Red de radios

26.02.2026

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a declaración indagatoria al jefe de Gabinete porteño y ex titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Gabriel Sánchez Zinny, por presunta defraudación y negociaciones incompatibles vinculadas a certificados de crédito fiscal otorgados a Toyota Argentina.

La citación a indagatoria fue dispuesta para el 3 de marzo en el marco de la causa CFP 1837/2024, caratulada “Sánchez Zinny, Gabriel y Otros s/ Negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración Pública”, a pedido de la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano.

Junto a Sánchez Zinny, también fueron convocados Diego Pablo Taurizano, Diego Hernán Gabella y Martín Galante, quienes se desempeñaban entre marzo de 2016 y abril de 2017 en el INET)y en el Ministerio de Educación y Deportes, confirmó NA.
La imputación sostiene que los funcionarios habrían realizado contrataciones a través del régimen de crédito fiscal que no podían efectuarse de manera directa, debido a incumplimientos del régimen de contrataciones públicas y a vínculos familiares y personales con integrantes de las empresas beneficiadas.

Según la fiscalía, los certificados de crédito fiscal emitidos a favor de Toyota Argentina SA para proyectos educativos habrían sido utilizados para contratar servicios de consultoría y publicidad privada que no se ajustaban a los fines educativos de la ley 22.317. Las firmas involucradas fueron Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL, cuyos servicios presentaban irregularidades, baja calidad e inconsistencias documentales.

El presunto perjuicio asciende a $2.854.405, que actualizado alcanza los $16.515.389,42, mientras que el total originalmente presupuestado para Toyota Argentina SA era de $7.000.000, equivalentes a unos $40.501.514,67 actualizados. La fiscalía fundamenta la causa en la Resolución INET 2/2016 y en la tramitación de expedientes especiales que no se registraron en los sistemas habituales del organismo.

La fiscalía considera que la evidencia reunida, que incluye documentación de la Oficina Anticorrupción y expedientes internos del INET, justifica la indagatoria. Los imputados deberán responder por posibles delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, aunque la investigación podría derivar en nuevas imputaciones.

25.02.2026

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad obtuvo la primera condena en el ámbito porteño por la explotación de apuestas clandestinas. La sentencia recayó sobre una mujer de 48 años, quien recibió tres años de prisión en suspenso por organizar y administrar un sistema de captación de apuestas sin autorización oficial.

El fallo fue dictado por el juez Ariza Clerici, titular del Juzgado PCyF 1, luego de que la imputada admitiera su responsabilidad en un juicio abreviado. Además de la pena en suspenso, deberá cumplir reglas de conducta, realizar 100 horas de tareas comunitarias y asistir a un curso de concientización sobre los riesgos y consecuencias del juego ilegal.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Lotería de la Ciudad, que detectó movimientos irregulares durante una inspección en un comercio del barrio porteño de Villa Riachuelo. A partir de esa presentación, el fiscal Juan Rozas encabezó la investigación junto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Las tareas incluyeron relevamientos en el lugar y análisis de información en fuentes abiertas. De ese modo, se comprobó que en el local se tomaban apuestas sobre eventos deportivos, quiniela y bingo sin habilitación. El encuadre legal se apoyó en el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona la organización y explotación de juegos de azar sin permiso de la autoridad competente. Desde la FEJA remarcaron que el juego clandestino no es una práctica informal aislada, sino que suele estructurarse en redes que eluden controles y buscan ampliar su alcance mediante distintos mecanismos de difusión y cobro. Según indicaron, estas dinámicas incrementan el riesgo social y pueden afectar especialmente a niñas, niños y adolescentes.

Como parte de las acciones preventivas, el organismo recordó que las plataformas habilitadas para operar en la Argentina deben utilizar el dominio “.bet.ar”. Cualquier sitio que funcione por fuera de ese esquema debe considerarse potencialmente ilegal y riesgoso para los usuarios.

La condena obtenida por la fiscalía porteña no solo marca un antecedente judicial, sino que también busca visibilizar el funcionamiento de las redes de juego ilegal y reforzar los controles para desalentar su expansión en la Ciudad.

24.02.2026

La Ciudad de Buenos Aires iniciará el ciclo lectivo 2026 el miércoles 25 de febrero para los niveles Inicial y Primario, mientras que el Secundario comenzará el 2 de marzo. Con el regreso a las aulas, volverá a estar vigente el Boleto Estudiantil, una herramienta clave para facilitar el acceso a la educación y aliviar el presupuesto de las familias porteñas.

El beneficio permite a los estudiantes viajar gratis en colectivos, subtes y Premetro a través de una tarjeta SUBE personalizada e intransferible. De acuerdo con la normativa vigente, se pueden realizar hasta cuatro viajes diarios sin costo, entre las 5 y las 23:59, durante todos los días del calendario escolar hasta el 31 de diciembre, excepto en el receso de invierno.

La medida, respaldada por la Ley 5.656 y por el Ministerio de Educación porteño, apunta a garantizar que los alumnos puedan trasladarse desde sus hogares hasta las escuelas. En el caso de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el procedimiento es diferente y debe gestionarse ante Trenes Argentinos.

Durante el ciclo lectivo, la SUBE estudiantil también puede utilizarse como una tarjeta común fuera del horario o condiciones del beneficio como fines de semana, feriados o vacaciones, aunque en esos casos el pasaje se abona con la tarifa habitual. Lo mismo ocurre si se superan los cuatro viajes diarios gratuitos.

El Boleto Estudiantil está destinado a alumnos de salas de cuatro y cinco años del nivel Inicial, Primario y Secundario que asistan a escuelas públicas porteñas o a establecimientos privados con 100% de subsidio estatal y cuota cero. También alcanza a estudiantes de Educación Especial pública, a quienes cursen el último tramo del secundario en Centros de Formación Profesional y a alumnos de instituciones para adultos incluidas en el régimen.

Desde el año pasado, el programa se amplió para incorporar a estudiantes de bajos ingresos que cursan carreras en universidades e institutos terciarios de gestión pública, social o privada con subsidio total y sede en la Ciudad. Quedan excluidos quienes asisten a colegios privados arancelados o a instituciones que no cuentan con financiamiento estatal completo.

Los nuevos beneficiarios deberán completar la inscripción online disponible desde el 18 de febrero en el sitio oficial del Gobierno porteño y solicitar turno para finalizar el trámite en una Sede Comunal. Allí deberán presentar el DNI del estudiante y una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Luego, será necesario activar el beneficio por única vez en una Terminal Automática SUBE. Quienes ya contaron con el boleto en 2025 no deberán reinscribirse: solo tendrán que apoyar la tarjeta en una Terminal Automática para reactivar el subsidio.

En el caso de los trenes, líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur, existen dos modalidades: el boleto escolar gratuito para niveles inicial, primario y primeros años del secundario, y el boleto estudiantil con hasta 48 viajes mensuales al 50% del valor mínimo para cursos superiores y terciarios. Ambos pueden gestionarse de forma online o presencial ante Trenes Argentinos.

La renovación del beneficio es automática para quienes ya lo utilizaron el año anterior. Una vez activado, el subsidio se mantiene durante todo el calendario escolar, desde el inicio de clases hasta el último día hábil de diciembre, con la única interrupción del receso invernal.

23.02.2026

La contaminación sonora se consolidó como uno de los conflictos más frecuentes en la vida urbana y, en la Ciudad es impacto es mayor: tránsito intenso, actividad nocturna y obras permanentes generan niveles de ruido que afectan el descanso, la salud y la calidad de vida. Frente a esta problemática, el distrito cuenta con una normativa específica que fija límites y establece sanciones.

El eje central de esa regulación es la Ley 1540, sancionada en 2004, que determina límites concretos para prevenir y penalizar ruidos molestos provenientes de actividades particulares, comerciales y construcciones. La norma fija niveles máximos de emisión sonora, define franjas horarias permitidas y establece mecanismos de control que rigen en todo el territorio porteño, con criterios más estrictos durante la noche.

De acuerdo con la ley, se considera ruido molesto toda emisión que supere los decibeles autorizados o que produzca una afectación comprobable a terceros. En zonas residenciales, el tope es de 55 decibeles en horario diurno y de 45 durante la noche. También pueden encuadrarse como infracción aquellos sonidos persistentes o reiterados que, aun sin exceder los límites técnicos, resulten perturbadores por su continuidad o por el contexto en el que se producen.

Uno de los focos habituales de conflicto entre vecinos son las obras en construcción. La normativa permite trabajos de lunes a viernes entre las 7 y las 20, y los sábados de 8 a 13. Fuera de esos horarios está prohibido el uso de maquinaria pesada o herramientas ruidosas, salvo autorizaciones excepcionales. Ante incumplimientos, los vecinos pueden denunciar para que intervenga el área de Control Comunal.

En los edificios de propiedad horizontal, además, rigen disposiciones complementarias. El Reglamento de Copropiedad y la Ley 941, que regula la actividad de los administradores, establecen límites para reparaciones, reuniones y otras actividades que puedan alterar la tranquilidad fuera de los horarios habilitados. Los administradores deben mediar ante reclamos y, si el conflicto persiste, pueden impulsarse instancias administrativas o judiciales.

Las sanciones por infringir la normativa varían según la gravedad y la reincidencia. Pueden ir desde apercibimientos y multas económicas hasta clausuras temporales o definitivas y el secuestro de equipos emisores de sonido. En muchos casos, el procedimiento se inicia a partir de una denuncia vecinal. Los habitantes de la Ciudad pueden canalizar reclamos a través del 147, mediante la web o la app BA 147 en la opción “Ruido molesto”, ante la Agencia de Protección Ambiental, o incluso en comisarías y fiscalías si se trata de contravenciones reiteradas.

20.02.2026

Tres personas resultaron heridas este viernes tras la explosión de una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, ubicada en la avenida Paseo Colón 533, en el barrio porteño de San Nicolás. El estallido se produjo cuando era manipulado un paquete que había llegado a la institución meses atrás.

Como consecuencia de la detonación tres personas sufrieron quemaduras. Dos de ellos fueron derivados al Hospital Argerich, mientras que una cuarta persona recibió asistencia con oxígeno en el lugar. El protocolo de seguridad dispuso el desalojo del edificio, los heridos se encuentran fuera de peligro y permanecen bajo observación médica.

El envío estaba compuesto por tres paquetes recibidos hace aproximadamente cuatro meses y que permanecían resguardados en el piso once del edificio, según confirmo Noticias Argentinas. Por causas que aún son materia de investigación, uno de los bultos explotó al ser inspeccionado este mediodía.

El llamado de alerta al 911 se registró a las 13.24, tras lo cual acudieron al lugar ambulancias del SAME y efectivos de distintas fuerzas, más de once móviles. Participaron del operativo Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, Policía Federal y personal especializado en explosivos e investigaciones antiterroristas, quienes trabajaron en el aseguramiento del perímetro y en las pericias para determinar el origen y la composición del artefacto.

Según trascendió, el paquete estaba dirigido al ex comandante mayor Diego Gasparutti, quien se desempeñó como director de la escuela entre 2021 y 2022 y actualmente se encuentra retirado. El ex funcionario había concurrido al establecimiento para retirar la encomienda cuando se produjo la detonación. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se hizo presente en el lugar y mantuvo una reunión con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque evitó realizar declaraciones públicas.

La investigación continúa en curso para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades. En paralelo, los investigadores trabajan para reconstruir la trazabilidad del envío y determinar desde dónde fue despachado. Las pericias sobre los restos del paquete buscan establecer qué tipo de sustancia explosiva fue utilizada y si se trató de un artefacto de fabricación casera o de mayor sofisticación. También se analizarán las cámaras de seguridad de la zona y del propio edificio, así como los registros de ingreso y egreso del personal, con el objetivo de identificar cualquier movimiento sospechoso previo al estallido.

El episodio generó momentos de extrema tensión entre los efectivos y trabajadores de la institución, donde funcionan oficinas administrativas y áreas de formación. Durante varias horas, el tránsito en la zona de Paseo Colón y México permaneció parcialmente restringido mientras se desarrollaba el operativo de seguridad. La causa quedó en manos de la Justicia federal, que deberá determinar el origen del envío y si existió una motivación específica detrás del ataque.