde la ciudadanía no tendrá derecho alguno a opinar sobre los impactos ambientales que ha vivido durante los años de funcionamiento de dichas actividades.

El macrismo porteño impuso la modificación de la ley con 45 votos a favor. Vamos Juntos contó con la colaboración del bloque de Unidad Ciudadana de Mariano Recalde, Leandro Santoro y Carlos Tomada, entre otros. Victoria Montenegro señaló en la sesión que “desde el bloque Unidad Ciudadana vamos a acompañar este proyecto de ley”, aunque previamente indicó que “notamos que se incorporaron no todas pero sí una buna parte de las sugerencias que se fueron haciendo”.

Según consta en la versión taquigráfica preliminar, Santilli (presidente) indica que “se agrega el voto afirmativo de la diputada Pokoik” (quien no apareció en el tablero de la votación).

Solo la izquierda rechazó el “blanqueo ambiental” con tres votos negativos del Frente de Izquierda y dos de Autodeterminación y Libertad. Por su parte el Bloque Peronista de Silvia Gottero y el Partido Socialista de Roy Cortina resolvieron abstenerse en la votación por diferencias con el proyecto.

 

Un blanqueo ambiental a favor de los empresarios

 

La Ley N° 123 es aquella que determina el procedimiento técnico y administrativo de la Evaluación de Impacto Ambiental para la obtención del certificado de aptitud correspondiente. Todo emprendimiento que esté previsto realizarse en la Ciudad debe tramitar el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) según su categorización y previo a su puesta en marcha. El estudio analiza la interacción presente o futura de un establecimiento o un proyecto determinado con el medioambiente.

Con la excusa de incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica, una herramienta conocida globalmente que ya ha sido puesta en práctica por muchos países y que se utiliza para determinar el impacto que tendrá sobre el ambiente un nuevo proyecto o emprendimiento, el macrismo porteño modificó la ley actual subsanando las ilegalidades del negocio inmobiliario en la Ciudad.

Al respecto, el diputado porteño por el Frente de Izquierda, Patricio del Corro (PTS) señaló: “No es la primera vez que el PRO toma ideas como puede ser mejorar el sistema de impacto ambiental, para transformarlas en su contrario y continuar con su plan de una ciudad al servicio de los grandes emprendimientos inmobiliarios. Lo mismo hicieron con el proyecto de Ecoparque que terminó concesionando tres manzanas a los privados”.

“En esta ley hay un montón de cosas que van a quedar a discreción de los privados y ya tenemos en claro que el Gobierno no será su control, sino más bien la garantía de su desarrollo. Por ejemplo, ya hay obras como la del Palacio Roccatagliata que está frenada por la Justicia y que se beneficia con estas modificaciones. Por último, la Evaluación Ambiental Estratégica no tendrá necesariamente audiencias públicas como estaba previsto anteriormente, sino apenas difusas instancias de participación ciudadana”, señaló el diputado de izquierda.

La modificación también fue cuestionada por organizaciones sociales y ambientales. Según declaró el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, organismo independiente interdisciplinario que monitorea las políticas públicas y actividades privadas, “las propuestas constituyen un verdadero blanqueo ambiental para actividades y obras que estaban en situación de ilegalidad en relación a los permisos ambientales”.

Esto significa que para todas aquellas actividades preexistentes a la fecha mencionada “la ciudadanía no va a tener más derecho a participar de su evaluación de impacto ambiental (EIA). Para estas actividades no se llamará a audiencia pública. La EIA será secreta entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Agencia de Protección Ambiental y el privado o empresa”, denunció el organismo.

En el mismo sentido, para la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) la modificación propuesta reduce además los estándares ambientales vigentes: “Aun cuando la presente reforma busque incorporar herramientas que amplíen y mejoren el sistema de evaluación ambiental, su aplicación discrecional terminará por achicar los estándares ambientales ya establecidos por la legislación y no contribuirá a mejorar las falencias en la gestión de la EIA que presenta la ciudad ni aportar respuestas en la necesidad de mejor calidad y participación en los procesos de toma de decisiones que hacen al desarrollo urbano”.

