Red de radios

21.08.2010

La Defensoría del Pueblo porteño inició una actuación a fin de analizar la legalidad del “manual de procedimientos” donde el Ministerio de Educación de la Ciudad indica a los directores de las escuelas tomadas que efectúen la denuncia ante la Policía Federal adjuntando la lista de los estudiantes que participan de la medida.
El memorándum enviado el jueves por las autoridades educativas a los directores de escuelas medias generó un amplio rechazo: estudiantes que marcharon a la cartera educativa repudiaron la medida y desde todo el arco opositor porteño cuestionaron la falta de diálogo de las autoridades educativas para resolver el conflicto. Hasta ayer había seis colegios secundarios tomados por estudiantes en reclamo de mejoras edilicias y hoy, en una reunión de la coordinadora de estudiantes secundarios, podrían resolverse medidas similares en otros establecimientos a partir del lunes.
El memorándum 912.750, recomienda “efectuar una denuncia ante el organismo competente (Policía Federal Argentina) sobre el hecho de la toma y la posible configuración de un delito por parte de los participantes”. También sostiene que esa denuncia deberá ir acompañada “con copia autenticada del acta” donde, entre otros puntos, se incluye el “listado lo más completo posible de los alumnos que participen de la medida”. El memorándum lleva la firma del director general de Educación de Gestión Estatal, Roberto Angrisani.
La actuación de la Defensoría se inició a partir de una iniciativa del Area de Derecho a la Educación de ese organismo. Su titular, Gustavo Lesbegueris, sostuvo que el Manual de Procedimiento “importa la renuncia al diálogo y a transitar las instancias de la mediación escolar prevista por la ley como forma para resolver conflictos y, en cambio, apela a la denuncia policial a los que reclaman”. De esa manera, agregó, “intentan acallar las voces de las comunidades escolares que peticionan ante las autoridades, pretendiendo ocultar sus propias responsabilidades, entre ellas, la ineficiente ejecución del presupuesto asignado a construcción y mantenimiento de escuelas, y evidenciando cada vez más explícitamente su pensamiento autoritario”.
El legislador Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) recordó que aquella vez, “la Justicia determinó que se anulara la disposición por su inconstitucionalidad grosera”. Para Ruanova, esta situación “podría haberse evitado si el gobierno de Macri hubiera hecho las mejoras edilicias necesarias, porque la plata está, pero sólo gastó en el primer semestre el 7 por ciento del presupuesto para infraestructura escolar”.

CRECE LA MOVILIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PORTEÑOS
Los estudiantes de la escuela de bellas artes Rogelio Yrurtia decidieron en asamblea la toma del establecimiento.

La movilización estudiantil crece en la ciudad de Buenos Aires. Esta vez son los estudiantes de la escuela de bellas artes Rogelio Yrurtia del barrio de Villa Luro. Desde el jueves 19 de agosto de 2010 los estudiantes se declararon en asamblea permanente y con la activa participación del centro de estudiantes decidieron la toma del establecimiento a partir del lunes 23 de agosto reclamando a las autoridades del gobierno de la ciudad la postergada construcción de un edificio nuevo, para lo cual la escuela ya cuenta con un terreno aledaño.

19.08.2010

En la zona de Plaza Italia han presentado un proyecto de ley que propone modificaciones y están redactando el segundo en el que plantean que el gobierno de la ciudad antes de iniciar una obra importante debe consultar a la población. Mientras tanto, desarrollaron la segunda jornada de protesta el sábado 17 a las 14 en Santa Fé y Borges.

Unas de las principales promesas de Mauricio Macri durante la campaña electoral fue la de ampliar las redes de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires en “10 kilómetros por año”. Lejos de cumplir con su promesa, el ahora Jefe de gobierno se lanzó a modificar el sentido habitual de algunas avenidas en plan de ordenar el tránsito de la ciudad. Primero fue el turno de la Avenida Pueyrredón, y ahora le tocó a la Avenida Santa Fe. Pero lejos de solucionar el problema de la congestión del tránsito, estas medidas han ocasionado innumerables problemas para el transporte, los vecinos y comerciantes.

