Red de radios

25.3.2016

Por Andrés Pérez Esquivel*

Otra forma de luchar contra las manifestaciones del pueblo. Volviendo atrás en la evolución humana.

Análisis Taser: a 40 años del golpe el PRO logra la picana legal, pública y publicitable

En las vísperas del 40 aniversario del golpe de Estado, que dio inicio a la dictadura más sangrienta de nuestra historia, la Corte Suprema de Justicia ratificó el sorprendente fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño -que contradijo la sentencia de primera instancia y de Cámara-, dejando el camino libre a las fuerzas de seguridad para el uso de pistolas de descarga eléctrica.

El peligroso uso de estas armas ha sido señalado por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, quienes dejaron en claro que no es cierto que no sean letales, y que además de matar permiten torturar sin dejar marcas. Hay cientos de muertes comprobadas en Estados Unidos y otras partes del mundo, y por ese motivo desaconsejaron utilizarlas.

El gobierno que intenta implementarlas no es ajeno a esto. Basta recordar que la CABA fue el primer distrito en aplicar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU, mediante la sanción de la Ley Nº 3298, pero fue vetada por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el 13 de enero de 2010 (Decreto N° 15/2010) para que al día siguiente, el entonces ministro de Seguridad Montenegro, firmara la compra (Resolución N° 20/MJYSGC/2010) de estas armas Taser en discusión.

La insistencia del macrismo al Poder Judicial para usar las Taser, parece tener más que ver con un enorme interés monetario, que con una necesidad en políticas públicas de seguridad.

Las Taser son muy caras, y con la emergencia en seguridad declarada en Nación y en Provincia de Buenos Aires se pueden comprar sin licitación. Hay muchos motivos pasados para desconfiar, ya que pesan sobre Montenegro dos demandas penales (de los ex diputados Parada y Bodart) por millones de euros de sobreprecios en compra de pistolas sin licitación y a precio de minorista.

Antes de implementar estas armas debería existir un estudio que indique el nivel de des/profesionalidad en el uso de armas que tienen hoy las fuerzas policiales y de seguridad, las supuestas ventajas que traería, y también porqué desecharon otras alternativas balísticas que hoy existen para evitar el plomo y la electricidad.

Como esto no sucede es correcto suponer que el gobierno de Cambiemos va a hacer un peligroso uso de estas armas, no sólo porque vetó la creación del Comité Contra la Tortura, sino porque ha decidido crear un protocolo favorable a la represión de manifestaciones, en línea con lo que en su momento fueron las descontroladas represiones en el Hospital Borda, Parque Indoamericano, Barrio Papa Francisco, Parque Centenario, entre otras.

Otro aspecto peligroso es que su uso no sólo es terrestre, en Estados Unidos hay estados que ya aprobaron en 2015 el uso policial de Drones con pistolas Taser, balas de goma y gases lacrimógenos. Algo a tener muy en cuenta en Argentina, porque la Policía Metropolitana es la primera en producir drones de diseño propio para fines policiales, y por tanto podría incorporarle cargas diversas, así como vender un modelo “exitoso” en el país o en el exterior.

Entonces, mientras el pueblo argentino se apronta a decir en la calle 40 años de Nunca Más, la Corte Suprema ha reabierto la puerta a la picana en las comisarías, con la novedad de que ahora también pueden ser usadas legal, pública y publicitariamente en manifestaciones populares, y hasta podrían volar sobre nuestras cabezas. El desafío de la memoria es mirar hacia atrás, para entender el presente, y anticiparse a peligrosos escenarios futuros para mejorar el futuro. En este nuevo aniversario, no nos demos el lujo de no formarnos ni informarnos sobre la pujante y expansiva industria de nuevas tecnologías de control, seguimiento, represión y destrucción.

*Andrés Pérez Esquivel es sociólogo y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Pensamiento Penal y la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia Tecnología y Sociedad (LAVITS).

23.3.2016 

El Legislador del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Marcelo Ramal repudió la brutal represión sufrida por los vecinos del barrio Mitre en Saavedra,  que se habían movilizado en defensa de una menor abusada.

“Ante una nueva denuncia de violencia contra la mujer el Estado responde reprimiendo a las víctimas, mientras vacía los pocos centros de atención a la mujer (CIM) que existen e incumple la ley  aprobada en la Legislatura para crear 10 nuevos centros”,denunció el diputado del FIT.

“La policía Metropolitana reprimió de manera brutal, incluso con postas de plomo, a vecinos,  como ocurrió hace pocas semanas en la Villa 1-11-14. Estos hechos forman parte de un reforzamiento represivo de la Ciudad, adelantado en el traspaso de la Federal y la resolución del Tribunal Superior que habilita a identificar personas en la vía pública”.

“Desde nuestro bloque  pediremos informes para que se separe a los responsables del operativo y continuaremos nuestro reclamo para que se cumpla con la construcción de Centros Integrales de la Mujer”,finalizó Ramal.

