Red de radios

11.1.2016

Al momento de redactar esta nota, se cumple un mes de la asunción de Mauricio Macricomo presidente de la Nación y de la alianza Cambiemos al frente de la administración del Estado.

La primera batería de medidas promovidas por el gobierno -mayormente  mediante la ejecución de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)-, con una devaluación del 40% producto del levantamiento del cepo al dólar, la baja de retenciones para la exportación, el aumento de tarifas en servicios públicos a partir del retiro de subsidios estatales, la preparación de un nuevo endeudamiento externo, vino de la mano con la declaración de emergencia en materia de seguridad a nivel nacional, la confirmación de la facultad policial para detener personas arbitrariamente mediante el  fallo del Tribunal Superior de la ciudad, el traspaso de la Policía Federal y el anuncio de dictado de un protocolo para reprimir la protesta social.
Así, dieron sus primeros pasos sobre las espaldas del pueblo, con un saldo de más de 15.600 trabajadores y trabajadoras despedidos de las distintas dependencias estatales, provinciales y municipales. En promedio, hubo 520 despidos diarios, mientras la administración del ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, con Alfonso Prat Gay a la cabeza, entregaba 320 millones de pesos a las cúpulas de la burocracia sindical para el manejo de obras sociales, buscando sellar la alianza que les permita la contención del conflicto social.
Al mismo tiempo, los ejemplos más concretos llegaron solos, con los pies sobre la tierra: la represión a los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja en la autopista Ricchieri, a los empleados del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en la casa de Gobierno de la provincia de Neuquén, y finalmente la balacera descargada sobre los despedidos y despedidas de la Municipalidad de La Plata el viernes 8 de enero, con decenas de heridos y detenidos en cada caso, demuestran la decisión política del macrismo de abrirse camino  a balazo limpio.
El 23 de diciembre, el director de la sección “política” del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, resumía mejor que nadie uno de los lineamientos más urgentes en la agenda que se le sugiere a Macri: “Otro desafío que tiene el Gobierno es el de administrar la represión sin provocar muertes.”
Si hay una ventaja que sabemos reconocer en los portavoces de la clase dirigente ilustrada, es su gran capacidad de síntesis y tino a la hora de objetivar sus preocupaciones inmediatas en relación a los objetivos estratégicos comunes que los convocan a defender un grupo político. En efecto, saben que, históricamente, uno de los elementos que generan mayor repudio y conflictividad social es el asesinato de militantes en un contexto de movilización y protesta. No es para ellos un problema la muerte, sino lo que puede provocar. Tampoco es para ellos un problema la represión, sino una necesidad cabal, como bien deja en claro Morales Solá, y tantos otros grupos políticos, medios hegemónicos y aparatos sindicales y territoriales que velan por los mismos intereses, y aportan su gramo de conciencia al consenso social necesario para legitimar esta práctica.
En esto de generar consenso,  hasta los “opositores” aportan lo suyo, como lo hizo el ex juez Raúl Eugenio Zaffaroni en Página 12: “No cortar calles ni rutas, dejar pasar los vehículos, ocupar una parte nada más. No dar pretexto a la criminalización. (…) Sin violencia. Sin dar excusas a la represión. Si alguno lo intenta, o es un infiltrado o es alguien a quien se debe contener de inmediato”.
El problema es nuestro, si no sabemos reconocer, como pueblo trabajador, que los lineamientos del modelo actual ya están puestos sobre la mesa desde hace rato, y que eso nos convoca a estar cada vez más atentos, más organizados, y con la mayor unidad posible. Que no haga falta que nos repriman, y menos aún, que nos maten, para que nos demos cuenta de la necesidad y el compromiso histórico al que nos convoca esta nueva etapa para resistir de conjunto.

11.1.2016

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se dieron el gusto. Bajo la atenta mirada de la vicepresidenta Gabriela Michetti; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, firmaron el acuerdo que transfiere buena parte de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, con la perspectiva, de acá a un par de años, de la unificación de ambas fuerzas en un solo cuerpo represivo.