Hasta el momento cuatro peatones murieron al ser atropellados por autos y colectivos; tres a lo largo de la Avenida Pueyrredón y uno en Santa Fe y Laprida. Los vecinos y comerciantes de la primera avenida han llegado a movilizar a más de 500 personas y hoy continúan reclamando el cese del doble carril dado que a más de un año de haberse implementado todavía no tiene la aprobación de la Legislatura porteña.

En lo que se refiere a la Avenida Santa Fe, lo que se ha hecho con la implementación del doble carril que ahora corre desde Plaza Italia hasta la calle Anchorena, es retrasar los tiempos en los semáforos para las calles y avenidas que la cruzan. Esto provoca enormes congestionamientos con ruidos de bocinas que duran hasta altas horas de la noche. La gran cantidad de vehículos, que deben marchar y parar más de una vez en una misma cuadra, aumentan aún más la contaminación en el aire con la quema de sus combustibles. A estos problemas se suman las bajas en las ventas de los negocios en las calles por donde pasaban las líneas de colectivos cuyos recorridos fueron derivados a la Avenida Santa Fe.

16.8.2010

El Instituto Espacio para la Memoria informa que se encuentra abierta la inscripción al curso de capacitación docente “La transmisión de la Memoria de la etapa del Terrorismo de Estado (1976-1983), sus antecedentes y consecuencias”, Resolución M.E.C.B.A. Nº 5658/09, con un puntaje de 0,18 pts. para la población docente de la CABA.
Comienza elmiércoles 25 de agosto y se extenderá hasta el 24 de noviembre, en el horario de 17,30 hs. a 20,30 hs. (una vez por semana).
El formulario de inscripción puede solicitarse a la siguiente dirección de correo: capacitacion_iem@yahoo.com.ar

15.8.2010

Desde la nominación en octubre de 2009 del Centro Histórico de Buenos Aires como uno de los 100 Sitios Patrimoniales en Riesgo del World Monuments Fund, la situación patrimonial no ha mejorado.

Ante esta indefensión y la progresiva desaparición del valioso patrimonio arquitectónico y urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Basta de Demoler y Fundación Ciudad consideran necesario destacar que:

• La ley 1227, promulgada en 2003, que establece el marco legal para la protección del Patrimonio, no ha sido totalmente reglamentada por lo que las penalidades previstas resultan inaplicables.
• La ley 3056, promulgada en 2008 para impedir la demolición inconsulta de inmuebles construidos antes de 1941, expira en diciembre de 2010.
• Las demoliciones clandestinas continúan destruyendo edificios de valor patrimonial y aún edificios catalogados por la Legislatura Porteña.
• El espacio público es intervenido eludiendo consultar a los organismos con incumbencia patrimonial e identificar a los profesionales responsables de los proyectos.

Como un aporte para superar esta lamentable situación Basta de Demoler y Fundación Ciudad convocan a todos los actores involucrados, legisladores, funcionarios, instituciones académicas, ONG y propietarios y responsables de edificios de valor patrimonial, al 1^er Encuentro de Gestión de Patrimonio Urbano y Arquitectónico  “Salvemos Buenos Aires”.

11.08.2010

La jueza porteña Elena Liberatori exigió a la Legislatura de la ciudad cambiar la denominación de los lugares públicos que homenajeen a quienes se desempeñaron durante regímenes dictatoriales, hizo lugar a una acción de amparo presentado por un ciudadano.
Según se especifica en el fallo, los espacios que deberían cambiar sus denominaciones son: la plaza Teniente General Pedro Eugenio Aramburu (que ya fue cambiado por Plaza del Angel Gris), la plaza Teniente General Eduardo Lonardi, la plazoleta Ernesto Padilla y las calles Intendente Guerrico, Capitán Claudio H. Rosales, Mecánico Militar Leopoldo Atenzo, Cadete Carlos Larguia y Soldado Miguel Santi.
La sentencia se basó en la ley 83 de la Ciudad, que en su artículo 5º dispone que "en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático".
En la sentencia, la jueza criticó la falta de acción de los legisladores con respecto a este tema: "Habiendo transcurrido ya casi veintisiete años desde el retorno de la democracia a nuestro país, y casi doce años desde la entrada en vigencia de la prohibición no se ha desplegado aún una actividad legislativa suficiente", expresó.