Red de radios

8.7.2020

¿Qué responsabilidad tiene o debería tener el gobierno de la Ciudad?
El GCBA tiene desde el año 2000 una ley de salud mental que es la 448. Esta ley es de una época donde todavía no había llegado la horda amarilla, en tiempos de Ibarra, era una ley progresista. Fue la primera ley que defendía los derechos de las personas internadas en los manicomios. Nunca se respetó esa ley y nunca se puso en práctica lo que aconsejaba, que era que los derechos de las personas internadas sean respetados y que tuviesen una salida cuando son externados, acorde para su vida. Que tengan vivienda, trabajo, cooperativas.
Cuando asume el macrismo la máxima responsabilidad que tuvo fue el 26 de abril de 2013, cuando a las 5 AM por el portón trasero ingresaron 400 efectivos de la policía metropolitana -hoy Policía de la Ciudad- con enormes topadoras y derribaron el Taller 19. Un taller protegido, en el cual se enseñaban oficios como carpintería y herrería a los internados para que tengan una salida laboral. Había un gran grupo de personas que enseñaba el oficio con mucho cariño, un grupo que fue totalmente disgregado. Entraron con las topadoras y tiraron abajo todo, las computadoras, las maquinarias, todo. Fue una jornada trágica. Todo esto produjo una gran rebelión en las personas que estaban trabajando en ese momento. Llamaron a compañeros, vino muchísima gente y cuando se juntó un número considerable de personas, comenzaron a disparar balas de goma indiscriminadamente y a lanzar gas pimienta y lacrimógeno. Fueron atacados los compañeros internados, periodistas, gente de los gremios, políticos, y un mundo de gente que fue a manifestarse. 4 trabajadoras y 1 trabajador fueron llevados a la comisaría, donde permanecieron 5 horas esposados. Al día de hoy siguen con la causa por desacato a la autoridad.
En cuanto a la alimentación, los beneficios de la población de los manicomios son nulos. El GCBA terceriza todo: la comida la hace una empresa privada, la seguridad es de una empresa privada y la limpieza la hace otra empresa. La responsabilidad del GCBA es cuidar estos ciudadanos. Lo que pasó el viernes 22 cuando una jauría de perros atacó a un interno que terminó falleciendo, es una responsabilidad de la que tiene que responder legalmente el GCBA. El CELS había advertido la existencia de las jaurías y ellos las negaron. Ellos lo evaden fácilmente: se llevan esos perros al Pasteur y ya deben estar encerrados en jaulas o muertos.
La responsabilidad de ellos es total, son los responsables directos. Dentro del Borda había una cárcel hasta el 2010 la cual estaba a cargo del SPF para personas inimputables para la ley, aquellas que no tienen discernimientos. Como es una persona altamente peligrosa para el servicio penal se constituyó esa cárcel, la que se reproduce en el hospital Moyano. Ellos van a tener que pagar legalmente por la muerte de este usuario. El CELS en el informe Vidas Arrasadas detallaron las violaciones a los derechos humanos que existen: violaciones, vejaciones, torturas, celdas de aislamiento, personas desnudas, personas aisladas sin comida y sin acceso a la luz solar. En el Moyano hubo personas en celdas de aislamiento durante años.

¿Ven un panorama posible para resolver esta situación?
El panorama posible es un poco la desilusión. La ley 26.657, ley nacional que se promulgó en 2010 y se debía comenzar a implementar en 2013 nunca lo hizo por intereses económicos enormes, como son los de los laboratorios y la burocracia sindical ligada a los laboratorios.
Las organizaciones sociales trabajamos en la reinserción de esas personas. Trabajamos para que vuelvan a tener una identidad propia, la identidad que fue borrada, su nombre y apellido fue transformado en una historia clínica. Como dice Alfredo Moffat “los espejos no existen”, están prohibidos, el reloj te lo quitan y el DNI te lo quitan. A eso hay que sumarle la sobre medicación y el padecimiento mental, el cual no mejora, por el contrario, empeora. Hay personal que pone la mejor voluntad, con las mejores intenciones, ayudan a los usuarios como si fueran familiares, festejan los cumpleaños, las fiestas, el fin de año, hacen lo imposible. Gente que gana muy poca plata, que vienen de lugares muy lejanos y en este panorama arriesgan su vida.
El panorama está dado desde la propuesta de las redes en la desmanicomialización, el fin de los manicomios, instituciones tan arcaicas que no deberían existir más. Transformar los centros de atención de padecimientos monovalentes a que todos los hospitales tengan un área de salud mental, como hay un área de traumatología o de ginecología. En los CESAC debería existir una atención primaria. Los hospitales están estallados y boicoteados por el GCBA, con personal muy mal pago, a los que tenés que ir a las 3 de la mañana a buscar un número. Se debe terminar con el manicomio y que las personas tengan otra salida para su externación. No se enseñan profesiones, son liberados a su propia suerte. A partir de los talleres de externos es que solamente vuelven a socializar. Esas personas deben socializar, deben encontrarse en grupos, en colectivos donde socializar.
Las obras artísticas deben salir del hospital al exterior, tienen que tener una estética de excelente calidad. Tienen que llevar una denuncia de lo que está ocurriendo. Nosotros hicimos una obra por tres años en el ex Olimpo y estábamos todos de negro. Cuando nos ovacionaban y se acercaban a nosotros nos preguntaban cuáles eran los locos. La respuesta es “¿Cuál para usted es un loco?”. Esto genera un resquebrajamiento dentro de la estructura, cuando sale esa denuncia. Las denuncias repercuten.

