Red de radios

9.2.2020

Lo presentó el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la diputada Gabriela Cerruti, con el patrocinio jurídico de Jonatan Baldiviezo y Alejandra Iriarte, con el objetivo de que se declare inconstitucional la venta del predio Costa Salguero que autorizó la Legislatura a través de la Ley N° 6.289.

La causa judicial tramita bajo el Expte. N°429-2020/0 en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
La concesión del Predio Costa Salguero vence en el año 2021. A su finalización, este predio de 18 hectáreas, debía transformarse en un gran parque público de acceso libre y dentro de un plan de recuperación de la Costanera.
Sin embargo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remitió un proyecto de ley a la Legislatura el 5 de diciembre de 2019, y ese mismo día el parlamento de la Ciudad autorizó la privatización definitiva de esta parte de la Costanera.
“Hechos como este no suceden en ninguna de las ciudades importantes del mundo, salvo en Buenos Aires dónde las excepciones para construcciones y las privatizaciones son el eje estructural del gobierno”, afirman los denunciantes, quienes explicaron:
1. La venta de Costa Salguero forma parte del Plan de Macri-Larreta para que la especulación inmobiliaria se apropie de toda la Costanera de la Ciudad y extienda Puerto Madero hacia el norte y el sur
(Las privatizaciones del Distrito Joven, el Puerto de Buenos Aires. Distrito Quartier, venta de tierras públicas alrededor del Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31), predios para el Tiro Federal, relleno del Río de la Plata para estacionamientos subterráneos, privatización de Punta Carrasco, venta de las tierras de Catalinas Norte II y Sur II, venta de la manza IQ en Puerto Madero, construcción del Paseo del Bajo y el cambio de la traza de la Autopista Illía, re-urbanización expulsiva del Barrio Carlos Mugica, etc.)
2. Esta Plan está pensado para generar una nueva desigualdad social y espacial, una nueva fractura urbana entre el Este y el Oeste de la Ciudad. La conformación de un sector ribereño de la ciudad para ricos y un sector mediterráneo con todos sus servicios públicos colapsados.
3. La aprobación de la Ley N° 6.289 no cumplió con el procedimiento constitucional de sanción de leyes que exige una audiencia pública obligatoria antes del tratamiento legislativa y otra audiencia pública durante el procedimiento de doble lectura. Una decisión tan importante se tomó en un día y sin escuchar a la ciudadanía.
4. Viola el art. 8 y 27 de la Constitución de la Ciudad y su Plan Urbano Ambiental que exigen que estos predios se transformen en granes parques públicos sin restricciones económicas.
5. Viola el principio de progresividad al soslayar más de 20 años de normativas y lineamientos urbanísticos para la Costanera y modificar el eje de lo público, la defensa del bien común por el interés privado.

8.2.2020

Luego de cinco días sin servicio eléctrico en la zona de Villa del Parque, vecinos y comerciantes de la zona se organizaron cortando avenidas y las vías del tren San Martín. Reclaman una respuesta urgente por parte de Edesur.

Vecinos del barrio junto con comerciantes de la zona están afectados por la falta de energía desde hace cinco días. Luego de una semana donde la térmica superó los 40° en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, causando cortes de luz en distintos puntos de la ciudad que afectaron a decenas de miles de usuarios, en Villa del Parque la empresa Edesur sigue sin restablecer el servicio.
Frente a la falta de una solución por parte de la empresa, decidieron cortar las vías del tren San Martín, y también algunas esquinas de la zona como Av. San Martín y Beiró, y Concordia y Beiró.
De acuerdo al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE), esta tarde había casi nueve mil usuarios bajo la órbita de Edesur que continuaban sin servicio eléctrico, en los barrios de Pompeya, Monserrat y Villa del Parque. La misma cantidad calculaban de afectados por cortes de Edenor.

6.2.2020

Revés para Larreta. La Justicia porteña falló a favor de suspender la audiencia que trataría el aumento de los parquímetros. La cautelar fue presentada por Myriam Bregman y Alejandrina Barry, diputadas porteñas del Frente de Izquierda.

