Red de radios

17.7.2020

Mientras en la conferencia de prensa felicitaba al personal de la salud, docentes y estatales por el esfuerzo realizado durante la pandemia, “detrás de cámara” les congela los magros salarios. Los sindicatos tienen que convocar urgente a organizarse y rechazar este brutal ajuste con medidas en las calles.

En el marco de las noticias sobre la nueva etapa de la “cuarentena escalonada” en la Ciudad, el gobierno de Rodríguez Larreta anunció el congelamiento de los aumentos salariales acordados para el mes de julio de trabajadores y trabajadoras docentes y estatales. Estos aumentos “se reverán” recién en el mes de septiembre.
Mientras el jefe de Gobierno porteño en la conferencia de prensa se llenó la boca con elogios a los esfuerzos de los trabajadores y trabajadoras de la salud, docentes y estatales durante la cuarentena, por abajo les aplicó un congelamiento salarial, a los ya bajos sueldos. Hasta el momento no se incluían en las medidas de ajuste a los trabajadores de la salud, pero parece que justo ahora cuando los contagios están llegando al pico, les congelarán sus magros salarios. ¿Dejaron de ser esenciales y héroes?
Federico Puy, docente delegado de UTE-CTERA, rechazó este ataque a los trabajadores y dijo en las redes: “No cumplen con los fallos de alimentación, los barrios de nuestros chicos no tienen agua, dimos clase con un acompañamiento pedagógico muy desigual ya que no es verdad que hay 90% de conectividad y mandaron un protocolo donde descuidan la salud de las familias y docentes”.
Este congelamiento salarial se suma a las políticas de los gobiernos, nacional y porteño, que continúan haciendo recaer la crisis económica que vino a profundizar la pandemia, sobre la espalda de los trabajadores y familias más pobres: a miles les rebajaron los sueldos o fueron despedidos, otros millones no pudieron cobrar el IFE y los que lo hicieron no les alcanza con tan sólo $10 mil. Hay cada vez más familias con hambre y en la miseria.
Mientras tanto, en la Legislatura se discutió la ley de endeudamiento público por U$S 150.000 millones, y muchos empresarios siguieron aumentando sus ganancias durante la cuarentena. ¿Por qué no se les saca plata a ellos, que son los que más tienen? ¿A los más ricos, a los bancos, a las grandes empresas, en lugar de seguir ajustando a los trabajadores?
Hay que tomar medidas de fondo, como aplicar el impuesto a las grandes fortunas y el desconocimiento soberano de la deuda.
Este congelamiento se da como parte de las medidas contempladas en la Ley de Emergencia Económica votada en la Legislatura porteña a fines de abril, o mejor dicho la ley del “Virrey Larreta”, que le otorgó súper poderes y discrecionalidad en materia presupuestaria. Esta ley tiene como políticas centrales el congelamiento y pago diferido de salarios, la reducción de bonificaciones y baja de contratos para los trabajadores estatales.
Esto ya fue aplicado en el pago de aguinaldo en cuotas para quienes cobran más de $50.000. Ahora se aplica congelando los ya de por si bajos salarios. Se profundiza el brutal ajuste contra los trabajadores, mientras siguen ganando los que más tienen.
Para justificar esta medidas de ajuste, desde el gobierno porteño dijeron que cayó un “25% la recaudación en la Ciudad” por “las consecuencias económicas derivadas del Covid-19”, por lo que van a tomar medidas como “la suspensión de obras nuevas y no prioritarias, la restricción de créditos presupuestarios, la suspensión de gastos y programas no esenciales, el congelamiento de la planta de personal y la renegociación de los contratos y concesiones vigentes”.
Los anuncios sobre la nueva fase de la cuarentena fueron, como ya es moneda corriente, desde una mesa compartida entre Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta, que vienen “administrando juntos” las medidas hacia la pandemia, y avalando mutuamente las medidas que se toman en cada región. Kicillof y Larreta ya se habían reunido a comienzos de la semana para preparar los anuncios de hoy.
Es urgente que los sindicatos opositores porteños, como de estatales ATE y docentes UTE, convoquen a organizarse en cada lugar de trabajo, en asambleas y plenarios comunes, y realicen reuniones abiertas donde se discutan medidas de lucha en las calles para enfrentar este nuevo ajuste del gobierno de Larreta.
El sindicato docente Ademys, convocó a asambleas y a no iniciar las clases luego del receso invernal, es el comienzo para imponer la mayor unidad al resto de los sindicatos de la salud, docentes y estatales.
E imponerle a los gremios mayoritarios como el de estatales Sutecba, de médicos AMM, para lograr la mayor respuesta para que la crisis no sea descargada sobre los trabajadores y que el déficit de la Ciudad se resuelva con un impuesto a las grandes empresas de la Ciudad, que siguen ganando fortunas incluso en cuarentena, como los bancos y supermercados.