¿Cuáles son las demandas urgentes?
Las demandas urgentes están basadas en el cumplimiento de la Ley 26.657 de Salud Mental. No en sus preceptos legales, sino en la conformación de medios para que las personas puedan reinsertarse en la sociedad. A través de las casas de medio camino, los alquileres compartidos, pago de hoteles, a través de subsidios habitacionales. No apuntamos sólo a lo individual sino a lo colectivo, que puedan vivir juntas. También un programa de integración comunitaria que el FAB creó junto a compañeros y compañeras del Moyano y gente del MOI que consistía en pasar de vivir en hoteles a Cooperativas de Viviendas de BA y GCBA. Lo importante es que se integren organizaciones sociales, políticas y barriales, que en sus cooperativas de vivienda acepten a personas externadas que no tienen donde vivir. Esto lleva un trabajo muy fino. Cuando en las asambleas les decías a los compañeros de las cooperativas que iba a ir a vivir con ellos unas personas de un manicomio les generaban miedo. Es un miedo ancestral de las personas, ¿los locos van a venir a vivir con nosotros? Que es lo mismo que pasó con las cooperativas de viviendas cuando les otorgaron los lugares y los vecinos se enteraban que iban a vivir ahí. La idea social es que viene gente peligrosa. Hay que romper con esa idea. Los externados que están viviendo en las cooperativas son los más queridos, porque están cumpliendo al día con el pago de las cuotas del Instituto de la Vivienda y con el trabajo voluntario, de ayuda mutua. Ellos lo cumplieron como los mejores.
La demanda urgente es el cumplimento de esta ley que decía que en 2020 no iba a haber más manicomios. El gobierno macrista pasó del Ministerio de Salud a una Secretaría, y la Secretaría de Salud Mental pasó a ser una oficina. Este nuevo gobierno le asignó el título de Secretaría a Salud Mental. También hay que hacer un trabajo de concientización en la población. La ley debe cumplirse completa, más allá de lo bonito que sea. Deben terminarse lo manicomios, que no significa que los trabajadores terminen en la calle. Nadie va a perder el trabajo, va a haber más trabajo. Porque va a estar distribuido en los hospitales y en los centros de salud comunitaria, sumado a grupos de psicólogos, psicólogos sociales, enfermeros, acompañantes terapéuticos, artistas. Eso va a demandar mayor cantidad de trabajadores.

¿Desde el frente de Artistas cómo están viviendo esta coyuntura? ¿Tuvieron conflictos en particular?
El FAB está desde 1984 trabajando en los talleres artísticos, esta es la primera vez que el Subdirector del Hospital nos dice que los talleres nuestros, los de Cooperanza y los demás quedan suspendidos. No podemos hacer talleres ni asambleas. Todos los talleres del FAB están abiertos a todo el público y son totalmente gratuitos. En esta coyuntura tampoco pueden ingresar familiares y amigos. Realmente estamos viviendo este tema muy mal. En el Borda hay talleres de lunes a lunes, es un lugar donde pueden tomar mate, compartir algo, hacer viajes y todo eso lo perdieron los compañeros internados. Quedan más aislados que nunca, y desde el FAB nos sentimos muy mal, no podemos hacer nada. Tuvimos conflictos desde la prohibición y por las violaciones a nuestros espacios físicos. El viernes pasado vi que el candado de la puerta principal de uno de nuestros galpones no estaba y habían reventado la puerta. Cuando entré vi que armarios de los talleres de música y teatro fueron violados. No son pérdidas enormes porque siempre hemos sufridos robos. Todo esto con la ausencia total con las varias compañías de seguridad que trabajan en el hospital. Los vigiladores no están nada preparados. Personas que tal vez están en un banco o en un country la mandan al Borda sin preparación. Hubo agencias que tuvieron que irse porque violentaban a los compañeros internados, les pegaban. No tienen conocimiento y usan la fuerza bruta. Cambiaron las agencias, pero esto es como las comisarias: cuando estalla una bomba en una comisaria sacan un comisario y traen uno con la misma ideología. Nosotros vamos a iniciar las acciones legales correspondientes. El CELS también inició acciones judiciales por el asesinato por la jauría de perros del compañero Jorge. El hospital niega la existencia de todas las organizaciones sociales y sí avala el CC Borda que es dirigido por un psiquiatra, que es un empleado del hospital y del GCBA. Este psiquiatra comanda un CC que considera que son los únicos que pueden manejar el tema artístico. Un psiquiatra se pone en el lugar de un artista y dicen que las obras no tienen que salir al exterior.
*La entrevista se realizó con la colaboración técnica de María Fernanda Domínguez, quien participa en la coordinación del mismo taller en el FAB.