Como informáramos por este medio, las diputadas porteñas del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Alejandrina Barry, presentaron una cautelar ante la justicia para frenar la audiencia del GCABA que trataría el aumento de los parquímetros de la ciudad.
El Juzgado en primera instancia en lo contencioso administrativo y tributario Nro. 2 a cargo del Juez Roberto Andrés Gallardo, falló a favor de suspender dicha audiencia. El mismo resuelve: “Hacer lugar a la medida cautelar autónoma peticionada en autos y consecuentemente disponer la suspensión de la audiencia convocada por el GCBA mediante decreto 11/20 para el día 7 de febrero de 2020, con el objeto de tratar la modificación de la tarifa del servicio público de estacionamiento medido en la vía pública”.
Como argumentación a favor de la cautelar, que denunciaba los errores en la convocatoria a la audiencia pública, el Juzgado denuncia: “Se trata de un error esencial, que afecta insanablemente la validez de la convocatoria, dado que quienes como las actoras quisieron ejercer su derecho constitucional y legal de tomar vista de las actuaciones, se vieron imposibilitados de hacerlo como consecuencia de la deficiente convocatoria. Así, resulta clara la transgresión al derecho al acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna consagrado en el art. 46 de la Constitución local…”
Las diputadas explicaron “Hace años que denunciamos el negociado de los parquímetros y este año quieren aún más ganancias a las empresas que acarrean. Han extendido la capacidad de las grúas para el remolque a casi toda la ciudad, otorgándole de forma gratuita las playas de acarreo a las empresas”.
Y denunciaron al gobierno de Larreta y su falsa publicidad: “Por más que quieran promocionar el Metrobus, la Ciudad organizada por el PRO no garantiza un tránsito fluido ni estacionamientos seguros” y remarcaron el objetivo del gobierno de la ciudad “de una necesidad hacen un negocio”.
Al mismo tiempo las empresas concesionarias fueron blanco de la denuncia de las diputadas, “Las empresas encargadas de los acarreos pagan 55 mil pesos por mes por la concesión mientras se estima que tienen ganancias de 12,5 millones de pesos en el mismo periodo. Es realmente una estafa”.

5.2.2020

A seis años del incendio y posterior derrumbe del depósito de la empresa Iron Mountain, en el que perdieron la vida diez trabajadores públicos, la legisladora porteña del Frente de Todos, Claudia Neira, junto al presidente del bloque, Claudio Ferreño, la vicepresidenta 2° de la Legislatura, María Rosa Muiños, y el vicepresidente del bloque, Javier Andrade, presentaron un proyecto de declaración con el objetivo de recordar y rendir homenaje a los “Héroes de Barracas”.

Entre los fundamentos del proyecto los legisladores señalaron, en un nuevo aniversario de la tragedia, que aún no se conocen fehacientemente las causas del incendio. Además, recordaron que en 2015 los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales en los que se concluía que este podría haber sido intencional.
Un incendio intencional, 10 víctimas, miles de documentos destruidos, funcionarios macristas procesados que Larreta mantuvo en su gobierno.
Ya son 6 años de injusticia. Los argentinos merecemos saber la verdad. #IronMountain
«Este lamentable hecho dejó en claro la necesidad de readecuar el proceso de control y fiscalización de las actividades desarrolladas por industrias y comercios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo que no es posible que un hecho semejante vuelva a suceder», expresaron desde el Frente de Todos.
Los legisladores destacan el «coraje, valor y compromiso con el servicio público» de quienes perdieron la vida en esa jornada, 5 bomberos de PFA, 2 rescatistas y 3 bomberos voluntarios que trabajaban para apagar el fuego: Anahí Garnica, -primera mujer bombera del cuerpo profesional de la Policía Federal Argentina- Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli; Sebastián Campos, Facundo Ambrosi, José Méndez y Pedro Barícola. Asimismo, hacen llegar su solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas, quienes siguen bregando por verdad y justicia para determinar los responsables de dicha tragedia.

5.2.2020

Por Cosecha Roja

¿Por qué se incendió la planta de Barracas? ¿Qué documentos buscaban eliminar? ¿Por qué los familiares de los muertos no pueden tener acceso a la investigación judicial?

