Policías federales y del servicio penitenciario acusados de violación y prostitución a menores

 

19.5.2013

Un total de diez efectivos de la Policía Federal y del Servicio Penitenciario Federal fueron imputados por la Justicia acusados de violar a dos menores en situación de calle y hacerlas prostituir entre 2009 y 2011, al tiempo que hay unos 130 uniformados de la Policía Montada que son investigados por el mismo hecho.


Fuentes policiales revelaron a que los involucrados son un oficial, que al enterarse de su procesamiento judicial pidió la baja para sumarse desde mayo del año pasado a la Policía Metropolitana, un sargento, un cabo primero, dos cabos y cuatro agentes, todos ellos involucrados de cuando se desempeñaban en la Montada y ya pasados a disponibilidad, pero también hay un ex agente del Servicio Penitenciario Federal.

Todos ellos ya prestaron declaración indagatoria e incluso uno de los uniformados admitió la paternidad de uno de los dos bebés que tuvo una de las menores, quien al ocurrir los abusos tenía 13 años y hoy cuenta con 17 años. La otra tenía 16 y ahora tiene casi 20 años.

"Uno de los policías dijo que no tuvo sexo con las chicas, pero se hizo cargo de la beba que tuvo la menor en 2009", reveló una fuente judicial.

Además, la Justicia tiene la información de que hay otras adolescentes que pasaron por las mismas aberraciones, pero hasta el momento no las pudieron localizar, ya que viven en la calle y es difícil poder ubicar quiénes son ya que no quieren hacer la denuncia.

La causa está a cargo de la titular del Juzgado Criminal de Instrucción número 38 Susana Vilma López, mientras que la querellante es la Defensoría General, a cargo de Stella Marys Martínez.

Entre los nueve imputados de la Federal aparece un oficial que desde el año pasado trabaja en la Policía Metropolitana, a pesar de la causa que tiene, y luego de desempeñarse "durante nueve años en la Policía Montada, en la cual fue jefe de servicio y segundo jefe de la escuadra azul, decidió pedir la baja para sumarse a la fuerza porteña", reveló la fuente.

Las dos chicas, quienes cuentan con custodia de Gendarmería Nacional, describieron de forma "precisa" los lugares dentro de las instalaciones de la Policía Montada donde se producían las violaciones y por las cuales los uniformados le daban algo de dinero o comida debido a la situación de pobreza en la que vivían.

También describieron que los abusos sexuales se cometían en estaciones de trenes del Conurbano y en otros lugares e incluso los efectivos se pasaban números de celulares para contactar a las adolescentes.

Además de los imputados, la Justicia investiga la participación de otros integrantes de la Policía Montada y según reveló un vocero de la policía Federal "hay toda una promoción, respecto a los de sexo masculino, involucrada en estos aberrantes hechos".

Murió el genocida Videla

 

18.5.2013

El dictador Jorge Rafael Videla murió este viernes a los 87 años mientras se encontraba preso en el penal de Marcos Paz, condenado por crímenes de lesa humanidad.


Videla lideró el golpe militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976 y gobernó hasta el 29 de marzo de 1981.

El último martes estuvo presente en el juicio que se le sigue por el Plan Cóndor y allí pidió la nulidad de esa investigación, al considerar que se trataba de "cosa juzgada" y que quienes están acusados y detenidos en la causa son "presos políticos".

"No tiene sentido hacer una defensa en el marco de una justicia vaciada de derecho", aseguró el anciano expresidente de facto, visiblemente afectado por sus últimas enfermedades.

La declaración de Videla en el juicio que lleva adelante el Tribunal oral Federal número 1 (TOF1) no cubrió las expectativas que había generado, ya que si bien advirtió que no iba a ampliar su indagatoria, se limitó a realizar "algunos comentarios" durante aproximadamente diez minutos.

En ese sentido, reiteró que el TOF1 "carece de competencia" para juzgarlo "por los casos protagonizados por el Ejército en la lucha antisubversiva, en la guerra interna", al reconocer como única autoridad al disuelto Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

El tribunal presidido por el juez Oscar Amirante hizo pasar a Videla al banquillo, quien lo hizo con visible dificultad.

En su breve declaración, el exdictador no hizo referencia al Plan Cóndor, instrumentado por las dictaduras del Conosud en los años 70 y por cuya participación son juzgados 25 militares, entre ellos un uruguayo.

"Sostengo que los hechos que se están ventilando constituyen cosa juzgada, y nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa", sentenció Videla.

