Red de radios

9.8.2016

Cristian Orellana falleció hace un mes y medio en el marco de una brutal persecución policial. Los testigos habían señalado que el joven murió tras un disparo en la espalda. La justicia se niega a investigar a las fuerzas de seguridad.

Por Santiago Asorey

Cristian Orellana (18) falleció el 16 de Junio a manos de efectivos de la Policía Federal en las inmediaciones del Barrio Illia, en el Bajo Flores. El joven fue objeto de una persecución policial que terminó con el disparo fatal del Subinspector Juan Sebastián González, de la Comisaría 38.

A pesar de que los testigos del hecho de violencia policial afirmaron que a Cristian “lo podrían haber detenido”, la policía fusiló por la espalda al joven. Los testimonios hablan de una escena policial saturada, con efectivos de La Metropolitana, La Federal, La Brigada, GEOF y la Gendarmería. Según declararon testimonios a la prensa, los agentes policiales dispararon más de treinta disparos. 

Ante la inacción de las fuerzas de seguridad para trasladar a Orellana al hospital, Luis Duran, un amigo de la familia que se encontró con el joven herido, lo trasladó hasta el Hospital Piñeiro. A Duran el hecho de solidaridad le costó caro: las fuerzas de seguridad lo detuvieron y le armaron una causa. Además, fue brutalmente golpeado por los agentes. La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) denunció el hecho. Duran estuvo casi un mes detenido debido a la causa armada por los efectivos policiales que todavía espera resolución judicial.

Humillar a la victima por partida doble

Apenas unas horas después de su muerte, cuando la familia del joven Orellana no había recibido el cuerpo de su hijo, empezaron a circular en las redes sociales fotos del mismo ya fallecido en la morgue judicial. Las imágenes tomadas se burlaban del joven con distintos fotomontajes. Las fotos fueron tomadas por alguien con acceso a la morgue, ya sean empleados policiales u judiciales con acceso al lugar.

A pesar del grave hecho de violencia por partida doble, el Juzgado de Instrucción N° 27 rechazó el pedido de querella de Elvira, la abuela de Cristian. Debido al fallecimiento de sus padres, el joven fue criado por su abuela, que solicitó a la justicia asumir la representación jurídica en la investigación de su muerte. La abuela de Cristian se presentó en la causa al día siguiente del hecho. A partir de ese momento el juzgado la rechazó sistemáticamente como querellante. Le dicen que no acredita la tutela que ejercía sobre Cristian; en realidad, Elvira acreditó que había iniciado los trámites de la tutela pero por motivos económicos no los pudo terminar. El abogado familiar afirmó que “el Poder Judicial ejerce una discriminación de hecho, si sos pobre no podés ser parte del proceso, y si es contra la policía, menos.”

El letrado realizó una presentación judicial donde cuestionó que “el proveído que se impugna agravia a esta parte al no aceptar a esta parte como querellante, y por lo tanto impidiéndola de ejercer su derecho; es decir, que el perjuicio que esta parte sufre se observa con claridad. Máxime considerando que en el caso se investiga una grave violación a los derechos humanos.”

Mientras Elvira insistía en ser querellante con diversos escritos, el juez dictó el sobreseimiento del policía imputado. La familia realizó una presentación solicitando la nulidad de ese procedimiento, y se apeló para que sea la Cámara la que tenga a la abuela de Cristian por parte.

6.8.2016

Este jueves por la tarde se realizó una marcha y varios cortes dentro del recorrido de la misma, al grito de “justicia por Gabriela”, la joven asesinada el pasado lunes. Por el femicidio fue detenido su tío, suboficial de Prefectura.

Claudia Savo

La tía de Gabriela, Marisol, comentó a La Izquierda Diario: “Los padres de Gabriela fueron a declarar en el día de hoy, todavía no tenemos información para dar. Solicitamos ayuda a todos los medios de televisión, pero ninguno se hizo presente, salvo ustedes. Agradecemos la ayuda que nos puedan brindar para que lo que le pasó a Gabriela, no quede en la nada, como tantas otras mujeres, víctimas de la violencia de género”.