Por otro lado, según la ley “el Certificado de Aptitud Ambiental para actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos categorizados como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto (CRE) se otorgará por el plazo de cuatro años”, por lo que el Gobierno de la Ciudad debía convocar cada cuatro años a los ciudadanos porteños a participar en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Sin embargo, la situación ha venido siendo sistemáticamente violada por el PRO. Ahora la Legislatura legaliza la práctica ilegal, siendo la modificación denunciada como un “blanqueo ambiental” para la política del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y sus empresarios amigos.

Otro elemento polémico es que se dejan fuera de la nómina las obras previstas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados. Esto quiere decir que para que algo merezca un estudio de impacto ambiental, por lo menos tiene que ocupar media manzana, cuando en la ley original se establece como norma un cuarto de manzana.

“Esta modificación está orientada a salvar a todos aquellos proyectos inmobiliarios que superaban los 2.500 m2, que recibieron los privilegios de la Legislatura con normas urbanísticas especiales, pero que durante el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental nunca convocaron a audiencia pública”, declaró el Observatorio por el Derecho a la Ciudad.

Además, la Evaluación Ambiental Estratégica, no se estableció como obligación para los privados. “No es obligatorio convocar a audiencia pública sino que sólo se hace referencia la obligación de contemplar una instancia de participación ciudadana”, señala el ODC. “Tampoco se habla de la Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa, una de las grandes deficiencias de la gestión del PRO frente al boom inmobiliario en la ciudad”.

El macrismo de Vamos Juntos, que ha sabido gobernar en la Ciudad de Buenos Aires en alianza con Evolución y Unidad Ciudadana, blanquea las ilegalidades del negocio inmobiliario porteño. Mientras “el nuevo Código Urbanístico viene a legalizar los permisos de obras ilegales”, señala el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, “esta modificación de la Ley N° 123 subsanará las ilegalidades de las actividades anteriores a diciembre de 1998. Blanqueo inmobiliario y ambiental en la gestión de Larreta”.

25.9.2018

Por Matías Ferrari

En una sesión escandalosa, que expuso la falta de consenso entre lxs vecinxs, el oficialismo porteño presentó ayer en la Legislatura el Proyecto de ley con la letra chica de la urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica (Villa 31 y 31 Bis). Una masiva movilización rechazó la iniciativa y abucheó a Diego Fernández, el funcionario Pro encargado del proceso, que no logró terminar su exposición en medio de un caos.

La falta de consenso con el modelo de “reurbanización” de la Villa 31 que impulsa el Gobierno porteño volvió a quedar en evidencia. El plenario de las comisiones de Vivienda, Hacienda y Desarrollo Urbano de la Legislatura -con que el oficialismo buscó ayer darle impulso al flamante proyecto de ley con las nuevas condiciones del proceso- terminó a los gritos, con enfrentamientos entre sectores del barrio a favor y en contra de la iniciativa. El titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Hábitat, ex CEO de la cadena Sushi Bar Restó Diego Fernández, no logró completar su exposición de la letra chica del texto y tuvo que alzar la voz para hacerse escuchar entre vítores y chiflidos y el ruido de los bombos que llegaba desde la calle, donde unos 300 vecinxs se concentraron para denunciar otra vez que no fueron convocados para su redacción. La legisladora por Vamos Juntos, Lidia Rueda, presidió la sesión a los gritos. Legisladores oficialistas y de la oposición se agarraban la cabeza y debieron intervenir más de una vez para evitar una trifulca. “Es evidente que no tienen el consenso necesario para impulsar este proyecto”, le espetó el fracaso a Fernández la legisladora de Unidad Ciudadana, Paula Penacca.