La última aparición pública del dictador Jorge Rafael Videla presagiaba un desenlace inminente y, con su muerte fresca, habría que preguntarse si su último deseo no fue otro que ratificar su responsabilidad burocrática en el asesinato y desaparición de miles de personas mientras manejó discrecionalmente la Argentina, pero también su convicción plena acerca de la legitimidad de la comisión de actos aberrantes durante el régimen que encabezó.

"Llegué al grado máximo como teniente general y por razones funcionales era el presidente de la Junta", fue la respuesta de un Videla encorvado, casi sordo a una pregunta de rigor del presidente del tribunal que lo juzgaba por haber tramado junto a otros dictadores latinoamericanos el Plan Cóndor, que dejaba sin posibilidades de escape a los opositores en los años 70’ y cuyo destino por lo general era la muerte.

Sin grado militar sobre sus hombros, ese anciano achacoso que le sonrió el martes -como si hubiera hecho una picardía- a uno de los defensores cuando terminó su diatriba, pero que murió solo en una celda del penal de Marcos Paz, rememoraba personajes de Gabriel García Márquez.

Costaba ese día pensarlo como aquel tirano del mundial 78, con los pulgares en alto, o con su traje civil peinado a la gomina respondiendo que los desaparecidos eran "eso" que no estaban "ni vivos ni muertos, sino desaparecidos".

Primero trastabilló, pero luego logró mantener la vertical cuando se retiraba después de ese remedo de arenga que tamizó con una enumeración de sus achaques.

Aunque sin duda hubo personajes más oscuros que mancharon sus manos con sangre durante el régimen que se extendió entre 1976 y 1983 Videla es sin dudas el ideólogo militar y el cabal intérprete de lo que se iba a gestar a partir del 24 de marzo de aquel año inicial de esa página negra de la historia.

"Asumo a plenitud mis responsabilidades castrenses", dijo con el último aliento, aislado desde el banquillo de los acusados, desde un imaginario de "lo castrense" como un poder perdido en el tiempo, a partir de ese tramo de la historia en el que las Fuerzas Armadas asumieron la suma del poder público, dejando de lado las instituciones de la democracia.

El país dividido en zonas y subzonas, cientos de centros clandestinos en todo el territorio, miles de personas secuestradas, torturadas desparecidas, asesinadas en los campos de concentración, son algunos de los crímenes de lesa humanidad de los cuales Videla pretendió hacerse cargo para soportar el peso de la condena pública.

En la causa 13, conocida para la historia como El Juicio a las Juntas Militares, Videla, al igual que Massera y otros jerarcas del régimen fueron condenados a prisión perpetua y a perder su condición militar, una deshonra para un soldado.

Luego los militares, que mantenían parte de aquel poder, tuvieron en vilo la joven democracia con las asonadas hasta que obtuvieron a punta de fusil del gobierno de Raúl Alfonsín las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que, en consonancia con el pensamiento de Videla, libraban de responsabilidades penales a los subordinados ejecutores de aquellos crímenes.

Durante la década del 90 Menem indultó a los jefes condenados y Videla creyó haber recuperado la impunidad que habían dejado preparada con sus leyes de autoamnistía los militares.

A partir de la anulación de las leyes por parte del Congreso durante el gobierno de Néstor Kirchner los juicios se fueron sucediendo y una a una se fueron ratificando las condenas.

Durante años, exmilitantes republicanos guardaron, a veces enterradas, botellas reservadas para el día de la muerte del caudillo Franco. La Argentina sin Videla no modificará en gran cosa su presente político tras 30 años de recuperación de la democracia.

En la Sala de Audiencia de los tribunales de Comodoro Py resonó el martes la voz -por momentos convertida en exclamación insolente- del ultraderechista abogado Soaje Pintos, cuando le reclamó al juez Amirante que tratara a su cliente por su grado de "coronel con el que lo honró la Patria".
Media hora después, el exgeneral Videla, "el gran dictador", ya no tenía quién lo espere.

Santilli se comprometió a no avanzar con el enrejado

 

18.5.2013

Luego de las actividades de difusión, denuncia y concientización que la Asamblea del Parque Lezama viene desarrollando en los barrios y en el mismo parque, se logró finalmente que el ejecutivo porteño se siente a discutir sus planes para el espacio público.