7.7.2020

La justicia declaró que el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires incumplió medidas cautelares para proteger a personas en situación de calle frente a la pandemia por Covid-19 y apercibió con una multa de 10.000 pesos al jefe de gabinete, Felipe Miguel, por cada día de demora en cumplir el mandato judicial.

La medida cautelar dictada el 5 de junio de 2020 que fue incumplida indicaba que el gobierno porteño debía:
a) Arbitrar las medidas necesarias para notificar a cada dispositivo que integra la red de alojamiento del GCBA, en el plazo de cinco (5) días, el Protocolo de actuación para prevención y manejo de casos sospechosos con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) en los Hogares, lugares y/o dispositivos de resguardo / aislamiento para personas mayores sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la (Institución), IF-2020-13687754-GCABA-DGDAP, y asegurar su observancia por parte de cada uno de todos los paradores y hogares, a quienes deberá dotar de los profesionales de la salud que fueran necesarios en cada uno según su caso.

b) Acompañar a la causa, por medio del órgano que corresponda y dentro del plazo de cinco (5) días, toda la documentación relativa a los testeos de COVID-19 que se hubiesen realizado a las personas alojadas en los paradores, indicando fecha del testeo y resultado obtenido.

c) Asegurar la vacunación contra la gripe a la totalidad de los residentes y trabajadores de los hogares y paradores con que cuenta la Ciudad y, en el plazo de cinco (5) días, acompañe a la causa el plan de acción para ello y toda la documentación relativa a cada uno de los dispositivos donde ya se hubiese llevado adelante dicha campaña, con detalle del total de las personas alojadas en cada uno de los dispositivos y de aquellas que recibieron la vacuna.

d) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar la vacunación contra la gripe a las personas que se encuentran en efectiva situación de calle, debiendo acompañar a la causa la planificación de tal medida y de su implementación, dentro del plazo de diez (10) días.

e) Informar y acompañar a la causa, en el plazo de cinco (5) días, documentación que de cuenta de la cantidad de camas disponibles en cada dispositivo, así como los ingresos y egresos producidos desde el 20 de marzo de 2020 a la fecha, y la periodicidad, detalle y cantidad de insumos que se entregan para la protección del personal y alojados en los dispositivos referidos, tales como barbijos, guantes de látex, alcohol, elementos de limpieza.

f) Notificar a todos los dispositivos de la red de alojamiento de esta ciudad el Protocolo de actuación ante sospecha y/o confirmación de COVID-19 (Coronavirus) en un Hogar o Parador transitorio para personas en situación de Calle, lo que deberá acreditarse en la causa en el plazo de cinco (5) días. Asimismo, arbitre las medidas necesarias para asegurar su observancia en cada dispositivo y se proceda al traslado de las personas con confirmación de COVID-19 a unidades extra hospitalarias.

La medida cautelar y su incumplimiento fueron planteadas, entre otros colectivos, por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la CTA Capital.

RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR
Asimismo, en lo que concierne al Protocolo en sí mismo, se advierte que, tal como lo denunciaron las partes, se activa “ante detección de personas con síntomas de sospecha, contactos estrechos de casos confirmados debidamente notificadas de COVID-19 en los dispositivos propios y conveniados pertenecientes a la Gerencia Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con el fin de reforzar las medidas que deben ser tomadas por los equipos responsables en cualquier unidad dependiente de la Dirección General Atención Inmediata (en adelante DGDAI) del ministerio anteriormente mencionado”.

En este punto, resultan acertadas las observaciones efectuadas por los actores, en cuanto a que dicho protocolo resulta “ineficaz para impedir que las personas que se encontrasen en paradores pudieran contagiarse masivamente”, debido a que, durante el tiempo de incubación del virus, la persona que lo posee no presenta síntomas –por lo que el protocolo aun no se activa- pero ya sería capaz de propagarlo (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses).

Es que, de la lectura del propio protocolo se advierte que éste no tiende a evitar dicha situación sino a pautar el accionar, justamente, frente a la advertencia de síntomas, y “con el fin de reforzar las medidas que deben ser tomadas por los equipos responsables en cualquier unidad dependiente de la Dirección General Atención Inmediata” (ver introducción), pero debido a la inexistencia y/o escasez de dichas medidas que se pretenden reforzar y a las dificultades edilicias y funcionales que presentan los dispositivos para dar cumplimiento a las medidas básicas de higiene, al distanciamiento social y al aislamiento, el protocolo –eventualmente- resultaría útil para encausar una situación de contagio pero no para evitarla.

En este punto, resulta atiente remarcar que no se ha individualizado ni acercado a la causa directriz alguna impartida con el fin de establecer medidas sanitarias de control y preventivas, simplemente se instruyó a las dependencias a extremar las medidas atinentes a la detección de la presencia de sintomatología compatible a las del COVID-19, así como a promover las recomendaciones de la OMS y las resoluciones del Ministerio de Salud de la CABA, relativas a las medidas de higiene preventivas del virus COVID-19 (ver RESOL-2020-127-GCABA-SSACI, del 13 de marzo de 2020).