El proyecto fue presentado el martes pasado sin mayores anuncios, y tomó de sorpresa a la mesa participativa de urbanización. Lleva la solitaria firma del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lo que el sector del barrio más movilizado toma como síntoma de la falta de consenso interno. La mesa de urbanización denunció que el Pro no logró conseguir el apoyo de los dos tercios de los consejeros electos por el barrio (8 de 11) necesarios para que una nueva norma se adecúe a los mecanismos de democracia interna de la villa, algo que los funcionarios de Fernández reconocen, aunque le restaron importancia.

Un borrador del proyecto circuló durante meses entre distintas ONGs como la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e instituciones como el Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo, que recomendaron cambios menores, y fue discutido entre los sectores del barrio que militan activamente para el Pro, en su mayoría beneficiarios de las cooperativas de trabajo que dependen directamente de la estructura de Fernández. Ese fue el sector del barrio que ayer vitoreó el proyecto, y varios de los consejeros de ese espacio, como el histórico referente Teófilo Tapia, expusieron a favor y consideraron como “histórica” a la iniciativa. Pero desde el sector organizado en la mesa participativa, en cambio, denunciaron que el texto nunca les fue presentado y que hasta uno de sus consejeros fue violentado cuando quiso hacerse de una copia para socializarla con el resto de lxs vecinxs.

En ese marco llegó Fernández ayer a la Legislatura, que lo recibió con una movilización de rechazo en la puerta y silbidos de un grupo que desde temprano se convocó para exponer sus puntos de disidencia y revelar los desalojos que sufrieron en el último tiempo. Entre ellos, Valeria Ibarra, cuyo caso es emblemático porque su casa fue literalmente aplastada por topadoras del Gobierno en febrero de este año. “Fue lo peor que me pasó en la vida”, contó.

De hecho, una de las críticas más fuertes de la mesa participativa al proyecto oficial tiene que ver justamente con la ausencia, a lo largo de las 45 páginas del texto, de una prohibición taxativa a los desalojos compulsivos en el marco de la urbanización, un derecho que consideran conquistado con la ley vigente, la 3343, sancionada en 2009. “¿Para qué sancionar una nueva ley si ya tenemos una con la que estamos de acuerdo?”, se preguntaron ayer tanto los vecinos movilizados como varios de los legisladores de la oposición.

La respuesta en parte la dio el propio Fernández, cuando durante su exposición repasó las obras que el Gobierno porteño puso en marcha hace ya dos años: el complejo de viviendas del barrio YPF y las Containeras -una construcción vergonzosa, impugnada por los arquitectos que colaboran asesorando a la mesa participativa-, en Cristo Obrero. Ambas obras son parte de un acuerdo sellado en 2016 con el Banco Mundial, a quien el Gobierno debe dar cuenta de los avances en las obras financiadas. En parte, ese apuro quedó expuesto ayer: el Pro está decidido a avanzar con el proyecto y considera que la oposición de un sector del barrio es “política” y será un obstáculo menor. La mayoría automática que goza en la Legislatura alienta esa hipótesis.

El caso de Valeria Ibarra es un ejemplo de ese apuro y de cómo ya se traduce en un avasallamiento de derechos. Su desalojo se produjo sin orden judicial y fue “ordenado” por un decreto del Ejecutivo que, sospechosamente, fue publicado posteriormente al paso de las topadoras, aunque con fecha anterior. La decisión acrecentó la desconfianza de lxs vecinxs sobre las verdaderas intenciones del Gobierno. “El desalojo de Valeria fue un punto de quiebre”, dijo ayer Graciela Aguirre, integrante de la mesa de urbanización. “No queremos la ley porque si sale, el destino de Valeria es el destino de todxs lxs vecinxs”, agregó.