El acuerdo, que deberá ser aprobado en sesión extraordinaria de la legislatura de la Ciudad del próximo 18 de enero, establece que unos 17.000 efectivos federales, de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, con sus 54 comisarías; la Policía Montada, Bomberos y la Guardia de Infantería, se sumen a los 6.500 de la Policía Metropolitana, mientras que el resto de la PFA acotará su función a los delitos federales, con delegaciones reforzadas en todo el territorio nacional.
En una breve pero contundente intervención, Macri destacó que, desde que su gobierno en la CABA creara la Metropolitana, hubo muchas instancias de coordinación con la PFA, pero que a partir de ahora ambas fuerzas actuarán bajo “un solo comando…  que redunde en mayor eficiencia y permita más policías en la calle”. Esas “instancias de coordinación” tuvieron como principales hitos las represiones del Parque Indoamericano (con tres muertos), del Hospital Borda (con trabajadores y periodistas heridos) y de la Sala Alberdi (con balas de plomo que hirieron a dos trabajadores de prensa de la RNMA y un manifestante), lo que pone en contexto el objetivo del traspaso.
No es un dato menor que, mientras la cúpula de la Metropolitana asistió completa al acto, no lo hizo el jefe de la PFA, comisario general Román Di Santo. La máxima autoridad federal presente fue el Superintendente de Seguridad Metropolitana, comisario mayor Guillermo Calviño. Precisamente uno de los dos jefes de la PFA imputados por el apoyo que esa fuerza prestó a la Metropolitana el 12 de marzo de 2013, en la represión por el conflicto de la Sala Alberdi. Se rumorea que Calviño sería ascendido en breve a comisario general, y asumiría como Jefe de la PFA en la etapa de transición y consolidación de la fuerza unificada, seguramente como premio por lo mismo que lo estamos acusando desde CORREPI y la RNMA.
Según el último censo, la CABA tiene algo menos de tres millones de habitantes. El promedio de policías cada 100.000 habitantes en Argentina, según la información disponible, es de 558. Con la unificación, la CABA pasará a tener 700 policías cada 100.000 habitantes, o, si se quiere, un policía cada 142 habitantes, índice altísimo incluso a nivel internacional, a los que hay que sumar los efectivos desplegados en los barrios por prefectura y Gendarmería, y los agentes de seguridad privada.
La primera preocupación presidencial, al anunciar el traspaso, fue asegurar a ambas fuerzas que cada una conservará sus particulares beneficios. “Ningún efectivo va a perder los derechos que hoy tiene”, los tranquilizó a todos, “sólo se van a mejorar las condiciones”. Más allá de diferencias en las remuneraciones básicas, la posibilidad de hacer o no adicionales, las diferencias escalafonarias, etc., y de la realidad que la única forma de que todos conserve sus “beneficios” es que los de cada fuerza se extiendan a la otra, el mensaje fue bien comprendido: nadie va a tocar las “cajas” que manejan a partir de la extorsión, el gerenciamiento del crimen organizado y la explotación del crimen del menudeo.
Completa el cuadro el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que el poder ejecutivo nacional va a promover “un paquete de leyes penales para mejorar la seguridad a nivel nacional como complemento para profundizar las penas (…). Queremos evitar lo que se denomina en la jerga judicial puertas giratorias”. O sea, más policías con comando político común, más penas y más presos, que no serán los delincuentes de uniforme ni los empresarios vaciadores y explotadores, los únicos que disfrutan de la puerta giratoria.

8.1.2016

Ante la restitución de las capacidades represivas de la Policía Federal por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Repudio de la Fundación Servicio Paz y Justicia

Expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en un arbitrario e inconstitucional fallo ha dispuesto permitir a la Policía requerir documentos a los ciudadanos y transeúntes sin mediar siquiera sospecha alguna.
Consideramos esto un avance ante las libertades ciudadanas, y un paso más para fortalecer el control social y la violencia institucional.
Estas medidas, que buscan teóricamente la tan mentada “seguridad” terminan inevitablemente estigmatizando a los pobres, a los que luchan, a los que podrían reclamar en las calles.
Lo que no se dice es que pasara luego de pedir identificación, ¿volveremos a la época de detenciones preventivas en averiguación de antecedentes?
Lo que está probado desde muchas organizaciones es el gatillo fácil, la represión indiscriminada y sobre todo la trama de complicidades de una parte de las fuerzas policiales con diferentes delitos, por lo tanto nos preguntamos cómo darle esta autoridad a fuerzas que son cuestionadas y que no han sido en ningún momento reorganizadas para depurarlas de sus elementos vinculados con el delito.
Adherimos al comunicado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que transcribimos más abajo.
Solicitamos que la medida sea revocada.