A su vez, de acuerdo a lo que surge del informe de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD, valorado en la medida cautelar, para un gran número de paradores tampoco resultaría posible llevar a cabo las medidas dispuestas en el Protocolo en cuestión. No contarían con lugares para “asilar a la persona del resto de los habitantes”, resultaría dificultosa la delimitación de “contactos estrechos” -en tanto al compartir los espacios y no siempre poder cumplir el distanciamiento social estos parámetros presentan márgenes difusos-, no siempre contarían con los elementos de protección personal necesarios ni con los insumos indispensables para la higienización del lugar, etc.

7.7.2020

Con más de 19.000 llamados en la pandemia, aumentaron un 48 % con respecto al mismo período del año pasado. Desde el Observatorio de Género de La Izquierda Diario registraron 63 femicidios y transfemicidios desde que empezó la cuarentena al 2 de junio. Alejandrina Barry y Myriam Bregman, diputadas porteñas por el FIT, presentaron un Proyecto de ley para dar respuesta urgente.

Los casos de violencia contra las mujeres subieron de manera alarmante durante la cuarentena en la Ciudad. El ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, a través de la Dirección General de la Mujer, registró, desde el inicio de la cuarentena, un total de 19.722 llamados en la Línea 144, un 48 % más en relación al mismo período del año pasado.
Entre el 20 de marzo (cuando se decretó el distanciamiento social obligatorio) hasta el 31 de marzo se recibieron 2.082 llamados, con un aumento del 36 % (1.551); en abril se registraron 6.191 llamados con un crecimiento del 52,3 % (4.065); en mayo fueron 5.668, un 42,5 % más que en 2019 (3.976); y en junio 5.781, con un crecimiento interanual del 54 %.
El objetivo de la línea es el asesoramiento, acompañamiento y contención de cualquier mujer en situación de violencia por motivos de género que desee pedir ayuda.
La pandemia profundiza las desigualdades, comportamientos y prácticas naturalizadas en los hogares. Un informe de Oxfam calculó que mujeres y niñas en todo el mundo destinan 12.500 millones de horas diarias a las tareas del hogar y el cuidado, que equivaldría a 10,8 billones de dólares anuales si fuera remunerado.
Las mujeres trabajadoras son las que tienen los trabajos más precarizados como call center, delivery, fast food, salud, limpieza, muchas están en primera línea frente al combate al covid o tienen que hacer malabares con el teletrabajo que las patronales aprovechan para aumentar los ritmos laborales, y ahora se suman las tareas de la escuela de los chicos.
Como las mismas trabajadoras de la Línea 144 que, mientras crecen las llamadas y denuncias a la línea, a finales del mes de mayo tuvieron que reclamar que aún no cobraron ese mes, que tienen la forma de contrato laboral más precaria de la Dirección General de la Mujer y que los salarios son de tan sólo $25.100, mientras su tarea es considerada esencial. Exigen el pago de sus sueldos y contrataciones dignas. Ellas están en primera línea enfrentando “la otra pandemia”: la violencia de género, mientras el Gobierno porteño no reconoce sus derechos como trabajadoras.
Al mismo tiempo que las tareas de cuidados y del hogar en época de pandemia ocupan cada vez más tiempo en la vida de las mujeres, también aumentan las denuncias de violencia de género, y los femicidios.
A más de 100 días de iniciada la cuarentena, tanto para el gobierno de la ciudad como para el gobierno nacional, la agenda de género se sigue postergando como si fuera de segundo orden la vida de las mujeres.
Ante las cifras alarmantes de femicidios y casos de violencia de género en el período de la cuarentena, Alejandrina Barry y Myriam Bregman, diputadas porteñas por el FIT, presentaron un proyecto de ley para dar respuesta urgente, que incluye permisos de circulación para las víctimas, asistencia económica, y que se garantice el acceso inmediato a refugios dispuestos en hoteles, inutilizados por la cuarentena.
“Sabemos que muchas veces hay una traba económica para que las víctimas puedan salir del círculo de violencia que suele ser en el ámbito familiar, por lo cual proponemos un régimen de asistencia económica de al menos 30 mil pesos, para mayores de 16 años que lo soliciten y no tengan empleo así como a todas las personas sin distinción que no gocen de licencias pagas por sus empleadores”, continuó Bregman.

7.7.2020

Por Gigi Krein

A través de un comunicado urgente, la Asamblea Popular de Personas en situación de calle anunció el crimen de odio contra alguien sin techo, sin casa, que se exponía a todo tipo de peligros en medio de esta pandemia y crisis social. Sin embargo, el fascismo fue aún más letal que el coronavirus, el hambre y la desidia estatal.