Recordemos la declaración de la madre contado los hechos: “Gabriela desaparece el viernes 29 a las 18 horas, cuando se dirigía con su hermana al cyber. A último momento ella dice que se quedaba en Somellera y Larrazábal a esperar al novio”. A partir de ese momento, no se sabe nada más de ella. Tanto el corte previo al desenlace trágico realizado por la familia, como este exigiendo justicia se realizaron en esa esquina, como símbolo donde la vieron a la joven de 18 años por última vez.

El detenido, sospechoso del crimen es su tío, un suboficial de Prefectura Naval, llamado Néstor Quintana.

Familiares, vecinos y docentes de la zona realizaron la marcha y los cortes reclamando: “Justicia para Gabriela”, y que Gabriela no sea “una más´” hasta llegar a la Comisaría Nº 48, donde se habían hecho las denuncias por la desaparición de Gabriela Villarroel.

Allí se hizo más fuerte el reclamo, frente a las puertas de la comisaría. Se escuchaban gritos de familiares y amigos: “¡Gabriela presente!”, “¡Ya no va a haber una Gabriela!”, “¡Néstor Quintana asesino!”, “¡Justicia para Gabriela!”. La manifestación fue invadida por dolor e indignación. Su tía Marisol declaró: “Esto recién comienza, no vamos a resignarnos a que Gabriela sea una más. No queremos más Gabrielas”.

La familia convoca a una nueva concentración y marcha para el día lunes 8 a las 17 horas en Av. Escalada y Av. Dellepiane, Villa Lugano.

4.8.2016

El proyecto lo presentó el diputado porteño Patricio del Corro, salió a favor por mayoría simple y con la abstención del bloque PRO.

Hace instantes la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue la primera en todo el país en pronunciarse a favor de la inmediata libertad a la joven tucumana encarcelada, quien fuera condenada sin pruebas a 8 años de prisión bajo la acusación de homicidio.

Al respecto, el diputado porteño del Frente de Izquierda, Patricio del Corro, expresó: “En abril presentamos la declaración y salió en contra. Esta vez volvimos a hacerlo y creemos que tiene que ver con el alcance y avance la campaña nacional de libertad para belén que está impulsando el movimiento de mujeres y organizaciones de derechos humanos, como mis compañeras de Pan y Rosas”.

El legislador destacó la presencia de sus pares de Mendoza y Córdoba, Noelia Barbeito y Laura Vilches, que están presentes ahora en la provincia del norte, en el marco de la campaña nacional y donde visitarán a la joven que se encuentra detenida en el penal para mujeres de Tucumán

3.8.2016

Juan Martín Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti, recibió del gobierno porteño más de dos millones de pesos en contrataciones directas por “pauta publicitaria” en la revista JOY –sobre restaurantes gourmet– y “organización de eventos” como las “Sparkling Nights” –reuniones para catar champagne en hoteles cinco estrellas.

Así lo denunció el portal Nuestras Voces, de la legisladora porteña Gabriela Cerruti. La empresa de Tonelli facturó esa cantidad hasta el año 2014, según lo que fue publicado en el Boletín Oficial. Sus negocios con el Estado porteño, que el PRO gobierna desde hace más de ocho años, podrían ser aún mayores.

El nombre de Tonelli tuvo una publicidad imprevista en los últimos días, cuando tras conocerse que Michetti había sufrido el robo de 245 mil pesos y 50 mil dólares en efectivo que guardaba en su casa, la vicepresidenta debió explicar el origen del dinero. Aseguró que a los dólares se los había prestado su novio, y que los tenía para regalarle a su hijo una maestría.

Tonelli, que se presenta a sí mismo como un lobbysta (“hago relaciones gubernamentales”, ha dicho al ser entrevistado), desembarcó en el PRO como asesor de la Fundación Crecer y Creer, del presidente Mauricio Macri. La nota de Nuestras Voces lo describe como un emprendedor que organizaba “desayunos de oración” por las mañanas –así conoció a Michetti– y “eventos sobre placeres y vida gourmet” en las noches.