Fundación Servicio Paz y Justicia
Buenos Aires 7 de enero de 2015

Comunicado LADH
Contra la restitución de las capacidades represivas de la Policía Federal por parte del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Repudio de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y llamado a resistir en unidad de todas las fuerzas democráticas y populares

Con la autoridad que le otorgan 78 años de lucha ininterrumpida por la vigencia de los Derechos Humanos y Libertades Públicas en el país, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre expresa mediante el presente su más enérgico repudio y rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en un arbitrario e inconstitucional fallo ha dispuesto permitir a la Policía requerir documentos a los ciudadanos y transeúntes sin mediar siquiera sospecha alguna, recuperando el derecho de Control Social casi ilimitado que había perdido en los últimos años.
La infame medida, se inscribe sin lugar a dudas en el “cambio” operado a partir de la elección de las nuevas autoridades gubernamentales e implica un brutal retroceso en materia de derechos y garantías ciudadanos, estos últimos, verdaderas conquistas frente al poder discrecional del Estado, contra el que nuestra organización siempre ha luchado consecuentemente desde su fundación.
La Liga que a lo largo de sus casi 80 años de vida ha denunciado y combatido a la “Sección Especial” en la década del 30, a la SIDE, la DIPA y la DIPBA en tiempos de gobiernos constitucionales restringidos por los poderes fácticos corporativos-militares, a las leyes proscriptivas de las ideas políticas y los movimientos sociales tales como el Decreto 4.161 antiperonista y la “ley” 17.401 de represión y sanción del delito de “comunismo” en tiempos de Onganía, a los grupos de tareas y demás fuerzas de la dictadura genocida y al gatillo fácil policial y las leyes antiterroristas de los tiempos de recuperación de la democracia, denuncia esta decisión judicial que no es otra cosa sino una pata más en los nuevos tiempos, de infundir y generalizar el terror en la sociedad civil por medio de la violencia institucional, para que el gobierno de Macri pueda descargar toda la fuerza del ajuste dispuesto contra los trabajadores y sectores populares en beneficio del gran capital trasnacional y local, las oligarquías financieras y el sector más concentrado y cipayo del Poder.
Quienes siempre hemos denunciado y criticado todo atropello dispuesto contra las mayorías populares y dispuestas con el único objetivo de perseguir y estigmatizar a los pobres, a los que luchan, a los que siendo distintos, no se resignan a ser menos ni a seguir mansamente los dictados del poder económico, social, cultural y mediático serviles al capitalismo mundial y al imperialismo, alzamos nuestra voz contra esta brutal, injusta, inconstitucional e inaceptable decisión del Poder Judicial que sabemos, se inscribe en estrategias de la embajada norteamericana y el Poder Ejecutivo al que no le tiembla el pulso para crear terror en la sociedad disponiendo una “emergencia de seguridad” que no significa otra cosa que mayor discrecionalidad para las más corruptas policías y fuerzas de seguridad del sistema para violentar los derechos individuales y sociales conquistados por nuestro pueblo.
Dato que se agrava en la recientemente informada decisión de Mauricio Macri de militarizar nuestra ciudad con la unificación de las Policías Federal y Metropolitana, ambas cargadas de denuncias por abusos de poder, crímenes de toda laya e irregularidades de todo tipo, siempre a favor del orden vigente.
Cuando estamos recordando el asesinato de Luciano Arruga por parte de la Policía Bonaerense, la fuga del Penal de los Lanatta y Schilacci, está más claro que nunca que las Fuerzas de Seguridad (Policías, Gendarmería, Prefectura, etc.) son parte del problema y no de la solución; al tiempo que exigimos la inmediata reversión de la insólita y anticonstitucional decisión judicial, insistimos en la depuración total de represores, torturadores, corruptos, cómplices de las mafias de la droga de todas las fuerzas de Seguridad y el debate popular de una nueva Doctrina de Seguridad, antagónica a la que nos ha traído hasta aquí y nos lleva al territorio del caos mafioso, como hoy vive México y buena parte de América Central.
Desde nuestro más enérgico repudio a la decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño, y nuestros 78 años de combate exigiendo la vigencia de todos los derechos para todos, convocamos mediante el presente a todas las organizaciones hermanas de lucha por la vigencia de los DDHH, a las organizaciones políticas y sociales verdaderamente comprometidas con la democracia y las garantías constitucionales a manifestarse de los más diversos modos contra este nuevo avance de las fuerzas del sistema contra nuestros derechos y contra toda otra manifestación de la violencia institucional en sede policial o penitenciaria que tantas víctimas ha generado en nuestro pueblo desde la recuperación del orden constitucional hace ya más de 30 años.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