El pasado sábado, alrededor de las 23.30hs, una persona en situación de calle fue prendida fuego en Virrey Ceballos, entre San Juan y Cochabamba. Lamentablemente, estos crímenes de odio son ya conocidos y muchas veces logran pasar desapercibidos, alejados de las agendas de los grandes medios, confirmando la desprotección total de las personas que se encuentran en situación de calle. El año pasado, incluso, un grupo de personas prendió fuego a dos hombres en Mataderos (Alberdi y General Paz) y como si esto fuera poco se filmaron y lo subieron a redes sociales. Llamamos la atención sobre el crecimiento de este tipo de mensajes que sostiene una posición dominante, que representa un crimen de odio, no sólo dirigido a personas en situación de calle, sino ataques y crímenes transodiantes, y un creciente discurso xenófobo.
Contrario a esto, somos también cada vez más las organizaciones que ponemos el cuerpo a intentar resolver todo aquello que el estado no hace, todo esto potenciado por las carencias que evidencia la pandemia y la cuarentena obligatoria. Entendemos que, en primer lugar, muchas personas no cuentan con un techo, siendo esta terrible cifra de 7.251 personas, según el Segundo Censo Popular de Personas en situación de calle (2019). Desde entonces, la crisis económica y social ha ido en franco crecimiento, aumentaron los despidos y la crisis sanitaria fue un duro remate para las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Aquellos que cuentan con un techo, no siempre es lo que pudiese englobarse en el término “vivienda digna”. Se cuentan sólo en CABA, 136 hogares con déficit habitacional, un número irónicamente cercano a las 138.000 viviendas vacías que hay en la ciudad más rica del país. Cerca de medio millar de vecines viven en villas con enormes problemas de acceso a servicios básicos, llegando incluso a encontrarse sin agua en plena pandemia.
En general, se calcula un porcentaje de inquilinos cercano al 40% (tanto en Ciudad formal como en barriadas), lo cual afecta directamente al derecho a una vivienda digna. Ya que el mercado formal pone tantos requisitos para poder acceder a un alquiler (paliados en parte por la nueva Ley de alquileres, muches inquilines pasan a la precarización habitacional, es decir, no tienen más opción que acceder a piezas en hoteles o barriadas. Allí, la violencia y amenaza es ley, y medidas dictadas por el ejecutivo nacional como el DNU 320/2020 que prohíbe los desalojos hasta el 30/09/20, se encuentran completamente veladas por la irregularidad y la poca voluntad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de garantizar su cumplimiento. A su vez, como ya mencionamos en varias oportunidades, denunciamos el recorte de los programas de asistencia a familias en riesgo de situación de calle justamente en este contexto, como ser el otorgamiento de subsidios habitacionales, prácticamente cerrado. También creemos preocupante el visto bueno del GCBA frente a avanzadas de empresarios inmobiliarios como Leonardo Ratushny, a quien la “justicia” permite, en este contexto, avanzar con el desalojo de la Casa Santa Cruz, habitada por 105 familias.
Tal como menciona la Asamblea Popular de Personas en situación de calle en su comunicado: “Estamos consternadxs, llenxs de bronca y dolor. Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio hemos tenido que lamentar muchas pérdidas. El 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caérsele encima un pedazo de mampostería mientras dormía en la calle. El 7 de junio fue Leonardo Macrino, quien sufría un padecimiento mental y fue desalojado enfermo de un hotel del barrio de Monserrat, y amaneció muerto sobre la vereda en la esquina de Luis Sáenz Peña y Chile. A los pocos días fue a Sergio a quien sus compañeros de ranchada encontraron sin vida, tenía 63 años y dormía en la esquina de México y Sánchez de Loria. El 27 de junio fue Dimitri, un señor de origen serbio que paraba en Av. Caseros y Lavardén, en el Barrio de Parque Patricios; fue trasladado por una ambulancia del SAME que llamaron sus vecinxs y falleció a las pocas horas en el Hospital Penna. El 3 de julio, Bernardo “Tuly” Micieli, de 66 años, quien había sido desalojado en plena pandemia del terreno ubicado en Melián y Vilela en el barrio de Saavedra, donde vivía, con lo que quedó en situación de calle y perdió su vida.”
Todas estas muertes, están llenas de desidia estatal con un claro signo clasista del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y sus funcionarios. Responsabilizamos a María Migliore (Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat), Maximiliano Corach (Subsecretario de Fortalecimiento Familiar del Min. DHYH, a cargo de los subsidios habitacionales), Juan Maquieyra (Presidente del IVC) y al mismo Horacio Rodríguez Larreta de la falta de acceso a la vivienda y tierra dignas.
Es importante, más allá del dolor, continuar la lucha unitaria contra este modelo de ciudad y de humanidad, reforzar los lazos solidarios entre organizaciones y vecines que luchan día a día por el derecho a la vivienda digna. Queda más claro que nunca, que miles de vidas dependen de ello.
Invitamos a adherir a los comunicados de Casa Santa Cruz: aquí y de la Asamblea Popular de personas en situación de calle.
* Integrante de las Consejerías de vivienda.

6.7.2020

Por el Colectivo de Educadorxs de AulaVereda*

Iniciamos el especial “Niñez sin fronteras” con una nota que da cuenta de la situación en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. En esta nota colectiva, pensamos los derechos, las posibilidades y las desigualdades que se profundizan a partir de la pandemia y el aislamiento social obligatorio.