En contraste con el caos de la exposición de Fernández, lxs vecinxs que se juntaron en el salón Montevideo en la previa pudieron dar cuenta de las principales objeciones al proyecto de ley, aunque sólo los escucharon un puñado de legisladores, entre ellos Penacca y Victoria Montenegro, ambas de Unidad Ciudadana. Las principales son:

• El proyecto no define cuál será el valor total del m2 que deberán pagar lxs vecinxs para hacerse de la titularidad de las viviendas. Fernández aclaró ayer que la fórmula dará como resultado un precio accesible para el poder adquisitivo promedio de la villa, pero no dio mayores precisiones.
• Se establece que la cuota mensual de la hipoteca no superará el 20 por ciento del ingreso familiar, si éste está por encima de la canasta básica (hoy supera los 21 mil pesos para una familia tipo porteña, según la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad), y del 12 por ciento si no lo supera. Esa es la realidad de la mayoría de la villa, cuyo promedio de ingresos es de 15 mil pesos. “Muchos no lo vamos a poder pagar, el proyecto estimula la gentrificación”, insisten.
• Hay una contradicción entre la imposibilidad de pago que pueda afrontar una familia y el derecho a la vivienda digna que el propio texto reconoce. “La imposibilidad de pago no excluye el derecho a la vivienda”, aclaró ayer Fernández, aunque la ley establece que el Gobierno puede pagar hasta tres veces el valor de la hipoteca si el o la vecinx así lo decide. Eso implicaría que abandone el barrio.
• El Gobierno se adueña del “espacio aéreo”, es decir de la construcción hacia arriba, de nuevos pisos para crear nuevos ambientes para las familias.
• No hay un protocolo de acción definida a la hora de abarcar el hacinamiento y el desglose familiar (hay muchas familias que viven en pocos metros cuadrados y necesitan más de una vivienda).
• No se prohíben taxativamente los desalojos.
• Si bien el texto garantiza los derechos a la salud y a la educación, todavía no está claro cuántas escuelas y establecimientos de salud pública se construirán. Las familias piden, de mínima, que se incluya un hospital.
• La autoridad de aplicación, que quedaría en manos de Fernández, “consultará” a la mesa participativa, pero ésta no tendrá poder de decisión final sobre las obras del barrio.

Antes de llegar a la Legislatura, el proyecto fue remendado, tachado, reescrito centenares de veces, lo que generó en el barrio una suerte de misticismo sobre cómo terminaría siendo. De todas formas, la movilización creció. La última, un corte sobre Libertador a la altura de Retiro, fue reprimida por la Policía de la Ciudad.

Para Fernández, las idas y vueltas que tuvo el proyecto dan cuenta del diálogo con lxs vecinxs. “Se trabajaron más de diez borradores”, introdujo, y siguió: “Llegaron a haber más de 20 puntos de disenso que fueron trabajando con la mesa técnica” del barrio. “La disidencia que se ve acá adentro no es reflejo del barrio”, agregó ante las preguntas que le lanzaron -entre otros- Gabriel Solano (FIT) y Paula Penacca. Hasta llegó a usar la metáfora de “proyecto arco iris” para graficar “los aportes de todos los colores que recibió el proyecto”.

Pese al acompañamiento que logró de la ACIJ, la letra chica Pro de la urbanización recibió varios cuestionamientos institucionales y de ONGs. Entre ellas, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, presidido por el abogado Jonathan Baldiviezo, que denunció ayer en un comunicado que la ley “transforma un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión de su población y quebrando de identidad barrial para que el suelo sea explotado especulativamente por el mercado inmobiliario”.

En esa línea, más combativa dentro del barrio, se expresó Graciela Aguirre: “Entre Larreta y Cacciatore, me quedaba con Cacciatore, porque no mentía, venía a desalojar y lo frenábamos. Este proyecto es una erradicación y sin el consenso del barrio no va a salir. Vamos a seguir resistiendo”.

 

SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL BARRIO CARLOS MUGICA (VILLA 31 y 31 Bis): LARRETA PIDE AUTORIZACIÓN A LA LEGISLATURA PARA QUE LAS TIERRAS PASEN A MANOS DEL MERCADO INMOBILIARIO ESPECULATIVO

Por Observatorio del Derecho a la Ciudad

 

El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en fecha 18 de septiembre de 2018 remitió a la Legislatura de la Ciudad el Proyecto de Ley N° 2736-J-2018 que tiene por objeto la re-urbanización del Barrio “Padre Carlos Mugica” ( Villa 31-31bis).