Durante la reunión celebrada el martes de esta semana en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la Asamblea del Parque Lezama logró el compromiso del Ministro Diego Santilli en los siguientes puntos: *Respetar el espacio de la canchita de fútbol, *No reducir de ninguna manera los espacios verdes con los que hoy cuenta el Parque, respetando el trazado y las especies originales del mismo, *Buscar alternativas a la instalación del espejo de agua en el anfiteatro para que no se vea afectada la función social que el mismo cumple en el barrio.
Por otro lado, aseguró frenar la instalación de las rejas mientras se desarrolle esta instancia de diálogo y consenso con la Asamblea. Desde la Asamblea le pidieron que esta mesa de diálogo se amplíe a todos los vecinos y usuarios del Parque.
Por otra parte, de la reunión quedó claro que el Gobierno aún no cuenta con la autorización de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos para avanzar con la puesta en valor del Parque Lezama incluyendo su enrejado perimetral.
Desde la Asamblea Parque Lezama afirman: “Las rejas no garantizan la seguridad ni colaboran para ello. La seguridad de un parque está dada por su mantenimiento, un plan de manejo participativo, un buen alumbrado, la existencia de guarda parques y la utilización intensa por parte de la ciudadanía. Una de nuestras metas sigue siendo demostrar que la organización y la participación son los dos principios para mejorar cualquier problema existente en los barrios. Desde el enrejado del Parque y el abandono al que está siendo sometido, hasta la problemática habitacional común por todos los barrios cercanos y reflejada en la vida cotidiana del Parque”.

Amparo contra DNU firmado por Macri

 

18.5.2013

Las legisladoras porteñas por Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Delia Bisutti presentaron hoy un amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri para "la protección de la libertad de prensa y expresión" en la capital.


"Es un DNU que está por afuera de la normativa argentina. Con este decreto la Ciudad no va a ser parte de todas las normas que se aprueban", advirtió Bisutti.

En declaraciones periodísticas, la legisladora evaluó que el decreto "fue presentado en un momento de oportunismo, fue hecho para proteger a Clarín".

En el escrito presentado, las legisladoras reclamaron se declare la "inconstitucionalidad" del decreto porque excluye a la Ciudad de cumplir con las leyes nacionales.

También consideraron que Macri se arrogó facultades para cobrar o no impuestos a medios y periodistas y que prohíbe el derecho de huelga de los trabajadores de prensa.

Cerruti exigió que el DNU "deje de estar vigente" y aseguró el amparo fue presentado en "caracteres de ciudadanas" y representantes de Nuevo Encuentro por parte de las legisladoras.

La diputada aseguró que Macri decidió firmar el decreto "para tener protección y salir en la tapa de un diario por dos o tres días" y le encomendó que "aprenda que las elecciones no se ganan saliendo en los diarios".

"Con este DNU no puede regir la ley federal y la Ley de Medios. No fue hecho en un despacho gubernamental, sino en un estadio de abogados de una empresa. Este proyecto está escrito por el mismo estudio jurídico que hizo una presentación contra los periodistas y que tuvieron que dar marcha atrás.
Es horrible ver artículo por artículo como está hecho por Clarín", agregó.

Después de la represión, la persecución

 

CABA, 17 de mayo de 2013.

Inician sumario al compañero Marcelo Nono Frondizi, Secretario Gral. de la Junta Interna de Talleres Protegidos, y a la vez Secretario Nacional Adjunto de la CTA de los Trabajadores, conjuntamente con los seis compañeros del Taller Intrahospitalario N°19 que fuera demolida en medio de una feroz represión de la policía metropolitana, el viernes 26 de abril en el Hospital Borda.

Cabe agregar que los compañeros citados son: Marcelo Piccinini, Humberto Herrera, Odón Fernández Rego, Gustavo Parisi, Julio Moreira y Rodolfo Castiñeira, quienes además fueron sancionados sin causa con el descuento de 53 días de sus haberes y que hasta la actualidad, a pesar de las presentaciones judiciales no se les ha reintegrado el monto deducido.

Los 7 trabajadores fueron convocados a presentarse en la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, sito en la calle Uruguay 440, ante la actuaria Karina Cortés. La notificación indica que los citados pueden convocar con sus patrocinios letrados pero no explicita el por qué ni el para qué, lo que nos hace sospechar que se puede tratar del inicio de un sumario a los fines de dejarnos cesantes.

La Procuración General de la CABA representa a la Ciudad en todo proceso que se contravenga sus derechos e intereses, como organismo de control tiene a su cargo la legalidad de los actos administrativos, actuar en defensa del Patrimonio de la Ciudad y ejercer su patrocinio letrado.

Es decir después de la represión, la persecución a los trabajadores y a su representante sindical, lo que demuestra una vez más la cara represiva del macrismo.

 

Secretaría de Comunicación y Difusión
Central de los Trabajadores de la Argentina

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