16.7.2020

Natalia Sposato

El Gobierno de la ciudad ingresó sin notificación previa a todas las clases que funcionan en el aula virtual oficial. Docentes y estudiantes rechazan la intromisión y defienden la libertad de cátedra.

Este jueves el rectorado del Joaquín V. González hizo pública la respuesta de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente (UCSFD) ante la consulta por la aparición de una “persona” ajena a la institución en las aulas virtuales. La misma figura identificada como “María Pitton”, según el organismo dependiente del gobierno, es la encargada de realizar el “seguimiento de la conectividad”. Sin embargo, el sindicato de docentes Ademys denuncia que este usuario fue parte de clases virtuales en el conjunto de los 29 terciarios de la CABA, algo imposible para una sola persona. Queda en evidencia que a las prácticas de “ciberpatrullaje” el Gobierno de Larreta y, la ministra de Educación, Acuña sumó el espionaje a los docentes y estudiantes de los profesorados.
En momentos en que crecen los reclamos de la comunidad educativa ante la deserción y la preocupación de los docentes por los protocolos que elaboró el Ministerio conducido por Acuña para la vuelta a clases ¿qué quiere controlar el Gobierno de Larreta en las aulas?
Los institutos se encuentran en conflicto con el gobierno desde hace al menos dos años debido a la implementación de la UniCABA que busca reemplazar a los profesorados, terminando con la autonomía de los mismos. Este episodio de espionaje es un ataque a las libertades de los estudiantes y docentes. Así lo explica Ademys en su declaración: “Esta situación de control del trabajo docente y de la participación de la comunidad educativa en las aulas virtuales, según reflejan por ejemplo los comunicados del ISP Joaquín V. González, no había sido consultada a dicha institución y por lo tanto vulnera un principio elemental de respeto a la libertad de cátedra ejercida por cada docente y significa una injerencia de esta Unidad creada por el Ministerio de Educación de Caba, en los institutos.”
La vigilancia, el espionaje y la represión en la cuarentena se ha vuelto una política de Estado en todos sus niveles. Facundo Castro lleva más de dos meses desaparecido y se lo vio por última vez en un patrullero de la Policía Bonaerense. Ya son al menos 13 los muertos a manos de las fuerzas represivas en los últimos cuatro meses.
En las escuelas la comida no alcanza y es de mala calidad como refleja el fallo que la justicia otorgó luego de la presentación de las legisladoras del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Alejandrina Barry. Es frente a este tipo de demandas vienen en aumento ante la gravedad de la situación económica que las respuesta es redoblar el uso de las fuerzas represivas.
Sofía Quaglia, consejera estudiantil del Profesorado Normal N°1 y referente de la agrupación 9 de Abril, declaró: “Mientras el gobierno de la ciudad nos espía, son miles de compañeros que se quedaron sin laburo, sufrieron rebajas salariales o no tienen ningún derecho laboral porque están precarizades y mantener la cursada virtual se les vuelve imposible. Al mismo tiempo nuestros docentes están sobrecargados de trabajo y no reciben ayuda alguna para hacer frente a las clases virtuales.” Y agregó: “estamos exigiendo el retiro inmediato de la intromisión de los funcionarios y personal de la UCSFD del gobierno de la Ciudad de las cursadas de los 29 institutos terciarios. No vamos a dejar pasar ningún avance sobre nuestra autonomía”.