Este Proyecto de Ley tiene un norte muy claro, transformar un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión lento de su población y quebranto de su identidad barrial haciendo accesible el suelo a la explotación futura y especulativa del mercado inmobiliario.

 

¿Cuál es una de las principales directrices de un proceso de integración social y urbana?

Que el Barrio Popular, en este caso, el Barrio Carlos Mugica, no sea destruido en su totalidad y reemplazada su población. Al contrario, la integración social y urbana implica que en dicho barrio se acceda en forma igualitaria a los servicios públicos y al equipamiento urbano en las mismas condiciones que en el resto de la ciudad y, al mismo tiempo, que se reconozca la identidad, la cultura, la morfología, los lazos sociales y económicos que fue construyendo su actual población. Y, además, que dicha integración social y urbana sea sustentable en el tiempo, es decir, que perdure sin plazo de expiración. No constituye una verdadera integración si se permite, con el paso del tiempo, la expulsión de las familias por la presión del mercado inmobiliario frente a su debilidad económica. Integrar antes que nada es no permitir que sea el mercado inmobiliario el que decida quién puede y quién no puede vivir en la ciudad.

 

¿Cómo es el esquema de expulsión del barrio y de entrega de tierras públicas al mercado especulativo inmobiliario que propone el Proyecto de Ley de Larreta?

1. El art. 55 el proyecto de ley establece:

“Los cargos sobre las parcelas y/o unidades funcionales definidos en los artículos 48° y 50 podrán ser modificados en tanto se cumplan los incisos a) y b) del artículo 53 de la presente norma y además:

a) Se resguarde el porcentaje de usos permitidos dispuestos en la Normativa Urbanística que como Anexo II forma parte la presente ley.

b) El comprador abone (tres) veces el valor de la hipotecapor adelantado, en concepto de carga en favor del proceso de re-urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica o para otros procesos análogos de integración social y urbana dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

 

1. Si bien los arts. 48 y 50 del proyecto de ley establecen que la escrituración de las parcelas a las familias del Barrio tendrán como cargo ser destinadas a vivienda única y de ocupación permanente y, en el caso de las escrituraciones a asociaciones civiles tendrán como cargo ser destinadas a uso  social o comunitario; el art. 53 del proyecto de ley autoriza que las familias del Barrio, que serán las nuevas propietarias, puedan vender su vivienda siempre y cuando demuestren que cuentan con otra solución habitacional definitiva y cancelen el valor total de la hipoteca constituida sobre el inmueble.

 

1. Se establece que aún cuando las familias del barrio, constituidas en las primeras propietarias, vendan su vivienda, sobre ésta continuará vigente el cargo de ser destinadas a viviendas únicas y de ocupación permanente.

 

1. Este cargo desaparece si el nuevo comprador le paga al GCBA tres (3) veces el valor de la hipoteca por adelantado.

 

Es decir, la TIERRA PÚBLICA se transformará en tierra con destino a VIVIENDA SOCIAL cuando pasen a propiedad de las familias que actualmente viven en el Barrio para luego transformarse en TIERRA PARA LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA cuando los futuros compradores paguen al GCBA tres (3) hipotecas y queden liberados de todo cargo social.

En definitiva, Larreta está pidiendo a la Legislatura autorización para que la tierra pública que actualmente está ocupada por un Barrio Popular termine finalmente en manos del mercado especulativo inmobiliario. Este proyecto de ley tiene como primer objetivo que la tierra que se encuentra fuera del comercio por ser pública, por ser de la ciudad, sea mercantilizada, es decir, ingrese al mercado inmobiliario y quede simplemente sujeta a los mandatos de criterios puramente económicos sin la necesidad de cumplir ningún fin social.

Cabe destacar que las hipotecas estarán en peso y, por lo tanto, este valor de referencia se irá licuando con el paso del tiempo. Este valor objetivo que deberá pagarse para eliminar el cargo de vivienda única dentro de diez (10)  años se habrá despreciado considerablemente. Esto hará que el pago para que el suelo deje de estar destinado a vivienda social será insignificante para los interesados en hacerse de este suelo tan valioso.