6.1.2016

En un fallo, que retrotrae a lo más oscuro de la historia argentina, el Tribunal Superior de Justicia de Capital Federal estableció que la policía tiene la potestad de requerir la exhibición del documento de identidad. Al hacerlo revocó dos fallos de la justicia en lo Penal y Contravencional que sostenían lo contrario.

Luna Morris
 

El Tribunal Superior de Justicia porteño estableció que la Policía tiene la potestad de requerir la exhibición del documento de identidad siempre que la medida sea ejercida razonablemente y tenga por finalidad prevenir el delito y no viole una garantía constitucional. Así lo dispuso el máximo tribunal de Justicia de la Ciudad en un fallo dividido que revocó otro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas que había declarado nulo un procedimiento policial.

Conociendo el historial de la Policía Federal así como el de la Metropolitana, fuerzas que actúan en CABA, responsables de numerosos casos de gatillo fácil y brutalidad policial, resulta de temer que el criterio de "razonable" establecido por el fallo quede a su consideración.

La Sala II de la Cámara había entendido en aquel fallo que el personal policial carecía de la facultad de solicitar el documento de identidad sin contar con elementos de sospecha previos vinculados con la comisión de un delito.

A criterio de esos jueces, la solicitud del DNI resultaba equiparable a una privación de la libertad ambulatoria sin que existiera orden escrita de la autoridad competente. Sin embargo, ahora los jueces Inés Weinberg, Luis Francisco Lozano, José Casás y Ana María Conde, del Tribunal Superior de Justicia, coincidieron en sostener que, aun cuando el ordenamiento jurídico no prevé de modo expreso que la policía tenga competencia para requerir el documento, esa facultad surge de modo implícito de las funciones que le fueron asignadas, en particular prevenir el delito. A criterio del máximo tribunal porteño, el pedido del documento "tiene que cumplir con determinadas condiciones de razonabilidad y proporcionalidad que deberán ser analizadas a la luz de las circunstancias del caso".

"Por ejemplo, tiene que haber sido dispuesta por autoridad competente, perseguir un fin legal y no discriminar", señalaron.

Los jueces Weinberg, Conde y Casás descartaron además el criterio de equiparar esa situación con "un supuesto de arresto, detención o requisa policial", por entender que es válido si hay "razones urgentes o sospechas razonables respecto de la comisión de un delito o contravención".

6.1.2016

“Los organismos de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por el futuro del Archivo Nacional de la Memoria ante la intención del gobierno de Mauricio Macri de reemplazar a Horacio Pietragalla Corti en la presidencia de ese organismo”, señalaron.