La empresa a través de la que se canalizaron los negocios con el gobierno porteño es Tough Match SRL, que creó con su hermano Carlos. La firma es propietaria de la web PlanetaJoy.com y la revista JOY, organizadoras a su vez de las ferias de vinos espumantes (o Sparkling Nights) en las que las bodegas ofrecen degustaciones de champagne en lujosos hoteles porteños. También hacen eventos de Bienestar Saludable y la feria al aire libre BAM (Buenos Aires Market).

Según la investigación del portal, el gobierno porteño le puso publicidad a la revista por al menos 823.628 pesos. El criterio con el que le dieron estos fondos dista de estar justificado: en la sección sobre salidas nocturnas, junto a una nota sobre variedades de cerveza, por ejemplo, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Buenos Aires puso una página destinada a difundir la línea telefónica gratuita 102, destinada a recibir denuncias de los niños.

El portal revela que el Estado porteño también destinó dineros públicos a poner un stand en las Sparkling Nights. En este caso, la participación en el evento “donde famosas top models (y no tanto) se juntan con jóvenes empresarios a degustar vinos de alta gama”, fue realizada por medio de contrataciones directas, evitando licitaciones. “Tonelli facturó al Gobierno de la Ciudad por las noches de burbujas 565.280 pesos, sumando los 110.000 pesos de 2011 a los 455.280 pesos de 2013”.

Otras sumas fueron percibidas por la empresa por los BA Market. Estas ferias itinerantes de alimentos saludables, cuenta el artículo, “nacieron como un evento privado auspiciado por el Gobierno de la Ciudad, que le facilitaba predios y permisos. Pero rápidamente el Gobierno de la Ciudad contrató a la empresa de Tonelli como dueña de la ‘idea original’ del BA Market por 169.400 pesos por fin de semana, sumando un total de 338.800 pesos”. “Sin embargo, desde hace dos años, el Gobierno de la Ciudad a través del Ente de Turismo gira por pago directo, a través de un mecanismo irregular y extraordinario de ‘caja chica especial’ para reconocimiento de servicios prestados, entre trescientos y quinientos mil pesos por fin de semana de feria a la empresa Castropol Comunicaciones por la organización del BA Market.”

A su vez, Castropol Comunicaciones es una empresa que se dedica a intermediar pauta (bolseros) con los gobiernos, y publica suplementos de salud para diarios del interior auspiciados por la Cámara de Medicamentos de Venta Libre (Capemvel), que dirige Tonelli. Como lobbysta, Tonelli acumuló una serie de denuncias en la ciudad de Buenos Aires. Gestionó la colocación de una pantalla LED gigante para una publicidad de Coca-Cola frente al Obelisco, que el juez Andrés Gallardo le ordenó a Macri apagar por considerarla peligrosa. Como titular de Capemvel, consiguió que Macri vetara la ley de la ciudad que adhería a la prohibición nacional de venta de medicamentos libres en kioscos y supermercados.

3.8.2016

En Suárez 1900 vivían 8 familias, entre ellas 11 niños de 2 a 16 años, quienes al regresar de la escuela encontraron todas sus cosas en la calle. Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone, dialogó por La Retaguardia con el programa Tengo Una Idea, y conversó sobre esta nueva estrategia de Ciudad. Por La Retaguardia

Los "desalojos administrativos" son parte de un nuevo método que "no pasa por procesos judiciales en lo civil, sino que se realiza una demanda penal a partir de una clausura previa del inmueble, hecha por posibles problemas estructurales que pudieran traer perjuicios a quienes habitan allí o a terceros. Ante estos supuestos riesgos para las familias, la Ciudad dispone -con aval de un juez del fuero penal- del "desalojo administrativo"", explicó Natalia Quinto.

El jueves 14 de julio a la mañana se llevó a cabo un operativo cargado de ilegalidades: "Nos comunicaron que estaban realizando un desalojo en calle Suárez al 1900, con apoyo de la Policía Metropolitana, a 70 metros de la subsede comunal de Barracas. Ninguno de los compañeros pudo dar cuenta de alguna orden de desalojo o acta aclaratoria. Cuando nos acercamos, pudimos tomar cuenta de que en realidad se trataba de un desalojo administrativo.

