Desde distintas áreas de la Ciudad llueven reclamos y críticas a las políticas y decisiones de la actual gestión del PRO.
18.6.2009
Demasiado ocupado está el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en figurar reinaugurando “obras” en plazas de la Ciudad como para responder la cantidad de reclamos que diferentes sectores le hacen llegar. Eso sí, tiempo para aprobar medidas que no hacen más que ratificar su política represiva y excluyente tiene.
Ayer, más de veinte organizaciones sociales y políticas, nucleadas en la Coordinadora de Lucha en la Ciudad, marcharon al Ministerio de Espacio Público de la Ciudad para exigir la eliminación de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) que se dedica a desalojar a familias en situación de calle, cartoneros, casas y asentamientos.
Además se presentó un petitorio, con un centenar de firmas, en el que se reclamaba además de la disolución de la UCEP, que cesen los desalojos, que se declare inmediatamente la emergencia habitacional y respuestas urgentes frente a la crisis de vivienda de la Ciudad.
En este sentido, la Asamblea Permanente contra los Desalojos tiene previsto para el próximo lunes, a las 16.30, una movilización en Belgrano y Balcarce para acompañar la negociación que se llevará adelante en la Dirección General de Administración de Bienes de la Ciudad.
Cabe recordar que mediante la realización de un escrache se logró el pasado 8 de junio el compromiso del director del organismo, Javier Ibañez, de suspender los desalojos de once personas que viven en la calle Pringles, y de dos familias de la calle Constitución, como así también comenzar conversaciones para llegar a una solución definitiva para ambos casos el próximo lunes.
Por su parte, los trabajadores de la Dirección General de la Mujer están preocupados. A través de un decreto, Macri resolvió mudarlos de oficina, reducir al mínimo el personal y directamente desmantelar la línea 0800-66-MUJER, la Central de Llamadas de Violencia Familiar. Aunque aún funciona, será por poco tiempo hasta que los “vecinos” incorporen el número 147, única línea a la que se podrá llamar para cualquier tipo de denuncia, consulta, queja, emergencia sobre cualquier tema relacionado con la Ciudad. Luego de escuchar una larga, larguísima enumeración de opciones quizás se encuentre la que responde a Violencia Familiar.
Quienes tampoco la tienen fácil son los trabajadores de la Dirección General de la Niñez y Adolescencia. Hace dos meses, y junto a los empleados del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, realizaron una campaña para advertir el peligro que corren los servicios sociales dedicados a esta población, ya que se han cerrado y desfinanciado en el último tiempo varios programas de estos organismos.
Además comenzaron a organizarse, a elegir delegados. Javier Ernesto Prat, elegido como representante por una amplia mayoría de sus compañeros del Hogar “Nuestra Señora del Valle” fue despedido cinco días después de la votación.
En tanto, la llegada de Mauricio al poder tampoco fue, ni es, fácil para la Cooperativa Calle de los Títeres. Desde hace nueve años, ellos cobraban un subsidio otorgado por el Gobierno de la Ciudad, pero últimamente algo cambió y esa plata dejó de llegar. Al igual que las explicaciones de los funcionarios. El ministro de Cultura, Hernán Lombardi, de viaje, el Director General de Promoción Social sin tiempo para atenderlos, y quien finalmente se reunió, el 9 de junio pasado, fue una persona que no tenía ningún tipo de poder de decisión, por lo que se limitó a prometer elevar el reclamo.
La cooperativa utiliza el dinero del subsidio para realizar funciones gratuitas en centros culturales barriales, hospitales pediátricos públicos y en el Centro Cultural del Sur.
De hecho, este año la Legislatura había votado una importante ampliación presupuestaria para actividades y cursos, pero es ya conocido el nivel de subejecución que el gobierno porteño lleva adelante desde que asumió.
Por último, el martes pasado la fiscal Claudia Barcia retiró los cargos penales de “violación de domicilio” y “daño agravado” que pesaban sobre ocho activistas de Greenpeace, que en septiembre del año pasado subieron al Obelisco para desplegar una pancarta en la que denunciaban la contaminación que produce la basura de la Ciudad de Buenos Aires y en la que reclamaban la aplicación de la Ley de Basura Cero. De todos modos, fueron penados al considerar que lo que cometieron fue una falta contravencional. Al menos eso consideró la jueza María Laura Martínez Vega, quien les impuso la realización de tareas comunitarias que deberán realizar en centros de gestión y capacitación del Gobierno de la Ciudad, instruyendo a los vecinos sobre cómo debe realizarse la separación en origen de la basura. Es decir, haciendo el trabajo que debería haber efectuado el propio gobierno porteño hace ya demasiado tiempo.
“Nos hacemos cargo de haber ingresado sin autorización a un monumento público, la política de Greenpeace es asumir las consecuencias de sus actos, pero de ninguna manera podíamos convalidar una acusación forzada por delitos inexistentes”, afirmó Martín Prieto, director ejecutivo de la agrupación ambientalista.
