Red de radios

20.10.2022

Se los investiga por las amenazas y los mensajes violentos contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es fundamental señalar que no se puede perseguir -política y/o judicialmente- a nadie, por más reaccionarias y retrógradas que sean sus ideas.

Cuatro referentes del autodenominado espacio Revolución Federal fueron detenidos este jueves. Se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos y por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante la mañana se produjeron las detenciones de Jonathan Ezequiel Morel, referente y vocero de Revolución Federal, y los integrantes de ese espacio Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Guerra.
Durante la tarde se entregó Sabrina Basile, hija del entrenador de fútbol Alfio “Coco” Basile, quien era buscada por sus vínculos con Revolución Federal. Se entregó en la justicia y fue trasladada a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), donde quedó detenida, informaron a Télam fuentes del caso. Los detenidos durante los operativos de la mañana pueden ser indagados este viernes, según las mismas fuentes.
Las detenciones fueron efectivizadas por la PSA por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La investigación permanece bajo secreto de sumario y fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
Según los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por el agrupamiento a partir de mayo, pudieron haber funcionado como “caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó” el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Es fundamental señalar que no se puede perseguir a nadie -política y/o judicialmente- por más reaccionarias y retrógradas que sean sus ideas. Este tipo de ideas reaccionarias tienen su propio “caldo de cultivo” en una país signado por una crisis social y económica que hunde el nivel de vida de las grandes mayorías mientras crecen las ganancias del gran capital. Signado, además, por un duro ajuste que se impone en función del acuerdo con el FMI.
Las detenciones se activaron luego de que Morel viajara en micro a Paraná, Entre Ríos, lo que implicó un riesgo para la investigación, según detallaron a Télam fuentes del caso.
Morel fue detenido en la ciudad entrerriana, mientras Sosa y Guerra fueron encontrados en sus respectivos domicilios en provincia de Buenos Aires, en el marco de 11 allanamientos a cargo de la PSA.

La acusación contra los integrantes de Revolución Federal

Los referentes detenidos pueden ser acusados de organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieran por objetivo imponer sus ideas a la fuerza o infundir temor en otras personas, según explicaron a Télam fuentes con acceso a la investigación.
También se les achacaría la supuesta incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y la incitación a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Pollicita a través de un extenso dictamen en el que enumeró distintas declaraciones públicas y manifestaciones violentas convocadas por Revolución Federal.
Según Télam entre las manifestaciones enumeradas se encuentra la marcha de las antorchas convocada el 25 de mayo de este año frente al Congreso de la Nación bajo consignas tales como “Basta de Cristina”, “Basta de Alberto”, “Los vamos a sacar” y “Van a correr”.
Otra de las manifestaciones invocada por el fiscal fue la realizada en Plaza de Mayo el 9 de julio bajo consignas como “Es hora de accionar” y “Es ahora o nunca”, a la que Morel asistió con una guillotina de utilería de grandes dimensiones.
También fueron considerados por el juzgado y la fiscalía los mensajes publicados por los acusados en sus redes sociales, sus expresiones en medios de comunicación y las propuestas que realizaron en diálogos que transmitieron por Twitter Space, una herramienta utilizada para conferencias o diálogos virtuales.
El 26 de agosto, por caso, durante una de esas charlas que fue titulada “Hay que pudrirla”, una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista que manifestaba su apoyo a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, para llevar a cabo un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después cuando Sabag Montiel intentó asesinarla.
La información fue presentada en el expediente por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien además aportó las grabaciones de otras conversaciones públicas publicadas en redes sociales en las que se hablaba de la posibilidad de atentar contra el presidente Alberto Fernández.

La hipótesis de Cristina

La vicepresidenta Fernández de Kirchner interviene como querellante en este expediente en el que es representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes además la asisten en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En el escrito presentado el lunes pasado, cuando solicitó ser tenida por querellante, la vicepresidenta sostuvo que veía “probable” que existiera algún tipo de vinculación entre la organización Revolución Federal y las personas acusadas de haber querido asesinarla.
La Vicepresidenta también puso el foco en el posible financiamiento de esa organización que tiene como referente a Morel, el dueño de una carpintería que en el último tiempo recibió pagos millonarios de parte de Caputo Hermanos, una empresa integrada por hermanos del ex ministro del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo, aunque no por él.
La ruta de ese dinero y su destino final está también bajo investigación de la justicia, que dispuso allanar tanto la sede porteña de la firma Caputo Hermanos como la de dos fideicomisos a través de los cuales se canalizaron los pagos a la carpintería de Morel.
Caputo Hermanos realizó el miércoles por la noche una presentación espontánea para ponerse a disposición de la justicia y asegurar que los pagos realizados a Morel y sus socias de la carpintería fueron por trabajos realizados de los que se adjuntaron fotos.
Entre otras decisiones que tomó este jueves el juez Martínez de Giorgi, está la de plantearles a distintos colegas de Comodoro Py que se inhiban de seguir interviniendo en causas por acciones violentas llevadas a cabo por miembros de Revolución Federal y que le remitan las causas para poder investigarlas todas juntas.