Seis años. Diez muertos. Una causa de más de cuatro mil fojas con pericias, testimonios, documentos. Diecisiete procesados: doce funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tres ejecutivos de la empresa, el director de mantenimiento de la planta y un empleado de seguridad. Detrás de esas cifras se ocultan algunas incógnitas: ¿por qué se incendió la planta de Iron Mountain en Barracas? ¿Qué documentos buscaban eliminar? ¿Por qué los familiares de los muertos no pueden tener acceso a la investigación judicial?
La causa quedó frenada pendiente de una resolución. El lunes la Sala II de la Cámara Nacional de Casación decidirá si acepta como querellantes a los familiares de las víctimas. “Las defensas dicen que los familiares no pueden acceder penalmente porque en algún momento llegaron a un acuerdo civil. Pero el nuevo Código Civil borró de un plumazo eso. Fundado en eso vamos a ir ante Casación”, explicó el abogado Javier Moral, representante de los familiares de las 10 víctimas.
Sebastián Campos había cumplido 34 años un mes antes. Tenía una hijita de un año y medio. Viajaba todos los días desde Florencio Varela en su Ford Falcon al cuartel de Vuelta de Rocha, en La Boca, donde trabajaba como bombero voluntario. Mecánico de oficio, se ocupaba del mantenimiento de cinco autobombas, un jeep y una camioneta. Estaba de guardia cuando a las 9.15 de la mañana del 5 de febrero de 2014 sonó la alarma.
La explosión en Azara 1245 se escuchó como el estruendo de un rayo. Debajo del paredón de ocho metros quedaron atrapados los bomberos. En el incendio murieron Sebastián y su amigo Facundo Ambrosi, de Vuelta de Rocha; seis bomberos de la Federal y dos agentes de Defensa Civil.
Cuando el fuego desapareció la columna de humo blanco todavía cubría el cielo de Barracas. La montaña de escombros superaba los tres metros: vigas retorcidas, ladrillos. Los restos de papeles quemados eran arrastrados por la brisa. Podían verse algunos con membretes de bancos, empresas de transporte y energía, laboratorios.
La lista de empresas era extensa: los bancos HSBC, Patagonia y Santander Río, Metrovías, Petrobras, Sideco, Endesa Costanera, Panamerican Energy, Laboratorios Richmond, Pampa Energía, entre otras.
La querella -y muchos otros- están convencidos de que el incendio fue intencional. ¿El motivo? Eliminar documentos -guardados en la planta- que probaban el lavado de dinero. Las pruebas podrían confirmar esa hipótesis. “Las pericias dicen que estaban dadas las condiciones para que se prenda fuego adrede -explica Moral-. La cisterna estaba vacía; la llave que permitía tomar agua de la red pública no sólo estaba cerrada, la habían quitado; las bombas presurizadoras para los rociadores no funcionaban y había cajas apiladas que tapaban esos rociadores y no permitían el vuelo libre”, enumeró.
También se encontraron “acelerantes” que hicieron que el fuego se propagara más rápido. Eso lo notaron enseguida los bomberos que fueron a apagar el incendio. Los sobrevivientes lo dijeron en la causa judicial: la temperatura era mucho más alta que en un incendio común.
En seis años la causa pasó por varias etapas. Primero se investigaron por separado los delitos de lavado de dinero y estrago doloso seguido de muerte. A partir de un pedido de los familiares, la Sala VI de la Cámara Penal ordenó unificar las causas y aceptar como querellantes a los familiares, que entendían que el incendio y la muerte de las 10 personas eran una consecuencia de las maniobras de lavado.
En la causa había 35 acusados. En marzo de 2018 fueron sobreseídas 18 personas. Las 17 restantes fueron procesadas por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”. La querella apeló los sobreseimientos. La misma sala 6 que tiempo atrás había aceptado la participación de los familiares en la causa (con otra composición) dio marcha atrás y rechazó a los familiares como querellantes.
En ese punto la causa se estancó: las apelaciones de los sobreseimientos y las confirmaciones de los procesamientos quedaron pendientes de la decisión de la Cámara de Casación Nacional. Este lunes la audiencia en el Palacio de Tribunales comenzará a destrabar una investigación que ya lleva 6 años.