22.3.2016

El 6 de marzo un agente de la fuerza disparó contra el joven de 25 años, que volvía a su casa en el Barrio Fátima de Villa Soldati. A 16 días de su muerte, el juzgado rechazó la querella de la hermana. Hay preocupación en organismos de DDHH por el impacto judicial en otras causas de violencia institucional.

El 6 de marzo del presente año, Brian Romero (25) murió en manos de un agente de Gendarmería quien le disparó cuando el joven volvía a su casa en el Barrio Fátima, Villa Soldati. Verónica Quiroz, hermana de Brian, se presentó como querellante en la causa. Sin embargo,el abogado de la familia, Matías Busso de la organización FIDELA (Formación, Investigación y Defensa Legal Argentina), expresó: “Nos rechazaron la querella con doble motivo. Primero un motivo más formal que es que el Código Procesal Penal no contempla a la querella (Art. 82) ya que sólo enumera padres, hijos y conyugue pero no contempla a la hermana”. En este sentido Busso sostuvo que “es un criterio bastante restrictivo considerando que Brian no tenía padres” y agregó que por lo general, ante la ausencia de padres, los juzgados y la jurisprudencia han sentado precedente de aceptar la querella de otro familiar.

Por otro lado, el segundo argumento es “por el que estamos más preocupados”, sostuvo el abogado. El juzgado expresó que como Brian es imputado en la causa porque se lo acusa de haber disparado y haber robado, él no puede presentarse como parte querellante porque se encontrarían contrapuestos los roles. Este argumento resulta contradictorio ya que “la investigación del hipotético robo se termina cuando la persona fallece como en este caso”, sostuvo Busso.

Además, el abogado de la familia Romero expresó que la resolución del Juez Jorge Asanto “muestra un poco de cinismo ya que habla de Brian en presente y Brian falleció”.
La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y toda la familia se encuentran en alerta ante la situación y advierten que es muy común que en causas de violencia institucional se busque instalar la hipótesis del enfrentamiento o que implanten armas.

“Vamos a apelar la resolución y pedir que aparten al Juez por falta de imparcialidad”, concluyó Busso.

22.3.2016

Los efectivos dispararon contra los vecinos de Saavedra que habían reaccionado ante la violación de una menor por parte de un abusador, que no era del barrio y alquilaba una vivienda.

Según el testimonio de vecinos, un inquilino que no era del barrio abusó de una menor, y fue la madre de la criatura quien salió a pedir auxilio en el Barrio Mitre, Saavedra. Ante esto los vecinos acudieron en su ayuda, y con los ánimos caldeados luego de este horrible suceso, fue que algunos intentaron ejercer violencia contra este hombre.

Frente al reclamo de los vecinos, la reacción de las fuerzas de seguridad fue absolutamente desproporcionada y criminal dejando más de 10 heridos. El testimonio gráfico de lo sucedido da cuenta de la violencia empleada, y el sin sentido de una agresión ante los indignados vecinos.

Los medios comienzan a crear el relato del “enfrentamiento”, que sigue justificando el criminal accionar de la Gendarmería y la Policía Metropolitana. No es la primera vez que los vecinos sufren este tipo de agresiones: Gonzalo Crespo fue víctima de gatillo fácil en 2014, Alan Tapia muere de un balazo en su abdomen por un efectivo de GEOF en 2012. Tampoco es la primera vez que los medios tratan de crear una historia a medida de las versiones policiales.

15.3.2016

En la sesión de la Legislatura porteña, los diputados del Frente de Izquierda exigieron la aprobación de un pedido de informes sobre la situación de falta de vacantes que afecta sobre todo al nivel inicial y primario en la ciudad.

 En su intervención Marcelo Ramal, del Partido Obrero, condenó la negativa del PRO a aprobar el pedido de informes: “en la Legislatura de la Ciudad se votan profusamente declaraciones de huésped de honor y ciudadanos ilustres mientras se rechaza elevar un pedido de informes por la grave situación de casi 5000 niños sin vacantes a más de dos semanas de haber comenzado el ciclo lectivo”. Minutos antes el diputado Patricio del Corro había pedido tratar sobre tablas ese pedido de informes sobre vacantes, lo que fue denegado por el PRO.

 “No se trata de procedimientos o pasos legislativos a cumplir. La negativa del PRO obedece a una política consciente de desviar la matrícula hacia la educación privada”. “La falta de vacantes es el resultado de la falta de escuelas. Precisamente, el Frente de Izquierda presentó un proyecto de ley para construir 33 escuelas en la zona sur de la Ciudad, que aún  no ha sido tratado”, afirmó Ramal.

“Se ha llegado al extremo de que ni siquiera se cumplen las leyes que se han votado, como la  recuperación de un predio de Parque Patricios para la escuela “Carlos Fuentealba”, luego de una gran movilización de su comunidad educativa. Sin embargo,  hoy ese predio encuentra en un estado de abandono completo”