Además, de acuerdo al art. 59 del proyecto de ley, el espacio aéreo no edificado puede quedar en manos del GCBA si la familia no manifiesta la voluntad de adquirir el dominio sobra dicha superficie no construida del lote y si no cuenta con los ingresos suficientes. En estos casos, el valor de la hipoteca también será inferior haciendo más accesible el pago de las tres (3) hipotecas para los futuros privados que deseen eliminar el referido cargo.

 

1. Colabora con este objetivo, la desprotección en la que quedarán las familias del barrio por el shock económico que implica pasar de la informalidad a la formalidad. Las familias deberán pagar de un momento a otro, sin que puedan adaptarse y en un contexto de grave recesión económica del país, el crédito por la vivienda que adquirirán en propiedad, las expensas, los servicios públicos, los impuestos inmobiliarios, etc.

El proyecto de ley no tiene ningún esquema de protección de las familias para que el peso de las deudas y los costos económicos de la formalidad no sean un arma de presión para que decidan vender su propiedad o para que no terminen sin servicios públicos por falta de pago.

Solamente en el art. 28 se establece que:

“Artículo 28.- La autoridad de aplicación realzará las gestiones que resulten necesarias ante las empresas prestatarias de los servicios públicos, los entes reguladores y cualquier otro organismo nacional y/o local competente, a fin de posibilitar el acceso a reducciones tarifarias suficientes, para que los costos para los/as beneficiarios/as sean en la medida de sus capacidades y sin perjuicio de su subsistencia”.

En el Proyecto de ley, la protección de las familias queda sujeta no a un resultado cierto sino a meras gestiones cuyo éxito dependerán de la voluntad de las prestatarias de los servicios públicos. No se dispuso ningún mecanismo de subsidio, ayuda económica u otra herramienta para evitar los efectos que genera el endeudamiento o los cortes de los servicios públicos.

Los límites establecidos en el proyecto de ley en relación al tope del monto de las cuotas no incluye el importe que se deberá pagar en calidad de impuestos y servicios que se sumarán a dicha cuota, y que en conjunto erosionarán sustancialmente las economías domésticas.

En el relevamiento que hizo el gobierno en el año 2017, el 68,8 de los hogares se encontraba bajo la Línea de Pobreza.

 

1. Este proyecto de ley pretende que el Barrio pierda todo poder de decisión en relación a su proceso de integración social y urbana. Los derechos y la dignidad política del barrio se traducen en la facultad de tomar decisiones conjuntamente con el GCBA. Al contrario, los representantes del Barrio y, por ende, éste en su totalidad, se transforman en meros consejeros del gobierno con facultad solamente para realizar recomendaciones no vinculantes. Las decisiones quedan en cabeza de los funcionarios que no tendrán ninguna obligación de consensuarlas con el barrio. Esto surge con claridad del art. 6 y 8 del proyecto de ley que,en vez de crear una Mesa de Gestión Participativa como en las otras villas de la ciudad, crea el “Consejo Consultivo para la Gestión Participativa del Proceso de Re-urbanización del Barrio Padre Carlos Mugica”.

 

1. El proyecto de ley pretende eliminar en forma integra el sector Bajo Autopista del Barrio (art. 35 inciso b) sin brindar razones técnicas ni fundamentos de dicha decisión. La voluntad manifiesta del gobierno es aprovechar todas las medidas y excusas para liberar suelo del Barrio para el futuro ingreso de comercios foráneos u otras actividades que compitan y destruyan la economía productiva y de servicios local.