Desde que la pandemia del covid-19 arribó a nuestro país y se decretó el aislamiento social obligatorio para todo el territorio nacional, diversos sectores del campo popular venimos advirtiendo sobre la necesidad de evitar el ingreso del virus en los barrios populares, villas y diversas formas de vivienda precaria. Intuíamos que su multiplicación e impacto serían mucho mayores allí donde las injusticias y las desigualdades son moneda corriente. Con el correr de los días, empezó a ser cada vez más evidente que esto no era una prioridad para muches, y el ingreso del SARS Cov2 en los barrios populares se convirtió en una realidad. La toma de medidas específicas para frenar esta avanzada es hoy nula y, por tanto, no podemos esperar más que una catástrofe sanitaria que se llevará cientos de vidas.
Tomando el caso de la Villa 31, donde aproximadamente viven alrededor de 45 mil personas, se estima que hoy en día hay más de 1.100 casos confirmados positivos de Covid, con una tasa de duplicación que ronda en los cuatro días, o sea que un 2% de la población de la villa se encuentra contagiada (lo que equivaldría a unas 900.000 personas si hacemos el paralelo a nivel nacional). La tasa de duplicación nos permite estimar que si todo sigue igual, en una semana, nada más, tendríamos allí alrededor de cuatro mil casos.
Sin duda, entonces, la situación de la 31 y de otros barrios populares debería estar bastante arriba en la lista de prioridades del Gobierno de la Ciudad, así como también del Estado Nacional. La ya conocida y renombrada dicotomía entre salud y economía en estos barrios resulta falsa desde sus propias premisas, porque no hay margen para elegir entre una y otra. Ninguna se les presenta como un horizonte de lo posible, producto de las décadas de ausencia del Estado y de la negación sistemática de los reclamos de les vecines. Mientras que ya por estos días en los programas del prime time televisivo comienza a exigirse la apertura de la cuarentena utilizando las necesidades de les trabajadores como excusa, queremos traer la atención sobre estos barrios, y elaborar una pequeña reflexión respecto de lo que allí está sucediendo para no caer en visiones simplistas o soluciones mágicas de un conflicto que tiene una larga historia.

Problemas antes de la pandemia

En la Villa 31, el problema del agua, que gracias al grito de Ramona cobró visibilidad, viene desde hace años por la desidia y el abandono del Gobierno de la Ciudad. Es su responsabilidad que los distintos puntos del barrio tengan acceso al agua potable de las redes de AYSA garantizando una conexión de calidad, y no las conexiones precarias que existen hoy, que a cada rato deber ser emparchadas. La superposición de actores institucionales genera inconvenientes a la hora de realizar reclamos y exigir el cumplimiento de los derechos esenciales, a lo que se suma el histórico tira y afloje que existe históricamente entre Ciudad y Nación respecto de este territorio.
A esta altura no quedan dudas de que si estos problemas existen en el barrio Padre Mugica y en otros barrios popular de la CABA, la responsabilidad es de la gestión del PRO, partido que gobierna desde hace 15 años la Ciudad. La falta de respuesta frente a las múltiples movilizaciones que año a año se vienen sucediendo frente a la Legislatura porteña (donde Cambiemos tiene, actualmente, mayoría automática) da muestra de que la actual gestión está más preocupada por hacer negocios inmobiliarios con las villas del norte de la ciudad (31 y 31bis, Rodrigo Bueno y Fraga) que por resolver los conflictos en los barrios populares del sur. Esto tiene consecuencias gravísimas para miles de familias no solo frente a esta nueva pandemia, sino frente a tantas otras enfermedades que afectan a les más pobres como el dengue, el sarampión y la desnutrición, que son moneda corriente.
El derecho a la salud es sólo uno de los tantos que cotidianamente la población ve vulnerados. La falta de planificación, la inexistencia de un proyecto integral de urbanización que tome en cuenta sus perspectivas y la disputa entre los diversos actores que gestionan, controlan y regulan estos procesos hacen a un problema estructural que requiere voluntad política y años de inversión para que las y los habitantes de estas zonas logren tener una vivienda digna y segura.
Desde sus inicios, el hacinamiento es unos de los principales problemas de las familias que residen en las villas. En una sola vivienda conviven varios hogares, donde la cantidad de metros cuadrados por persona es menos de lo recomendado y el baño es compartido por un batallón. La dificultad de circulación es otro gran problema ya conocido por muches: los estrechos pasillos impiden el acceso de ambulancias e incluso autos particulares, a lo que se suman las calles de tierra que se embarran con la lluvia, y dificultan el paso.
Por ello, el problema del acceso al agua fue la punta del iceberg para que quienes nos gobiernan pusieran el foco en las problemáticas de las y los habitantes. La denuncia de Ramona puso en cuestión esta realidad, que repercute en las posibilidades de cumplir el aislamiento. Para conseguir un poco de agua, las familias debían salir de sus casas e ir a un punto más o menos cercano, más o menos concurrido y más o menos higiénico donde conseguían uno o dos baldes para el día. Esto dificultaba prácticas esenciales de prevención del SARS Cov2, como lavar las verduras e higienizarse las manos.