16.7.2020

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta busca regular la actividad de repartidores y repartidoras de apps a través de la modificación del Código de Tránsito y Transporte. El proyecto se trata hoy en la Legislatura porteña. Por eso, trabajadores y trabajadoras de apps como Glovo, Rappi, Pedidos Ya o Uber Eats, concentran desde las 10.30 frente al edificio legislativo en rechazo a la iniciativa oficial. “Este proyecto significa legalizar la precarización laboral para los trabajadores de apps de reparto. Es un ataque a los ingresos, a la jornada laboral y a la vida de los trabajadores de reparto. Quiere impedir que los trabajadores de provincia de Buenos Aires trabajen en CABA. Impone nuevas obligaciones que golpearan al bolsillo de los trabajadores, nuevas vestimentas, seguros y multas. Significa mayores gastos, por ende, jornadas laborales más extensas que lejos de terminar con las muertes en reparto, las profundiza. Hacemos responsables de nuestras vidas y las de los siete compañeros muertos a las empresas y a los gobiernos”, sostuvo en un comunicado la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR).

Desde las 10:30 se trata en la Legislatura porteña el Proyecto de ley impulsado por Vamos Juntos, que busca regular la actividad de los y las trabajadoras de reparto de plataformas digitales a partir de la modificación del Código de Tránsito y Transporte. Un proyecto rechazado por la oposición – que quedó en minoría en la votación del dictamen para que llegue a su tratamiento hoy – y organizaciones y asociaciones de trabajadores y trabajadoras de reparto. Para que el proyecto regulatorio se apruebe el bloque legislativo que responde al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta necesita 31 votos, que se estima que obtendría con los votos provenientes de la UCR-Evolución.
El proyecto define a las plataformas de reparto como Glovo, Rappi, PedidosYa y UberEats como “Operadores de Plataforma Digital donde terceros ofertan y demandan servicios de Mensajería y Reparto”, y a cada repartidor o repartidora como “persona humana que ejecuta el servicio”. De esa manera, las empresas quedan reconocidas como “intermediarios” que brindan su plataforma para que los y las repartidoras oferten opciones de trabajo, sin reconocer la relación laboral entre ellos, lo cual aporta a legalizar la precarización laboral que ya sufren día a día, con largas jornadas laborales, sin salario fijo, sin relación de dependencia, obra social ni ART, todas situaciones que denuncian cotidianamente las organizaciones y asociaciones de trabajadores de reparto, que ya realizaron cuatro paros internacionales y tres nacionales en reclamo de sus derechos laborales.
La Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) convocó a concentrar hoy frente a la Legislatura porteña “para repudiar el proyecto de Juntos por el Cambio de modificación de la ley vial que significa legalizar la precarización laboral para los trabajadores de apps de reparto”, sostuvo la agrupación en un comunicado.
“Este proyecto va en contra de todos los reclamos que los repartidores venimos realizando en los últimos cuatro paros nacionales e internacionales – remarcó ATR – Es un ataque a los ingresos, a la jornada laboral y a la vida de los trabajadores de reparto. Quiere impedir que los trabajadores de provincia de Buenos Aires trabajen en CABA. Impone nuevas obligaciones que golpearan al bolsillo de los trabajadores, nuevas vestimentas y seguros, nuevas multas. Esto significa mayores gastos, por ende, jornadas laborales más extensas que lejos de terminar con las muertes en reparto, las profundiza. Hacemos responsables de nuestras vidas y las de los siete compañeros muertos a las empresas y a los gobiernos”, sostuvo la agrupación, que reclama una regulación que reconozca el vínculo laboral, que contemple medidas de seguridad para terminar con las muertes laborales, un ingreso igual a la canasta familiar, ART y cobertura médica para quienes realizan tareas de reparto.

15.7.2020

Desde la Junta Interna ATE de Promoción Social CABA continúan en estado de alerta y movilización ante la crítica situación social en la Ciudad de Buenos Aires y las políticas de vaciamiento para el área por parte del gobierno porteño.