El art. 22 del proyecto de ley establece que la Autopista Pres. Arturo Umberto Illia se transformará en un “parque metropolitano”. Cabe aclarar que este “Parque” no puede considerarse un espacio verde por no contar con suelo absorbente tal como lo define el Código de Planeamiento Urbano. Además, sólo se exige el 65% de espacio verde del total de la superficie de la ex Autopista. Más allá de esto, esta decisión destruye el argumento del gobierno para forzar la relocalización de todo el sector Bajo Autopista. El gobierno expresaba que las familias por cuestiones ambientales no deberían vivir bajo una autopista. La autopista dejará de existir para transformarse en un “Parque Metropolitano”. ¿Por qué el gobierno insiste en relocalizar en forma íntegra la totalidad de un sector del barrio? Para liberar en forma interrumpida tierra del Barrio para instalar nuevos comercios importados para desmantelar la economía del barrio.

 

1. Otra forma de desmantelar la estructura económica del barrio para debilitar económicamente a las familias está dispuesta en el artículo 71 del proyecto de ley que permite al gobierno instalar nuevas actividades económicas que no sean llevadas adelante por los actuales habitantes siempre y cuando dichos proyectos productivos generen al menos un 20% de empleo formal en beneficio de los/as vecinos/as del Barrio.

Iniciativa destinada a la transformación del barrio no para sus habitantes sino para los nuevos emprendimientos que el GCBA tiene pensado para ese sector de la ciudad que es uno de los más valiosos por su ubicación.

 

1. El anterior proyecto de integración social y urbana del barrio (Dictamen aprobado en el año 2011 en cumplimiento de la Ley N° 3.343) establecía la construcción de 2.500 viviendas nuevas. El proyecto de ley no establece cantidad de viviendas nuevas pero el GCBA informó el 24 de septiembre en la Legislatura de la ciudad que las viviendas nuevas serán menos de 1.200. Es decir, más de la mitad de viviendas no se construirán y la altura de los complejos habitacionales no superarán la PB + 3 pisos. Esto tiene como objetivo impedir que el Barrio se consolide con viviendas nuevas y que a los desarrolladores inmobiliarios le resulte más fácil comprar complejos habitacionales con menos unidades funcionales.

 

1. En el proyecto de ley, el gobierno se reserva inmensos predios como zonificación Urbanización Futura. De acuerdo al texto del proyecto de ley, estos distritos estarán destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo, en base a normas y programas especiales. Es decir, se extraen estas superficies del predio del proceso de integración social y urbana para ser destinados a futuro, seguramente, a emprendimientos inmobiliarios privados.

 

1. El proyecto no establece cuál será el valor que deberán pagar las familias por sus viviendas. Decenas de familias ya fueron relocalizadas en las viviendas terminadas del Conjunto Habitacional Containera y aún no saben el precio que deberán pagar en cuotas.

 

1. La Secretaría de Integración Social y Urbana, a pesar de que la Ley N° 3.343 prohíbe los desalojos forzosos, realizó varios desalojos violentos de familias que no estaban de acuerdo con relocalizarse. Cualquier voluntad contraria a los intereses del gobierno, son respondidas por parte de la secretaría con represión, violencia o amenazas.

En esta línea, en el proyecto de ley no figura de manera expresa la prohibición de desalojos forzosos del barrio.

 

1. Todas estas propuestas del proyecto de ley se enmarcan en la voluntad explícita del gobierno del Pro de re-urbanizar el Barrio Carlos Mugica a través del mercado inmobiliario. Esto implica expulsión de su población a largo plazo y la transformación íntegra del barrio de acuerdo a los designios del capital financiero inmobiliario.

La sociedad porteña está destinando ingente recursos (endeudamiento, venta de otras tierras públicas, recursos presupuestarios, etc.) porque cree que lo mejor para la ciudad es caminar hacia la integración social y urbana de cada sector de la ciudad y que ésta perdure en el futuro. En cambio, el gobierno de Larreta está usando todos estos recursos que nos pertenecen para facilitar que los desarrolladores inmobiliarios se hagan de estos suelos tan codiciados para emprendimientos que no estarán destinados a las familias que necesitan vivienda sino para aquellos sectores de mayores recursos económicos de la sociedad y para fines financieros-especulativos.