Cuando el trabajo no te encuentra en casa

Muchas de las personas que residen en las villas continúan asistiendo a sus trabajos porque no cuentan con un empleo en blanco que les permita quedarse en su casa mientras perciben su salario, haciendo home office, para lo que además es necesario disponer de una computadora propia y accesibilidad a Internet. Generar ingresos cuando se trabaja por día o a destajo empuja a que las opciones se encuentren entre quedarse en su casa y no percibir ingresos, o salir a buscarlos y exponerse al contagio. Muches de les vecines trabajan dentro de los mismos barrios, lo que implica una circulación diaria por sus calles. El no contar con un salario mensualizado les imposibilita realizar las compras semanales como se recomienda, teniendo que salir cotidianamente a comprar el alimento. Esto sumado a la falta de bancarización tanto propia como de los negocios de cercanía que se torna otro impedimento más para evitar salir de sus hogares. Así, una vez que comenzó a haber contagios de covid-19 dentro de los barrios, la exposición al virus fue recurrente.
La falta de bancarización también impacta negativamente en quienes cobran la IFE, ya que muchas familias que deben acceder al cobro por cajero automático han tenido diversos inconvenientes para quienes no cuentan con un correo electrónico propio o un número de celular a su nombre. Para ellxs la única opción es cobrar a través del Correo Argentino, lo que significa hacer horas de cola para poder tener el dinero en sus manos. La IFE otorga unos pocos $10.000 que resultan insuficientes para saldar la falta de trabajo de los miembros del hogar, si se toma en cuenta que sólo se puede cobrar uno por familia. Por otro lado, podríamos hacer una pequeña reflexión acerca de cómo el Estado Nacional se encontró con dimensiones impensadas de la informalidad, probablemente acrecentadas durante los últimos cuatro años de macrismo. Y si bien la política se va transformando en función de llegar a estos sectores, lo cierto es que a dos meses de iniciada la cuarentena hay muchas personas que no han podido cobrar aún este Ingreso ni ninguna otra ayuda.
Mención aparte merece la situación de les niñes en cuarentena: hace casi dos meses que muches no tienen contacto con sus escuelas porque carecen de conectividad o han cambiado el número de teléfono que la institución tenía de contacto y ya nadie pudo comunicarse. La continuidad pedagógica es imposible para muches niñes que viven en casas en donde hay un solo dispositivo, que debe ser compartido entre todos sus habitantes. El reparto de comida en las escuelas es otro problema más que se les suma a las familias: deben hacer cuadras de cola para recibir un bolsón para dos semanas pero que es insuficiente, si es que no les llega solamente el refrigerio con dos leches y galletitas por algún supuesto error administrativo. Como dato de color podemos contar que en el bolsón a veces incluyen una cajita de flan instantáneo para el que se necesita utilizar un litro de leche del que las familias no disponen, lo que da cuenta de la falta de conocimiento sobre la situación que están viviendo miles de personas.
La pandemia y el aislamiento social son potenciadores de las necesidades básicas insatisfechas que existen desde mucho antes que este virus se esparza por el mundo, y que probablemente se prolonguen mucho más una vez finalizada la cuarentena. Lo que logra la excepcionalidad de las circunstancias actuales es poner de manifiesto aquellas desigualdades históricas que existen en CABA (y en el resto del país), y visibilizan múltiples derechos vulnerados que generan que esta crisis sanitaria no impacte a todes por igual. Muy lejos de esto, corremos el riesgo de que esta pandemia termine afectando, como ya sucede en otros países del mundo como Estados Unidos y Brasil, únicamente a los sectores populares, mientras el resto de la sociedad mira hacia otro lado.
A pesar de que ya es un dato irrefutable el hecho de que en los barrios populares de la Ciudad es donde hay mayor multiplicación del virus, aún no existe un protocolo sanitario para cuidar a las personas que se contagian de covid-19 ni a quienes estuvieron en contacto con ellas. Hasta hoy, si un miembro de la familia presenta síntomas y da positivo, al resto se les aísla en el hogar pero no se les testea. Luego de la denuncia de Ramona, el GCBA anunció con bombos y platillos la desinfección de las calles de las villas con lavandina, como si eso pudiera frenar la circulación, o fuera un cambio significativo frente a la falta de elementos de higiene básica en los hogares. Cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio se torna cuesta arriba cuando salir a trabajar, buscar un plato de comida o asistencia médica por fuera del hogar es imperante. El Estado sigue siendo el gran ausente, y esta responsabilidad recae sobre las organizaciones sociales y barriales que a través de donaciones logramos acercar aquello que el gobierno les niega.