De esta manera, aclaró Quinto, la Justicia vela "por la integridad física de las personas, pero no vela por el resto de los derechos como por ejemplo acceso a la vivienda digna, o todos los derechos que avalan a niños y niñas".

En Suárez vivían 8 familias entre ellas 11 niños de 16 a 2 años, quienes al regresar de la escuela no tuvieron a dónde volver: "El operativo se llevó a cabo en horario escolar, por lo general los desalojos administrativos no tienen previo aviso por lo que resulta sorpresivo para las familias", dijo Quinto. Al volver de la escuela, los niños encontraron sus cosas en la calle.

Golpes e ilegalidades

Además de golpear a dos personas durante este procedimiento, no se encontraban presentes organismos que -según acta- deben garantizar el cumplimiento de derechos: "La defensora de Menores se hizo presente ante nuestra demanda, porque en estos operativos juez y Fiscalía disponen de la presencia del BAP; la Defensoría del menor; la Defensoría de Ciudad, y SAME, como para que garanticen los derechos de las familias, ninguno de estos dispositivos estuvo presente hasta el momento en que llegamos, y una vez que manifestamos a los efectivos policiales que debían cumplimentar toda el acta, no sólo la parte en que refería sacar a las familias a la calle, empezaron a llegar", dijo.

Cuando la Metropolitana golpeó a una piba, "a la defensora de menores no le pareció intervenir porque al tener 21 años, no era parte de su tarea, nos refirió. Media hora después de que se retirara, golpearon a otra chica menor de 16, a quien arrojaron escaleras hacia abajo como si fuera un mueble más de la casa".
Este proceso se llevó a cabo arrojando muebles por la escalera, o directamente desde la terraza, hacia la vereda.

Nuevos métodos e intereses particulares

"A modo de ejemplo -explicó Quinto-, nosotros venimos acompañando procesos organizativos donde la guardia de auxilio ya ha hecho clausuras preventivas. Con vecinos organizándose de manera autogestiva, somos quienes tratamos de poder contar con los recursos necesarios para hacer los arreglos estucturales de las viviendas. En los casos en que llegamos a tiempo, hemos descubierto que los peritajes que hacen los arquitectos no se condicen después con los peritos de parte que llevamos nosotros, es decir: en realidad no hay peligro estructural de derrumbe. Por lo tanto, esto se lleva adelante cuando pesa sobre el inmueble algún interés particular para la Ciudad. Porque, de esta manera, además, la Ciudad se ahorra tener que hacer el proceso de desalojo formal.

Surgen interrogantes en un marco de negocios inmobiliarios, por un lado, y ausencia de facilidades o créditos para poder restaurar las viviendas declaradas en riesgo: "Se ponen plazos de los que la Ciudad se desentiende por completo -dijo Quinto. La Boca puntualmente está declarada en emergencia ambiental y urbanística por la Ley 22.240. Los recursos previstos en esta Ley tendrían que posibilitar la refacción de los inmuebles en estos casos. Porque la Ley no se acaba solamente en la declaración de emergencia. En La Boca, la Ley fue incumplida sistemáticamente durante los 8 años de gestión del PRO. Éste sería el noveno año de incumplimiento de la Ley".
El responsable por la Brigada, de la Comuna, presente en el lugar, dijo que el inmueble de Suárez al 1900 habría sido comprado por alguien cercano a la Dirección de Espacio Público, lo cual Quinto afirmó no haber podido constatarlo.

Qué hacer

"Ante cualquier primer cédula de desalojo o de acta de constatación que llegue a una casa -especificó Quinto-, lo principal es contactarse con un abogado o grupo que trabaje esta problemática, como para poder dar respuesta inmediata y evitar que la cosa empeore. En el caso de las clausuras que hace la guardia de auxilio, lo mismo. No se debe confiar en que van a dar los tiempos para arreglarlo. Esto no ocurre así, son mecanismos que utilizan para otros intereses como hacerse de inmuebles de los que ya se ha perdido el rastro de sus propietarios por ser herencias vacantes con dudosa situación dominial en la actualidad", afirmó la entrevistada.