“Tal como le manifestamos al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, la continuidad del nieto restituido Horacio Pietragalla Corti garantiza el fortalecimiento del trabajo del ANM” que “cuenta con el acervo documental más importante sobre la memoria de la vida y de la militancia de nuestros hijos y nuestros familiares y de la lucha que sostuvimos contra el terrorismo de Estado ya desde la dictadura cívico-militar. Esa documentación que brindamos al Estado nacional con el retorno de la democracia fue y sigue siendo un insumo central para todas las causas judiciales de lesa humanidad que se impulsaron en nuestro país, y que convirtieron a la Argentina una referencia mundial en materia de derechos humanos”.

La reunión con Avruj se hizo un día después de que la noticia apareciera publicada en potencial en el diario La Nación. El cónclave se había pautado una semana antes, pero sin ese aditamento. Avruj fue con parte de su equipo a la sede de Abuelas. Participaron Estela Carlotto, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Cuando ellas plantearon su preocupación sobre el futuro del Archivo, Avruj dijo que no era una ONG sino una institución del gobierno, que ahora es otro y fue votado por mayoría. Bajo esta lógica argumentó el cambio en la dirección de uno de los espacios emblemáticos en la custodia de prueba documental, acervos históricos y para quienes durante estos años depositaron documentos y objetos bajo la custodia de un Estado cuyas políticas públicas fueron estructurales para el avance del proceso de memoria, verdad y justicia. Una semana antes, los organismos le habían pedido a Avruj la continuidad de Pietragalla. Pese a la negativa, el secretario volvió a pedirles confianza.

“Van a intervenir el Archivo Nacional de la Memoria –tuiteó Pietragalla bien temprano-en este lugar hay archivos personales que muchos familiares cedieron a un proyecto de país.” El ex canciller Héctor Timerman sumó su voz en las redes sociales. “No a la intervención del Archivo”, dijo. Y en su Facebook explicó que “durante los años que fui canciller trabajamos muy intensamente con el Archivo. Conseguimos que Italia nos entregue toda la documentación de la Cancillería italiana sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”. Explicó que comenzaron programas de cooperación con Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil para investigar las secuelas del Cóndor. “La seriedad del trabajo es reconocida en el mundo entero y muchos países nos han pedido asesoramiento.”

Sobre el mediodía, la dirección del ANM sacó un comunicado de repudio. “Vemos con preocupación la intención del gobierno de Macri de desconocer el nombramiento de Horacio Pietragalla Corti como presidente del ANM”, señalaron. “Avanzar con la intervención reafirma la intención del PRO de pisotear las instituciones por fuera de la legalidad. Pero, además, representa un fuerte retroceso en nuestra historia: la presidencia del ANM fue, desde su creación, consensuada con los organismos de derechos humanos, que a lo largo de todos estos años fueron quienes construyeron sus cimientos.”

El Archivo guarda entre sus tesoros documentación sensible. Pese a haber sido creado durante la presidencia de Néstor Kirchner, custodia gran parte de la historia de la lucha contra la impunidad en el país. Están los primeros datos entregados a autoridades nacionales e internacionales por los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Listados de personas desaparecidas o prisioneras. Se encuentra el fondo documental de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep). Los archivos del Banade de censura a la cultura y, entre otros, el material de la Cadhu. En una caja de vidrio de una pequeña sala de exposiciones se ven las zapatillas negras y gastadas de la Madre jujeña Olga Aredez. Son parte de los objetos donados por la familia para la guarda a cargo del Estado nacional, como sucede con otras colecciones privadas. Material que también incluye un acervo de datos sensibles sobre los delitos económicos y las responsabilidades civiles en los que trabajó el ANM durante los últimos años. En el comunicado, los organismos y el propio ANM recordaron ese material entre sus tesoros. Y señalaron que bajo su órbita está la función de contestar oficios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo sobre los eventuales antecedentes por violaciones a los derechos humanos del personal de las fuerzas de seguridad estatales y privadas. “A cuarenta años del último golpe de Estado que sufrió nuestro país –dice por último el comunicado colectivo–, exigimos que el gobierno nacional resguarde el rol que tiene el Archivo Nacional de la Memoria como bastión de los avances logrados por la sociedad argentina en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”. Entre las firmas están las de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, Familiares de detenidos y desaparecidos por Razones Políticas y la APDH.