Las organizaciones y las necesidades que vemos desde el barrio

Somos, entonces, las organizaciones sociales las que estamos día a día trabajando en los barrios para acompañar en estos contextos. Sin embargo, sin una ayuda del Estado las limitaciones frente a la situación crítica son cada vez mayores. Los comedores, que antes de la pandemia recibían comida, no vieron un aumento en la cantidad de alimento, y aquellos que no recibían nada siguen teniendo que gestionar con sus propios recursos el plato de comida para les vecines. Además, el GBCA no provee elementos básicos de higiene y seguridad (como barbijos, guantes, alcohol en gel) a quienes están trabajando en los barrios, propiciando así más contagios aún.
Dada la tasa de multiplicación y la inacción del GBCA, no se espera más que un estallido en las villas porteñas que será casi imposible de contener. Aún hoy, sin haber entrado en el famoso pico de contagios, las salas de los hospitales empiezan a estar atestadas, y no podemos esperar un mejor panorama si no empieza a haber una transformación radical del plan de acción en los barrios populares. Resulta, entonces, necesario que se tomen medidas que contemplen las realidades territoriales de los sectores populares. En la villa 31, desde las organizaciones se viene exigiendo que se pongan a disposición los múltiples hoteles que hay en la zona para aislar a las personas que estuvieron en contacto con quienes están contagiades, o en caso de que tengan que aislarse en sus casa, que desde el GCBA se garanticen los alimentos y elementos necesarios para que no tengan que salir de sus casas. Esto no solo no está sucediendo, sino que ni siquiera se les hace un seguimiento a los contactos estrechos sobre los síntomas que van teniendo.
En materia educativa, se exige que el gobierno garantice el acceso a las TICs de les niñes para que puedan continuar con sus tareas y en contacto con sus maestres y profesores, algo que está implementándose incipientemente y sin certitud de que alcance a todes les niñes. También se exige que se implemente la tarjeta alimentaria para todes les niñes de escuelas públicas para que puedan mantener la alimentación diaria sin que sea necesario movilizarse de su casa.
En suma, la exigencia es por un Estado que trabaje para les más necesitades, de manera articulada con las organizaciones sociales y barriales, con las familias y vecines de los barrios para evitar no sólo que la pandemia se lleve miles de vidas, sino también que el aislamiento no profundice los niveles de empobrecimiento. La gestión de la ciudad tiene que dejar de ser un negocio para los contratistas y comenzar a ser pensada para todes sus ciudadanes según sus necesidades.

Y después del coronavirus, ¿qué?

La cuarentena es al día de hoy la única medida para luchar contra la pandemia. La eficiencia es indiscutida a nivel nacional e internacional por los principales exponentes en materia de salud y epidemiología.
No negamos que sostenerla es la manera de evitar que se profundicen los contagios y muertes. Pero queremos poner en cuestión la dicotomía entre salud y economía, que viene sobrevolando los debates de la sociedad desde el inicio de la cuarentena. Desde el gobierno nacional se afirma que es falsa pensándola, a nuestro entender, en una dimensión nacional y estatal: un Estado no puede elegir su economía por sobre la salud de su población, porque eventualmente ella se enfermaría de a cientos de miles, desplomando la economía en el corto plazo (como está sucediendo, de hecho, en países que tomaron otros rumbos).
Pero dicha dicotomía tampoco existe para estas familias de los barrios, porque tener que elegir entre salir para comer y no salir para no contagiarse es un escenario imposible. Sin un plato sobre la mesa no se tiene salud, y sin un trabajo digno tampoco. Lejos de ignorar, de negar o moralizar estas realidades, el Estado debería contemplarlas para construir políticas con anclaje territorial real que acompañen estas situaciones. Es urgente para que el virus no siga propagándose en estos barrios, donde tiene mayor circulación y donde la población está más vulnerada. Basta con escuchar lo que las organizaciones sociales que trabajan en los barrios tienen para decir y proponer.
No es cierto que esta pandemia nos iguala, como se escuchaba allá por el inicio de esta crisis. No es verdad que tenemos las mismas posibilidades frente al virus. Porque en una sociedad profundamente desigual, las injusticias no se suspenden ni siquiera en una crisis mundial. Al contrario, se profundizan aún más, y cuando termine este caos, cuando se invente finalmente una vacuna, aunque la comunidad internacional decida patentarla libremente y que toda la población acceda a ella, la desigualdad social seguirá profundizándose.
La urbanización real y participativa de los barrios populares de la Ciudad es una necesidad imperante y urgente que ya no puede esperar. La falta de cloacas, de agua y electricidad es un incumplimiento estatal con el derecho al hábitat y a la salud. Esta es una crisis mundial, pero no queremos que cuando termine y podamos observar sus efectos, nos demos cuenta de que nuevamente quienes más afectades se vieron fueron los sectores populares, racializados y oprimidos. Urge que las medidas se tomen ahora, no esperar a datos sobre cómo afecta la pandemia y la cuarentena a las familias, tenemos los ejemplos de otros países, tenemos el conocimiento científico acumulado en materia sanitaria y epidemiológica, hace falta que el Estado se haga cargo.
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* AulaVereda es una organización que trabaja con niñxs desde la Educación popular en CABA, PBA, Mendoza y Entre Ríos. En CABA trabaja en Almagro, Boedo y la Villa 31.