“Luego de más de 100 días de implementado el aislamiento social preventivo y obligatorio, las políticas públicas sociales lejos están de poder responder de manera acorde a la crisis económica y social que nos encontramos atravesando”, afirman.
Entre los hechos que evidencian las consecuencias de este vaciamiento de políticas públicas, la Junta señala que en la actualidad hay hogares, que además de estar superpoblados y en pésimas condiciones edilicias, no cuentan con el personal necesario para llevar a cabo las tareas de cuidado. Esto imposibilita el acompañamiento y contención que necesitan los niños y niñas alojados o las mujeres víctimas de violencia de géneros que se encuentran viviendo en estos lugares.
En este sentido, denuncian que en las últimas semanas hubo más de 60 contagios de coronavirus entre trabajadores, niños, adolescentes y mujeres convivientes. “La decisión de no destinar mayores recursos sumada a una improvisación sostenida, redundan en la falta de medidas de cuidado adecuadas. Al día de hoy, es deficitaria la aplicación de protocolos para casos sospechosos y confirmados, continúan sin implementarse los testeos de forma ágil, hay falencias en el mapeo de contactos estrechos, y es deficiente la provisión de elementos de protección personal para evitar contagios. Asistimos a situaciones extremas donde debido a la falta de personal, se tergiversan criterios sanitarios adrede, presionando y amedrentando a lxs trabajadorxs para tomar tareas, a sabiendas de someter a riesgos evitables que incluyen a la población con la que trabajamos”, detallan desde la Junta.
Agregan que la falta de protección también se hace evidente cuando se niegan derechos básicos, como la entrega de una cantidad miserable de alimentos por familia cada 15 días, productos que muchas veces llegan podridos; también cuando no se otorga un subsidio habitacional y se expulsa a la situación de calle.
Respecto a la situación de los trabajadores, explican que en un Ministerio declarado esencial, como es el de Desarrollo Humano y Hábitat, que encabeza María Migliore, más de la mitad cobra “salarios de miseria”, que se encuentran por debajo de los 25000 pesos, además de estar contratados “de forma fraudulenta” a través del monotributo o la tercerización: “Así, hoy estamos al frente sin derechos básicos como ART. A ello hay que sumar el escándalo del pago de aguinaldo en cuotas, que bien vale decir, muchxs compañerxs ni siquiera lo reciben por la condición irregular de contrato”.
“Lo esencial se hace invisible a los ojos del Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta que apuesta a que la crisis en curso recaiga sobre las espaldas de lxs laburantes y avanza con el ajuste a costa de los derechos de las poblaciones más vulnerables. Desde nuestra Junta Interna seguiremos defendiendo el salario y nuestras condiciones de trabajo, como así también los derechos de las personas con las que trabajamos y es por ello que nos encaminamos a la toma de medidas de mayor conflictividad para garantizarlos”, finalizan desde la Junta Interna ATE Promoción Social CABA.

14.7.2020

Trabajadores de aplicaciones de delivery volvieron a concentrarse en el Obelisco en reclamo de que las empresas les proporcionen material de prevención contra el Covid-19, y además se declararon en alerta contra un proyecto que se analiza en la Legislatura y que consideran que los perjudica.

Como en anteriores ocasiones, los empleados del sector se manifestaron en plena Avenida 9 de Julio en reclamo de que las empresas les provean elementos para los cuidados sanitarios en el marco de la pandemia del coronavirus.
No obstante, durante la movilización los repartidores se enteraron que en los próximos días podría tratarse y aprobarse una ley que impulsa el oficialismo porteño de regularización de la actividad del delivery y que rechazan al considerar que «se hizo de espaldas a los trabajadores».
«Nos acabamos de enterar que este jueves podría discutirse en la Legislatura un proyecto de (el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta de regularización del trabajo y que nosotros rechazamos porque se hizo a espaldas de los trabajadores», dijo Damián Zárate, delegado de los empleados de apps de delivery.
Según el trabajador, con esta ley «6.000 pibes se quedan sin laburo, ya que por ejemplo los que son de provincia no van a poder trabajar en la Ciudad» y comentó que «lo único favorable es la ART», en referencia a la cobertura que se prevé la iniciativa para accidentes de trabajo.
El mes pasado, el gobierno de la Ciudad logró obtener despacho de mayoría en la Legislatura porteña para su proyecto de ley que busca regular la actividad de repartidores y de las plataformas de aplicaciones de delivery.
El proyecto contempla una normativa para regular el servicio de mensajería y reparto de alimentos, popularizados por apps como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats, pero no cuenta con el visto bueno de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR).