Resolución del gobierno porteño perjudica a personas discapacitadas

14.10.2013

Una ONG y una Asociación Civil iniciaron una demanda contra el Gobierno porteño por una Resolución sancionada que perjudica a las personas con discapacidad motriz.


El próximo miércoles se sorteará en mesa de entrada de los Tribunales porteños, el Tribunal que entenderá en la causa iniciada por la ONG Acceso Ya, en conjunto con Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), contra la Ciudad.

El objeto de la demanda es que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 309 (2004), que permite que locales comerciales queden injustamente exceptuados del cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente, informó la ONG mediante un comunicado difundido a la prensa.

La Ley 962 de "Accesibilidad Física para Todos", dispone que todo edificio de concurrencia masiva, de propiedad pública o privada, deba adecuar sus instalaciones a fin de garantizar el acceso, circulación y permanencia de las personas con discapacidad motriz o movilidad.

No obstante, prevé tres requisitos que admiten su incumplimiento: que los edificios sean preexistentes a la sanción de la Ley (2002), que no se hayan realizado obras de ampliación, y que no puedan modificarse las características dimensionales y físicas de las circulaciones verticales y horizontales.

La Resolución 309 limita los requisitos establecidos en la Ley 962, reduciéndolos a dos: preexistencia e inexistencia de obras de ampliación.

Lo controvertido de esta resolución es que para ampararse en esta excepción, basta la presentación de una simple declaración jurada del particular y del profesional encargado de la obra como mecanismo de control.

Sin embargo, Acceso YA remarcó que "es sabido que esa declaración no es suficiente" y añadió que "para poder establecer si un edificio es accesible se debería requerir la verificación de profesionales idóneos y externos de la obra".

Asimismo, denunciaron que "omite exigir que no puedan modificar las características dimensionales y físicas de las circulaciones verticales y horizontales".

"Esto significa que, a la hora de otorgar una habilitación, el Gobierno de la Ciudad no exige el cumplimiento del principal requisito que exime del total cumplimiento de la Ley de Accesibilidad: el que efectivamente prueba que el edificio en cuestión no puede ser reformado", añadió el texto difundido de la ONG.

Por último, Acceso Ya remarcó que "esta Resolución se ha convertido en el principal obstáculo en la implementación de las normas de accesibilidad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

"Lograr su declaración de inconstitucionalidad producirá un gran impacto en las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida", añadió.

Por su parte, Fernanda Bietti, directora ejecutiva de Acceso Ya sostuvo que "las víctimas de esta situación creada por la resolución 309 son las personas con discapacidad motriz, quienes sufren graves violaciones a sus derechos fundamentales, afectando de esta manera su autonomía y dignidad como seres humanos".

Protestan comerciantes de la Av. Avellaneda

12.10.2013

Comerciantes de la avenida Avellaneda, en el barrio porteño de Flores, realizaron este viernes una protesta para expresar su repudio a la proliferación de la venta ilegal en esa zona.


Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) los comerciantes se concentraron a partir de las 9:30 en la esquina de Nazca y Avellaneda, ya que en ese lugar de Ciudad se han detectado más de 500 puestos de venta callejera clandestina.

De acuerdo con el último informe realizado por CAME sobre la venta ilegal, en agosto último, en 357 ciudades de todo el país, se detectaron 484 Saladitas en Argentina, con 31.378 puestos instalados, 43.132 vendedores ilegales con ventas por 1.277 millones de pesos.

Según la entidad, "la venta ilegal se reacomoda en diferentes formatos o se traslada de región en región, pero no baja. En las ciudades donde se detectaron Saladitas se encontraron además 11.754 manteros en la vía pública".

Asamblea por reclamos edilicios del Jardín N°4 del D.E. N°2

11.10.2013

Ante la preocupación por el estado general en que se encuentra el edificio donde funciona el Jardín Integral N°4 D.E. N°2, del barrio de Palermo, la Comisión Directiva de la Cooperadora Ángel Gallardo, que nuclea al jardín y a la escuela primaria, convocó para mañana viernes 11 de octubre a las 9 hs en esa sede, a una asamblea extraordinaria para la que se invitaron a distintas autoridades del Gobierno de la Ciudad, de la Comuna 2 y Legisladores/as porteños/as.


Se trata de un jardín de jornada completa que recibe diariamente aproximadamente 150 alumnos/as de entre 3 y 5 años de edad, cuyo edificio se encuentra en condiciones que la Cooperadora entiende que “no son las adecuadas para el correcto funcionamiento de un establecimiento educativo”. Entre otras deficiencias, alerta sobre “la existencia de una rajadura importante en una de las paredes medianeras del patio principal, la que preocupa a la comunidad educativa por el potencial peligro que acarrea, teniendo en cuenta que continúa creciendo en tamaño y extensión”. Además, denuncia falta de pasillos y patio cubierto, y un grave problema de humedades que afecta a gran parte de la propiedad, lo que conlleva a la inhabilitación progresiva de los distintos espacios del jardín.  

En este contexto, autoridades del Gobierno de la Ciudad y Legisladores/as porteños fueron convocados “para solucionar esta situación con el compromiso y la participación de todos los actores sociales y políticos involucrados”. Ya confirmaron su presencia las diputadas María Rachid y Virginia González Gass, entre otros/as, y la representante de la junta comunal N°2, Gabriela Castillo.

Procesados por toma de la Sala Alberdi

8.10.2013

Luego del violento desalojo que sufrieron los integrantes de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín el 13 de marzo de este año (que dejó el saldo de numerosos heridos de bala de goma y tres heridos de balas de plomo, que disparó la policía metropolitana), loscuatro procesados por la toma de dos meses del centro cultural tuvieron que presentarse a declarar en un tribunal, en lo que fue su primer audiencia. Afuera del edificio acompañaron organizaciones y otros integrantes de la Sala Alberdi, con un desayuno colectivo y una muestra fotográfica.

Cabe recordar que en el violento desalojo de la sala que llevó adelante la policía metropolitana el 13 de marzo de este año (causa cuya querella impulsan de manera conjunta CORREPI, CADEP y COPODH), dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron baleados con balas de plomo, heridas que se milagro no resultaron de gravedad, al no haber afectado arterias importantes.

En declaraciones, la abogada María del Caérmen Verdú, de CORREPI, especificó: “se había encargado a Gendarmería una pericia bastante compleja sobre las imágenes obtenidas de los distintos medios que filmaron y fotografiaron el ataque, y hay que destacar la importancia del sitio web de la RNMA y de aquella conferencia de prensa que hicimos en el Hotel Bauen, donde presentamos este material en crudo y después editado con las distintas cámaras compañeras y calculando los distintos ángulos, el instante en que los compañeros fueron heridos. Resulta ser que el fiscal tuvo la curiosidad de meterse en la página de la RNMA, vio ese material y ahora nos pidió que se lo alcancemos. Nosotros ya habíamos aportado las cámaras que teníamos en nuestro poder, pero ahora nos pidieron que también aportemos la totalidad de ese material en bruto y editado para que Gendarmería pueda también trabajar sobre esas imágenes”.

La letrada aclaró que en estos casos se debe estar encima de los fiscales, y destacó que en esta causa el control estricto del expediente está dando resultados por lo menos en términos de que la fiscalía está trabajando: “después veremos qué es lo que concluye Gendarmería y hasta dónde nos permite llegar porque allí tenemos un problema que va a ser bastante insalvable. Es el mismo que hemos enfrentado por ejemplo en la causa del 20 de diciembre en relación a nuestro compañero Carlos Petete Almirón. El único proyectil que tenemos recuperado ha sido sometido a pericias balísticas y no es un proyectil único, es decir no es una bala completa de un arma que permita por el estriado del cañón que queda marcado en el cuerpo del proyectil identificar el proyectil con el arma que lo disparó, sino que es una posta contenida en un cartucho de proyectil múltiple; lo que significa que al no tener el cartucho donde esa posta estaba contenida no podemos unirlo a un arma en particular, porque en las armas de ánima lisa como las escopetas lo que permite la identificación es la marca de la aguja percutora que queda en el culote del cartucho, pero las postas que van adentro no tocan nunca el arma, por lo que identificar al autor material del disparo, al individuo, se va a complicar. De todas maneras, con todas estas medidas de prueba estamos absolutamente seguros que tenemos identificado el grupo del personal de las fuerzas especiales de la Policía Metropolitana desde donde salió el disparo, finalizó María del Carmen Verdú.

El caso de Eric Milton Ponce

8.10.2013

El pasado domingo 29 de setiembre, un policía bonaerense baleó en la cabeza a un joven que se encontraba con unos amigos en la Plaza Alberdi del barrio de Saavedra. Ponce simplemente le habría hecho un chiste al efectivo en referencia a su auto, y ahora se encuentra internado en el Hospital Pirovano en grave estado. Para María del Carmen Verdú se trata de un caso de libro: “es un ejemplo perfecto de cómo funciona el gatillo fácil, y muestra la cooperación entre las tres fuerzas porque un policía bonaerense disparó, uno de la metropolitana levantó el casquillo y sacó al que disparó del lugar, y cuando llegó la federal hablaron entre ellos y luego se retiraron. Si los amigos y vecinos no estallaban e iban a la comisaría para armar el lío que armaron, nadie se enteraba. Además, esto se dio en un momento de sensibilidad respecto a la represión policial precisamente gracias al juicio por lo de Walter; yo estoy segura de que, en forma absolutamente involuntaria, hemos dado una mano en eso también, porque había más permeabilidad por lo que se venía discutiendo en los noticieros y en todos los programas de radio y televisión y en los diarios. Si los amigos no hubiesen reaccionaron como lo hicieron no hubieran tenido la repercusión mediática que se dio; estoy segura que hubieran hablado de un confuso episodio y nos estarían hablando de la inseguridad en Saavedra y la necesidad de poner más policías”.

 

La causa por los heridos con bala de plomo de la RNMA

 

CORREPI, CADEP y COPODH continúan llevando adelante la querella de los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que fueron baleados durante uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi, ocurrido el 13 de marzo de este año. La fiscalía que se encuentra investigando estos hechos está ubicada tres pisos más arriba de la sala donde se desarrolla el juicio por Walter Bulacio:“esto hace que en cada cuarto intermedio le vayamos a romper los cataplines al fiscal para ver en qué anda. Estamos yendo literalmente todos los días”, contó entre risas la abogada.

En relación a las últimas novedades de la causa, la letrada especificó: “se había encargado a Gendarmería una pericia bastante compleja sobre las imágenes obtenidas de los distintos medios que filmaron y fotografiaron el ataque, y hay que destacar la importancia del sitio web de la RNMA y de aquella conferencia de prensa que hicimos en el Hotel Bauen, donde presentamos este material en crudo y después editado con las distintas cámaras compañeras y calculando los distintos ángulos, el instante en que los compañeros fueron heridos. Resulta ser que el fiscal tuvo la curiosidad de meterse en la página de la RNMA, vio ese material y ahora nos pidió que se lo alcancemos. Nosotros ya habíamos aportado las cámaras que teníamos en nuestro poder, pero ahora nos pidieron que también aportemos la totalidad de ese material en bruto y editado para que Gendarmería pueda también trabajar sobre esas imágenes”.

La letrada aclaró que en estos casos se debe estar encima de los fiscales, y destacó que en esta causa el control estricto del expediente está dando resultados por lo menos en términos de que la fiscalía está trabajando: “después veremos qué es lo que concluye Gendarmería y hasta dónde nos permite llegar porque allí tenemos un problema que va a ser bastante insalvable. Es el mismo que hemos enfrentado por ejemplo en la causa del 20 de diciembre en relación a nuestro compañero Carlos Petete Almirón. El único proyectil que tenemos recuperado ha sido sometido a pericias balísticas y no es un proyectil único, es decir no es una bala completa de un arma que permita por el estriado del cañón que queda marcado en el cuerpo del proyectil identificar el proyectil con el arma que lo disparó, sino que es una posta contenida en un cartucho de proyectil múltiple; lo que significa que al no tener el cartucho donde esa posta estaba contenida no podemos unirlo a un arma en particular, porque en las armas de ánima lisa como las escopetas lo que permite la identificación es la marca de la aguja percutora que queda en el culote del cartucho, pero las postas que van adentro no tocan nunca el arma, por lo que identificar al autor material del disparo, al individuo, se va a complicar. De todas maneras, con todas estas medidas de prueba estamos absolutamente seguros que tenemos identificado el grupo del personal de las fuerzas especiales de la Policía Metropolitana desde donde salió el disparo”, finalizó María del Carmen Verdú.

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